Ya tengo dicho en este blog que me parece fundada la propuesta del presidente del PP de Castilla-La Mancha, Francisco Núnez, siguiendo los pasos de Ayuso en Madrid, de una nueva Ley de Suelo en la que el suelo dotacional, que no se haya empleado por los ayuntamientos, se incorpore para la construcción de nuevas viviendas y así poner más suelo en el mercado a disposición de los promotores. España, y Guadalajara en particular, no solo tiene un problema de carencia de suelo sino de disponer de ese suelo a unos precios razonables, porque si no puede ocurrir como en nuestra capital que cuando el Ayuntamiento saca a la venta una parcela no hay postores porque estiman que con esos precios a los promotores no les salen las cuentas. La promoción vive una época muy complicada: al precio del suelo hay que añadir la falta de mano de mano de obra especializada (volvemos a los tiempos de la burbuja) y las dificultades para la adjudicación de potencia eléctrica, por la burocracia institucional, un cuello de botella que se agravará con el cierre nuclear, se advierte desde Arcano.
En la línea de la propuesta de Núñez, el concejal de Urbanismo de Guadalajara, Alfonso Esteban, ha pedido públicamente al consejero del ramo que modifique, porque es competencia regional, “las normativas autonómicas que permitan la flexibilización de la construcción de vivienda en toda la región y en el caso de Guadalajara cita en concreto todo el margen de la A2 desde la zona del Corte Inglés”. Dado que solo hay dos posibilidades de continuar con la expansión urbana de la ciudad: una es el crecimiento a lo largo, hacia Taracena, pero tiene el serio inconveniente de que habría que saltar la Ronda Norte, la mayoría de las miradas se centran en cambiar a residencial esa margen izquierda de la A-2, que era el diseño más lógico cuando se aprobó el plan de Urbanismo vigente. De hecho, en los planes de infraestructuras del Estado a largo plazo siempre figuró la construcción de una variante para sacar a la A-2 de la ciudad de Guadalajara, pero ya sabemos que las infraestructuras (sean ferroviarias, hidraúlicas o viarias) son las grandes olvidadas del gobierno de Sánchez, más atento al cortoplacismo populista, y de la variante nunca más se supo. Tampoco acabamos de saber sobre la modificación del Plan Municipal de Urbanismo (POM), más allá de que hay un estudio de arquitectura encargado de proponer esos cambios, pero la realidad es que el mandato municipal ya se está acabando y los pasos van con pies de plomo.
No es lo ideal para nuestro urbanismo, por tanto, que se pueda calificar nuevo suelo residencial sin que la A-2 haya sido desviada y sin que el proceso de modificación del POM haya avanzado más, pero prescindiendo de ello la propuesta del concejal de Urbanismo parece la única posible, y la Junta debería atenderla, porque Guadalajara no puede seguir chupándose el dedo cuando los vecinos de Alcalá de Henares hace tiempo que saltaron la A-2 en la zona de Los Espartales; y ahora es un barrio próspero. Pero es que, además, en Guadalajara hay empresas potentes que están dispuestas a construir viviendas al otro lado de la A-2, y el arquitecto José María Ezquiaga, encargado del estudio para reformar el POM, en un primer encuentro que se celebró en mayo en la sala Tragaluz aseguró que Guadalajara necesitará 10.000 viviendas para atender las necesidades hasta el año 2039. Pues blanco y en botella.
AAGESEN, SOLO POSE.-La ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, echó balones fueras cuando se la preguntó si iba a adecuar las reglas del trasvase a las decisiones de la Justicia, que ha respaldado el derecho a que el Tajo cuente con caudales ecológicos suficientes. Doña Sara ha argumentado como excusa a su no hacer nada que quiere emprender un proceso de «participación activa» con los agentes implicados y que iniciará «próximamente». No me quiero colgar ninguna medalla, pero ya lo avisé en post anteriores. Aagesen no va a hacer nada porque hemos entrado en periodo prelectoral y no quiere desatar las iras de la Comunidad Valenciana y Murcia. Y hasta calendas grecas no hará otra cosa que marear la perdiz.
ESCOBAS QUE NO BARREN.- El candidato in pectore a la alcaldía de Guadalajara, Alberto Rojo, se presentó el otro día con una colección de escobas en el Ayuntamiento para denunciar que Guadalajara está sucia. Tiene razón el señor Rojo en que Guadalajara debe mejorar mucho en lo tocante a la limpieza, algo que queda más de manifiesto por comparación cuando vas de turismo por otras ciudades. Solo que durante su mandato las escobas funcionaron igual de regular que ahora. Así que es un reto éste de la limpieza que trasciende a quien se sienta en el sillón frailuno del número 1 de la Plaza Mayor. Eso sí, la foto quedó bien. Pero ahora sería bueno que nos explicaran en los programas electorales (si es que existen) cuáles son sus propuestas al respecto.
IMPUESTOS DESCONGELADOS.- La alcaldesa Guarinos avanzó que iba a mantener los impuestos congelados en 2027, año electoral. No se esperaba menos. El problema es que en 2024 el IBI subió un 17% para cuadrar las cuentas municipales a costa del sufrido propietario de pisos capitalino y se esperaba algún recorte para 2027. Pero no. Cada vez cuesta más distinguir las políticas fiscales entre izquierda y derecha, porque al final nadie apuesta por el recorte del gasto corriente y la solución siempre es vaciar más los bolsillos del sufrido contribuyente. Y esto es lo que hay.
LA FRASE: “En muchos casos, supone un mecanismo de acceso, mantenimiento o explotación del poder para fines ilícitos: desmantelar controles institucionales, apropiarse de recursos públicos, manipular decisiones administrativas o condicionar políticas públicas en beneficio propio o de terceros. Su gravedad radica en que erosiona los fundamentos del estado democrático, al distorsionar la finalidad del poder público y convertirlo en un instrumento al servicio de intereses particulares. Y su efecto más grave es el deterioro de la confianza ciudadana en el sistema político,al quebrar la expectativa de que el poder democrático se ejerce en beneficio del conjunto de la ciudadanía”. De la sentencia del TRIBUNAL SUPREMO en el caso Ábalos.
