Se cierra el 2017 para Guadalajara y dos de los proyectos tan vinculados a la recuperación del Estado del Bienestar al que se refirió con optimismo el presidente regional Emiliano García-Page en este final de año,  han avanzado menos de los deseable, o nada, si nos referimos a la ampliación del Hospital o al nuevo campus de Guadalajara, respectivamente. En ambos casos llegarán las prisas en el último tramo de legislatura (queda apenas  año y medio para la primavera de 2019 en que habrá elecciones municipales y autonómicas) con lo que es fácil que nos pase como a los malos estudiantes, que se dejan medio temario para empollarse el mes anterior al examen y acaban con una empanada mental de padre y muy señor mío.

Las obras del Hospital no han progresado adecuadamente, y no debería ser un consuelo para este gobierno repetir que en la legislatura de Cospedal  se paralizaron por completo.  Oficialmente llevan dos años “reinaguradas”, pero en ellas resulta milagroso encontrarse un obrero más allá de algunas fotos oficiales. No quiero decir tampoco que no se haya hecho nada (zonas verdes, unas aceras, aquí les pongo la relación oficial), pero me preocupa haber llegado a final de año  sin  un plan plurianual en el que se detallen los plazos de lo que queda y las necesidades de equipamiento. Como ya tengo escrito, la prueba del nueve es que el consejero de Sanidad, Jesús Fernández, no es capaz a estar alturas, ni por asomo, de avanzar unos plazos  sobre la finalización de estas obras de ampliación, y lo que deja caer siembra todavía más incertidumbre como cuando dice que una de las dos empresas que con tanto misterio llevan a cabo las obras no quiere continuar en este nuevo año de 2018; y luego no explica por qué. El consuelo que nos queda es que los Presupuestos de 2018 asignan  una  cantidad más relevante (15 millones, menos de la mitad de lo que nos gastamos en la televisión autonómica) con lo que quiero pensar que esta vez  vamos a visualizar la propia obra  (grúas, obreros, carretillas, cemento, esas cosas que se emplean en la construcción) y especialmente a medida que nos acerquemos  a las elecciones. Pero incluso entonces no se nos debe de olvidar  que todavía quedarán años para que se recupere los niveles de atención que este Hospital daba antes de que sobreviniera la crisis (que en autonomías como Castilla-La Mancha derivó en un severo problema de ingresos por el hundimiento de la recaudación, ligada a una fase expansiva de la economía), con lo que nos encontramos con que un Hospital con menos recursos debe prestar la misma atención a una población que con la burbuja inmobiliaria trajo a esta parte del Corredor del Henares a unas cien mil personas más. Algo empíricamente imposible, y que está detrás de esas consultas abarrotadas en donde es problemático hasta encontrar sitio en una sala de espera. El milagro es que a pesar de tales  penurias  la mayoría de los servicios que presta el Hospital son de primera, porque hay un personal que para suerte de sus usuarios está por encima  del sistema y sus miserias.

He querido dejar para el final el asunto del aparcamiento, y ya no solo porque me aburre todos los días el mismo cruce de declaraciones, sino porque muchas veces me parece a mí que  es el hueso que se nos coloca como elemento de distracción para que nos nos fijemos de lo principal, que es el incumplimiento de los plazos (desde 2011, ¡ojito!) en la construcción del nuevo Hospital, y la habilitación de la plantilla correspondiente.  Dicho esto me parece indecoroso que el Hospital de Guadalajara, que es la primera empresa del Corredor del Henares, no habilite un aparcamiento gratuito para sus trabajadores, como hace cualquier empresa de medio pelo, y  que permita que se atraque a los usuarios que debemos utilizar los aparcamientos de pago más de dos horas cuando allí vamos. Aunque el nuevo aparcamiento subterráneo tampoco vaya a resolver ambas situaciones algo las habría aliviado. Y ello debería haber sido suficiente para haber terminado con las disputas que mantiene el Ayuntamiento con el Sescam a propósito de la documentación que este último debe presentar, y dejen que lo diga: que a los vecinos afectados le importan un pimiento. Esto ha llegado a tal punto en que la gente ya no escucha argumentos, y lo que quiere es que se  resuelva de una vez, lo que estas alturas  penaliza a las dos instituciones que intervienen en este embrollo.

Sucede también en el asunto de los nuevos accesos. Después de dos años discutiendo al final hemos vuelto a la casilla de salida. Yo entiendo el argumento del alcalde cuando dice que han cedido unos terrenos que valen diez millones de euros, y que solo por eso los accesos los debería hacer la Junta. Pero esos compromisos se plasman en convenios, y si no hay tal es el Ayuntamiento el  que debe correr con los gastos de pavimentar unas calles que están fuera del recinto hospitalario; o el agente urbanizador. Al final lo acometerá, aunque por aquello de las prisas y de no ralentizar la solución definitiva, lo hará de aquella manera y dejando al futuro agente urbanizador la tarea de completar el viario y las aceras.  Ad calendas grecas.

Y ya termino sobre el nuevo campus del que hay poco que decir. Hemos perdido un año y no se han comprado ni los terrenos al ministerio de Defensa. La Junta y sus portavoces acusan al Ayuntamiento de no haber cumplido su parte con los terrenos y el Ayuntamiento responde que técnicamente esto no es viable mientras no haya un convenio por escrito.  El ruido de siempre cuando no se quiere aflojar el dinero. Mientras tanto, y aunque se ha anunciado la mar de veces, el contrato-programa con Alcalá, sobre el que hay acuerdo Universidad-Junta, ya se queda para el año 2018, y lo que te rondaré morena. Me acuerdo  cuando los planes iniciales contemplados  en el protocolo y borrador que las tres partes bendijeron el 30 de marzo de 2015  con una inversión plurianual a cargo de la Junta de cincuenta millones de euros, ya se hablaba de enero de 2017 para empezar las obras en Las Cristinas y del año 2020 para terminarlas. Ahora, largo me lo fiáis amigo Sancho. Pero esto es lo que hay. ¿No tendrían Román y Page una hora sin testigos ni fotos para poner un poco de cordura y sentido común a tanta disputa?

Feliz 2018 a todos.

Aunque una vez me dijo Camilo José Cela, exquisitamente instruido en la tradición inglesa, que es de mala educación hablar de uno mismo, me van a disculpar esta vez la autocita  porque no encuentro  otra manera de dar las gracias a tantas personas que en estos últimos días han contribuido a que me vaya recuperando de una delicada intervención quirúrgica que me hicieron en el Hospital del Sescam en Guadalajara.  Hasta ahora la providencia había sido generosa conmigo, porque nunca tuve la necesidad de ser ingresado en hospital alguno, así que en mi caso este episodio médico generaba no pocas incertidumbres, que me han ayudado a sobrellevar los magníficos profesionales de la planta quinta del Hospital, encabezados por los doctores Otero y Golbano, celadores, auxiliares de enfermería, enfermeras, médicos, cirujanos, anestesistas, reanimadores, en fin, tanta buena gente que todos los días contribuye a que decenas de personas podamos en el menor tiempo posible  volver a disfrutar de la vida sencilla ¡Ahí es nada,  charlar con los amigos, darse un paseo por el campo, una buena comida, la cerveza en tu bar favorito y ya no digamos un partido viendo al equipo que te hace levantar del asiento! Todas esas cosas, y alguna más, son las que estoy en camino de recuperar gracias al buen hacer del personal  del Hospital de Guadalajara, a los que siempre presuponía su profesionalidad, aunque ahora tengo que añadir que nos regalan algo más, muy importante para el paciente  que está desvalido en una cama. Me refiero a la humanidad y la simpatía con la que tratan a sus pacientes. Un día le dí las gracias por ello a un auxiliar de enfermería, y me respondió: “Solo falta que en la situación que estáis nosotros os pongamos encima mala cara”.

No creo exagerar si digo que el personal que me he encontrado en el Hospital de Guadalajara -y estoy seguro de que no son una excepción-, están por encima del propio sistema público de salud, que ha sufrido importantes recortes desde que comenzó la crisis, y que con su trabajo y disposición logran que los pacientes lo notemos lo menos posible.  Pero los pacientes no estamos ciegos y vemos que las consultas externas del Hospital de Guadalajara están abarrotadas, hasta el punto de que en algunas de ellas es difícil hasta encontrar  silla en la sala de espera, que las listas de espera no terminan de volver a la normalidad, que la docena de quirófanos funcionan sin descanso de lunes a viernes (y los fines de semana los de urgencias), sin que sea suficiente para agilizar esas listas de espera, que hay plantas en las que se atienden hasta seis especialidades distintas, o que las camas están calientes, porque siempre hay alguien esperando  a que haya una plaza libre.  Creo que no me equivoco si digo que en el Hospital de Guadalajara su plantilla funciona todos los días al cien por cien para que esas carencias se noten lo menos posibles, lo que demuestra por un lado su gran capacidad, pero también la dificultad de trabajar siempre sometido a gran presión, y convertir en normal lo que debería ser excepcional. Y como la administración es como es, parca en detalles, que da asco, la empresa con más trabajadores de Guadalajara no tiene un aparcamiento gratuito a disposición de sus trabajadores, un servicio que dispone cualquier empresa de medio pelo del Corredor del Henares, con lo que ese personal que mantiene a flote un hospital que debería haberse ampliado  hace diez años, por el gran incremento de población que ha tenido Guadalajara, tiene que dejar el coche por el campo, en solares polvorientos o en barrios próximos al centro hospitalario.

¡No es esto, no esto!, la manera de agradecer la buena disposición de sus trabajadores, señor consejero de Sanidad a quien también escuché reconocer, mientras estaba ingresado, que las obras de ampliación del Hospital se habían “ralentizado”. No sé muy bien lo que entiende usted por “ralentizar”, pero lo que yo he visto en estos días es que por allí no se adivina ninguna actividad laboral  y que si comparamos cómo estaba la obra cuando la visité en compañía del consejero Fernando Lamata en la campaña electoral de 2011 pues apenas encuentro las diferencias. Tras cuatro años de paralización de las obras del Hospital, durante la legislatura de Cospedal, con la excusa de la crisis y la falta de recursos,  llevamos ya dos años con la obra  en presupuestos, pero esto no luce señor consejero, más allá de las obras de ampliación de aceras y la mejora de algunos setos que ahora se llevan a cabo. Ignoro si es solo un problema presupuestario, de ejecución de ese presupuesto, de problemas técnicos para continuar unas obras que se empezaron hace más de siete años, pero el consejero Fernández sigue sin contestar una pregunta elemental cuando viene a Guadalajara: cuánto queda para que las obras de ampliación del Hospital, y su consiguiente equipamiento, estén a disposición de la provincia de Guadalajara y de sus pacientes. Con lo que el conjunto del Hospital podrá funcionar sin que parezca que no va a haber un mañana.

Mientras esto no sucede, que nadie de por cerrada la crisis en Guadalajara. Ni se ponga medallas.  Ni que haga promesas que luego invariablemente se incumplen. Como sucede con el aparcamiento subterráneo del Hospital, que no se abre porque según el Ayuntamiento no cumple con la normativa urbanística y responde el consejero Fernández que la culpa la tiene el consistorio, porque cada día le están pidiendo papeles y más papeles. ¿Y qué culpa de ese desencuentro tenemos los usuarios que nos dejamos los ahorros cada vez que tenemos que acudir al hospital? ¿Y sus trabajadores? Sucede lo mismo con la nueva salida por la Fuente de la Niña, que aligeraría el tráfico del temido nudo de Cuatro Caminos. Apenas trescientos mil euros tienen la culpa, pero Ayuntamiento y Junta han hecho de esto un campo de batalla, que más allá de las razones de cada uno,  no hay manera de que den un paso.

Pero esto es lo que hay, y con estos bueyes sectarios tenemos  arar. Menos mal que el Hospital tiene una plantilla que, repito, está por encima de las carencias de un sistema sanitario público infrafinanciado, por un reparto de financiación autonómica obsoleto e injusto, que hace inviable el funcionamiento normal de dos tercios de las comunidades autónomas españolas, entre ellas la de Castilla-La Mancha. Pero eso mejor lo dejamos para otro día. Hoy solo quería darles  las gracias a la buena gente del Hospital. Por todo.

Foto:obras de la ampliación del Hospital en la actualidad sin actividad alguna.

sbarra@guadalajaradiario.es

Yo sí quiero saludar el proyecto para promover un complejo de ocio y residencial en Alovera en torno a la playa artificial más grande de Europa (nos dicen que tendrá una lámina de agua de casi 25.000 metros cuadrados rodeada de una playa de arena de 15.000 metros cuadrados) por cuanto supone el apunte de un cambio de tendencia en la larga travesía del desierto que las empresas inmobiliarias y la promoción de suelo residencial e industrial en nuestra provincia han pasado en los últimos años.

Que empresas que estuvieron al borde del precipicio, y que se tuvieron que defender con concursos de acreedores y el repliegue de su actividad comercial a la mínima expresión empiecen a recuperar suelos y promociones es una buena noticia para la economía de Guadalajara, y esto lo acabará siendo para el empleo en general, como ya lo está anticipando las últimas EPAs en nuestra provincia y los datos que mensualmente ofrecen los servicios de empleo. Aunque en el frente populista, desde los que no conciben cualquier otro empleo que no sea el público ya se encargarán de poner pegas a este y cualquier proyecto privado que exceda de una modesta promoción de viviendas, hay que subrayar que en el Corredor del Henares vuelve el optimismo, que pronto tendremos noticias de nuevas instalaciones de grandes empresas relacionadas con la logística y antiguos proyectos que estaban congelados, como la Ciudad de Transporte vuelven otra vez a cobrar vida y esperemos que esta vez no haya frenazo y marcha atrás. Mi esperanza es que esta nueva expansión, que ahora en gran medida está relacionada al sector de la logística, se extienda también a la industria convencional, que fue la plataforma  del gran salto que dio esta ciudad en los años setenta. Y  no me gustaría que la lentitud en el desarrollo de suelo industrial en Guadalajara (pongamos que hablamos del Ruiseñor) o la obsoleta parcelación en lo que queda de polígonos como el del Henares no lo acabe pagando la ciudad, que es notorio, ha perdido competitividad frente a otros municipios del Corredor, singularmente Cabanillas en donde van como motos.

Desconozco los intríngulis de este proyecto, más allá de su vistosa presentación, pero me quedo con las grandes cifras: su construcción supondrá la creación de 130 empleos directos y 200 indirectos y durante su explotación en temporada alta empleará directamente a 170 trabajadores, dijo Félix Abánades, el presidente de Rayet. La idea de Alovera Beach surgió cuando buscaban cómo revitalizar el desarrollo urbanístico del sector, donde se prevén más de unas 4.000 viviendas a largo plazo. También nos han contado que la gran laguna cristalina supone un consumo muy bajo de recursos como agua y energía. Me alegro, pero falta por saber de qué consumo estamos hablando, de qué concesión de agua va a tirar y cómo se garantizará la sostenibilidad de un proyecto de esa envergadura. Pero para eso están las administraciones, que son las que deben velar por el interés general y acomodar los proyectos a la realidad. Recuerdo las primeras gestiones que se hicieron por parte de Mahou para instalarse en Alovera cuando buscaba un sitio alternativo a su vieja fábrica en las inmediaciones del estadio Vicente Calderón. Mahou, como empresa madrileña que es y en donde tiene su razón social, pensó primero en Madrid, pero acabó montando en Alovera una de las mejores fábricas de cerveza de Europa, porque solo aquí le garantizaban agua de calidad (la del Sorbe, que requiere un mínimo tratamiento) y en cantidad suficiente para el crecimiento de producción que iba a tener la nueva fábrica. Para lograr todo ello hubo que cambiar hasta los estatutos y concesiones de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, pero aquí está Mahou, una de las industrias más prósperas de Guadalajara y que mejor paga a sus trabajadores.

Es evidente que proyectos como este de Alovera y otros que se están gestando, no solo industriales sino también agrícolas, necesitan agua suficiente para que el inversor no se eche para atrás, lo que debería servir para dar pasos con mayor ambición por parte de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe y de las administraciones competentes. En la Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos (APAG) están cansados de repertirlo: Beleña se ha quedado pequeña, y no vale con ese caudal de 4,5 Hms que en caso de urgencia la MAS puede detraer de Alcorlo, que lo necesitaremos pronto si sigue sin llover. Es necesario que Beleña pueda también enviar agua del Sorbe a Alcorlo cuando la pluvimetría sea favorable, y hay que remover los obstáculos legales para ello, para no tener que hacer nuevas presas en el Sorbe, que sería otra de las soluciones. Si la vieja Mancomunidad del Sorbe no hubiera sido previsora ahora la Mahou no estaría en Alovera.

Esto es lo que hay. Hay movimientos interesantes en Guadalajara que nos pueden consolar de la tristeza de los últimos ocho años cuando aquí no se construía ni una caseta de perro, pero hay que estar preparados y aprender de los errores cometidos. Aunque siempre habrá alguno que se moleste.

Uno de los síntomas de la recuperación  está en la buena mesa. Y me da la impresión de que algo se empieza a mover en lo fogones de Guadalajara, muy afectados por los efectos de la crisis, que en la capital tuvo una incidencia mayor tras los días de vino y rosas en que media docena de promotoras alcarreñas se convirtieron en empresas nacionales e incluso con importante presencia en el extranjero. Eran los días en que costaba reservar en el Amparito Roca, el restaurante de Jesús Veslasco al que la Asociación de la Prensa le distinguió con uno de sus premios,  o en Las Llaves de Marchamalo.  Pero llegó la crisis, empresas, profesionales  e instituciones no tuvieron más remedio que ajustarse el cinturón, y los fogones de la ciudad se empezaron a apagar. Tal que en la guía Michelín de 2017, la biblia de la cocina moderna, en la capital tan solo hay dos referencias (un número muy escaso   para una ciudad de casi 90.000 habitantes), el restaurante Lino, y el ya citado Amparito Roca, aunque esta última referencia está desactualizada. Jesús Velasco trasladó su cocina, la marca y parte de su personal a Madrid, me consta que le va bien y ha cerrado para siempre su local (lo tenía alqulado)  de la calle del  Amparo, en el que conoció años de éxito cuando se vino aquí desde su Atienza natal.  No hay más referencias en la capital en  la emblemática guía roja, aunque para mi gusto yo daría una tercera al Aurum Gastrobar, en el que el cocinero pastranero Carlos Gumiel  hace una interesante cocina de amplio espectro, con detalles de innovación, a la que no acompaña el  pequeño bar que la acoge.

Escribía que algo se mueve en los fogones de Guadalajara, porque tras unos meses en que cerraron los dos restaurantes de la calle el Amparo, Gran  Reserva y el Amparito, ya ha abierto en el chalé que ocupó, el primero, un japonés, Kaiseki, que se merece le demos tiempo, y en el local que dejó Jesús Velasco  se ultiman las obras de reforma del restaurante que el cocinero David Guerrero (hijo del veterano Miguel Ángel), abrirá con el nombre de Bureo. Les deseo suerte o a todos, aunque ya sabemos que en gran medida a la suerte también se la llama esfuerzo y algo de ingenio, para que en futuras ediciones de la Michelín nuestra ciudad tenga mayor presencia.

Que no se me enfade nadie, pero mientras tanto la capital de la cocina provincial sigue siendo Sigüenza, lo que reporta agradecidas sinergias a la nueva capital del turismo rural español, ya que en  la ciudad del Doncel se combina, cada vez en mayor número y calidad, los tres elementos que dan valor al turismo de interior: buenos paradores, hoteles y casas rurales; restauración variada y de calidad; y un patrimonio cultural rico y activo, como es el de Sigüenza en el que no hay fin de semana que  no se ofrezca un acto cultural de calidad o una exposición temporal de campanillas . La guía Michelín  lo reconoce con cuatro referencias gastronómicas y otras dos  en alojamientos. A destacar el restaurante Nöla, el único establecimiento provincial  con la categoría Bib Gourmand, con el que la guía distingue un momento gastronómico por menos de 35 euros, y yo les amplío por mi parte que este fogón del cocinerro Jorge Maestro  lo merece con creces por sus sugerentes menús de temporada de cocina tradicional con toques de innovación. Es también un gran activo su ubicación  en los bajos de la casa de D. Martín Vázquez de Arce, el mítico Doncel de Sigüenza, con lo que también podemos aprovechar la visita para echar una vistazo a tan emblemático edificio, que en el piso superior alberga la colección de instrumentos musicales de José Luis Romanillos, el prestigioso lutier jubilado que vive en Guijosa.  Las otras dos referencias de la guía Michelín son  El Doncel, un pionero de la cocina tradicional seguntina con toques de autor,  que gobiernan con profesionalidad los hermanos Pérez,  o el más tradicional Calle Mayor, otro establecimiento que trata con gusto la cocina de temporada con aires actuales. Una cuarta referencia la encontramos en el espectacular  Molino de Alcuneza, que también se recomienda  en la categoría de alojamientos junto al Parador del Castillo de Sigüenza, uno de los valores más seguros (y rentables) de la red de paradores.

Aunque en cuestión de cocina, hay gustos y todo tipo de opiniones, la Michelín no regala referencias y clasificaciones, por lo menos en lo que yo alcanzo, y hoy la he querido traer a colación a propósito de este nuevo impulso que empiezo a notar en los fogones de Guadalajara (los antiguos Faroles parece que también podrían abrir con  nuevo dueño)  y que confío vaya a más, impulsado por la creciente profesionalidad de cocineros y empresarios de la restauración. Por hoy, esto es lo que hay.

Fotos. Obras en el antiguo Amparito (superior) y  Jorge Maestro (inferior) chef del Nöla de Sigüenza.

Terminaba mi último artículo diciendo que solo Puigdemont podía evitar la aplicación del artículo 155, que se recoge en nuestra constitución, aunque mostraba pocas esperanzas en que el presidente de la Generalitat recuperara la sensatez convocando las elecciones autonómicas. No se atrevió, aunque estaba decidido a hacerlo al mediodía del jueves, pero al final echó marcha atrás, presionado por los antisistema de la CUP y la izquierda montaraz de ERC. A partir de ahí, el gobierno de España, respaldado por los partidos constitucionalistas, PP, PSOE y Ciudadanos, solo tuvo una opción: seguir adelante en la aplicación del artículo 155, para restablecer la legalidad y la libertad en Cataluña, amenazada por un nacionalismo excluyente que no admite la pluralidad de la sociedad catalana.

El pleno del Parlament fue una astracanada, el más vergonzoso episodio de la democracia española:  70 diputados, amparados en el anonimato, que representan a apenas 2,5 millones de catalanes se arrogaban la representatitividad de 7,5 millones de catalanes y de 46,5 millones de españoles, proclamando unilateralmente  la República Catalana, sin presencia de los letrados de la Cámara, que rechazaron su legalidad, y las resoluciones del Tribunal Constitucional. Su base legal: el referéndum  ilegal del 1-0, esa pantomima en la que cualquiera podía votar las veces que quisiera, porque no había censo, ni interventores, ni mesa electoral, ni junta electoral, ni nada que recordara a una votación en un país democrático.

Con estos antecedentes, 70 parlamentarios se permitieron el lujo de proclamar la independencia, aunque fuera meramente declarativa y no tenga ningún valor legal, pero ¡cuidado!, como ha dicho el presidente de Freixenet y de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, ya se ha hecho un daño irreparable a la economía española, que lo pagará la gente por el freno a la recuperación. La economía catalana está con el freno echado, y lo peor es que de no atajarlo lastrará en esa recuperación a toda España.  Es llamativo que entre las razones para proclamar la independencia se diera la de acabar con “el caduco régimen del 78”, un régimen votado mayoritariamente por el pueblo de Cataluña y con el que este histórico Principado de la corona de Aragón, y luego de la corona de España, alcanzó la mayor prosperidad y autogobierno de la historia. Solo una partida de fanáticos pueden poner en peligro este estatus para Cataluña, que no se habría imaginado ni Lluis Companys, el presidente de la Generalitat que proclamó el Estat Catalá, ¡ojo!, dentro de la República Federal Española, y que por lo menos tuvo el valor y la decencia de hacerlo desde el balcón del palacio de San Jaume, aunque luego sufrió los rigores de la respuesta republicana, que mandó a detenerlo al general Batet, con una batería de artillería. Hasta en esto Puidemont ha demostrado su miserable estatura histórica.

Puigdemont y todo su gobierno han incurrido obviamente en un delito de rebelión, por el que obviamente el ministerio Fiscal le pedirá cuentas por ello. El gobierno tiene la obligación de aplicar solo la Ley, pero con todo el peso de la Ley. Si no lo hiciera estaría en riesgo todo el ordenamiento constitucional español y ese régimen democrático que tiene su articulación en la Constitución de 1978. Todos los partidos españoles lo han entendido, salvo Podemos, que aun votando en contra o absteniéndose en el Parlament, no ha tenido inconveniente en participar en un acto ilegal, dándole así cobertura, como lo ha hecho en los últimos meses, lo que le invalida como alternativa de izquierdas en el conjunto de España, tal y como se temió hace unos días Carolina Bescansa. Un partido que no respalda la legalidad cava su propia fosa y pone en serios aprietos a los que tienen algún tipo de alianza con ellos, como pasa con Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha.

Acierta Mariano Rajoy al fijar una fecha cercana las elecciones, el 21 de diciembre, demostrando así que la utilización del 155 es solo un recurso extraordinario, y contitucional, ante el quebranto de ese orden constitucional, con lo que el mensaje que envía es que quiere devolver cuanto antes la palabra al pueblo catalán. Y esto, en democracia,  solo se puede lograr con unas elecciones libres.

Dicho todo esto, no se puede ocultar que la aplicación del artículo 155 no es fácil y va a encontrarse con no pocos obstáculos si el gobierno de Puidemont persiste en su rebelión, y la marea populista intenta sublevar a las masas en la calle, para tratar de impedir la aplicación de la la legalidad. No podemos olvidar que una parte de los que respaldan a Puidemont son grupos antisistemas que buscan la confrontación total sobre la socorrida estrategia de “cuanto peor, mejor”, y eso incluye capitalizar las algaradas y la violencia en la calle. Por todo ello, cuanto antes haya un gobierno en Cataluña dispuesto a defender la legalidad, con las dicrepancias que sean, mejor que mejor.

Tiempo habrá de analizar los errores que el Estado ha cometido para llegar a esta situación. Que han sido muchos e imperdonables. Pero mientras tanto, esto es lo que hay. Por muy decepcionante que sea. Ahora toca aplicar solo la Ley, pero con todo el peso de la Ley.

El gobierno,con el respaldo de los partidos constitucionalistas, ha tomado la única decisión posible ante la cerrazón del gobierno de Puigdemont  de rechazar cualquier diálogo en sede parlamentaria, pero respetando el orden constitucional. Rajoy no tenía otra salida, porque lo que estaba en juego es la propia legitimidad del Estado, y su intervención es indispensable para asegurar que en aquel territorio español ningún gobierno de iluminados fuera a depojar a sus ciudadanos de los derechos y libertades que les concede la Constitución de 1978. Por lo tanto,  no es que en Cataluña se “haya suspendido la democracia”, como falsariamente decía ayer Pablo Echenique, el dirigente de Podemos, sino todo lo contrario. El gobierno del Estado utiliza un recurso constitucional, el artículo 155, para asegurar que la libertad y el Estado de Derecho siga vigente en Cataluña y no se convierta en un despojo en manos de golpistas que supuestamente convocan al Estado al diálogo, pero para exigir un acto de rendición, como las potencias aliadas convocaron a la Alemania de Bismark para firmar el armisticio en Versallles. Afortunadamente PP, PSOE y Ciudadanos se han resistido a jugar ese indigno papel, y por eso todavía hoy España puede ser considerado un Estado de Derecho.  Pero me produce pavor que el argumento de Puigdemont, de los independentistas y los que como Podemos les han dado cobertura en el resto del Estado sea que ante una (supuesta) voluntad del pueblo no se puede poner enfrente un muro de leyes, porque inevitablemente recordaremos que ese fue el argumento de los fascismos en los años treinta. Que un ideal, que luego deviene en totalitario, está por encima de la Ley.

El Estado no tenía otra solución que restaurar el orden constitucional en Cataluña, y difícilmente eso se puede hacer sin cesar al gobierno sedicioso, intervenir los Mossos y controlar unos medios públicos que hasta ahora han sido todo menos públicos: un instrumento para la propaganda del independentismo, que se ha abierto paso sobre una montaña de mentiras, como escribía recientemente Lluis Bassets.  No obstante, el artículo 155 no es ningún bálsamo de fierabrás, empezando porque hasta que entre en vigor el sábado 28, después de su aprobación por el senado,  el Gobierno de la Generalitat sigue en funciones y ese agujero negro de siete días lo puede utilizar de dos maneras. Para declarar la independencia unilateral  y encabezar una rebelión contra el Estado. O para recuperar la cordura, convocar elecciones e iniciar, de verdad, un diálogo con el Estado dentro del marco constitucional.

Puigdemont tiene la oportunidad de evitar el drama que para España, pero sobre todo para Cataluña, significaría seguir por un  camino que solo conduce al despeñadero.  Hasta el sábado,  sigue siendo el presidente de la Generalitat y la pelota está en su tejado. Si lo vuelve a desaprovechar, reclamando un diálogo imposible para enterrar a la Constitución española, el Estado tendrá que estar  preparado para ejercer unas funciones de las que durante demasiado tiempo hizo clara dejación… y esos polvos nos han traído estos lodos. Por último, convocaría elecciones en el plazo de seis meses, porque es una mentira más que el gobierno quiera liquidar el autogobierno de Cataluña.  De hecho, todavía su presidente tiene hasta el sábado para evitarlo. ¿Hará caso al seny o a la CUP?

Esto es lo que hay.

Cuando ya llevamos más de un mes desde que empezará el curso en los Institutos, el 14 de septiembre, la anormalidad y la improvisación siguen instaladas en la actividad educativa de Castilla-La Mancha. Unas doscientas plazas de profesores todavía están sin cubrir, lo que ha traído el caos a algunas aulas, como describían los padres de alumnos del IESO de Brihuega, uno de los colegios más afectados, con un tercio de las plazas vacantes: “Todo esto provoca que el alumnado pase gran parte de su jornada escolar sin recibir docencia, perdiendo horas lectivas y, por tanto, el retraso en el temario», se quejaban estos padres, quienes lamentaban que se esté dificultando el buen funcionamiento del centro,  la atención individualizada del alumno y la adquisición de conocimientos en el proceso de aprendizaje.

Este problema se quiso resolver por parte de la Consejería de Educación con un acto público celebrado en Toledo el 11 de octubre, que resultó un fracaso. A pesar de que desde la Consejería se había convocado personalmente a los profesores que se encontraban en listas, para asignarlos una plaza, en la mayoría de los casos ni siquiera se presentaron. Y así sucedió que de 721 interinos a quienes se ofertaron 237 plazas  vacantes, solo se adjudicaron 33.

Es evidente que algo falla en el sistema. El pacto que los sindicatos lograron sobre los interinos permite que los docentes puedan rechazar las plazas que se les oferta con lo que la Consejería tiene dificultades para maniobrar. Y en este caso se unió, además, que la Consejería no había testado lo que hay detrás de esas bolsas de interinos, hasta el punto de que ha tenido que hacer otra convocatoria, el viernes 20 de octubre, en la que  se intentará realizar esas doscientas adjudicaciones que faltan a través de bolsas extraordinarias. En estas bolsas se han podido inscribir los licenciados que tengan además del antiguo CAP o el Master de Didáctica. Y la Junta ya ha anunciado que no habrá exámenes y que se elegirá de entre todos los presentados a los que tengan el mejor expediente académico. Y a partir de ahí, Felpeto cruzará los dedos.

Hay que hacer constar que este problema de falta de interinos se ha agravado este año, dado que al reducir el horario de los maestros y profesores al suprimirse la llamada “tasa Cospedal”, hacen falta más profesores para hacer el mismo trabajo. Cuando alegremente se proclama que hemos acabado con los recortes de Cospedal,  la Consejería debería haberlo previsto, porque habrá conseguido congraciarse con los profesores, pero a costa de enfadar a los padres.  A todo habría que ampliar un nuevo factor, que recojo de una información del CSIF. Castilla-La Mancha es la comunidad autonómica con el porcentaje más alto de jornadas parciales (42,3 por ciento) de toda España, lo que provocaría que muchos aspirantes a interinos decidan renunciar a las plazas vacantes debido a la precariedad laboral que se genera, con sueldos y cotizaciones a la seguridad social bajas y enormes dificultades para vivir fuera del domicilio habitual. Esta situación afectaría especialmente a una provincia como Guadalajara por la dispersión de la población. Además, los interinos a media jornada que imparten materias como Lengua, Matemáticas o Inglés han de acudir al centro de trabajo al menos cuatro días a la semana, dedicación que contrasta con el salario recibido.

Ya con carácter más general, toda esta problemática se agrava por los recortes sufridos desde que empezó la crisis en las convocatorias para cubrir las plazas por el único método, con sus defectos, que  garantiza la equidad, el  mérito y la capacidad. Me estoy refiriendo a las oposiciones. La contratación de profesores interinos debería ser el último recurso de la administración, para tapar los huecos que se producen tras el correspondiente concurso.  Pero como en los últimos años se han restringido al máximo la convocatoria de oposiciones o las administraciones autonómicas han sido cicateras en cuanto al número de plazas, nos encontramos que hay institutos, como el de Brihuega, que tienen un tercio de la plantilla a cubrir mediante bolsas extraordinarias de interinos. Así, desde luego, no se mejora la calidad de la enseñanza, ni se avanza en el fracaso escolar, como se acredita que Castilla-La Mancha esté en el vagón de cola de las autonomías españolas. Algo se está haciendo mal en la educación de esta región, y desde hace mucho tiempo.

Y si no lo digo reviento: siento añoranza hacia a esos cuerpos nacionales de funcionarios de  la administración del Estado, que siguiendo el modelo de francés, parecían tener estos problemas más controlados.  Parece obvio que una única bolsa era más fácil de gestionar  por el Estado que ahora diecisiete, desde que la Educación pasó a ser competencia de las comunidades autónomas. Y seguramente también más efectiva para evitar que en algunas regiones de España se esté falseando la historia que se da en los colegios para alentar el odio a España. Si ya es tarde para recuperar las transferencias en Educación, no debería serlo para que el Estado reforzara el control y la inspección sobre los contenidos que se imparten en los centros que se pagan con  el dinero de todos y para aumentar el número de horas lectivas comunes en toda España. Aquellas lluvias trajeron estos lodos, pero hoy toca preguntarse cómo en Castilla-La Mancha pueden faltar unas doscientas plazas por cubrir cuando llevamos más de un mes de curso en los institutos.

Tengo al consejero de Educación, Ángel Felpeto, al que García-Page pidió “socorro” cuando ya estaba jubilado,  por un político serio y dialogante. Pero en este caso le ha pillado el toro, y debería tomar nota. Porque esto es lo que hay. Doscientas plazas sin cubrir.

Guadalajara recibirá el título de Ciudad Europea del Deporte en un acto oficial que se celebrará en el parlamento europeo el 6 de diciembre, una fecha simbólica para la España constitucional que los secesionistas quieren dinamitar con la ayuda de algunos tontos útiles que llegaron a la política a lomos de la crisis. No está de más señalar esto, porque el progreso de la Guadalajara deportiva es también un resultado del  progreso que nos trajo el  nuevo régimen democrático que alumbró España en 1978.

Cuando se proclamó la Constitución, en Guadalajara solo había un polideportivo en la ciudad ( y su construcción se culminó en el gobierno de UCD),  ahora hay  una docena, y tres de ellos de élite,  el último, el Multiusos, con 5.000 espectadores de capacidad, lo que le permite aspirar a los eventos top del deporte español e internacional. Tampoco había ninguna piscina cubierta pública, y hoy hay tres, la última realizada mediante la promoción público-privada, el Centro Acuático de Guadalajara,  un inteligente sistema por el cual en un suelo público una empresa hace frente a los costes de la obra y a su gestión a largo plazo, pero el Ayuntamiento no pierde el  control sobre las tarifas y la propiedad. Se hicieron grandes complejos deportivos en Los Manantiales-Parque del Río, San Roque, la Ciudad de la Raqueta, un campo de atletismo en la Fuente de la Niña  al que vienen a entrenar prestigiosas selecciones …Ahora, en sus inmediaciones, se va a empezar a construir la Ciudad del Fútbol. Solo los que hemos conocido cómo era la Guadalajara antes de los años ochenta sabemos de la magnitud del cambio en el terreno deportivo que ha experimentado la ciudad, hasta el punto de que no es  gratuito ese título de Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. En Guadalajara mucha gente hace deporte, de base y  competición, porque tiene donde hacerlo, y el impulso que ha alcanzado en la última década ha sido el broche de oro para llegar a esta merecida distinción.

No podemos hablar del  progreso del deporte en Guadalajara sin citar, en primer lugar, a Eladio Freijo, el concejal de Deportes  en las dos últimas legislaturas, uno de los pocos casos en que la política es capaz de “robar” a la sociedad civil a un profesional que había demostrado su probada capacidad en la gestión deportiva.  Freijo ha sido el capitán de un barco que siempre ha tenido un rumbo claro y que ha tenido el indispensable apoyo del armador, Antonio Román, otro deportista de elite,  para no encallar en el proceloso  mundo de la política. Con ellos al frente, el Ayuntamiento de Guadalajara ha ido incrementando su patrimonio de instalaciones y escuelas, ha apoyado con una normativa transparente las ayudas a la competición de los clubes más destacados y ha hecho de la organización de eventos deportivos un destacado agente dinamizador de la economía local, vía turismo, hostelería o restauración.

Guadalajara tiene un peso en la España deportiva  muy por encima de una ciudad de ochenta mil habitantes, y eso  para una capital que en los años ochenta solo tenía un campo de tierra, sin graderío, en la Fuente de la Niña, una modesta piscina de verano y un campo de fútbol que se caía a trozos en el Escartín, por  todo patrimonio, es un cambio histórico. Descomunal. Esto es lo que hay y esto es lo que había. Felicidades.

La democracia española nacida de la Constitución de 1978 asiste en estos últimos días a su mayor desafío, incluso mayor al provocado por el intento de golpe de estado de Tejero y Milans el 23 de febrero de  1981. Si bien es cierto que en la acción armada del insurrecto teniente coronel logró secuestrar al parlamento y al gobierno entero, y que no era descartable cualquier locura por parte del jefe operativo de los golpistas, todos sabíamos (y ellos también) que su propósito estaba condenado al fracaso, porque el pueblo español no quería marchas atrás en el proceso democrático y el rey Juan Carlos lo desautorizó y desmontó en apenas unas horas.

Las calles de España, el 24 de febrero,  fueron un clamor popular que inocularon a la política y la sociedad española de la vacuna anti-golpismo, y que permitió acabar de un plumazo con la llamada “cuestión militar”, y que de manera tan negativa contribuyó a la consolidación en España de un régimen constitucional estable,  que resolviera los problemas, como se hacía en los grandes países europeos, mediante la aplicación de la Ley y sin pronunciamientos militares. El régimen democrático salió refortalecido del 23-F, y a ello contribuyó la unidad de las fuerzas políticas y sindicales que habían hecho posible la transición (UCD, PSOE, PCE, AP, nacionalistas vascos y catalanes y los sindicatos CC.OO  y UGT), que a las pocas horas de ser liberados los parlamentarios marcharon codo con codo en una lección que legitimó la democracia española para siempre. El 23-F dio paso al periodo más próspero de paz y  libertad de la nación española en su historia. Que nadie lo olvide cuando los cantos del populismo intentar ensuciar aquella etapa.

¿Hoy sería posible esta misma fotografía ante el golpe de estado que se quiere dar en Cataluña, para liquidar unilateralmente la Constitución que el pueblo español (y el catalán) votó mayoritariamente? Ya vemos que no. Ayer,  Rajoy se reunió con los líderes de los partidos constitucionalistas  y no fueron capaces de salir los tres en una fotografía.  Pero lo peor es que no hay una respuesta unitaria minimamente consensuada sobre lo que hacer, posiblemente el viernes, si finalmente la exigua mayoría secesionista del parlamento catalán proclama la independencia unilateral  de Cataluña, coincidiendo con  el aniversario de la proclamación del Estat Catalá (¡ojito, dentro de la República Federal Española!)  por parte de Lluis Companys a las 8 y 10 minutos del 6 de octubre de 1934. Por la historia sabemos lo que hizo el gobierno de la República: mandó al general Batet (luego fusilado por Franco por defender la legalidad en 1936) con una batería de cañones frente al palacio de la Generalitat y a las siete de la mañana del 7 de octubre entraba en el palacio de la Generalitat y detenía a todo el gobierno. Cuando quedan apenas tres días de que este episodio se pueda repetir 86 años después, estamos en un mar de dudas sobre cuál será la respuesta del gobierno, pero las diferencias de opinión entre los partidos constitucionalistas, entre los que ya no están los sucesores del viejo PCE,  nos llevan al desánimo.

La respuesta dada por la Ejecutiva del PSOE  de Pedro Sánchez, de que la solución es que Mariano Rajoy negocie con Puigdemont, el jefe de los golpistas, es inaudita. ¿Pero qué tiene que negociar el jefe de un gobierno constitucional con el jefe de un gobierno autonómico que se niega a cumplir la Ley? ¿Más competencias? ¿Las transferencias de los aeropuertos? ¿Tal vez la independencia? ¿Pero en qué mundo vive Sánchez? ¿Alguien se imagina que Felipe González hubiera reclamado a Adolfo Suárez que negociara con Milans o con Armada una solución política, como pretendió este último, para que Tejero liberara al parlamento? ¿Pero qué demonios está pensando Sánchez? ¿Tal vez en una moción de censura contra Rajoy, apoyada por Podemos y los independentistas, para presentarse luego él como el salvador de la situación? Sánchez tiene todo el derecho a encabezar cualquier gobierno alternativo frente a Rajoy -¡ ya me gustaría saber qué hubiera hecho si él fuera el presidente del gobierno en esta situación!-, pero hay que ser miope para no ver que ahora estamos en otro momento político previo: ¡Qué hacer ante una previsible declaración unilateral de independencia! Y lo único que se le ha ocurrido es pedir a Rajoy que dialogue con el jefe de los golpistas, y de paso anunciar que no apoyará al gobierno en la utilización de un instrumento legítimo, como es el artículo 155 de la Constitución.  El señor Sánchez no ha estado a la altura de lo que se le supone a un jefe del gobierno español en la sombra, y siembra el desasosiego entre los que creemos que España necesita una alternativa socialdemócrata fuerte, patriótica -en el sentido republicano del término-, y nacional.

Desconocemos también los propósitos del gobierno. Sólo sabemos que la estrategia habitual de Rajoy para que los problemas se cuezan por el mero paso del tiempo no ha funcionado en esta ocasión. Es verdad que el referéndum fue una farsa, y que sus promotores no lograron sus objetivos de transmitir credibilidad, pero sí consiguieron algo muy importante. Ganaron la batalla de la publicidad ante la prensa internacional, que compró –como TV3 y una cadena española—la imagen de una policía bárbara y represora a base de amplificar los enfrentamientos violentos con activistas (muy pocos con la gente que quería votar) e ignorar que a pesar de vivirse una jornada tumultuaria solo hubo dos heridos graves; y que más de medio millar de los contusionados y heridos leves eran policías y guardias civiles. ¡Igualito que en Venezuela!  A Rajoy le engañaron los Mossos y su jefe Trapero, no cumpliendo con lo ordenado por  la Justicia de sellar los centros de votación antes de las seis de la mañana, y no hubo un plan B. Así,  las muy profesionales fuerzas del Estado cayeron en la trampa de participar en un performance nacionalista muy medido para la televisión, pero que a esas alturas apenas tenía sentido, porque el refrendo era una parodia, y ya daba igual que abrieran doscientos o trescientos puntos de votación, porque  había quedado acreditado que allí podía votar cualquiera y las veces que quisiera.

Muy posiblemente el gobierno apruebe estos días la aplicación del artículo 155, total o parcialmente. Siento decir que llega tarde. Tal medida se debería haber tomado el día en que el  Parlament aprueba el referendo ilegal, aunque Sánchez se hubiera desmarcado de ella (para no mancharse), porque no se debió permitir que  los promotores de un acto ilegal y sedicioso lo pilotaran y dieran ruedas de prensa  en la oficinita de Mediapró (sí, el del fútbol), como si no pasara nada. Sinceramente, eso en Francia es inimaginable.

Lo lamento, pero cada día que pasa es más difícil implementar una solución mínimamente aceptable, por todo lo anterior, y por un problema de fondo que está en el germen del auge del independentismo en Cataluña (también en el País Vasco, que será el segundo en llamar a la ventanilla de la independencia). Y es que durante más de treinta años de gobierno nacionalista se ha inoculado el virus del odio hacia todo lo español, se ha falseado una historia de convivencia que dura más de cinco siglos y se ha tolerado que un gobierno lleve años saltándose la Ley y conviviendo con la impunidad. Todos sabemos que la historia del secesionismo en Cataluña es la del independentismo  a plazos; y como hace treinta años apenas la respaldaba un tercio de la población, lo que hicieron fue adoctrinar a los escolares en esa visión única de la Cataluña nacionalista y en la que no había cabida para la pluralidad y la diferencia. Tapar los casos de corrupción en el partido-estado de Pujol precipitó el Procés, y ahora, como en la Alemania nazi, se señala a los vecinos españoles en su tramo de escalera, se enseña a los niños en el colegio que policías y guardias civiles han invadido su país,  se hacen minutos de silencio con menores  por la independencia, y se atemoriza a los que no piensan como ellos, que ya ni se atreven a manifestarse o a colocar una bandera española en su balcón. Hasta el Barça se ha convertido en un mero instrumento de la propaganda soberanista. De todo esto no se hacen eco los medios internacionales, porque España ha carecido de un discurso coherente en Cataluña desde el  día en que un gobierno central pactó con Convergencia a cambio de estabilidad durante  la legislatura. Tiene narices, pero la ley electoral española, y su prima a los partidos nacionalistas, ha tenido mucho que ver en este proceso de degradación de la idea de lo español, que alguna izquierda desnortada ha llegado incluso a comprar como si fueran una partida de carlistas.

Más que lo que pueda pasar el día en que se declare la independencia de Cataluña (y me preocupa mucho, se lo prometo, porque también  está en juego la democracia española), lo que me lleva al desaliento es constatar que este camino solo lleva a la independencia de Cataluña, pasado mañana, o dentro de diez años , cuando vayan a votar los chavales que ahora son educados en el pensamiento único. Mientras el Estado no recupere las competencias de Educación, que jamás debió haber transferido a ninguna autonomía, no hay nada que hacer. Así que si, ahora, toca hablar de reformas constitucionales, algunos también queremos que cambien cosas, pero para hacer un España más cohesionada y solidaria y en la que no haya que firmar un convenio especial para que te atiendan en un  hospital que está a cincuenta kilómetros. Así que yo también, y lo decía García-Page hace unos días, quiero votar sobre el futuro de Cataluña y España.

Este es el gran problema de fondo, que en Cataluña los que se sienten españoles han perdido su libertad y los derechos que les garantiza nuestra Constitución, y no si el viernes hay que aplicar el artículo 155 de la Constitución o el 33 del Conde de Romanones. Pero aunque sea para salir del paso, hasta ahora solo he oído una propuesta, y es la que hizo Albert Rivera, aplicar el 155 y convocar elecciones para dar la palabra a todo el pueblo catalán. No solo a los actores de la algarada nacionalista.

Y yo añadiría otra propuesta por mi cuenta. Esas elecciones en Cataluña deberían coincidir en día y hora con otras elecciones Generales. En vista de las discrepancias, lo mejor es que el pueblo opine y que el santoral al completo nos ilumine cuando emitamos el voto. A lo mejor no acabamos de resolver el problema, porque el votar por votar no garantiza nada, pero me parece la solución menos mala. Y a ver si hay suerte, y los que no han sido capaces de sacarnos de esta situación dejan el relevo a otros. En fútbol, cuando no entra la pelota, se cambia al entrenador. Ya sé que es lo más fácil, pero no vamos a cambiar a  46,5  millones de españoles, entre ellos 7,5 millones  de catalanes.

Esto es lo que hay, y bien que me preocupa.

Fracasó el supuesto referéndum, pero eso ya lo sabía el gobierno independentista de la Generalitat de Cataluña. Este domingo simplemente se rodaba un spot titulado “Porras y urnas”, por el que los secesionistas intentaban vender al mundo la supuesta represión del pueblo de Cataluña a manos del Estado Español aireando esa trampa saducea que pretende poner cualquier supuesto derecho a decidir por encima de la propia Ley. Olvidándose de que en la Alemania nazi o en la Venezuela de Maduro también se vota, pero cómo se vota. En Cataluña ya lo hemos visto: cualquiera podía ejercer el derecho universal de acudir a votar donde quisiera y las veces que le pareciera oportuno. El perfomance con que Puidmemont y los suyos montaron esta parodia se lo permitía.

Este 11-0 ha dejado algunas cosas claras, y otras tan inciertas que da vértigo.

Ha quedado claro que los Mossos, como policía judicial de Cataluña, son inoperantes porque anteponen la política sectaria de sus jefes a la profesionalidad que se le supone a una policía neutral y democrática. En cualquier país serio, el jefe de los Mossos, el tal Trapero, habría sido cesado en el momento  de haberse comprobado que desoyó las órdenes de los jueces para precintar los recintos de votación. En Cataluña, los Mossos son la policía mayoritaria, y sin un mando dispuesto a obedecer a la Ley el Estado de derecho hace aguas, porque el gobierno central no puede enviar un crucero lleno de guardias cada vez que haya un problema.

En paralelo a la desidia con que se ha comportado la Policía Autonómica, hay que destacar la profesionalidad de la Guardia Civil y Policía Nacional, que han cumplido a la perfección las órdenes de sus superiores, utilizando la fuerza justa para impedir la celebración de la votación, pero sin reprimir cualquier otro derecho democrático, como el de manifestación, de los que discrepaban. Ante la actitud  de algunos de los sediciosos, si este desafío hubiera ocurrido en la Venezuela de Maduro, se habrían producido decenas de muertos, como bien sabemos por la manera que los amigos de Podemos reprimen las manifestaciones de la oposición. Si mañana, o pasado, hay cualquier posibilidad de diálogo y de enderezar este disparate se lo debemos a la profesionalidad de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Me decepciona profundamente que a las pocas horas de la intervención medida por parte del Gobierno de la Nación, la dirección del PSOE de Pedro Sánchez y Miquel Iceta se desmarcaran del apoyo a la legalidad, que mantuvieron en las últimas semanas ante el desafío secesionista, poniéndose de perfil y equidistantes entre los golpistas y el gobierno que tiene obligación de cumplir la Ley. Es decepcionante que no dejaran pasar ni unos días para criticar al ejecutivo de Rajoy, porque si bien es cierto que este gobierno ha podido cometer errores por practicar el juego del avestruz ante lo que se le avecinaba,  no podemos olvidar que tampoco los socialistas cuando gobernaron (y lo han hecho en mayor medida que el PP) tuvieron ninguna solución mágica ante el desafío soberanista. Ni el señor Ábalos ni el señor Iceta han hecho ninguna propuesta para enderezar esto que no sea la consabida apelación al diálogo. ¿Pero qué se puede dialogar con unos golpistas que sólo tienen un objetivo, la independencia de Cataluña, y que no parecen dispuesto a negociar dentro de la Ley? Hoy no era el día para la política con minúsculas, sino para el patriotismo constitucional. Y más cuando la España democrática necesita una izquierda socialdemócrata fuerte y con un proyecto diferenciado de esa extrema izquierda, que por primera vez ha entrado en el parlamento, a lomos del populismo que ha alentado la crisis, y que está dispuesta a dar calor a todo tipo de separatismos con tal de socavar los cimientos de la Constitución del 78, que ha dado a España el periodo de mayor prosperidad y libertad de su historia. Jamás el PSOE,  ni en los peores momentos de la Guerra Civil, por el acoso separatista y revolucionario, dejó de tener clara su obligación con España.

El referendo ha fracasado, pero tras el 1-0 llega el 2-0 y nos encontramos con dos legalidades en Cataluña. Una es la del Estado Español, con unas leyes a las que están sujetos todos los poderes que emanan de él, y otra legalidad, la Generalitat de Cataluña, que también emana del Estado, pero que está ocupada por unos tipos que se niegan a cumplir con la Ley que da carta de naturaleza a las instituciones que gobiernan. No hace falta ser catedrático de derecho constitucional para saber que ambas legitimidades son incompatibles, y que si el gobierno del Estado, mañana mismo, y por los procedimientos que le permite la Constitución (incluido el artículo 155), no termina con los sediciosos es el propio Estado el que entraría en trance de disolución. Francia,  Alemania, el Reino Unido o cualquier país de tradición democrática no habría tolerado que a un referéndum ilegal que dinamita a ese estado hubieran llegado como pilotos del mismo sus promotores. Es sencillamente inimaginable.

Habrá que estar atento al desarrollo de los acontecimientos, porque en los próximos días tienen que pasar cosas, seguramente que algunas desagradables, pero ninguna de ellas debe llevar premio a los políticos que nos han conducido a esta situación tan desesperada. Porque sería la democracia española la que no lo resistiría. Esto es que hay.