¿Alguien se imagina que cuando Tejero tenía al parlamento secuestrado el 23-F se le hubiera reclamado al gobierno de Adolfo Suárez que negociara con Alfonso Armada cualquier  solución política para terminar con la acción armada?

A nadie se le pasó por la cabeza, y ningún partido democrático y constitucionalista debería ni tan siquiera insinuarlo cuando para tomar distancia con el gobierno de Rajoy, se insiste con la matraca del diálogo.  ¿Pero qué es lo que se puede dialogar con unos golpistas que han roto unilateralmente con la legalidad democrática y desafían la autoridad del Tribunal Constitucional? ¿Pero es que no se dan cuenta (o sí se dan y por eso insisten) que lo que está en juego no es solo la unidad de España,  sino la legitimidad  del régimen que alumbró la Constitución de 1978? ¿Que la inhibición del gobierno, además de constituir sedición, por no  cumplir con su obligación de defender  la legalidad,  derrumbaría consigo el edificio del Estado, y nos llevaría a una situación similar a la de la I República Federal Española?

Por encima de cualquier legítima discrepancia, hoy  hay que estar con el Gobierno, porque representa al Estado Español, y este a la Nación española,  con toda la diversidad que la reconoce nuestra Constitución. Sería mezquino, amén de una grave equivocación , que alguna fuerza política pusiera por delante el odio a Rajoy y al PP sobre la defensa de España y del estado de derecho.  Los que hoy se manifiestan protestando porque el gobierno ha vulnerado supuestamente las prerrogativas de la Generalidat de Cataluña son unos falsarios. El gobierno no ha ordenado ninguna detención, porque en una democracia no es el Ejecutivo el que detiene: son los Tribunales, y en este caso lo ha sido  por desobedecer las resoluciones del principal de todos ellos, el Tribunal Constitucional. Ningún país de la Unión Europea habría actuado de manera diferente.

No hay  sorpresa  porque no se sumen a la defensa de la legalidad los que rechazan esta Constitución y la democracia representativa,  que ha llevado a Europa a las mayores cotas de progreso y libertad en su historia, desde luego muy superior a la  Cuba de los Castro o a la empobrecida Venezuela de Maduro. Pero sería fatal que el partido que durante más tiempo ha gobernado España tras la recuperación de la democracia no tuviera claro algo tan elemental. Porque sin España tampoco habría PSOE.

Es evidente que cuando pase todo esto habrá que establecer algún diálogo constitucional con la sociedad civil catalana de cara a lograr el mejor encaje de esta nacionalidad histórica, como nuestra Constitución reconoce otorgando a esa comunidad un estatuto especial.  Pero nunca será con golpistas que no han dudado en poner a toda España contra la pared y arrastrarla hacia un conflicto civil de imprevisibles consecuencias. Porque esto solo acaba de empezar.

La manifestación de la Diada de Cataluña, si bien reunió a menos público que en años anteriores, sigue concitando el apoyo de demasiadas personas teniendo en cuenta la magnitud del desafío de esta convocatoria anual: el respaldo a un referéndum ilegal, que liquidaría la Constitución y el Estatuto de Aurtonomía en Cataluña en lo que supone  la mayor provocación al Estado Español desde la recuperación de la democracia. No solo para el gobierno central, como algunos irresponsables dirigentes del populismo patrio pretender señalar en un imposible ejercicio de equidistancia. Porque verá, señor Iglesias: lo que nos jugamos el día 1-O es la legitimación del propio Estado ante Europa, la Comunidad internacional y las instituciones financieras que nos prestan el dinero.  Es tan sencillo como esto: si el 1-O se celebra un referéndum, y a los pocos días se proclama la República Catalana, y no les pasa nada a los cargos públicos que desafiaron la prohibición del Tribunal Constitucional al día siguiente el que se desintegra es el Estado Español,  como se desintegró la bienintencionada  Primera  República Española,  por las desmesuras de los nacionalismos y cantonalismos de todo tipo hasta que el general Pavía entró en las Cortes el 3 de enero de 1874 y puso fin a la República Federal, en la que en  sus primeros once meses se sucedieron  hasta cuatro presidentes.

Lo que nos confirmó la Diada de este año es el convencimiento de que con los promotores de este “Proces” no hay posibilidad de diálogo. En el caso de las fuerzas políticas que soportan al actual gobierno catalán, porque el caballo se les ha desbocado, y cualquier negociación a la baja supondría el descrédito ante su inflamada parroquia y a la que se le ha impedido desde su aparato mediático conocer los riesgos de todo este proceso.  Y si hablamos de la CUP,  lo que quieren  iniciar es un proceso revolucionario que terminaría irremediablemente en una dictadura comunista de la peor especie en la que no cabría ni la libertad política ni la económica.

Por todo ello, si no hay una rectificación, es inevitable la confrontación para restablecer la Ley y el derecho,  que el  Parlamento catalán mancilló con sus leyes de ruptura, y casi lo de menos es cómo se impide que el 1 de Octubre derive en un golpe de estado como el que intentaron Milans y Tejero:  si mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución o en base a la Ley de Seguridad Nacional. Ese día llegará pronto y no valdrá  ponerse de perfil, ni será posible apelar al diálogo. Antes habrá que habrá que asegurar la continuidad de España como estado, y luego, porque en Cataluña media sociedad no está cómoda con la actual situación, abrir un proceso de diálogo como el que  se hizo en la Transición. Pero ya sería con otros interlocutores que  no nos hayan llevado a este despeñadero.  En el Reino Unido el gobierno de Londres tuvo que suspender por un tiempo el gobierno autónomo de Irlanda del Norte y no pasó nada.

Populismo sobre ruedas.- El vicepresidente segundo del gobierno regional, José García Molina,  y la consejera  para la Coordinación del Plan de Garantías Ciudadanas,  Inmaculada Herranz, han publicitado estos días que ambos han renunciado al uso del coche oficial. Bueno, ¿ y qué? ¿Este gesto nos va a suponer algún ahorro  al contribuyente castellano-manchego,  que les paga sus sueldos? La respuesta es negativa: ni un solo euro,  porque en ningún caso se va a amortizar la plaza de los conductores que estaban asignados a sus respectivos cargos, simplemente que estarán más relajados porque van a tener menos trabajo. Así que si quieren  ahorro, sin demagogias, les sugiero que  prescindan de algún asesor, porque esos cargos sí que son discrecionales.  Y confíen más en los funcionarios de carrera.

Por lo demás, no me imagino a dos miembros del  consejo de gobierno de Castilla-La Mancha teniendo que desplazarse en una región tan extensa como es ésta en el  autobús de línea o conduciendo su propio coche. ¿O es que se van a encastillar en Toledo, como si fueran Padilla frente a las tropas imperiales y no van a dejar el despacho? De ser así, malo, pero si el día en que se desplacen van a perder media jornada en la carretera nos va a salir muy cara la hora de estos consejeros. Y  hasta puede que algunos piensen que a pesar de los engolados títulos de sus  consejerías en realidad tienen poco trabajo. ¡Pero es que queda tan mono poder decir que nosotros  no somos casta, porque renunciamos al coche oficial!

Esto es lo que hay: populismo sobre ruedas.

Nota: En el dibujo, bandera de la I República Española

El presidente regional (y secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha) Emiliano García-Page anunciará antes del miércoles que se presentará a la reelección. No lo hizo oficialmente durante el Comité Regional celebrado este domingo en Toledo, aunque lo dejo entrever al proclamar que el secretario regional del PSOE debería ser el candidato de este partido a la presidencia de Castilla-La Mancha. Blanco y en botella…Pero  luego nos referiremos a  Blanco. Antes subrayar que el Comité Regional fue un baño de autoestima para García-Page, que recibió toda suerte de estímulos para que se presente, entre ellos de  los secretarios provinciales del PSOE, con Pablo Bellido a la cabeza: será bueno para Castilla-La Mancha, para el PSOE e incluso para Pedro Sánchez, porque le conviene que el PSOE se siga gobernando en Castilla-La Mancha y no retroceda en ayuntamientos y diputaciones, vino a decir.  Tal era el clima en favor del  presidente regional,  que incluso al sanchista Manuel González Ramos, secretario provicial del PSOE de Albacete,  le costó tomar distancia  y tras proclamar su lealtad al presidente regional, se limitó a defender el derecho de cualquier militante a presentarse.

Pongamos que hablamos de José Luis Blanco, que se presenta (y lo dice públicamente sin que nadie lo desmienta) apoyado por las Plataformas que apoyaron a Pedro Sánchez durante las Primarias, y que el entorno del presidente regional  no entiende muy bien qué pintan en esta historia, una vez que aquellas terminaron con la victoria del sanchismo. Tal es así, que el número dos de García-Page, José Luis Martínez Guijarro, llegó a poner en duda que el propio Pedro Sánchez apoyara la operación Blanco, por las conversaciones que había mantenido con el entorno del  secretario general del PSOE. En cualquier caso, subrayo yo, ni Sánchez, ni portavoz autorizado suyo lo ha desmentido. Con lo cual mi razonamiento es el siguiente: Pedro Sánchez no busca un choque directo con Emiliano García-Page, porque el toledano es ciertamente el mejor candidato que puede presentar el  PSOE a las autonómicas de 2019, y ni harto de güisqui podría serlo si no recibe antes la confianza de la miltancia socialista en Castilla-La Mancha. Y como Pedro Sánchez sospecha, con fundamento, que García-Page tiene todas las posibilidades de revalidar el cargo de  secretario regional, pues lo más sensato es no abrasar en su aventura a un miembro de su Ejecutiva como el citado González Ramos (o a Magdalena Valerio, que fue la coordinadora de las plataformas de Sánchez en Castilla-La Mancha) y permitir que vaya de adelantado un candidato de un perfil más bajo, como es José Luis Blanco, apenas conocido a nivel regional. De esta manera siempre se podrá decir, si pierde, que Sánchez no tiene nada que ver. Aunque después de los arreones que se pegaron en las Primarias, tampoco Sánchez iba a privar a García-Page de un poco de penitencia.

Porque García-Page es el gran favorio sobre Blanco, pero después de lo pasado con Susana Díaz, a quien apoyaba la Santísima Trinidad del socialismo, ya no se puede descartar nada. Blanco, como  Sánchez, reivindicará un PSOE  «laico, feminista y de izquierdas”, y más leña  frente al PP. Y tiene una ventaja sobre García-Page, que al carecer de pasado político regional solo ha pisado callos en Azuqueca. A García-Page algún militante le va a sacar el catálogo de agravios hasta  de los tiempos de Bono. Y es  que como dice un amigo mío: hay menos cargos que militantes, y por esto o aquello en un partido son más los que se sienten relegados que favorecidos.

Por tantoo, no es que yo crea que Blanco sea el favorito, pero si yo fuera apostador, casi que me la jugaría a que si finalmente es proclamado candidato, que lo será, podría llegar al 30 % de los apoyos.  Aunque no le conozca casi nadie en la región. Esto es lo que hay.De momento.

Era la convocatoria unitaria más rutilante de nuestra (todavía) joven democracia. Por primera vez asistía a ella un rey de España, y con él los más importantes cargos del Estado: el presidente del Gobierno y sus ministros; los presidentes del Congreso y el Senado; todos los presidentes de comunidades autónomas (entre ellos García-Page); una amplia representación de alcaldes (entre ellos, Antonio Román), y los primeros espadas de las fuerzas política españolas. El motivo bien lo merecía: la condena  del brutal atentado terrorista en Barcelona y Cambrills, la solidaridad con las víctimas y sus familias,  y el respaldo a la la libertad y el orden democrático que el terrorismo yihadista quiere liquidar. Pues bien,  desde el primer momento se vio que todo esto pasaba a un segundo plano, porque el independentismo catalán ensució sobre la marcha el sentido de la manifestación, reconvirtiéndola en el primero de los actos de propaganda que quieren culminar con el referéndum ilegal del  1 de octubre, con el que se pretende derogar en Cataluña la Constitución española.

Una barrera de personas con banderas independentistas se colocó estratégicamente detrás del Rey y los altos cargos del Estado para buscar una foto (Felipe VI de España marchando delante de un bosque de esteladas) que adultera, ensucia y atropella el espíritu unitario de la marcha. Una imagen  que el Ayuntamiento de Barcelona, con su alcaldesa Ada Colau al frente, debería haber previsto y evitado.  También la Casa Real: los abucheos e insultos a un presidente de gobierno en democracia,  aunque siempre sea rechazable, casi forman parte del sueldo. Pero una institución como la monarquía tiene otros protocolos, y no caben ingenuidades. Seguro que la reina de Inglaterra, que no ha ido a una manifestación en su vida, no habrá entendido nada.

El  fracaso unitario de la manifestación de Barcelona nos ilustra también sobre el enorme desafío que la democracia española tiene frente al anunciado golpe de estado del  1 de octubre y la necesidad de que los partidos constitucionalistas acuerden una estrategia común con el gobierno, en defensa de la legalidad,  porque ya se ha visto la radicalidad de los que están enfrente. Esto es lo que hay, pero no sabremos  lo que habrá el día 2 de octubre. Y visto lo que pasó y las barbaridades que se escucharon en la manifestación es como para estar preocupados. Por Cataluña, su libertad y la de España entera.

Nueva York, Madrid,  París, Bali,  Londres, Bruselas, Berlín, Munich, Manchester… Y ahora Barcelona. Como dijo el ex primer ministro francés Manuel Valls, barcelonés de origen, no sabemos ni dónde ni cuando pero, desgraciadamente, tenemos la certeza de que lo volverán a intentar. Y como recordaba ayer el profesor Manuel Torres, “España, para lo ideólogos de la yihad terrorista , continua siendo “la perdida Al Andalus”, una tierra paradisiaca arrebatada por la fuerza al islam, cuya recuperación es irrenunciable”.

Estamos en el centro de la diana; y hay que defenderse. Con responsabilidad y moderación, pero también con firmeza y sin complejos. Porque estamos en guerra. Y por lo tanto, todos vivimos amenazados. No hay que tener miedo, como se gritaba en Barcelona, hay que volver a caminar sobre Las Ramblas, pero sin olvidar que mientras el mundo civilizado no acabe con el autodenominado  Estado Islámico,  siempre estaremos a expensas de que el jueves  17 de agosto  se repita en cualquier ciudad del mundo. Porque todos somos sus objetivos, incluso estos nuevos apaciguadores, aprendices de Chamberlain 2.0,  que se enredan en explicaciones económicas y sociales cuando ellos lo han dejado meridianamente claro, como muy bien lo explica el profesor Torres: “La sustitución de los actuales regímenes gobernantes por un único califato islámico que asegure la implantación de la sharía (ley islámica)”.

La guerra no va a ser fácil, seguramente será larga, porque es de gran complejidad, cierto que puede arrostrar consecuencias indeseables, y necesitará de la unidad de todos, aunque oportunistas y pusilánimes sembrarán la desconfianza.  En los últimos días, Cataluña y el conjunto de España,  la gente de Barcelona, una aldea global del mundo, su policía autonómica y las Fuerzas de Seguridad  del Estado, han puesto en valor lo mejor de nuestra sociedad libre y civilizada, desde el impulso de la unidad.

Es una pena que cuando todavía no se ha cerrado la lista de víctimas por el atentado yihadista, el presidente Puigdemont ya nos ha advertido de que nada va a variar su hoja de ruta hacia ese referéndum ilegal del 1 de octubre,  con el que proseguirá su loca carrera hacia ninguna parte. Tampoco puedo decir que me deje perplejo saber cuál es la escala de preocupaciones del molt honorable, porque me lo imaginaba. Aunque no deje de ser descorazonador. Pero esto es lo que hay.   Siendo Barcelona el icono de la aldea global contra el yihadismo y en donde resultaron heridas personas de más de treinta nacionalidades:  ¡como se puede ser tan paleto!

No ha aguantado la presión, especialmente de los sindicatos, y el nuevo gobierno de García- Page ha retirado la enmienda presentada al alimón por  PSOE y Podemos,  para favorecer la consolidación de los beneficios económicos que pudieran alcanzar los funcionarios  que temporalmente se dedican a la política: diputados, alcaldes, concejales… El estreno no podía ser más inconveniente: entre los potenciales beneficiados se encontraban los dos nuevos consejeros de Podemos, o el propio consejero de Hacienda, José Alfonso Ruiz-Molina. Entre otros cargos públicos…

El argumento de los defensores de la enmienda es  recuperar un mandato que se retiró durante el Gobierno del PP, en 2012, cuando se eliminó las consolidaciones de grado a los funcionarios de la Junta que hubieran sido designados como altos cargos. O en boca de María Díaz, la nueva vicepresidenta de Podemos en las Cortes regionales, porque lo actual situación puede suponer  “un menoscabo de los derechos profesionales y personales de quienes se comprometen con el servicio público».

Es cierto que algún perjuicio se podría producir en un funcionario que pierda alguna convocatoria de promoción interna mientras está en la cosa política, pero no mencionan que en la mayoría de los casos no es así. Porque si hablamos de altos cargos (consejeros, directores generales, jefes de gabinete…), sucede precisamente lo contrario, que con este enjuague lo que se consolidaría como carrera profesional son grados que se alcanzan por nombramientos realizados a dedo por el poder político. El ejemplo que ponía UGT, y que afectaría a estos altos cargos es muy ilustrativo: tomando como referencia a un funcionario del grupo A1, a lo largo de su vida laboral y superando diferentes procesos selectivos puede alcanzar el nivel 25, lo que supone un incremento mensual de su complemento de destino de 181,57 euros desde su nivel base, mientras que alguien designado discrecionalmente, tras pasar por el cargo podría llegar a un nivel 30,  lo que supone un incremento mensual de 524,34, que al año supone unos 7.500 euros consolidados para toda su vida laboral. La enmienda ahora retirada tenía por tanto un gran calado, porque encima se aplicaba con carácter retroactivo, y para colmo llegaba sin evaluar cuánto supondría al año para el presupuesto público. Es decir, del dinero del contribuyente que habría que detraer de otras partidas.

No son con medidas privilegiadas como esta como se respaldan los derechos de los funcionarios, sino mejorando su carrera profesional para que su promoción interna no dependa del dedo de un político sino de su esfuerzo y capacidad. En este sentido, los gobiernos estatal y autonómicos tienen un campo yermo donde trabajar, porque en todo el tiempo que llevamos de democracia apenas se ha hecho nada para premiar a los funcionarios trabajadores y eficaces, que se esfuerzan por servir al ciudadano, y distinguirlos de los que por fa o nefas no pegan un palo al agua. No es creando una (re) casta de funcionarios-políticos, parafraseando el lenguaje de Podemos, como vamos a impulsar  una verdadera carrera profesional para el funcionario español. Sucedería todo lo contrario: la promoción profesional consistiría en que los funcionarios hicieran carrera política para consolidar su grado desde puestos mejor remunerados a los que dejarían en la administración, actuando a modo de atajo para lograr lo que su actual carrera profesional ahora no le proporciona.

Pues bien: si con la normativa actual los cargos políticos ya están en gran medida ocupados por funcionarios (porque se les reserva la plaza y van cayendo los trienios),  hay que imaginarse qué sucedería si a esto lo adornas con prebendas y privilegios. Que cada vez sería más difícil que un profesional, un empresario, un agricultor,  un trabajador industrial o un autónomo ocupe un cargo público, –porque a ellos sí se les aplica el refrán de “el que se fue a Sevilla…”–, lo que limitaría el servicio público en España al funcionariado o a los que están en el paro.  Y sinceramente, si ese es el escenario, casi prefiero un alcalde por oposición, porque por lo menos así tal vez nos llegarían más preparados que ahora. Como en Francia, que la gran mayoría  de su clase política top  se ha formado en su Escuela Nacional de Administración (ENA).

En fin, que  por el momento esta (re)casta que se formaría con estos nuevos funcionarios privilegiados tendrá que esperar. Aunque  los interesados no se olvidan , y ya nos avisan de que  a pesar de retirar  la enmienda, el Gobierno regional analizará «cuál es el mecanismo legislativo por el cual podrían volver a introducir una regulación jurídica de estas características». Seguramente esperarán a alguna negociación colectiva con los sindicatos a ver si les pueden ofrecer algo gordo a cambio para convencerlos. Esto es lo que hay.

Ahora toca construir un caballo de Troya y meterlo en el lugar adecuado.

La candidatura sanchista encabezada  por José Luis Blanco ha sido una sorpresa.  No tanto porque las plataformas de apoyo a Pedro Sánchez hayan querido  aprovechar el viento favorable que les llevó a su victoria en las primarias frente a Susana Díaz, algo entendible, sino porque parecía lógico que su cabeza visible fuera alguno de los tres destacados  militantes que Sánchez  metió en su Ejecutiva Federal.  El más caracterizado parecía ser el secretario provincial del PSOE de Albacete,  Manuel González Ramos,  que es diputado al Congreso, un cargo más fácil de compatibilizar que la Alcaldía de Toledo,  que ocupa Milagros Tolón,  o el proceso de recuperación de su enfermedad que afortunadamente lleva bien Magdalena Valerio,  una sanchista avant-la-lettre en esta región. Pero ninguno de los tres dieron el paso al frente, y sí lo hizo José Luis Blanco, el ferroviario que solo quiere seguir siendo  alcalde de su pueblo, como me reconoció en una entrevista días atrás, con lo que yo interpretó más bien que no solo se trata de una cuestión de valentía, y de decir “aquí estoy yo”, sino de que Pedro Sánchez y sus seguidores en Castilla-La Mancha  habrán preferido no arriesgar un choque directo, e incierto, con un dirigente con rango de Ejecutiva Federal.

Con Blanco, alcalde de Azuqueca, digamos que se rebaja el pulso, e incluso no sería un desdoro para Sánchez que pudiera retirar su candidatura, si el periodo de exploración que se ha dado no es fructífero. Aunque sospecho que esto no va a ocurrir.  El sanchismo militante vive días de euforia, reforzado por la última encuesta del CIS, que acercaría para España un gobierno a la izquierda de la izquierda presidido por Sánchez y con Iglesias de vicepresidente, y cree que ha llegado la hora de ocupar todo el poder orgánico en el PSOE. El 39 Congreso trajo un nuevo mensaje, que se resume en echar a Rajoy de La Moncloa, cueste lo que cueste y desde políticas territoriales que el PSOE más tradicional no aceptaría, y ha llegado el momento de que el sanchismo desciendas  del monte Sinaí con los acuerdos del 39 Congreso,  como si fueran las Tablas de la Ley de ese nuevo socialismo revelado. Lógicamente esa labor de apostolado solo la pueden hacer los iniciados,  o como diría Blanco, “es fundamental  la credibilidad y la coherencia para que se de continuidad a lo decidido en el 39 Congreso».

Era previsible, por tanto, que el sanchismo dé la batalla a quien fue uno de sus más acerados adversarios, Emiliano García-Page, como es seguro que a partir de lo que ocurra en esas Primarias socialistas, si es que se celebran (y yo apuesto a que sí), se empezará a escribir la historia futura en las provincias y las principales alcaldías de cara a las elecciones locales y autonómicas de 2019. Es formalmente cierto, como dicen los sanchistas, para defender la conveniencia de la bicefalia en el PSOE regional, que ahora solo se va a elegir al secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha. Pero hasta los menos avisados en el arte de la política saben que en la práctica no es así. Porque si García-Page perdiera las Primarias ante José Luis Blanco, o ante cualquier otro militante, no podría luego presentar su  candidatura a la Presidencia regional. Porque sería algo más que una osadía pretender que un candidato al que rechazan  sus militantes presentarlo  luego a unas elecciones regionales abiertas. Como segundo plato.

Tampoco le valdría a García-Page con presentar a otro candidato de su confianza, como hacía Bono  (Martínez Guijarro, Josele Caballero…) No le vale,  porque en ese caso podría muy bien perder. Si la reflexión en la que está metido García-Page desde que Susana Díaz perdió las Primarias le lleva a querer repetir  en el 2019, no tiene más remedio que arremangarse y presentar en septiembre su candidatura a la secretaría general.  Y esta vez sin caer en el exceso de confianza que les perdió por confiarlo todo en una candidata que pierde fuelle de Despeñaperros para arriba.

En Guadalajara, por ejemplo, es todo un golpe de efecto que a los dos días de haber anunciado Blanco que estaba disponible para el viaje sanchista hacia Fuensalida,  la gran mayoría de los alcaldes del PSOE firmen un manifiesto público,  para pedir a García-Page que se vuelva a presentar. Tengo ya escrito que Emiliano García-Page es, de lejos, el candidato con más posibilidades que puede presentar, hoy, el  Partido Socialista en Castilla-La Mancha, porque es transversal  en una región en la que, hasta ahora, ha dominado el  centro-derecha en la mayoría de las elecciones Generales. Pero una cosa son las  Autonómicas y otra bien diferente las fibias y fobias que la militancia socialista pueda expresar en un momento determinado. Y al final en unas primarias los que votan son los militantes, no solo los alcaldes y los delegados de la Junta.

Habrá que estar atento a la jugada, pero de momento esto es lo que hay. Los sanchistas reclaman todo el poder  para ellos, como Lenin a Kerensky en la Revolución de octubre,  y habrá que ver si García-Page está dispuesto a irse a su casa, como llegó a insinuar, o a seguir en la pelea en defensa de sus ideas y de otro modelo de partido. Es el último freno que los sanchistas tienen en Castilla-La Mancha, por lo que la pelea, que las Primarias no lograron cerrar -todo lo contrario-, no tendrá prisioneros. La más viva expresión de aquella genial frase de Churchill cuando respondió a un diputado novato que le preguntaba si allí se sentaban los “enemigos”. “No,  enfrente están nuestros adversarios, los enemigos se sientan aquí,  en nuestra bancada”, le aclaró.

García-Page solo tiene una elección:  presentarse o dar su carrera  por terminada, siendo además el “pato cojo” (como llaman los americanos a los presidentes que no se pueden presentar a la reelección) en un gobierno experimental con Podemos.  Se presentará.

Terminado el último pleno del Ayuntamiento de Guadalajara, y en el turno de palabra para los vecinos que así lo solicitan (recuperado con buen criterio a instancias de la oposición), una vecina, profesora de Secundaria, reclamó por segunda vez que se aceleren las gestiones para terminar con la ocupación de un edificio a estrenar en la plaza del Concejo. La vecina, desolada, recordaba un punto del orden del día en el que los ediles habían debatido sobre la libertad de elección de centro, y les decía si no hay mayor derecho de elección  que el de elegir el barrio en el que quieres vivir,  que se ejerce cuando te compras un piso. Y que ese derecho es el que se estaba pisoteando desde el pasado mes de mayo en el barrio  de la plaza del Concejo cuando un grupo de más de veinte personas ocupó un inmueble entero, y desde entonces el carácter del barrio cambió por completo. La vecina habló de agresiones verbales, heces humanas, broncas permanentes a todas horas, menores campando por la calle en horario escolar…

El alcalde, que ya ha recibido una vez a los vecinos, les trasladó la preocupación del Ayuntamiento y les dio buenas palabras, pero la realidad es que sus competencias no van más allá de exigir el cumplimiento de las ordenanzas municipales (ruidos, policía, menores…), aunque el problema de fondo es competencia del propietario y en última instancia del juzgado.  El propietario, el Banco de Sabadell, finalmente ha presentado la correspondiente denuncia, y a partir de entonces se inicia un procedimiento largo, costoso y tedioso, que según  Rose Mari Peris, del servicio jurídico de la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona, no da lugar a una resolución segura para el propietario, quien puede ver fácilmente desestimadas sus pretensiones en vía penal, y en la vía civil se puede tirar entre 9 y 18 meses hasta conseguir el desalojo, que suele ser el principio de otras demandas por daños y perjuicios de éxito incierto.

Este es el trámite en el que están inmersos los vecinos del barrio desde que el banco presentó la denuncia, con el horizonte que hemos descrito, para desesperación del propietario y de los afectados por la ocupación. «Lo que ocurre en España no sucede  en ningún otro país de Europa, con la excepción de Portugal», nos advierte Peris. En nuestro país, una vez más, hemos confundido la obligación de que los poderes públicos amparen a las personas en situación de exclusión social, y les proporcionen un techo o una solución habitacional, con que a cualquier desahogado le resulte más fácil pegar una patada en la puerta y ocupar una vivienda entre 9 y 18 meses, por su linda cara, que trabajar decentemente y ahorrar  media vida  para comprarse una vivienda en España. Ese parece ser el caso de las viviendas de la plaza del Concejo, porque según ha comprobado el banco “las personas que están ocupando el edificio no cumplen con los requisitos de perfil de personas vulnerables”.  Para mayor recochineo.

Lo que nos advierten los expertos es que la comparativa con otros países (en Inglaterra y Gales ocupar una vivienda se castiga con multas de hasta seis meses de cárcel, en Berlín las casas ocupadas deben ser desalojadas en 24 horas, en Holanda al propietario le basta con la denuncia  para reclamar una orden judicial…) demuestra que el problema de la ocupación ilegal en España es cada vez más grave, con lo que es necesario modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos y la Ley de Enjuiciamiento Civil. Mientras esto no se haga, y solo hay que comprobar la dificultad que tal reforma entrañaría en un parlamento donde hay cada vez más fuerzas con aversión a la propiedad privada, nuestras autoridades solo pueden despachar raciones de mucha paciencia a los afectados. Y confiar en que la mayoría sea benevolente y no se apunte al expeditivo método de la patada en la puerta en vez de solicitar una engorrosa hipoteca.

Pero en la Guadalajara y en la España de hoy esto es lo que hay, mi  estimada señora, a quien de la noche a la mañana le han cambiado la cara del barrio,  el valor de su propiedad ha caído en picado,  y la policía local lo único que puede hacer es amonestar a los inquilinos-okupas  si ponen la música muy alta por la noche o si sacan a deshora la bolsa de la basura. Estas cosas suceden cuando el populismo gana terreno a la Ley, y  se confunde la obligación que deben tener los poderes públicos hacia los más desfavorecidos con la banalización de la solidaridad.

Por ello, mis respetos, señora.

La política ha vivido  siempre de las apariencias, pero más ahora en que determinadas fuerzas populistas aparentan  que todo debe ser consultado por las bases, aunque al final el gato se acaba escapando por la gatera y todo se queda en postureo.

En Podemos Castilla-La Mancha se ha llamado estos días a sus inscritos no a que se pronuncien  sobre el Presupuesto pactado con García-Page sino a un acto de fe:  «¿Crees que Podemos Castilla-La Mancha debería votar sí a los presupuestos si con un acuerdo de gobierno se garantiza la puesta en marcha y el control de políticas propias como la Renta Garantizada o el Plan de Garantías Ciudadanas?». 

Ante una pregunta donde la respuesta viene sugerida  los inscritos de Podemos lógicamente se inclinarán por el sí ( ya lo verán cuando se publiquen los resultados) porque si la dirección regional  de este partido entiende que este acuerdo de gobierno garantiza la puesta en marcha de una Renta Garantizada y de un Plan de Garantías Ciudadanas, los militantes de Podemos estarían desautorizando a esa misma dirección si dijeran lo contrario. Con lo que al final lo único que se pone a votación es la credibilidad del señor García Molina y de su Ejecutiva. Porque ni la militancia de Podemos ni el resto de la ciudadanía de Castilla-La Mancha sabemos apenas nada de la letra pequeña de los nuevos Presupuestos, salvo que la cifra ha aumentado ligeramente -de 8.919 millones a 8.941 millones- como consecuencia de que se cuenta con mayor información en materia de ingresos propios y finalistas.  Es decir, que el nuevo Presupuesto apenas tiene 22 millones más que el anterior  y que  contempla modificaciones por valor de unos 60 millones de euros, de los que 39 corresponden a enmiendas del PP, PSOE y Podemos que fueron incorporadas al texto en la anterior tramitación parlamentaria.

¿Alguien me quiere explicar cómo con unos Presupuestos con solo 22 millones más que los anteriores, y que fueron rechazados por Podemos,  se puede hacer frente a lo que este partido llama pomposamente  planes de Rentas Garantizadas y planes de Garanatías?  ¿No estamos más bien ante un Presupuesto clonado del anterior (salvo por las salvedades citadas) hasta el punto de que el Consejo Consultivo de CLM ha dicho que no es necesario un  nuevo informe, como reclamó el PP, porque la estructura del Presupuesto es la misma? Pero aunque solo fuera para guardar las formas: ¿No habría sido más procedente dejar la consulta a los afiliados de Podemos  para después del trámite parlamentario, en el que  se pueden producir modificaciones, y antes de la votación final preceptiva? ¿O es que lo que suceda en las Cortes regionales es irrelevante, porque todo está ya acordado y bendecido por las direcciones nacionales de PSOE y Podemos, por Iglesias y Sánchez,  y no se puede cambiar una sola coma?

Una vez que se produjera ese trámite todos tendremos más elementos de juicio sobre ese presupuesto. Pero ahora, lo que se dice ahora,  los inscritos de Podemos tienen que fiarse de lo que les dice  José  García Molina, y creerse que un Presupuesto que antes  constituía la santificación de los recortes de Cospedal ,  con solo añadirle 22 millones más, va a traer la solución a las clases populares de Castilla-La Mancha.  La consulta a las bases no ha merecido, como querían los críticos de Podemos,   una pregunta adicional sobre la entrada de este partido al Gobierno de Castilla-La Mancha cuando es ésta una cuestión principal, que podría haberse dirimido con independencia del respaldo de la formación morada al Presupuesto. Como ven no se trataba tanto de conocer la opinión de la militancia sobre una cuestión esencial, en la que hay diversas opiniones,   sino de lograr su adhesión a un acuerdo que solo se conoce a grandes rasgos. Un acto de fe.

En el lado socialista, sería una ironía someter al veredicto de la militancia un Presupuesto que está elaborado por un gobierno de este partido, pero no está de más consultar la decisión estratégica más importante que ha tomado el PSOE en Castilla-La Mancha  desde que José Bono fue elegido presidente por primera vez. En una región en la que las elecciones Generales normalmente han pivotado sobre el centro derecha, el PSOE logró ocupar en las Autonómicas una posición central y transversal, que queda  ahora comprometida con un pacto de izquierdas que supone un desplazamiento del eje político del partido al haber ofrecido la entrada en el  gobierno a Podemos, aunque no sea en consejerías estratégicas. La dirección nacional de Pedro Sánchez lo ha querido resolver con una consulta, que una vez escuchados los secretarios de Organización del PSOE nacional y regional es todo un galimatías, porque ni tan siquiera se ha llegado a aclarar si es vinculante la opinión de la militancia, porque al no haber urnas ni un recuento oficial, todo lo que salga de esas asambleas informativas será mera aproximación. En otro PSOE sin complejos asamblearios una cuestión esencial como esta, que puede marcar el resultado de las Autonómicas de 2019, se habría resuelto con un debate a cara de perro en un Comité Regional Extraordinario, y no me cabe la menor duda de que habría sido más productivo y democrático que esas asambleas informativas en las que no hay nada que discutir, porque no hay marcha atrás.

Pero los aires del nuevo populismo traen estas formas asamblearias,  que son pura apariencia y ajenas a la tradición de un partido histórico como el Partido Socialista Obreros Español, que corre el riesgo de  perder la brújula en Castilla-La Mancha. Porque hay más de uno y más de dos que esto no lo ve, que callan por disciplina y respeto,  y la paradoja es que no han tenido un foro interno en donde debatirlo, como  habría procedido en un partido que siempre defendió la democracia representativa, que como la historia nos enseña es la única democracia que existe. Pero esto es lo que hay y se lleva ahora, y con estos bueyes han de arar.

Emiliano García-Page comenzó explorando la negociación de los presupuestos con el Partido Popular,  aun sabiendo que tenía poco recorrido.Las diferencias no eran insalvables, pues el PP empezó por exigir una negociación  para aproximar la fiscalidad de Castilla-La Mancha a la de la comunidad de Madrid, que beneficia fundamentalmente a  patrimonio y sucesiones,  la subida salarial del 1,5 por 100 a los funcionarios y un plan de choque contra las listas de espera, el talón de Aquiles de la sanidad regional . En fin, nada que no se pudiera abordar con buena disposición, dado que la discrepancia en cuanto a la disminución de recaudación por la rebaja fiscal en dichos impuestos  era perfectamente asumible por el  incremento de la recaudación  que se espera por la mejora  de la actividad económica y las menores obligaciones con la reducción del déficit, después de haber cumplido con seriedad en el último ejercicio presupuestario.

La prueba del nueve sobre todo lo anterior  es que lo único que sabemos del acuerdo sobre los Presupuestos entre PSOE y Podemos es que va a incorporar unos  400 millones de euros más “que van fundamentalmente a políticas sociales”, explica García-Page, y a los que siempre quedará la posibilidad de aplicar ajustes contables, ya que un presupuesto que en el mejor de los casos se podría aprobar entre agosto y septiembre va a tener un grado muy bajo de ejecución. Eso lo podemos tener claro. Con p minúscula.

Por tanto, si la negociación con el PP se rompe es porque al final ninguna de las partes está convencida de que le interese. A García-Page le habría creado un problema con Pedro Sánchez, que ha imprimido un giro a la izquierda del PSOE y un acercamiento hacia Podemos,  lo que es incompatible con un pacto de presupuestos entre populares y socialistas en Castilla-La Mancha. Esas finezas solo están al alcance de saltimbanquis y equilibristas como el extremeño Sánchez-Vara.  ¡Y qué decir del PP! En una región que casi siempre ha votado mayoritariamente a UCD o al Partido Popular en las Generales,  y en la que José Bono, sobre todo, y menos Barreda, consiguieron arrebatar un discurso regionalista pero en clave españolista a los conservadores,  el gobierno PSOE-Podemos es una oportunidad de oro  para presentar a los socialistas como un partido que ha perdido la centralidad y que se ha pasado con armas y bagajes a la extrema izquierda. Este será a partir de ahora el eje del discurso de oposición de los populares, y habrá que ver hasta qué punto los nuevos aliados morados de García-Page no  le dan motivos para ello. Por de pronto, como dijo Pablo Iglesias el sábado cuando le preguntaron por el presidente de Castilla-La  Mancha “en este país han cambiado muchas cosas». Especialmente tras la victoria de Sánchez en las primarias.

Por lo demás, poco se puede opinar de un presupuesto del que desconocemos todo, como también desconocíamos los motivos por los que el anterior fue rechazado por  Podemos a última hora, lo que nos confirma que solo se debió a razones estratégicas y de alta política. Lo único que sabemos es que Podemos tendrá una vicepresidencia -¿García Molina, que ya es vicepresidente de las Cortes de CLM?- y que otro consejero de Podemos daría visibilidad y brillo al Plan de Garantías Ciudadanas, con lo que consejerías sensibles, como Educación (¿qué va a pasar con la Concertada?) , Hacienda (¿se relajará la disciplina presupuestaria?) o Fomento (y Urbanismo), en las que hay notorias diferencias programáticas, quedarían al margen del control de Podemos.

Todo ello, claro, dando por hecho que los inscritos en Podemos CLM avalen tal acuerdo cuando se les presente convenientemente adornado, y que los Anticapitalistas de Urban y Llorente rachazan por la formas en que se ha parido, al más puro presidencialismo y sin consultar a los órganos establecidos por Podemos al efecto. En esto, también, Podemos ya es un partido comunista como los de toda la vida.

Esto es lo que hay. Con Susana Díaz en Ferraz, García-Page habría tenido más posibilidades de maniobrar y hasta habría sido más creíble su amenaza de convocar elecciones anticipadas. Con Pedro  Sánchez, Page se tiene que tentar la ropa, y  aceptar que se ensaye por primera vez en Castilla-La Mancha  un gobierno de coalición más a la izquierda  en una región en la que, excepto cuatro años, siempre gobernó el PSOE  con un estilo templado, marca Bono, que está a años luz  del de Podemos. ¿Tanto habrá cambiado Castilla-La Mancha, como sugiere Pablo Iglesias?

Dentro de dos años lo veremos. Si no hay sorpresas, por la división de Podemos, el tablero político en Castilla-La Mancha se desplaza a la izquierda y esto es una buena noticia también para Ciudadanos.  Porque los espacios políticos que unos abandonan los ocupan otros.