Un total de 1.174.978 inmigrantes irregulares (se supone) que residentes en España han pedido su regularización (que no la nacionalidad, no les líen), lo que viene a ser el 2,3% de la población que ahora tiene España. De ellos, 6.817 lo han hecho en Guadalajara -donde se supone que viven-, el 2,3% de la población provincial; y 52.041 en las cinco provincias de Castilla-La Mancha, el 2,4% de su población a 1 de enero. Esa son las cifras oficiales que ha ofrecido el ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que no hace tanto estimaba que la regularización afectaría a medio millón de personas y nunca más de 700.000.
Tiene razón la ministra Elma Saiz que son personas que residen en nuestro país (aunque un número indeterminado proceda de otros países europeos, para asegurarse una tarjeta comunitaria) «con miedo y sin derechos», para que puedan afrontar el futuro con ilusión y con esperanza. Pero lo que no precisa es que son personas que ahora no pueden trabajar legalmente, y si lo hacen lo es en B en la economía sumergida, por lo que no pueden contribuir a la sostenibilidad del país mediante el pago de impuestos. Por tanto, es el Estado Español el primer beneficiario de esta regularización, porque aumentará su recaudación y por extensión las empresas españolas que pòdrán reclutar más personal desde la legalidad. El gobierno de Sánchez y su ministerio de Hacienda (¡vaya tela las noticias sobre él en los últimos días!) son los directamente beneficiarios de la regularización.
¿Y cuáles son los perjudicados? Claramente la Hacienda de las comunidades autónomas, que una vez más son presas de la política del “invito yo y pagas tu”, a la que habitualmente recurre este gobierno. Porque los gastos derivados de esta residencia legal son notoriamente en dos competencias de las autonomías: educación y sanidad. En el primer caso, debido a la baja natalidad española, que al Gobierno no parece preocuparle mientras venga mano de obra extranjera, el ratio de nuestras escuelas no van a empeorar por lo dicho. Caso bien distinto es el de la sanidad. ¿Cómo va a afrontar la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha tener que dar casi nueve mil tarjetas sanitarias en Guadalajara, que a medio plazo serán 13.000 o 15.000 cuando empiecen a llegar los cónyuges e hijos de los nuevos regularizados? ¿Cómo puede repercutir esto en las consultas de asistencia primaria y en las listas de espera de los hospitales? Todo ello lo desconocemos; también el gobierno. Pero lo que sí sabemos es que el ejecutivo central no ha ofrecido a las comunidades una inversión extraordinaria en función del número de regularizados. Lo que a la larga va a estirar todavía más las costuras de nuestro estado del bienestar y dará alas a los discursos xenófobos que están calando en toda Europa ante la incapacidad de la política institucional para resolverlo. El Tribunal Supremo podría presentar una consulta ante los tribunales europeos por esta cuestión, pero no parece que sea nada práctico. Y de nada vale cuestionar la regularización que se ha hecho en España, y advertir desde la UE que los aquí regularizados no tendrán derecho a circular y trabajar en el espacio Shengen. Si estamos en un territorio libre de fronteras, las políticas de inmigración no pueden ser las que se le ocurra al gobierno nacional de turno sino las emanadas del consejo europeo de Úrsula Von der Leyen. El gobierno español ha sido desleal con Europa y las Comunidades Autónomas, porque se ha visto contra la espada y la pared de no saber qué hacer con un millón de irregulares que consumen recursos del Estado y no contribuyen. Claro que el gobierno de Pedro Sánchez no debería sacar pecho diciendo que la oposición hace política con la inmigración y ellos hacen política migratoria. ¿Cuál es esa política migratoria? ¿Regularizar cada cinco años a los inmigrantes que llegan ilegalmente a España, y que el Gobierno es incapaz de repatriar? (1).
El Gobierno ha aprovechado una iniciativa popular que llevaba tres años de vigilia en el Congreso y como casi siempre, lo ha desarrollado con precipitación y descuidando el mayor consenso posible; y sin tener en cuenta las debilidades de nuestra administración. En algunos consulados han tenido que recurrir a personal externo porque estaban desbordados y, ahora, que hay que tramitar en las jefaturas de policía los expedientes, ya están advirtiendo que no hay personal suficiente para contrastar toda la documentación, por las vacaciones, lo que aumenta el riesgo de que te den gato por liebre con los papeles. Certificados de penales, residencia, tiempo de estancia en el país, etc. Un barullo. Si siguen por este camino, en Europa los bárbaros otra vez ataviados con el ropaje nacionalista volverán a cruzar el Rihn, como en España han cruzado el Ebro. Y cuando contaminen a Francia o Alemania será el final de la UE que hemos conocido; y de su estado del bienestar. Pues esto es lo que hay.
(1) La Oficina Estadística de la UE desvela que el Ministerio del Interior de Marlaska solo logró ejecutar el 16% de órdenes de expulsión de inmigrantes irregulares que cursó durante el primer trimestre de este año, un porcentaje muy inferior a la media europea. A esto lo llaman política migratoria.
LA FRASE: «Un país serio no gestiona una cuestión estratégica mediante decretos exprés diseñados sobre cifras que nadie ha calculado o ha querido decir. La regularización ha vuelto a poner de manifiesto que España no se toma en serio la política migratoria y que los partidos políticos usan en su beneficio cuestiones que condicionarán nuestra demografía, nuestro mercado de trabajo y nuestra cohesión social durante décadas». MARÍA MIYAR, profesora de sociología de la UNED y directora de Estudios Sociales de Funcas, la fundación de las cajas de ahorro.
