El 27 de septiembre de 1975, hace ahora 50 años, el consejo de Ministros daba por unanimidad el enterado de los fusilamientos que iban a tener lugar al amanecer del día siguiente. Fueron 2 miembros de ETA y 3 de una extraña banda ultracomunista, el GRAPO, dirigida por un iluminado Camarada Arenas, los que fueron ajusticiados después de un proceso sumarísimo, repleto de irregularidades, según denunció el Colegio de Abogados. La acusación: el asesinato de 4 miembros de la Guardia Civil y 1 de la Policía Armada. Fue el último acto  del presidente más torpe que tuvo el franquismo, Carlos Arias Navarro, que para defender el gobierno más débil de la dictadura (hay que tener mucho cuidado con los gobiernos débiles, porque para disimular son capaces de cruzar todas las líneas rojas) en un tiempo político en el que el franquismo estaba en descomposición, llegó adonde un Franco más desahogado no se atrevió tras el proceso de Burgos de 1970: a cumplir las penas de muerte que habían sido dictadas por los consejos de guerra. De nada valió la intervención de la Conferencia Episcopal presidida por el cardenal Tarancón (aquel al que los ultras le dedicaban la cancioncilla de “Tarancón al paredón”), que intercedió para que el papa  Pablo VI llamara a El Pardo pidiendo la conmutación de la pena, aunque no le cogieron el teléfono; o la movilización de políticos e intelectuales en Europa, con un sonado manifiesto firmado por Sartre, Malraux, Focault y Mendes-France, que en Madrid fue leído por Yves Montand, Costa Gabras y Regis Debray, siendo inmediatamente puestos por la policía en las escalerillas del avión. La dictadura sufrió la última oleada de protestas de la democracia europea, que obligaron a un Franco envejecido y enfermo a volver a salir al balcón de la plaza de Oriente, mientras Arias y los del bunker comprobaron que el franquismo no tenía maquillaje posible, y que había que partir casi de cero para llegar a una democracia plena y homologada, que se armó 13 años después con la Constitución de 1978, esa misma que algunos iluminados contemporáneos desprecian y se la saltan con el visto bueno del pumpidismo de turno.

Visto lo que ocurrió después, se puede decir que los fusilamientos de 1975 contribuyeron al despertar de una sociedad que estaba más dormida de lo que nos habría gustado, y ayudaron a forzar el cambio, también en Guadalajara. Recuerdo que estábamos en Ferias y por segundo año consecutivo el gobernador civil Pedro Zaragoza Orts, el promotor del boom de Benidorm y su Festival de la Canción y un franquista convencido, decidió tolerar (que no autorizar formalmente) al movimiento peñista, que ese año se reunía en una vieja casa de la calle Museo. Todas las peñas acabaron allí, porque entonces no era fácil encontrar un local, y un avispado propietario se aprovechó de ello. Las peñas no abrieron por la tarde ese 27 de septiembre, por una protesta impulsada por Chani Pérez Henares, entonces mandamás de Acetilenos y miembro del clandestino PCE. En pocos minutos, toda Guadalajara sabía que las peñas habían cerrado por los fusilamientos, y ocurrió lo nunca visto: que la brigada político-social se presentó en la casa de las Peñas, exigiendo la inmediata reapertura de los locales después de que en años anteriores se había dedicado a perseguirlas, que no había manera de organizar un guateque en Ferias sin que se presentara la policía a ver qué pasaba allí. También en las Ferias empezaba la transición.

Si el gobierno Arias no pudo impedir el transito definitivo hacia la democracia con esos fusilamientos a la desesperada, 40 años después asistimos estupefactos a cómo el gobierno de Sánchez y su fiscal general, el imputado Álvaro García Ortiz, se han inhibido ante la proliferación de actos en homenaje a ETA, con la excusa de la triste efemérides. Por todo el País Vasco y Navarra, en estas fiestas de verano figuran carteles y pancartas con las caras de  Otaegui y Paredes Manot Txiqui, como preludio de una movilización masiva para ensalzar a la banda terrorista y abundar en su relato de luchadores antifranquistas. El diputado de Bildu Pernando Barrena ha vuelto a legitimar los crímenes de la banda, diciendo que “no se puede olvidar que lucharon contra una dictadura fascista”, pero se le olvidó añadir que ETA causó 669 asesinatos después de la muerte de Franco por 28 antes de fallecer el dictador. Así que ETA mató mucho más en democracia que en la dictadura, porque siempre tuvo como estrategia forzar un levantamiento militar que detuviera la Transición, y no ha estado de más que el director del Instituto de la Memoria Vasco, A.Alonso, tuviera que recordar que una cosa es reconocerles a Otaegui y Txiqui su condición de víctimas y otra distinta darles un homenaje, olvidando los asesinatos que dejaron atrás. Del tal Parrena no hay que extrañar que quiera participar en esa ceremonia del engaño a los jóvenes que no conocieron aquellos años de plomo, porque EH Bildu sigue condenar el terrorismo; la novedad es que un gobierno español se inhiba a tal desvergüenza, porque es tanto como ayudar a ETA a reescribir su falso relato de luchadores por la patria vasca y contra la dictadura. Jamás lo fueron y la inacción de los gobiernos español y vasco es una ofensa contra la memoria de las víctimas, porque 50 años después sus familiares se estarán preguntando por qué y para qué murieron, si los asesinos, ahora, celebran sus crímenes en 135 actos -según ha documentado COVITE- en casetas de ferias (txonas), bailes, conciertos y pregones, sin que a nadie se le caiga la cara de vergüenza y la autoridad olvide aplicar el artículo 578 del Código Penal vigente (todavía).

Igual que hay diamantes de sangre, en España sigue habiendo votos de sangre. Pero lo que nunca llegué a imaginar, 40 años después, que los que votamos por una Constitución que rechazó la pena de muerte, para siempre, ahora tengamos que asistir a tan ignominiosa ceremonia de blanqueo de los asesinos etarras,  al ensalzamiento del crimen como legítima vía para la política, y para más inri,  con el compadreo de un gobierno español. El de Pedro Sánchez.

LA FRASE. «No me basta con ganar, otros tienen que perder». CALVINO.

Aleluya sea! Por fin cayó el muro. No duró tanto como el de Berlín-28 años-, pero casi: diecinueve años han tenido que pasar desde que un armatoste de andamio taponara parcialmente la Calle Mayor de Guadalajara, estrechando su acceso a la Plaza Mayor.

Estamos hablando de dos vías de referencia de la ciudad, como podría ser la calle Alcalá y la Puerta del Sol en Madrid.¡ No me imagino otra ciudad que se diera tanto tiempo para solucionar un problema que afeara el corazón mismo de su casco urbano!. Parece inconcebible, pero sí: por una primera decisión de la comisión de Urbanismo hubo que mantener intacta la fachada del edificio conocido como el de Maragato, por la pescadería que solo los que peinamos canas conocimos; y para que sirviera de contrapeso, hubo que recurrir a unos enormes cubos de hormigón (10 contrapesos a 13.000 kilos cada uno). Pero pasó el tiempo y allí no se rehabilitaba nada, hasta tal punto de que cambió el criterio de Urbanismo y la fachada que se había protegido como si fuera el acueducto de Segovia, ya se podía derribar, pero entonces la propiedad ya no estaba por la labor. Por ello, el Ayuntamiento decidió con buen criterio tirar por la calle de enmedio y ejecutar el derribo del muro y la retirada de los cubos, una vez que la propiedad fuera requerida, sin éxito, para que lo hiciera. Se ha gastado 107.000 euros, y ahora vamos a ver cómo consigue cobrarlo del agente urbanizador para que no seamos los contribuyentes de Guadalajara quienes paguemos la fiesta.

La buena noticia es que desde hace unos días la Calle Mayor ya no está taponada, a lo que ha contribuido, sin duda -aunque el Ayuntamiento dice que estaba previsto- el nuevo recorrido del encierro, que empieza precisamente en ese lugar.

Queda pendiente el final de esta historia, y que pone de manifiesto lo poco que ayuda la burocracia institucional con las tareas de rehabilitación y reconstrucción de un casco, como el de Guadalajara, salpicado de solares sin edificar. Después de mucho pensárselo, el Ayuntamiento aprobó acertadamente un PAE (aquí pueden ver en qué consiste esa figura urbanística) para adjudicar ese suelo a otro propietario con el fin de que hiciera una promoción. Pero para seguir con el gafe: la nueva propiedad tuvo problemas de financiación y no consiguió ejecutar el proyecto que presentó al Ayuntamiento, por lo que el consistorio no ha tenido más remedio que retirar el PAE. Pero ahora sucede que el acuerdo fue enviado a la comisión regional de urbanismo (es decir, a la Junta) que ha echado atrás la decisión del Consistorio al considerar que no se había agotado los plazos máximos que tenían las empresas para hacer las obras. Al mismo tiempo, las empresas, que no empiezan a construir a pesar del tiempo transcurrido, también han presentado alegaciones. Y en esas estamos: con la plaza Mayor manga por hombro, para mayor gloria de la burocracia institucional. Dicen q ue vamos a ver si a partir de septiembre se reactiva una solución.  Pues esto es lo que hay.

UNA PLAZA EN LA RUINA.- Como he escrito, este año tenemos un buen cartel taurino -si las cogidas nos respetan, que ya sabemos que una feria a mediados de septiembre es muy complicada- pero estamos como siempre. Con una plaza de toros en la ruina, que da vergüenza enseñar. Afortunadamente, este año termina el compromiso con la empresa actual y el Ayuntamiento podrá sacar un nuevo pliego que, supongo, deberá incluir las obras de rehabilitación y mantenimiento del coso, que parece gestionado por el mismísimo  Ernest Urtasun.

Por hacer historia, cuando en Guadalajara se ataban los perros con longaniza -antes del estallido de  la burbuja- la idea del Ayuntamiento era convertir la plaza en un coso multiusos, con locales comerciales en los bajos, mediante la colaboración público-privada. Pero llegaron las vacas flacas y de esto no volvió a hablarse. Si se ha descartado la idea -ante la falta de empresas  interesadas- habrá que volver a soluciones antiguas, como en los ochenta, y vincular al nuevo pliego el mantenimiento del coso. Así que habrá que hablar de todo esto a partir de septiembre y terminar con la vergüenza de esta fotografía que acompaña a este post.      

LA FRASE : «La apuesta estratégica de Moncloa parece clara: agitar el fantasma de VOX -nadie trabaja tanto como la izquierda para que crezca la extrema derecha- y debilitar así al PP, arrasar al partido de Feijóo en Cataluña y en el País Vasco y, aunque se pierdan las elecciones, algo asumible para la dirección federal, volver a reeditar en 2027 la suma Frankenstein actual… Como socialista y como ciudadano español, me asombra que, fuera de Cataluña y el País Vasco, no se reaccione con más contundencia ante esta pretensión de convertir a España en un país manifiestamente desigual» .JAVIER LAMBÁN (02/08/2025)

Entre los acuerdos de la Unión Europea con Donald Trump, que ahora casi todos desprecian, en un vergonzoso ejercicio de hipocresía (como si Úrsula Von der Leyen actuara al margen de los jefes de Gobierno de la Unión), se encuentra el compromiso para que el gas que compramos a Putin ahora se adquiera a Estados Unidos. El consumo de gas para generar electricidad en el ciclo combinado se ha incrementado en España el 41,2%, desde el apagón, pero solo en junio, el incremento ha sido del 157%. Las importaciones del gas natural licuado desde Estados Unidos han subido en España en el primer trimestre el 79%. USA reemplaza así a Rusia como segundo proveedor y supone el 31% del total.  En cifras globales, el compromiso europeo de comprar energía a USA asciende a 750.000 millones de dólares, hasta 2028, lo que supone triplicar las compras actuales.¿Van a ser estas compras competitivas?. La previsión de José Carlos Díez, profesor de Economía de la Universidad de Alcalá, es que la gasolina subirá entre 13 y 15 céntimos el litro, el gasoleo entre 13 y 15 y el gas de 40 a 52 euros m/3.

Estos datos son lo suficientemente elocuentes sobre la situación a la que se ve abocada la Unión Europea, que paga un error histórico por la decisión del gobierno de Ángela Merkel de cerrar sus centrales nucleares y ponerse en manos de un dictador como Putin como proveedor de gas, con las consecuencias por todos conocidas. Ahora se quiere dar marcha atrás, pero solo parcialmente, porque salvo Francia, autónoma gracias a su parque de centrales nucleares, el resto de naciones van a tener que pasar por el aro de Trump. Y luego se quejarán de que Von der Leyen se humilla ante el presidente americano, cuando lo cierto es que los gobiernos europeos no son capaces de ponerse de acuerdo en nada(desde el comercio a la inmigración) y hay una absoluta falta de liderazgo. Hasta el punto de que Macron, el único que parece reaccionar (Sánchez ni está ni se le espera), lo hace con decisiones muy peligrosas, como es pretender negociar unos aranceles aparte solo para los vinos franceses.

En este escenario de debilidad y colapso europeo, España parece dispuesta a rizar el rizo de cumplirse un calendario de cierre de nuestros reactores nucleares (los que con el ciclo combinado dan estabilidad a un sistema dominado por las renovables, una energía que depende de la naturaleza),  que empezarían en 2026 con la clausura del primer grupo de Almaraz y terminaría en 2035 con el de Trillo. Iberdrola es la compañía mayoritaria en la propiedad de ambas centrales y su presidente, Ignacio Galán anunció en una reunión con analistas que “si no hay cambio en la legislación no podremos solicitar la ampliación”, refiriéndose a la licencia de actividad de Almaraz, aunque el aviso valdría también para la de Trillo. Como hemos comentado muchas veces, las empresas propietarias de las centrales se consideran maltratadas por la fiscalidad (disuasoria) tanto estatal como de algunas autonomías hacia la industria nuclear, y aseguran que según su contabilidad están perdiendo dinero en este negocio. Todo lo más: cambian ingresos por gastos; y eso en el mundo empresarial es perder. El panorama internacional hace más fuerte la posición de estas eléctricas para modificar la alta fiscalidad de su sector, pero no va a ser fácil. El sector PSOE del Gobierno, con su ministra Sara Aagesen a la cabeza, parece más dispuesta a replantearse dicho calendario de cierre, pero no se manifiesta sobre una posible rebaja fiscal y se limita a decir que el recibo eléctrico no puede subir. El sector minoritario del Gobierno, lo que queda de Sumar con Yolanda Díaz a la cabeza, no ha abandonado su rancio dogmatismo de “nucleares no”, y advierte que el pacto de Gobierno incluye ese calendario de cierre de los reactores nucleares, prescindiendo de que la Unión Europea ha cambiado su criterio sobre la energía nuclear por no emitir C02 a la atmósfera. Y en esas estamos: lo que pase con Almaraz el próximo año es lo que muy probablemente ocurra con Trillo en 2035 y será el retrato de un país incapaz de legislar para dotarse de más autonomía, y en el que a nuestros progres no les importa recibir el abrazo del oso de Trump con tal de regodearse en sus atrabiliarios principios. Pero esto es lo que hay.

SIN SUELO NO HAY VIVIENDA.- En post anteriores escribía sobre el principal problema que tiene la ciudad de Guadalajara, aunque apenas se hable: la falta de suelo residencial calificado. Días atrás se ha referido a ello el presidente de la Asociación Provincial de Empresas de la Construcción, Emilio Díaz, quien reconoce que hay una importante actividad constructora, pero que cuando se acaben las obras que se están haciendo todo se paralizará por la escasez de suelo. El motivo: el tiempo que se tardará en hacer la modificación del POM, ya en marcha. “No hay que perder ni un día en esta tarea”, suplica el presidente de los constructores. Yo añadiría que tal iniciativa debería haberse tomado en el anterior mandato municipal, pero se dejó a un lado -porque son otras fiestas las que dan votos en la política populista que nos envuelve-  y ahora todo se ha complicado desde que los madrileños han multiplicado las compras de vivienda en Guadalajara, hasta el punto de que son los principales demandantes. Y así está sucediendo: que Guadalajara está entre las ciudades y provincias que más crecen de España, porque se genera empleo (lamentablemente más en los servicios que en la industria, que nos abandonó), pero luego la gente (una gran parte inmigrantes) no tiene donde vivir.        

LA FRASE: «Corrupción sistémica e ineficacia en la gestión es el resumen que el poder trata de de maquillar con cifras de crecimiento macroeconómico considerables que no logran ocultar el descenso de la capacidad adquisitiva de las familias y la ausencia de un proyecto nacional fiable». JUAN LUIS CEBRIAN, periodista.   

El incendio más trágico de la historia moderna de España comenzó a las 14,44 horas del sábado 16 de julio de 2005 cuando una pavesa de una barbacoa encendida por unos excursionistas, que acababan de visitar la cueva paleolítica de Riba de Saelices, saltó a un campo de cereal cercano. Era una tarde de fuerte viento y calor asfixiante, lo que favoreció a la rápida propagación de las llamas. Cualquiera que conociera la zona sabía que ese campo de labor es el acceso a un cañón con abigarrada masa forestal, por lo que habría que haber actuado rápido para evitarlo. No se valoró bien esta circunstancia y los escasos medios que se emplearon esa primera tarde fueron insuficientes para atajar el peligro. De tal manera que las llamas llegaron al pinar y cuando se multiplicaron las tareas de extinción, al día siguiente, ya fue demasiado tarde. El valle de los Milagros, uno de los parajes más bellos del Alto Tajo, era el mismísimo infierno. Pero lo peor estaba por llegar y sucedió en la tarde del domingo. Once miembros del retén de Cogolludo, que habían sido llamados a participar en las tareas de extinción -aunque su servicio había estado disponible desde el sábado-, en un convoy formado por tres todoterrenos y dos camiones autobombas llegaron hasta un altillo, entre dos barrancos, en el paraje conocido como El rincón del Jaral. Tuvieron tiempo para dar la vuelta a los vehículos, por si tenían que escapar, pero poco más. Sin haber echado una gota de agua, por sorpresa, ya que creían que el incendio estaba lejos (no tuvieron apoyo aéreo), según relató el único superviviente, una lengua de fuego ascendió del barranco y rodeó a los vehículos, desatándose el infierno al arder rápidamente un suelo formado por pringosas jaras resineras. Uno de los TT apenas pudo rodar un centenar de metros por la pista, y el otro, logró recorrer 50 metros más hasta que se incendió. El Land Rover del retén se salió del camino y se metió en el jaral en llamas, hasta que se empotró en un cercado para el ganado. La motobomba de Jesús Abad, que pertenecía a Arcos del Jalón, en la vecina Soria, se salió del camino y cayó por un barranco, volcando. Pero Jesús consiguió escapar por la otra puerta y ascender por la pendiente unos 30 metros, entre llamas y humo, hasta lograr colocarse bajo el otro camión, cuya conductora, Mercedes Vives, no logró arrancar. Aquella decisión le salvó la vida, ya que el fuego no quemó la parte trasera del camión, con lo que Jesús pudo encontrar una bolsa de oxígeno para respirar y aislarse de las llamas. Fue el único que lo logró. El retén entero de Cogolludo, en su mayoría formado por jóvenes, pereció. Después de la tarde del domingo, cuando la zona del incendio se llenó, ya sí, de todo tipo de refuerzos terrestres y aéreos, los medios de comunicación de toda España hablaban del incendio más trágico de la historia moderna de nuestro país. Durante cuatro días se quemaron 12.900 hectáreas, fundamentalmente de pino resinero, y podría haber sido peor porque las llamas apenas tocaron unas 2.000 hectáreas de la zona del pre-parque del Alto Tajo, por lo que sus increíbles barrancos y hundidos siguieron intactos, a pesar de algunas informaciones alarmistas en medios nacionales. Lo que no tenía remedio era la pérdida de vidas humanas.

Esta tragedia puso de manifiesto numerosas deficiencias.  Lo positivo es que algunas se han corregido. En este sentido podemos decir que el de Riba de Saelices fue el fuego que lo cambió todo; o casi. Porque siempre quedan cosas por hacer.

El estado autonómico demostró que hacía aguas en materia de coordinación. Como periodista me indignó saber que Jesús, el superviviente, se pasó la tarde del sábado sentado en un pico en Layna, entre Soria y Guadalajara, sin que nadie le diera la orden de intervenir cuando más falta habría hecho. Al día siguiente, entró en acción y se agregó al retén de Cogolludo. Ahora, la Junta de Comunidades tiene firmados protocolos de colaboración con las autonomías limítrofes y se supone que el caos organizativo que se vivió en los dos primeros días del incendio ya no volvería a ocurrir.

La cobertura y dirección del incendio fue pésima en esa tarde del sábado – se tardó más de un día en decretar el nivel 2 de alerta- cuando nadie parecía ser consciente de actuar rápido y evitar que las llamas alcanzaran el valle de los Milagros. Hasta las 16,14, no se dio orden de salida del anfibio que la Junta disponía ¡en el aeródromo de Albacete!, pero el cacharro no despegó por problemas con el tren de aterrizaje. La cobertura aérea fue pobrísima. Solo al final de la tarde, llegó un hidroavión del Estado desde la base de Torrejón de Ardoz. La mala suerte se cebó con el helicóptero Kamov, que tiene su base en Villares de Jadraque, al romper por dos veces su bolsa de agua. A la vecina comunidad de Madrid se le solicitó solo un bulldozer, pero la petición no se atendió porque no había ninguna autoridad responsable. Las consejera de Medio Ambiente, Rosario Arévalo, el único alto cargo que dimitió, minimizó esa patente falta de medios hasta que se conocieron los muertos, echando días después la culpa a la “maldita barbacoa” y a los caprichos de la naturaleza. “Más medios no hubieran evitado las muertes”, llegó a declarar con gran ligereza. Ciertamente, eso nunca lo sabremos, aunque la comunidad autónoma terminó por reconocer el problema y cambió el protocolo de la lucha contra incendios, profesionalizando esas tareas (hasta entonces, muchos miembros de los retenes eran estudiantes que se sacaban unas perrillas en verano), como nos cuentan en este reportaje: “Se han protocolizado los mecanismos de seguridad de los incendios, las formas de actuación, la coordinación. Se han implementado unidades de análisis y planificación, técnicos dedicados exclusivamente a evaluar cómo puede ser la evolución del fuego para aportar esa información a los directores de extinción; de esta forma sus decisiones pueden ser más acertadas”.

Fueron tantos los errores que la jueza de Sigüenza llegó a imputar a políticos y altos cargos de la consejería de Medio Ambiente. Pero después de una instrucción muy cuestionada, la Audiencia Provincial, presidida por Concepción Espejel, una reputada jurista ahora en el Tribunal Constitucional, solo condenó al excursionista que encendió el fuego en un área recreativa de la Junta, que lo permitía. Una temeridad que se prohibió después de ese incendio, clausurándose todas las barbacoas.

La justicia, al final, entendió, que sin perjuicio de que pudieran haberse cometido errores, al final estas acciones no tuvieron relevancia penal para ser tipificadas como delitos, como había entendido el juez instructor. Pero este desenlace no quita para que muchos de los 11 familiares fallecidos piensen que las autoridades: “se portaron muy mal y nadie dio la cara. Nadie se puso delante de nosotros para decir, reconocemos que se nos fue”, afirma Carmen de la Peña, viuda de Jesús Juberías, uno de los “Once de Cogolludo”. Ciertamente, faltó empatía y sobró mucha mala política: tanto en la gestión del incendio, como en el post.

Menos mal que el sacrificio de estos 11 héroes, por lo menos sirvió para que se mejoraran los protocolos y la gestión de incendios, especialmente en Castilla-La Mancha. Su (mala) experiencia valió para que Zapatero creara la UME. También anunció que se levantaría un Parador Nacional en Molina, en apoyo de la economía de la zona, y que ha tardado 20 años en inaugurarse.   

 Para los que no están, no es ningún consuelo, ya lo sé, por lo que solo podemos honrar su memoria. Mi recuerdo a 11 héroes: Pedro Almansilla, José Ródenas, Jesús Ángel Juberías, Alberto Cemillán, Luis Solano, Mercedes Vives, Julio Ramos, Jorge Martínez, Marcos Martínez, Manuel Manteca y Sergio Casado. 20 años han pasado, desde entonces, de unas muertes que se deberían haber evitado.     

UN GRAN CARTEL.-Han tardado pero ha merecido la pena. Me gustan los carteles de la Feria de la Antigua de este año, y a priori están entre los más atractivos de los últimos tiempos.
La Feria empieza con Morante de la Puebla, y eso son palabras mayores en una temporada en la que el de la Puebla está en estado de gracia y es capaz de cualquier cosa. Con él estarán un Manzanares que hace tiempo a esta plaza viene solo a cumplir y un Talavante, siempre interesante. Al día siguiente sorprende un mano a mano entre dos toreros muy jóvenes, como son Ginés Marín y Victor Hernández, este último vinculado a nuestra provincia. No sé como caerá la corrida entre el gran público, pero al aficionado le va a gustar.
El sábado hay una terna de plenas garantías con Perera, Luque y Fernando Adrian. Y el cierre lo echarán Castella, Pablo Aguado y Tomás Rufo. Es verdad que el francés y el sevillano no están tan en forma como otros años, pero donde hay calidad, cabe la esperanza.
Las ganaderías son de primera fila (Vázquez, Alcurrucén, Zalduendo y El Capea). Los toros se correrán por la mañana en el encierro. Solo falta en los carteles una primera figura, Roca Rey, pero me doy por conforme con lo anunciado.

El gobierno de Pedro Sánchez negocia estos días el cumplimiento de una de las exigencias para su investidura y la del socialista del PSC, Salvador Illa, a la presidencia de la Generalitat. Se trata de una financiación singular (y privilegiada) para aquella comunidad autónoma por parte del Estado Español. El sistema es idéntico a los conciertos económicos con País Vasco o Navarra, salvo por este dato esencial: tales conciertos están recogidos en la Constitución, porque son fruto de una historia de fueros viejos y guerras carlistas, y aunque a muchos de los que votamos sí al texto constitucional nos desagradaba, por lo que suponen de privilegio y desigualdad con otros territorios, las constituciones no se aprueban por partes (como se creen los indepes), sino en su conjunto. Y tenemos que asumir sus consecuencias, aunque ahora con el neo derecho que se ha inventado Pumpido y su Tribunal, la letra de la Constitución es papel mojado.

¿Qué significa esa financiación singular que como una vulgar letra comercial le han pasado al cobro los socios separatistas de Sánchez a cambio de indultarle, en el Congreso, de la presunta corrupción de sus colaboradores más estrechos? Tan sencillo como que la Generalitat recaudará con una agencia tributaria propia todos los impuestos que se paguen en Cataluña, lo que supone un horizonte recaudador de 52.000 millones de euros [El presupuesto total de Castilla-La Mancha son 12.716 millones, para que se hagan una idea] A cambio, se crearía una cuota de solidaridad para contribuir con los gastos comunes del Estado, que todavía no se ha fijado, aunque Puigdemont ya ha advertido que no aprobará su modificación en el Congreso si no es la Generalitat la que decide, unilateralmente, lo que se aportará al Estado una vez recaudados todos los impuestos. En otras palabras: mientras que el Estado se queda con el dinero que recauda en todas las autonomías del régimen común, y luego Sánchez decide cómo se reparte y a quién, la Generalitat de Cataluña se queda con el dinero de sus contribuyentes y luego Puigdemont y su tropa decidirán qué limosna dan a los españoles para los gastos comunes. Ni más ni menos. Principio de ordinalidad lo llaman esta tropa.

En un nuevo ejercicio de cinismo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha abierto a extender este sistema fiscal a otras comunidades autónomas, supongo que a ver si pica Isabel Díaz Ayuso ( Madrid,  como comunidad con una alta recaudación por IRPF sería también beneficiada) y las otras comunidades perjudicadas le montan a Feijóo la tremolina. La propuesta de Montero es de una insensatez supina, porque España no es un estado confederal ni la Constitución lo contempla, y pasaría por encima de un sistema de financiación común, que sirve para todas las autonomías y en el que se debe contemplar no solo la recaudación fiscal per cápita sino otros parámetros como la extensión del territorio (no cuesta la sanidad lo mismo en Madrid que en Castilla-La Mancha) o el envejecimiento de la población. Cierto es que el actual modelo de financiación, que data de 2009, hace tiempo que se debería haber renovado, pero lo que los estudios más serios nos dicen es que entre las comunidades infrafinanciadas no está Cataluña sino Castilla-La Mancha junto con Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía.

La financiación singular (y privilegiada) a Cataluña que negocia Sánchez y Montero se haría, por tanto, a costa de la solidaridad con las comunidades menos favorecidas y de romper la caja común. No es de extrañar, por tanto, que Page haya dicho que es el mayor atentado a la igualdad de los españoles que recuerda, y expectantes estamos por saber a qué se refiere con que “no se va a quedar de brazos cruzados”, porque hay ocho diputados del PSOE de Castilla-La Mancha en el Congreso; entre ellos uno de Guadalajara.

Si esto sigue adelante, y el soberanismo se vuelve a salir con la suya (Salvador Illa ha asumido el discurso de Junts y ERC a cambio de su apoyo parlamentario), desde el resto de autonomías que no tenemos concierto o financiación singular tendremos que empezar a preguntarnos que si se rompe la caja común y se reduce aun más el principio de solidaridad, ¿para qué nos sirve esta España?

Tengo muy claro para qué le sirve a Sánchez: para llevar seis años en La Moncloa gracias a los votos que recoge en Cataluña y País Vasco, tanto propios como de sus socios separatistas, por un sistema electoral que sobrepondera la fuerza del nacionalismo en el conjunto del Estado. Y así nos luce el pelo al haberse dinamitado los puentes y consensos que nos llevaron a la Constitución de 1978, de la que no van a quedar ni las raspas con Pumpido en el TC.

P.D. Me parece muy bien el esfuerzo que se está haciendo por difundir los nuevos encierros de Guadalajara en Pamplona, pero paralelamente todavía desconocemos los carteles de la Feria de la Antigua, sin contar con que este es el último año de concesión a la actual empresa. El encierro no es un fin en si mismo, sin la lidia de la tarde, y ya sabemos que este año solo hay dos tipos de ferias: en las que torea un Morante en estado de gracia y en las que no. Algún día conoceremos -supongo- dónde está la de Guadalajara.

LA FRASE: “Koldo, Ábalos y Cerdán robaron -presuntamente- a los españoles porque tenemos un sistema político e institucional que favorece a la corrupción…Los directivos públicos dependen de nombramientos políticos para mantener sus cargos y ascender. Su supervivencia profesional requiere servir al partido que los nombra, no al interés público”. LUIS GARICANO (London School of Economics) y Abel Sánchez Trillanes (Universidad de Oxford).

El Tribunal Constitucional de Conde Pumpido, fiscal general con Zapatero y sostén legislativo del sanchismo, ha empedrado el camino hacia la autodeterminación de cualquier comunidad española. Como bien señala uno de los magistrados discrepantes con la sentencia sobre la Amnistía, César Tolosa, la sentencia se sustenta en una mal entendida soberanía parlamentaria, incompatible con cualquier tipo de despotismo, incluido el de la mayoría parlamentaria. El TC de Pumpido ha convertido a la Constitución en un elemento líquido y permeable a la mayoría ideológica del tribunal, con lo que pierde su vertiente de freno y límite a la actividad del parlamento y el ejecutivo. Todo está sujeto a su interpretación y lo que no está expresamente prohibido por la letra constitucional, puede trasladarse al marco de la Ley. Como sospecha el magistrado Tolosa, esta práctica “previsiblemente alentará futuros intentos de erosión del marco constitucional”, que ya han comenzado con la expulsión del español de las aulas catalanas -con sentencias de la Justicia que se incumplen paladinamente- y se concretarán con la financiación singular que desde hoy mismo Sánchez negociará con el separatismo catalán a cambio de seguir en La Moncloa. Es un camino que inevitablemente nos llevará a una repetición de los actos de sedición que tuvieron lugar el 1-0, y que Feijóo o el que entonces gobierne España tendrá muchas más dificultades de frenar. Porque los actos de desacato a la autoridad del Estado serán mucho más graves y no podrá contar con aplicar un delito de sedición, que se retiró por exigencias de los golpistas y una jurisprudencia legal a raíz de la ley de amnistía por la que cualquier disturbio está justificado y es asumido por el “interés general”, aunque en realidad sea puramente arbitrario. Page tachó estos argumentos de “infantiles” y muy flojos”; y así es porque amparándose en ellos cualquiera puede hacer de su capa un sayo. Llámese Puigdemont, Otegui o Santiago Abascal, según venga el viento.

Graves son los casos de corrupción que cercan al gobierno, porque en ellos están implicados los dos últimos números dos de Sánchez en el PSOE, su propia familia y toda una trama de sinvergüenzas y puteros que deberían abochornar a cualquier votante de este PSOE sanchista, como le sucede a Felipe González, nuevo miembro de la fachosfera al decir de los trompeteros del actual secretario general. Pero si graves son estos comportamientos, a falta de una calificación penal de los tribunales, para mí todavía es peor la escabechina que Sánchez y sus cohortes palaciegas han hecho con la Constitución, convertida en papel mojado, y los ideales de la Transición y las políticas de reconciliación, sustituidas por un muro donde a un lado están los intereses de Sánchez y al otro el fascismo. No cabe una visión más autocrática y divisiva, e incompatible con los valores constitucionales.  Sánchez ha empedrado el camino hacia la autodeterminación, comprando el relato a sus socios separatistas y el concepto de lawfare para atacar a los jueces, como hizo Trump en su primer mandato: Nada es delito, porque es producto de una justicia corrupta que persigue a pobrecitos como Puigdemont. Lo más grave de este segundo mandato de Sánchez es que ha encajado aparentemente, con la ayuda de Pumpido, principios que están muy lejos de ser constitucionales y está a punto de convertir a España en un estado confederal, en el que Cataluña y el País Vasco negocian directamente sus privilegios con el Gobierno que sustentan, como paso previo a los referendos de autodeterminación, que ya se encargará Pumpido de vestirlos.

Esta deriva es todavía más grave, por lo que Concepción Espejel, magistrada del TC que fue presidenta de la Audiencia de Guadalajara, ha calificado a este amparo de “la más injusta de cuantas leyes han sido sometidas al escrutinio de este tribunal” al representar “la mayor regresión institucional habida en la historia constitucional reciente”.

Pues esto es lo que hay. Vamos a ver cómo se las apaña Feijóo o el que venga cuando los separatistas cumplan con su amenaza de “volverlo a hacer”, y se encuentre con que el Estado Español carece de armas legales apropiadas para hacerlos frente. No me lo quiero ni imaginar.    

La ciudad de Guadalajara es una de las capitales españolas que más ha crecido en los últimos  15 años. Oficialmente estamos muy cerca de llegar a los cien mil habitantes (de hecho, se superan porque hay miles de personas que siguen empadronados en su pueblo aunque vivan aquí, como un comprensible acto de militancia) y goza de un mercado laboral expansivo gracias sobre todo a la logística, que ha traído a miles de personas a trabajar, especialmente sudamericanos. Pero este ciclo expansivo de la ciudad tiene una falla estructural importante, amén de los problemas de las empresas para encontrar trabajadores especializados, como relata el CEO de Hercesa, Juan José Cercadillo. (Felicidades a la empresa por esos 50 años). Esos miles de nuevos arriacenses tienen una enorme dificultad para encontrar vivienda a un precio asequible para sus ingresos, y así vemos como las ofertas de alquiler de las inmobiliarias tardan minutos en agotarse y surge la picaresca, apenas hay oferta de vivienda nueva -para ellos y para los jóvenes en general-, con lo que deben recurrir a compartir piso cada vez con más gente o a buscar vivienda lejos de su puesto de trabajo. También esto último empieza a complicarse, porque los municipios del entorno de la capital han vendido o alquilado todo lo que tenían presentable y lo que queda ahora son casas viejas de pueblo, inhabitables, necesitadas de reformas.

Este es el panorama que hay en Guadalajara como ciudad del entorno metropolitano de Madrid, que es nuestro motor de desarrollo, pero lo peor es que el horizonte presenta serios nubarrones. Los expertos y el sector coinciden en que hay que aumentar la construcción y, para ello, es imprescindible actualizar la Ley del Suelo. Es una tarea que compete al gobierno de España, que ha intentado sacar esta norma en dos ocasiones y en ambas fracasó, con la negativa del bloque de investidura. ¿Les suena aquello de “somos más”, que bramaba Sánchez en la noche electoral? Falso, tampoco eran más en materia de vivienda, solo lo fueron para impedir la presidencia de Feijóo, y lo poco que han sacado no ha tenido ninguna incidencia, ni en el precio de la vivienda, ni en la construcción de obra nueva. Me estoy refiriendo a la Ley de Vivienda, promovida por el Gobierno de coalición en 2023, que ha tenido efectos cuantificables: los precios del alquiler han subido un 24% y la oferta se ha reducido un 17% a nivel nacional, según datos de Expansión   Guadalajara es la capital de Castilla-La Mancha donde más han subido los precios -como consecuencia de todo lo anterior- desde que se aprobó la Ley, con el 25%. Los promotores de obra nueva están vendiendo todo lo que sacan, que no es mucho, y lo que se pregunta la gente es si esta tendencia de falta de oferta asequible va a durar mucho.

Pues bien, lamento no ser optimista. La realidad es que la fabricación de suelo para la construcción -por la normativa actual- tiene una media superior a los cinco años, lo que desespera a los promotores, pero en el caso de Guadalajara el problema es mayor: porque el suelo previsto en el Plan de Ordenación Municipal (POM) está prácticamente agotado. Nuestro POM fue aprobado en el año 2000, ocho años después estalló la burbuja inmobiliaria derivada de la crisis financiera, que en España y en Guadalajara fue particularmente grave, y nuestros sucesivos ayuntamientos lo último que pensaron fue que habría necesidad de calificar nuevo suelo. Pero la economía cambió.  Descartada la posibilidad de aprobar un nuevo POM, porque con la maniquea legislación que tenemos habría que suspender temporalmente la concesión de nuevas licencias y someterse a un proceso interminable, el ayuntamiento actual está sacando al mercado parcelas sueltas, para venta o alquiler, que está bien, pero no deja de ser una gota en el mar, porque lo que hace falta es calificar nuevo suelo y decidir por dónde debe crecer Guadalajara. En este sentido, el Ayuntamiento ha tomado una decisión importante, como es la adjudicación a urbanistas externos del estudio que nos ilustrará sobre la decisión a tomar por el Ayuntamiento, vía modificación del POM actual. Pero siendo esto un proceso que debería haber iniciado el equipo de Gobierno anterior, no va a impedir que la oferta de la vivienda se constriña todavía más en Guadalajara y los precios sigan subiendo.

Esta incapacidad legislativa agrava en el conjunto de España la crisis de la vivienda durante los próximos años, pero especialmente en nuestra ciudad, porque cualquier solución implementada tardará más de cinco años al encontrarnos con un POM prácticamente agotado, y que se ha desarrollado hasta los límites de la Ronda Norte. Y primero habrá que decidir si se cruza y seguimos construyendo hasta Taracena, lo que tiene peor venta, o habilitamos el margen derecho de la Autovía, desde los Geos hasta Iriépal, como ha hecho Alcalá de Henares con La Garena y la zona de Espartales. Asuntos vitales para nuestro futuro, que se han demorado más de la cuenta por esa política de la inmediatez y de faros cortos a la que se apuntan populistas de todas las clases.

Pero esto es lo que hay. Guadalajara, una ciudad donde crece el empleo, pero tarda mucho en fabricar nuevo suelo para construir viviendas. La modificación del PGOU de Guadalajara nace con la necesidad de construir hasta 10.000 viviendas. ¿Pero cuándo estarán?

LA FRASE: «Cuanto menos talento tienen,más orgullo, vanidad y arrogancia muestran. Sin embargo, todos estos necios encuentran otros necios que los aplauden». ERASMO DE ROTTERDAM.

El sanchismo ha caído como ideología y estrategia política tras el informe de la UCO que descubre en su salsa a los colaboradores -¿cómplices?-más directos del presidente Pedro Sánchez. Solo falta por saber el día y la hora en que Sánchez abandonará La Moncloa por la puerta de atrás. Pero ya importa menos; aunque cualquier presidente democrático con un mínimo de vergüenza torera se habría marchado un minuto después de que dimitiera su número dos en el partido y Secretario de Organización, Santos Cerdán, una vez que las grabaciones -se supone que de Koldo- interceptadas por la Guardia Civil, le situaran en el epicentro de una presunta trama de corrupción con adjudicaciones de unos 600 millones de euros. Como el asunto está en los jugados más tarde o más temprano sabremos hasta dónde llegó el fango y quiénes cobraron las comisiones.

Sánchez disimula cuando pide perdón con la boca pequeña, olvidándose de que antes que Cerdán su anterior secretario de Organización, José Luis Ábalos, acabó en el grupo Mixto después de que salieran a la luz los primeros indicios de corrupción en el ministerio que pastoreó, el de Fomento. Santos, Ábalos y Koldo formaron parte del trío del Peugeot, que pilotó Sánchez hasta ganar las primarias a Eduardo Madina, ahora sabemos que con malas artes, y que el propio Ábalos fue el ponente de la moción de censura que echó a Rajoy de La Moncloa ¡para limpiar la corrupción!, argumentó el muy cara dura. Por el libro de Sánchez, Manual de Resistencia, sabemos que fue Koldo el encargado de custodiar los avales de las Primarias y que lo hizo con la misma energía con la que pedía su parte en el reparto de las comisiones, según han develado los audios. Si a esto añadimos otros casos anteriores que han terminado en imputaciones del entorno familiar del presidente y de su fiscal general, nadie puede dudar que el sanchismo cayó este jueves 12 de junio y que ya solo queda por conocer el último capítulo: el que escribirá Pedro Sánchez en los próximos días o meses. Y que todo dependerá del daño que quiera hacer a su país, a su partido y a sí mismo.

A España se la maltrata innecesariamente alargando, sin presupuestos, una legislatura que nunca debió haber comenzado, soportada parlamentariamente  por el separatismo y la extrema izquierda. Es muy improbable que los socios de Sánchez voten con el PP una moción de censura, porque un Sánchez cada vez más debilitado,  para sus objetivos políticos -una España plurinacional y de estructura confederal, con horizonte republicano- cada vez más están al alcance de su mano gracias a un Pumpido dispuesto a hacer mangas y capirotes de una Constitución de consenso y dejarla en papel mojado; derecho creativo lo llaman. Para un narciso de libro, como Sánchez, todos están equivocados, menos él, y tendrá la tentación de jugar una vez más la carta del muro, él, que ha hecho de la polarización su estrategia, en le creencia de que el electorado de izquierdas seguirá prefiriendo la corrupción y la incompetencia con tal de cerrar el paso a la fachosfera. A la visualización de esa estrategia, o yo o el fascismo, le vendría bien una moción de censura, y por eso Feijóo hace bien en no caer en la trampa que le propone Santiago Abascal, siempre dispuesto a recoger los votos que recibe cada vez que la política española gira a los extremos.

¿Y el PSOE? Para el viejo partido socialdemócrata cancelar el sanchismo es cuestión de higiene democrática; y de supervivencia, como bien sabían los dirigentes que cerraron el paso, en el Comité Federal de 2016, a la deriva que había iniciado el dirigente populista tras ganar de aquella manera  sus primeras primarias a Madina. El informe de la UCO es solo el principio, vendrán otros escándalos y conversaciones denigrantes, a medida que los procesos judiciales vayan avanzando, y los imputados sigan el ejemplo de Aldama, que ya canta la Traviata para reducir su pena. Yo no sé si Sánchez y su resilencia de cemento armado lo aguantaría, pero el PSOE seguro que no, y sobre el partido se extendería la sombra de Betino Craxi. Page, el único presidente socialista que le plantó cara a Sánchez, ya había advertido que la celebración con anterioridad de las locales y autonómicas sería perjudicial al interés electoral del PSOE, y ya no digamos tras el informe de la UCO. La única solución responsable que le queda a Sánchez es la convocatoria de un congreso extraordinario en el que anunciara que se retira de la dirección, pero eso difícilmente lo hará un narciso. Y un PSOE desarticulado por efecto de unas primarias que convirtieron al partido en una estructura cesarista, dudo que le obligue a ello. Sánchez se cree Perón, y ya sabemos lo que cantaban los del bombo en la Plaza Rosada.

No es fácil la evolución de cualquier movimiento populista en la que un líder visionario es obligado a dejar el poder, y Sánchez está rodeado de Tezanos, siempre dispuestos a decirle lo que quiere oír. Pero esta vez no hay marcha atrás. El sanchismo ha caído el jueves 12 de junio, gracias al ejercicio de un poder del estado de derecho, la policía judicial de la UCO, que precisamente por eso el régimen sanchista quiere limitar con una reforma bolivariana de la justicia, para sustituir el acceso a la judicatura por el mérito y la libre oposición; y en su lugar inventarse una especie de quinto turno al que pueda manipular el poder ejecutivo. Todo en la línea de esa doctrina sobre el lawfare que  Puigdemont y los Oteguis impusieron a un presidente insolvente, que nunca se leyó la Constitución.

Alguien en el PSOE, además de Page, debería decirle que su régimen terminó y que su continuidad solo sirve para acumular descrédito y basura. Porque el informe de la UCO solo es la patita del lobo. Ya verán cuando los Koldo, Cerdán, Ábalos, Leyre y Aldama empiecen a cantar. Y esto es lo que hay.        

LA FRASE: “Es más fácil de engañar a la gente que convencerlos de que han sido engañados”, MARK TWAIN, escritor.            

En la ciudad de Guadalajara no hay 30.046 tontos, que son los electores que votaron a  las candidaturas del PSOE y el PP en las municipales de 2023. Entre la multitud alguno habrá, no digo yo que no, pero será en todo caso una anormalidad, no una descripción del elector arriacense de a pie. Niego la mayor, por tanto, sobre el diagnóstico que un concejal liberado del Ayuntamiento de Guadalajara, Víctor Morejón, con importantes competencias en la administración local de Ana Guarinos, hizo en su tuit particular llamando “tontos” al 72% de la masa electoral de Guadalajara, con cualificación especial a los que votaron al PP (13.169 personas) porque además de tontos, “son más falsos”.

Lo primero que me llama la atención es que un individuo con esa opinión sobre los electores que auparon a su alcaldesa al cargo, mediante un pacto con su partido (Vox), pueda formar parte de un equipo de Gobierno con esos mimbres. Y que siga todavía en el cargo, una vez que se ha sabido cuál es la opinión sincera sobre sus socios de Gobierno. En verdad que el concejal se ha disculpado a la manera de Óscar López y la presunta bomba lapa de un miembro de la UCO sobre Pedro Sánchez, así que ustedes mismos pueden juzgar la fortaleza de su disculpa, porque a mí  no me parece suficiente. Bien diferente es la contundencia con que ha salido al paso el primer teniente de alcalde, Javier Toquero, también de Vox, lo que personalmente le honrra. Aunque echamos de menos un pronunciamiento público  y orgánico de Vox, como partido político de Guadalajara, que ha escurrido el bulto.

Motivos  de sobra tiene la alcaldesa Ana Guarinos para destituir al concejal Morejón de todos los cargos que tiene delegados por su autoridad. Pero ya ha avanzado que le vale el amago de disculpa al que aludíamos. Tampoco me extraña. Con la actual composición que tiene el Ayuntamiento, dejar a Morejón fuera del equipo de Gobierno sería como entregarle la llave de la legislatura, ya que el bloque de PP y Vox tendría los mismos concejales (12) que la oposición de izquierdas con PSOE y Aike. Pero sucede que cuando comulgas una vez con ruedas de molino, se abre un camino peligroso. Que se lo digan a Sánchez con Puigdemont.

El concejal Víctor Morejón cobra 63.000 euros del Ayuntamiento de Guadalajara.

INTERES GENERAL.- La amnistía como “medida excepcional” es compatible con la Constitución si “trae causa de una situación extraordinaria, se adopta por el legislador, se justifica en razones de interés general… y no vulnera derechos fundamentales ni garantías inherentes al Estado de Derecho”. Así lo recoge la ponencia sobre la amnistía (que ve el recurso interpuesto por el PP), redactada por la vicepresidenta del TC, la progresista Inmaculada Montalbán, a quien Cándido Conde-Pumpido, ex fiscal general con Zapatero y presidente del Constitucional, encargó el proyecto de lo que será pronto el aval jurídico para la amnistía, que no contempla la Constitución.

Me preocupa leer los argumentos jurídicos de la magistrada Montalbán, por muchas razones, pero solo citaré una: ese “interés general”, que equipara la primera exigencia de Puigdemont para negociar la investidura de Pedro Sánchez con el interés público, siendo en realidad una condición sine qua non, que nada tiene que ver con el interés general de España como estado de derecho. De lo contrario, y con esta doctrina, cualquier otro candidato a presidente del Gobierno podrá negociar con Puigdemont, Abascal o el Sursum Corda lo que le venga en gana, esté o no en el texto constitucional. Que a partir de ahora debería reformarse y añadir un artículo más: “En España será constitucional la amnistía, siempre que haga falta para aormar una mayoría de investidura”. Y punto pelota. Esto es lo que hay; y lo que viene, con un Ejecutivo cada vez más autoritario y prevalente frente a los otros dos poderes del Estado a los que tiene en el disparadero.         

LA FRASE: “El trumpismo aspira a un gobierno vertical sin los contrapesos de los otros poderes, la prensa liberal o la universidad elitista. Estas dos instituciones son la catedral que hay que clausurar para imponer las nuevas ideas”.  JUAN LUIS MANFREDI, catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Uno de los debates que trajo más enconamiento en la legislatura de Cospedal fue la reducción de las Cortes de Castilla-La Mancha a 33 escaños. En el PP se defendió entonces que la medida estaba inspirada en la contención y el ahorro, y que 33 escaños era suficiente representación. Desde el PSOE se la criticó, porque decían que era un “pucherazo” que beneficiaba al PP y deja fuera de la cámara a las minorías , aunque al final García-Page consiguió con esa representación desalojar a Cospedal del palacio de Fuensalida, gracias a la ayuda de Podemos, que sacó dos escaños. Por tanto, el adelgazamiento de la cámara regional no constituyó un parapeto decisorio para la presidenta regional del PP, que si no logró la reelección -caso único en la historia electoral de Castilla-La Mancha- fue por otras muchas cosas, empezando por no tomarse en serio su propia presidencia que compatibilizó con la secretaría general del PP de Rajoy. Pero eso es ya historia.

Lo nuevo es que el PP de Paco Núñez, que días atrás se propuso ante Feijóo para volver a presentarse ante García-Page, ha pactado con el PSOE varias reformas del Estatuto de Autonomía entre las que se abre la puerta a la posibilidad de aumentar ese número de diputados hasta 55. ¿Quiere esto decir que ha cambiado la posición del PP y que, ahora, entiende que 33 diputados regionales son muy pocos-lo mismo que el parlamento de La Rioja- y que después de la marcha de Cospedal ha llegado el momento de abrir la mano con el gasto? ¿O tal vez deberíamos preguntarnos si un mayor número de diputados garantiza  una mejor calidad democrática, o simplemente mayores posibilidades de colocar a nuestra clase política regional? Esa es mi duda.

En cualquier caso, si hacemos caso a la proyección que recientemente hacía El Mundo sobre qué pasaría en Castilla-La Mancha con un parlamento con 55 diputados, nos encontramos que este tendría los mismos grupos políticos que el actual (PSOE, PP y Vox) con lo que tampoco se facilitaría que la izquierda comunista (Sumar o Podemos) tuviera entrada en el viejo caserón de San Gil, otro de los argumentos que se da para defender la ampliación. La lectura actual es que con una derecha fragmentada, el PP no puede en esta región alcanzar la mayoría absoluta, aunque sí podría gobernar de llegar a un acuerdo con la derecha populista de Vox. Por el contrario, el PSOE de Page se ve abocado a retener el poder solo si mantiene su mayoría absoluta porque ni con la ampliación podría contar con el apoyo de su extrema izquierda.  Es todo o nada. Así, con la proyección citada vemos que PP y Vox se quedarían en 26 escaños, tres más que con unas Cortes con 33 diputados, insuficiente para gobernar ya que el PSOE de Page llegaría hasta los 29 escaños, 8 más, alcanzando la mayoría absoluta, y más desahogada (con una diferencia de 3 escaños) de la que tiene actualmente (1 escaño). En el caso de Guadalajara, unas Cortes regionales ampliadas no cambiarían la relación entre los dos bloques, pues si bien el PSOE subiría hasta los 4 diputados, el PP ganaría también 1 y Vox se quedaría con el que tiene ahora. (4,3,1).

A todo lo dicho, hay que precisar algo muy importante: para llegar a esta ampliación a 55 escaños que el Estatuto reformado permitiría, habría que reformar la Ley Electoral, algo que no se haría hasta la siguiente legislatura, y para lo que es necesario una mayoría de 3/5, lo que requeriría el apoyo del PP en las Cortes regionales, algo que está por ver si en sus cábalas llega a la conclusión de que no le beneficia.

Por lo tanto, aclarar que a las elecciones regionales de 2027 en Castilla-La Mancha iremos con el mismo número de diputados, 33, aunque hay una novedad en el caso de Guadalajara. Por el aumento de población (de 190.000 a casi 300.000), nuestra provincia gana un diputado, que pierde Albacete, con lo que le correspondería elegir 6 en vez de 5. Si se mantuviera el porcentaje de voto de las últimas elecciones, sería el PSOE quien se lo llevara (3 PSOE,2 PP,1 Vox) lo que a la postre podría ser decisivo en el conjunto regional para la reelección de Page, que va a estar más reñida que nunca, todavía con el actual presidente como favorito. Pero queda mucho para 2027 y hay un elemento que en mi opinión sí sería muy importante. A Page le beneficia ir por detrás en una convocatoria electoral, para que nadie tenga la tentación de penalizar la candidatura socialista a modo de voto de protesta contra Sánchez, que va a llegar a los comicios abrasado; pero resiliente. Que nadie espere que no agote el calendario.

LAS PENSIONES DE PUIGEMONT.- Ya sabíamos que los vascos se jubilan con 2.117 euros de media, un 24% más que el resto de españoles; y que los nuevos jubilados del régimen general en el País Vasco cobran 623 euros más de media que los extremeños, que son los que tienen las pensiones más bajas. Así sucede que son las autonomías con un fuero especial (País Vasco y Navarra) las que más cobran, lo que Puigdemont no está dispuesto a tolerar. ¿Y qué ha propuesto a Sánchez, que exista una mayor igualdad?  Evidentemente no, lo que pretende son “unas pensiones catalanas que se ajusten al mayor coste de la vida”, como si los precios solo hubieran subido en Cataluña. En la actualidad, las pensiones de Cataluña son de 1.822 euros de media frente a los 1.595 de Castilla-La Mancha o los 1.866 de Madrid. Es evidente que no todas las autonomías tienen los mismos sueldos, lo que se traduce en el cálculo de las pensiones, pero cualquier negociación bilateral estado-estado entre España y Cataluña es inaceptable para el resto de comunidades; y debería ser recurrida por la Junta de Comunidades ante el Tribunal Constitucional por vulnerar el principio de igualdad. Esto es lo que hay, aunque con Pumpido al frente, tengo poca esperanza.