Torcuatos

Ha pasado más desapercibido de lo que se merecía -empezando por la televisión pública que juega como en la dictadura a la división y el frentismo por pura estrategia- el 50 aniversario del harakiri democrático que supuso la aprobación por las Cortes franquistas, el 16 de noviembre de 1976, de la Ley para la Reforma Política. En términos jurídicos, la Ley no podía ser más sencilla, apenas cinco artículos, tres disposiciones transitorias y una disposición final. Pero nunca hubo en la historia de España una Ley que lo cambiara todo, que fuera tan radical en su fondo y sin embargo moderada en la forma. El rey Juan Carlos I (mi eterno agradecimiento, también en las malas) recibió todos los poderes absolutos del general Franco y renunció a ellos en beneficio de una futura Constitución de todos, como la que disponían los países democráticos de Europa. Y el mecanismo no pudo ser más moderado: lo que Torcuato Fernández Miranda (1915-1980) llamó de “La ley  a la ley” y que terminó con la polémica entre reformistas y la platajunta (en la que se agrupó la oposición democrática) sobre si era imprescindible la ruptura previa o bastaba con la reforma para llegar a la democracia. La fórmula Torcuato cogió lo esencial de las dos, y logró desde la reforma llegar a la ruptura definitiva con la dictadura. La prueba del nueve es que apenas siete meses después, el 15 de junio de 1977, se celebraban en España las primeras elecciones democráticas desde febrero de 1936 y en las que participaron todos los partidos (incluso el comunista, lo que provocó una rebelión del general Santiago en el gobierno de Suárez) y de las que salieron los diputados que elaboraron la Constitución de 1978, a la postre la más larga de la historia de España, porque es la única que gozó de un amplio consenso.

Todo esto fue posible por el impulso de un rey que tuvo muy claro que no podía ser el heredero de Franco; un presidente del Gobierno que puso por delante la misión que le encomendó Juan Carlos por encima de cualquier interés personal por seguir en La Moncloa; y un presidente de las Cortes, Torcuato Fernández Miranda, catedrático de Derecho Político y capaz de buscar un sendero que por entonces parecía imposible para llegar a ese de la Ley a la Ley y que les valió a todos. Juan Carlos ofreció a Torcuato la presidencia del Gobierno tras la forzada dimisión de Carlos Arias, pero él le respondió que aunque su vocación política le pedía aceptar, sinceramente pensaba que iba a ser más útil para el propósito del Rey la Presidencia de las Cortes. Así sucedió que Torcuato se las tuvo que ingeniar para que el rancio Consejo del Reino metiera en la terna de presidenciables a Adolfo Suárez, la apuesta de ambos, de quien algún historiador que esperaba los nombres de Manuel Fraga o José María de Areilza, llegó a escribir: “¡Qué error; que gran error!”. Eso fue el 3 de julio de 1976 y muy pronto, el 16 de noviembre de 1976 ya estaba aprobada la arquitectura legal para transformar la dictadura en una democracia. No fue fácil, porque para ello se exigía a los procuradores de las últimas Cortes franquistas que se hicieran literalmente el harakiri, aprobando una Ley que los mandaba a su casa y a su régimen al baúl de los recuerdos. Torcuato necesitaba para ello una mayoría de 3/5 y en la votación -transmitida en directo por TVE- la superó ampliamente con 425 votos a favor, 59 en contra y 13 abstenciones. La reforma terminó en ley el 15 de diciembre de 1976 al ser refrendada en referéndum por el 94,4% de los que fueron a votar (la platajunta pidió con la boca pequeña la abstención porque no terminaba de fiarse de Suárez). Torcuato lo bordó porque consiguió que el ponente de la Ley en las Cortes fuera Miguel Primo de Rivera, hijo de Fernando (asesinado al inicio de la guerra) y de José Antonio (fusilado en la cárcel de Alicante), quien en su discurso abogó ante los procuradores por pasar de “un régimen personal a un régimen de participación, sin rupturas y sin violencia”.

La aprobación de la Ley de Reforma Política llevó emparejada la renuncia a los privilegios de los que ganaron la guerra y la aceptación entre los que la perdieron de un camino sin revanchas caracterizado por los pactos y el consenso, que desembocó en esas primeras elecciones democráticas del 15 de junio de 1977. Era una renuncia definitiva a convertir al adversario en enemigo irreconciliable con el que no hay nada que negociar, porque encarna el mal absoluto. Tiempos lejanos a aquellos en que en las Cortes de la II República se despreciaba el valor de los votos, siempre que los resultados no coincidieran con los intereses de cada cual.  

Quiero poner en valor ese esfuerzo histórico que hace 50 años demostraron aquellos políticos para que España tuviera un futuro democrático, renunciando a la confrontación radical que se trasladó a la sociedad en los años previos al inicio de la guerra civil. Una España que alumbró el medio siglo más fructífero en todos los sentidos de nuestra historia política. Cuando hoy en día se despotrica contra el régimen de libertades por los indudables fallos que presenta para resolver problemas que agobian a los españoles, como son los de la vivienda, la inmigración ilegal o la igualdad entre sus territorios, yo siempre digo que hubo otros tiempos en que estuvimos mucho peor porque para resolverlos elegimos el camino más equivocado: que fue el de los muros, los frentes, los bloques y la radicalidad en el trato con el adversario político. Siempre que la política española ha girado a los extremos, al guerracivilismo, hemos acabado igual. Y esto es lo que hay. España sigue necesitando de torcuatos. En la izquierda y en la derecha.

P.D. El «sí» recibió una mayoría abrumadora, también en Guadalajara, con 75.358 votos, el 93% del censo. El «no» reunió 3.548 sufragios, el 4,4%, que parecen pocos aunque nuestra provincia fue la cuarta de España con mayor número de «noes», solo superada por Santander, Toledo y Melilla. Días antes del referendum se inauguró en la plaza Mayor un monumento al general Franco ante varios miles de personas (la prensa habla exageradamente de unas 10.000) y con la presencia de la viuda del anterior Jefe del Estado, Carmen Polo. Durante el acto se distribuyó propaganda, firmada por Falange Española, que decía:«Franco hubiera votado no», en referencia al referendum de la Ley de Reforma Política. Pronunció el panegírico el alcarreño José García Hernández, último ministro de Gobernación con Franco. El monumento fue trasladado a una plaza menor en la alcaldía del socialista Javier de Irízar y finalmente retirado a un almacen en El Fuerte en la alcaldía del también socialista Jesús Alique, donde se encuentra actualmente.

LA FRASE: “Hemos pensado siempre que los orígenes dramáticos del actual Estado estaban abocados a alumbrar una situación definitiva de concordia nacional, una situación en la que no vuelvan a dividirnos las interpretaciones de nuestro pasado y en la que no sea posible que un español llame misérrima oposición a quienes no piensan como él, porque habremos conseguido rebajar el concepto de enemigo irreconciliable al más civilizado y cristiano concepto de adversario político pacífico”. FERNANDO SUÁREZ, ex ministro, durante el debate de la Ley de Reforma Política.