La expectación sobre lo que pudiera decir el rey Felipe VI antes las graves informaciones que han salpicado a su padre, el rey emérito Juan Carlos I, hacían de su discurso de Navidad más esperado que otras veces. No defraudó. En la noche más especial, como es Nochebuena,  en la que nos juntamos (o nos juntábamos) en torno a la familia y nos olvidamos de los roces que inevitablemente te deja un año de convivencia, Felipe de Borbón tuvo el cuajo de poner encima los intereses de la Corona a los de un hijo que no puede cenar con su padre, el cual anda en una especie de exilio que no acabo de entender.

Nunca dudé que Felipe de Borbón sería esta noche Felipe VI, como ya sucedió en 2011, cuando en medio del caso Nóos que salpicaba a Iñaki Urdangarin y a Doña Cristina, fue el entonces rey Don Juan Carlos el que pronunció el ya histórico: «La justicia es igual para todos». Es una lástima que no se aplicara él mismo el cuento, pero pasó lo que pasó y tres años después tuvo que abdicar, empañando un reinado que se inició cargado de éxitos.

Felipe VI encontró ayer el equilibrio para referirse a su padre sin nombrarlo, como es propio de los mensajes reales, pero sin dejar por ello de ser contundente. Se encargó de preparar el terreno, recordando que en su proclamación ante “las Cortes Generales me referí a los principios morales y éticos que los ciudadanos reclaman de nuestras conductas. Así lo he entendido siempre, en coherencia con mis convicciones, con la forma de entender mis responsabilidades como jefe del Estado y con el espíritu renovador que inspira mi reinado desde el primer día”, Para añadir a continuación en una clara alusión a su padre: “Los principios morales y éticos nos obligan a todos sin excepciones; y están por encima de cualquier consideración, de la naturaleza que sea, incluso de las personas o familiares».

«Felipe VI encontró ayer el equilibrio para referirse a su padre sin nombrarlo, como es propio de los mensajes reales, pero sin dejar por ello de ser contundente. Es muy duro para un hijo, en una Nochebuena, hablar así veladamente de su padre, pero imprescindible»

Repito, muy duro es para un hijo, en una Nochebuena, hablar así veladamente de su padre, pero imprescindible. El estado de Derecho y la Ley, que tan a menudo olvidan los gobernantes, está por encima del primero de los españoles. Y en un país donde algunos piensan que las leyes no van con ellos e incluso pretenden que no pase nada si se saltan la Constitución a la torera, porque allí estará un gobierno débil para indultarlos, no estuvo de más su alusión a que la hoja de ruta es la Constitución, contra la que cargan independentistas y populistas porque ven en ella una barrera para cambiar el régimen democrático como si fuera un calcetín; o quebrar la unidad de España que data de los Reyes Católicos. El Rey recordó a los españoles que los avances se consiguen desde el «reencuentro» y el «pacto», «unidos en un espíritu integrador, en el respeto a la pluralidad y a las diferencias». Es decir, aquello que se llamó el espíritu de la Transición y del que nuestros gobernantes se alejan cada vez que aprueban leyes fundamentales para la convivencia desde solo una parte de las dos Españas machadianas y despreciando el consenso. Leyes, por tanto, que solo durarán lo que el gobierno que las promueva, y que alimentan nuestro mayor pecado: el sectarismo.

Como no podía ser de otra manera, el mensaje de este año ha estado marcado por la pandemia y fue el eje central de su discurso navideño. «En miles de hogares hay un vacío imposible de llenar por el fallecimiento de vuestros seres queridos, a los que quiero recordar con emoción y con todo respeto. Y también, en estos momentos, muchos lucháis contra la enfermedad o sus secuelas. A todos os envío mi mayor ánimo y afecto», comenzó por decir. Y sin entrar en consideraciones  que son más propias del debate político, no de un mensaje de la Corona (no hace falta señor Iglesias ninguna ley para regular el papel de la corona, que está perfectamente definido en la Constitución; otra cosa es que usted y los socios a los que representa en el gobierno de coalición la quieran arrinconar hasta la mínima expresión), animó al pueblo español, que históricamente ha sido capaz de superar lo episodios más graves.

«No hace falta señor Iglesias ninguna ley para regular el papel de la corona, que está perfectamente definido en la Constitución; otra cosa es que usted y los socios a los que representa en el gobierno de coalición la quieran arrinconar hasta la mínima expresión».

 Porque si en el 2021 tenemos puestas grandes esperanzas en su normalización cuando avancen las vacunaciones, no podemos engañarnos que lo debemos hacer desde posiciones más débiles que la mayoría de los países europeos, porque nuestra deuda se ha disparado y la capacidad de crédito no es ilimitada. El rey no lo ocultó en su mensaje: «Muchos vivís la angustia del desempleo o la precariedad; la angustia de apenas llegar a cubrir las necesidades básicas; o sentís la tristeza de tener que abandonar un negocio al que habéis dedicado vuestra días. Es lógico y comprensible que el desánimo o la desconfianza estén muy presentes». Y tuvo justas palabras para los jóvenes, que están llamados a ser los primeros paganos de la crisis: «España no puede permitirse una generación perdida»-; clamó contra el aumento de la pobreza que ha generado el coronavirus:-«Es una cuestión de dignidad proteger a los más vulnerables y luchar contra las desigualdades»-; y por la situación de empresas, autónomos, comerciantes, que no saben lo que va a ser de sus negocios el día en que se acaben los ERTEs, si para entonces la situación económica y el consumo no repuntan con fuerza.«Es decisivo fortalecer el tejido empresarial y productivo; recuperar nuestra economía», para lo que será  muy importante la gestión eficaz de los fondos que llegarán de Europa, no solo para restañar brechas, sino para empezar a tejer con un poco de cabeza la nueva economía que viene.

Esto es lo que hay. Que al menos nos sirva de consuelo que por muy mal que vengan dadas, peor ya no podemos estar. O al menos eso quiero pensar en un ataque de optimismo.

El presidente de Murcia, Fernando López Miras (PP), advertía esta semana que “cualquier tipo de decisión” que tome una comunidad autónoma “de forma unilateral” sobre el uso y gestión del agua “no deja de ser una pose sin ningún tipo de validez”.

Así reaccionaba el presidente murciano ante el acuerdo sobre el agua firmado esta semana en Castilla-La Mancha por PSOE, PP, Cs e IU, y al que se han unido agentes sociales y todo tipo de asociaciones de la región.

Tiene razón López Miras en que los ríos “no son de las comunidades autónomas por las que pasan”, sino de todos los españoles, y por ello su competencia pertenece al ámbito del Estado. Y así debería seguir siéndolo, a pesar de algunas voces que se levantan desde el nacionalismo. Pero en lo que se excede el presidente murciano es cuando añade que todos los españoles tienen “el mismo derecho” a acceder a ese recurso en igualdad de condiciones.  Ciertamente el Levante español debe tener un acceso garantizado al uso del agua, tanto por su potencial turístico, como por el peso en el PIB de español de la huerta murciana. Solo que en Murcia no pueden pretender, como sucede hasta ahora, que ese derecho de acceso al agua en la comunidad que recibe el agua del trasvase Tajo-Segura sea prioritario sobre las necesidades de la comunidad cedente y la sostenibilidad del propio río, hoy amenazado por toda suerte de problemas, como han reconocido las instancias comunitarias. López Miras y el resto de dirigentes levantinos deberían asumir que el día en el que por presiones políticas de ERC, sobre todo, se liquidó el trasvase del Ebro al llegar Zapatero al gobierno, en España se estaban cuestionando todos los trasvases. Porque no cabe en cabeza humana que sea un terrible daño ecológico coger agua de la desembocadura del Ebro antes de liberarla al mar, y no pase nada por hacerlo en la cuenca alta del Tajo, donde menos hay. ¡Los castellanos siempre hemos sido esforzados en la construcción nacional de España, pero en los últimos tiempos, por la presión nacionalista tanto en esto como en la financiación autonómica, lo que algunos pretenden es que seamos gilipollas!

Ciertamente el Levante español debe tener un acceso garantizado al uso del agua, tanto por su potencial turístico, como por el peso en el PIB de español de la huerta murciana. Solo que en Murcia no pueden pretender, como sucede hasta ahora, que ese derecho de acceso al agua en la comunidad que recibe el agua del trasvase Tajo-Segura sea prioritario sobre las necesidades de la comunidad cedente y la sostenibilidad del propio río

Por tanto, tiene razón Miras en que con esta mesa sobre el agua, por muy extensa que sea, no se va a poner fin al trasvase. Pero tampoco es una mera pose. Si algo envidiamos de los políticos levantinos es su capacidad para hablar con una sola voz en la defensa de agua del trasvase, mientras que en Castilla-La Mancha éramos el ejército de Pancho Villa, cada uno utilizando el asunto del agua para la pelea política interna. Por eso sí es importante, aunque legalmente no obligue a nada, que Castilla-La Mancha pueda también hablar con una voz única, como hacen los gobiernos beneficiarios del trasvase. Y en este sentido, que el PSOE y el PP hayan sido capaces de firmar al pie de un mismo documento, junto con CS e IU, es un tanto político que se apuntan Emiliano García-Page y Paco Núñez, y que debería cerrar años de despropósitos.

El gobierno de Page, como impulsor de esta mesa del agua, acierta con el modelo aunque los acuerdos intercomunitarios que adopte no tengan validez legal. Hay que aprender de la historia y no meterse en camisa de once varas como le sucedió a Barreda cuando sin encomendarase a Dios o al diablo quiso hacer una reforma del Estatuto que liquidaba el Trasvase; y decayó en el Congreso por falta de apoyos, empezando por el grupo socialista. Sería un error que Miras, como insinúa, quiera aprovechar la Conferencia de Presidentes para reivindicar el blindaje del trasvase, como lo fue pretender su desaparición. Hay que dejar la política de confrontación.

Por tanto, sí ha llegado la hora, llegó hace veinte años en realidad, para iniciar los trabajos de un gran pacto nacional en materia hídrica.  En eso todos deberíamos estar de acuerdo. Un pacto que asegure de una forma razonable las necesidades del levante español, y que es obvio, por mucho que a algunos les rechine, debería complementarse con la utilización de agua desalada a un precio competitivo para los regantes. En España hay agua suficiente para todos, solo hay que buscar una formula que concilie los intereses de la nación sin que nacionalismos y populismos (Vox de Murcia ha pedido que Page, Núñez y Picazo sean declarados personas non gratas) lo desbaraten.

El gobierno de Page, como impulsor de esta mesa del agua, acierta con el modelo aunque los acuerdos intercomunitarios que adopte no tengan validez legal. Hay que aprender de la historia y no meterse en camisa de once varias como le sucedió a Barreda cuando sin encomendarase a Dios o al diablo quiso hacer una reforma del Estatuto que liquidaba el Trasvase y se la tiraron en el Congreso

Esto es lo que hay. Europa ya ha advertido que el caudal ecológico del Tajo no puede seguir menguando indefinidamente (y eso va también para la llamada tubería manchega, eufemismo que se emplea para definir el futuro trasvase de agua desde Entrepeñas y Buendía hasta la llanura manchega, en la cuenca del Guadiana) y sería bueno que se aprovecharan esos Fondos Europeos que van a llegar para iniciar ese cambio de la política sobre el agua que este país lleva demandando desde Joaquín Costa, en el siglo XIX.

En una democracia normal de un país corriente los presupuestos se entienden como el examen al que un gobierno se somete en cada ejercicio presupuestario. Somete a la cámara su previsión de ingresos y en base a ello los gastos que ha tenido a bien priorizar. Y así hasta el año siguiente en que puede que el panorama financiero necesite algún tipo de corrección y en función de esa disponibilidad y la ideología del gobierno se elegirán las políticas de gasto e inversión. Eso es lo que pasa en las democracias corrientes y aburridas.

En España puede ocurrir que un gobierno de coalición entre sanchistas y comunistas puede perfectamente gobernar dos años con un presupuesto elaborado por el centro-derecha, y que la alternativa al mismo sea un pacto con la extrema izquierda de la cámara y el ultranacionalismo, aquellos que vienen a Madrid, y no lo ocultan, para desmontar el régimen que nació de la Constitución del 78, que este año cumple su 42 aniversario en la situación de mayor división que se recuerda desde la Transición, por el retorno, envalentonado, de  los extremistas al Congreso. Con ellos se aleja lo mejor que nos trajo la Transición, una decidida apuesta por superar las dos Españas de las que nos habló Machado. Por que, y ellos lo saben, el retorno del guerracivilismo es el mejor abono de sus políticas radicales. Como en los años treinta.

Como los socios del Gobierno han interpretado que este pacto por los Presupuestos 2021 es en realidad un pacto de legislatura,  y Sánchez no lo ha desmentido, el mismo día que se aprobaban estas cuentas en el Congreso una coalición que iba desde Podemos a los antisistema de la CUP, pasando por los filoetarras de Bildu y todos los grupos ultranacionalistas de la Cámara no perdían el tiempo y firmaban una iniciativa que ponga “fin a la imposición legal exclusiva del castellano en la normativa estatal”. Asimismo, exigen equiparar las lenguas cooficiales al castellano, para que “gocen de los mismos derechos y deberes”, así como que el Gobierno garantice “el deber de conocimiento por parte del funcionariado que preste servicios en lengua propia”.

El problema no lo tiene el castellano, señor Sánchez. El problema es España, porque si persiguen al castellano es porque se trata de la herramienta común que tenemos los españoles para comunicarnos. Y un país en que sus parlamentos parezcan a la ONU o que sus ciudadanos no tuvieran un lenguaje común para relacionarse, ciertamente ni es una nación ni es ná, como dicen en Utrera.

Dicho en Román paladino. Con ello, lo que se pretende es cerrar cualquier administración a los funcionarios que no dominen la lengua vernácula, haciendo del poder de la lengua, lo que Mirian Tey y Félix Ovejero definen como una entidad que tiene vida propia y que otorga una identidad única y excepcional a sus hablantes. En la práctica: acabar con la movilidad del funcionariado en el territorio del Estado.

La segunda consecuencia de este peaje que los socios del gobierno no tardaron ni minutos en exigir a Sánchez es cómica por estrambótica. Porque nos llevaría a que cualquier reunión interautonómica que se celebrara en España necesitase de pinganillos y traductores entre los asistentes, incluyendo las cámaras alta y baja de nuestra soberanía nacional.  Tan hilarante es el asunto que cualquier ciudadano podría exigir en sus relaciones con cualquier administración poderlo hacer en catalán, vasco, gallego o valenciano (y en un futuro posiblemente en bable, castúo, aranés o la fabla aragonesa), aunque se trate del guardia que te está poniendo una multa de tráfico en Guadalajara. Los excesos cantonalistas de la Primera República son una broma con lo que imagina el nacionalismo identitario del siglo XXI.

¿Supondría esta nueva afrenta al castellano, como la que ya se infiere en comunidades como la catalana o baleares, que toman nota de los niños que hablan español en el patio del recreo, una consecuencia seria para su vigor? La respuesta es no: el castellano es el tercer idioma más hablado del mundo y su vigor está por encima de los atropellos que hacen con él el señor Rufian o la socialista Armengol, la nacionalista que gobierna en Baleares.

El problema no lo tiene el castellano, señor Sánchez. El problema es España, porque si persiguen al castellano es porque se trata de la herramienta común que tenemos los españoles para comunicarnos. Y un país en que sus parlamentos parezcan a la ONU o que sus ciudadanos no tuvieran un lenguaje común para relacionarse, ciertamente ni es una nación ni es ná, como dicen en Utrera.

Tras el castellano, ya sabe usted, señor Sánchez, que irían otras cosas. Por ejemplo, una reforma de la Constitución por la puerta de atrás para que el concepto de soberanía se traslade desde el pueblo español al ciudadano de una comunidad autónoma en particular. Y en ese sentido, la Constitución es un problema porque en ella no encajan los referéndums ilegales por quienes no tienen capacidad de convocarlos.

Pero si el castellano no es el problema, ni tampoco lo es la Constitución. ¿Dónde está entonces el problema?

Señor Sánchez, usted lo sabe de sobra: El problema es España, la nación más vieja de Europa, y que sus socios parlamentarios intentan desmontar a plazos, pasando primero por una República Confederal como antesala a la independencia. Por ello no quieren nada que pueda cohesionar a la nación. No quieren vertebrar su territorio; lo quieren desmembrar. Pero como no tienen mayoría suficiente para que tales cambios no choquen con la actual Constitución, esa misma que nos llevó a las décadas más prósperas de la convulsa historia de España, hay que desmontarla.  

Esto es lo que hay: hay que liquidar el castellano como idioma común. Y a la Constitución porque desde su artículo 1 les desbarata los planes a los que trabajan en su demolición, que no en su reforma legal, que nadie se engañe. Los que tenemos años para haberla votado, y lo hicimos favorablemente, les confieso que nunca llegamos a pensar que el golpismo pudiera cambiar de bando.

Yo aquí lo pongo para que no se les olvide:

Artículo 1

1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.

3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.  

Y también les dejo este artículo que los gobiernos nacionalistas incumplen sin recato:

Artículo 3.1 El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.