Guadalajara cerró el año con una noticia que es más buena que mala, aunque también tiene efectos indeseables sobre los que se puede actuar. La ciudad de Guadalajara fue la capital de España donde más subió el precio de la vivienda, ya que lideró el ranking con un incremento anual del 16,8% respecto al cuarto trimestre de 2022, según la tasadora Tinsa. Un dato: en el conjunto de España se incrementó el valor de la vivienda la mitad que en Guadalajara en un contexto de desaceleración, aunque ese frenazo no es homogéneo entre las capitales españolas.

El aumento del precio de la vivienda es bueno para los miles de propietarios (los injustos paganos de la última subida del IBI para equilibrar el presupuesto municipal) y para la economía en general, porque dinamiza otros sectores muy conectados en el comercio y la industria. En el caso de Guadalajara, tal incremento se debe fundamentalmente al efecto Madrid y a que su célebre mancha de aceite del mercado inmobiliario ha sobrepasado con creces a otras ciudades dormitorios, y se ha extendido hasta Guadalajara. En Madrid, el precio de la vivienda nueva y de los alquileres están por las nubes, inaccesible para el ciudadano medio, y eso explica que el demandante empieza a buscar soluciones en las capitales de su área metropolitana. Alcalá de Henares, una ciudad de gran crecimiento residencial, es un ejemplo de ello, pero ahora la  explosión también afecta a la capital alcarreña, beneficiada por la energía que irradia el Corredor del Henares, tal vez el polo de desarrollo más importante de España. En Guadalajara, solo hay que ver que los edificios que se quedaron a medias en la crisis financiera de 2008 se han terminado y que las agencias inmobiliarias, que prácticamente desaparecieron de nuestras calles, vuelven a operar con éxito. Eso significa que la demanda se ha reactivado, lo que es positivo, pero tiene también sus inconvenientes: que el precio de los pisos se encarece para unas generaciones jóvenes que no tienen unos sueldos competitivos como los de la generación de sus padres cuando en Guadalajara era el sector industrial el que tiraba de la ciudad. Ahora es la logística la que ha tomado el relevo de la industria y aunque genera mucho empleo no llega a la calidad y retribuciones de los años setenta y ochenta.

En este escenario, me preocupan dos cosas. Una es que no aprovechemos ese impulso para rehabilitar el casco histórico, porque siguen siendo demasiados los solares sin edificar -sobre un centenar-, que esperan a un promotor. En una economía de mercado son los promotores los que tienen que tirar del carro, pero no es menos cierto que las administraciones, sobre todo la local, deben implementar unas políticas que hagan más atractiva la inversión en nuestro casco. Es notorio que en los últimos treinta años no se ha dado con la tecla, a la vista está, y que incluso actuaciones cuasi revolucionarias, como son los Paes, han dado menos de sí de lo esperado, como delata ese edificio Maragato, que nunca se acaba de construir. Darse un paseo por el centro de Guadalajara te lleva a la melancolía. Cada día hay más comercios cerrados y parece que todo hijo de vecino ha pensado en jubilarse; y que nadie está dispuesto a dar el relevo a esas generaciones de autónomos que han decidido tomarse un merecido descanso. ¿Por qué será? En 50 metros cuadrados en torno al callejón de los Guardias (en el callejero oficial,  Miranda) hay tres zapaterías que echan el cierre y ofrecen sus locales en venta o alquiler. Por ahora, sin éxito. 

Pero además de debatir y concretar qué otras medidas, empezando por la fiscalidad, debería tomar el ayuntamiento (y la comunidad autónoma, con competencias transferidas) de cara a presentar planes atractivos para la rehabilitación de viviendas en el casco antiguo, no se puede demorar más una pensada sobre el futuro del urbanismo de Guadalajara. Por dónde debe crecer la ciudad; si ha llegado el momento de saltar la A-2  y calificar en su margen derecho suelo residencial; dónde iría el nuevo suelo industrial; qué tipo de urbanismo debería tener  Guadalajara para ser competitiva en la mitad del siglo XXI… En resumen, qué queremos hacer con esta ciudad cuyo gran activo es que está inmejorablemente situada en la conurbación de Madrid y que no puede permitirse perder el tren del futuro. Aunque en la política actual – y con el ejemplo de Pedro Sánchez, más- no se va más allá del día a día y no se practica la política de luces largas, sino el cortoplacismo populista, ya va siendo hora de que el Ayuntamiento empiece a pensar en poner en marcha el avance del Plan de Urbanismo para que la falta de suelo tanto en vivienda privada como púbica, no nos lleve a situaciones indeseables como las vividas en el último tercio del siglo pasado en que faltó suelo hasta que el nuevo POM se decidió a crecer hacia Aguas Vivas. Las casas han llegado hasta la Ronda Norte, que es el cierre perimetral por Taracena del actual POM en vigor, hasta el punto de que el único terreno disponible que tenía el Ayuntamiento para que se construyera el nuevo cuartel del GEO está ya lindando con esa infraestructura viaria. Un Plan de urbanismo es tarea para tres corporaciones locales, como mínimo, y para la sociedad entera, ya que en él deben participar no solo el ayuntamiento sino los agentes sociales, colegios profesionales, propietarios, empresarios, sindicatos y el vecindario en general. Y parece llegado el momento de iniciar su proceso, con la adjudicación a un equipo redactor, antes de que el progreso nos arrolle, como pasó en los años ochenta. Y es que esto es lo que hay.   

La afición al fútbol del Club Deportivo Guadalajara está conmocionada desde que este viernes empezaron a llegar noticias desde Argentina en las que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, daba cuenta en rueda de prensa  de una operación contra el narcotráfico para desarticular la banda de un mafioso apodado Mameluco Villalba, que dirigía desde la cárcel una de las redes más extensas dedicadas a la venta de estupefacientes en el cinturón metropolitano de Buenos Aires.  Según las investigaciones de la Policía Federal de Argentina, para mantener ese trapicheo (por el que movía 22 millones de pesos al día) se valía de una red de sociedades entre las que se citó al grupo inmobiliario y constructor que posee la mayoría de las acciones del Club Deportivo Guadalajara S.A. en España. La acusación, tal y como publica la prensa argentina, es que supuestamente se incurría en “la expulsión y blanqueo de capitales”, mediante la venta de jugadores, aunque según reconocieron las autoridades “no era su principal vía para esta actividad del lavado del dinero”.

La noticia fue un mazazo para la afición morada, quien volvió a recordar aquel funesto mes de julio de 2013 en que la Liga de Fútbol Profesional (LFP) descendía de categoría al Deportivo Guadalajara después de dos exitosas temporadas en la Segunda División española. El motivo fue la irregular ampliación de capital a la que estaba obligado por su ascenso, que con posterioridad los tribunales confirmaron. A partir de ahí, la afición del Guadalajara vivió un auténtico calvario, pues el equipo acabó en Tercera División, pero lo peor de todo es que estuvo a punto de desaparecer por deudas contraídas con técnicos y jugadores. La sociedad entró en concurso de acreedores y tras diversas peripecias, la SAD terminó siendo controlada por un grupo inversor argentino agrupado en Lener Emprendimientos SL, filial española de Lener Constructora SA y Grupo Dinal SA. Con su capital y el buen trabajo del presidente deportivo Carlos Ávila y colaboradores, el club ascendió a la Segunda RFEF, amplió su actividad en categorías inferiores y fútbol femenino, y las cosas parecían ir razonablemente bien, sin las habituales denuncias de impagos que han acompañado la deriva de este club desde aquel nefasto año 2013.

Con todos estos antecedentes, es entendible el desasosiego que de nuevo vive la afición morada por los problemas con el capital accionarial del club de sus amores y por ello habrá recibido con alivio el comunicado oficial del Club en el que se asegura que la sociedad de su accionista mayoritario “resulta absolutamente ajena a los hechos que se investigan” por el Juzgado nº 2 de San Martín, en Buenos Aires, pues “no han realizado acciones, negocios o intercambios  de ninguna clase con las personas identificadas en dicho proceso penal”. A este respecto, tengo que subrayar que estamos ante una investigación preliminar, que deberá concretarse o no en unas imputaciones formales y el posterior juicio, con su sentencia y los correspondientes recursos. Mientras tanto, los implicados tienen el derecho a la presunción de inocencia, y no digamos las estructuras deportivas del club, que desde España a buen seguro han sido los primeros sorprendidos con esta avalancha de noticias. Pero sentado este principio, no podemos ocultar que nos preocupa que en la comparecencia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, citara expresamente a Lena Emprendimientos SL y al Grupo Dinal relacionados con las operaciones de blanqueo del cartel del narco Villalba, conocido como Los narigones. Ambas empresas tienen la mayoría del capital del Deportivo.

Si bien la justicia tiene sus ritmos, como sabe el Deportivo por su conflicto con la LFP, es cierto que mientras tanto, como señala el comunicado del Club, se ha producido un daño reputacional, que deseamos no acabe influyendo en el rendimiento del equipo, por no hablar de una afición como la del Deportivo, que es modélica y numerosa, y con una gran ciudad detrás que no se merecería otro episodio que termine con la propiedad en los tribunales.

Por tanto, deseamos que todo se aclare favorablemente y que la actual propiedad de la SAD quede exonerada del procedimiento judicial, pero nadie puede llamarse a engaño. Cualquier actuación ilícita probada tendría sus consecuencias, porque el club no solo lleva el nombre de Guadalajara sino que utiliza en dominio pleno una instalación municipal como es el Pedro Escartín. Por ello, hay que estar atentos al procedimiento que se sigue en Buenos Aires y mientras se sustancia acogerse a la presunción de inocencia.

Esto es lo que hay; y bien que lo sentimos, porque parece que a este club le ha mirado un tuerto.        

Resulta chocante la frivolidad con la que se ha despachado en toda España los malos resultados del Informe Pisa sobre el estado de la educación, en el cual participan los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Por lo que se ve, en España estamos ahora ocupados en disputas medievales, que en otros países dejaron resueltas desde su unidad nacional. Debela este informe que los alumnos españoles han bajado sus capacidades en matemáticas, lectura y ciencias, y la primera reacción de la ministra de Educación, Pilar Alegría, fue que más habían caído en sus calificaciones otros países europeos, omitiendo que, a pesar de ello, España sigue todavía por debajo. ¡Hay que tener desparpajo!

El informe Pisa nos suspende en todo y saca los colores a la educación europea en general, sobrepasada por los países asiáticos, con Japón a la cabeza, líderes en esfuerzo y competencia. Ni la mítica Finlandia parece resistir, y no ha podido acompañar el progreso de los alumnos orientales, que se muestran más competentes para acceder a un nuevo mercado de trabajo en constante evolución. Es una muy mala noticia para Europa. Pero si el nivel de los alumnos españoles está por debajo de la media europea, los alumnos de Castilla-La Mancha todavía están más necesitados, ya que no alcanzan la media nacional. En matemáticas, la región obtiene 464 puntos por 473 de la media española; en lectura les conceden 468 por 474 de la media nacional; y en ciencias, el informe manda a los alumnos de la comunidad a la cola con 475 puntos frente a los 485 de la media española.

Ante unos resultados así, caben dos respuestas: ocultarlos y no hacer ruido, para evitar que alguien sea señalado. O analizarlos en profundidad y ver por qué autonomías vecinas y con un espectro socioeconómico similar, como es Castilla y León, han sido capaces de ocupar las primeras clasificaciones en las tres especialidades analizadas y los castellanos de la meseta sur nos hemos quedado tan lejos. Porque ya no es solo una cuestión de dinero, que también, empero lo que hace aguas es el modelo. Los profesores excelentes, agrupados en la Facultad Invisible, empiezan por apuntar que, en España, en lectura y escritura, con la excusa de no dejar a nadie atrás, se ha encubierto una bajada de los niveles. Y paralelamente a la caída en estima por la lectura o la escritura, se ha magnificado el papel de la tecnología y la innovación, pero luego no se analizan los resultados, que ponen en solfa la utilización de las pantallas móviles y otras moderneces. El modelo pedagógico que se lleva aplicando desde décadas en España no funciona, cada nueva ley lo empeora más, pero es más cómodo no reconocer que se penaliza el esfuerzo y el conocimiento, se relega lo memorístico sobre los contenidos,  y así se limita el debate a una cuestión presupuestaria. Los profesores excelentes defienden que los jóvenes necesitan adquirir más que nunca una base sólida de conocimientos para no creer todo lo que les diga la máquina o lo que ven, sin filtrar, en las redes sociales, porque solo así se formará una mente crítica más difícil de manipular. A las puertas del acceso en colegios y universidades de la Inteligencia Artificial, pánico me da lo que nos viene. Hay alumnos que terminan sus estudios sin haber leído un libro, y difícilmente por ello lo harán de adultos. Se ha extendido el pensamiento negativo, lo que conlleva una epidemia de ansiedad y depresión al creer que cualquier esfuerzo no vale la pena, porque no encontrarán trabajo en un mundo a punto de extinguirse. Y en el centro del problema, unos profesores mal pagados y no lo suficientemente formados a los que padres y alumnos les han perdido el respeto, por lo que ante el lógico cansancio no les queda otra que bajar ellos también los niveles de exigencia, con el argumento tramposo de que nadie puede quedarse atrás.

Esto es lo que hay, pero parece que no queremos enterarnos y mientras los orientales afilan sus conocimientos en la vieja Europa nos pesa la falta de exigencia. O simplemente la comodidad.

ILIBERALES Y TOTALITARIOS.- La portavoz de Puigdemont en el Congreso, no contenta con los insultos proferidos semanas atrás contra los más altos magistrados del Supremo español, vuelve a repetirlos esta misma semana al aseverar que “un presidente del Consejo General del Poder Judicial no tiene competencias para llamar al orden de una diputada”. Ni el mismísimo Trump podría haberlo expresado mejor en su disputa contra la judicatura americana. La creencia de esta gente es que por ser diputados están por encima de la ley y el derecho y de los únicos con capacidad de interpretarlo, que son los jueces, lo que demuestra lo lejos que ha llegado Pedro Sánchez en sus pactos para seguir en el poder. Al haber alcanzado a individuos que ignoran que la democracia lo es porque se somete al imperio de la Ley, y que no es el poder ejecutivo, como pasa en Cataluña, el que decide si una Ley se cumple o no, como lo ha afeado la estonia Yana Toom, presidenta de la comisión de europarlamentarios que ha visitado Cataluña, y que no entendía por qué en la calle los indepes le llamaban “fascista” o  no se aplicaba la sentencia del 25% en castellano en la escuela cuando así lo ha ordenado el Tribunal Supremo. Bienvenida al Proces, que Sánchez con su muro llevó con gran osadía al parlamento europeo, como bien sabe Manfred Weber, presidente del Partido Popular Europeo.  

El puente de la Constitución-¿por cuánto tiempo vigente?- y la Inmaculada, han anotado récords de turistas y pernoctaciones en toda España. Hay tantas ganas de salir y divertirse desde la pandemia (carpe diem), que no perdonamos un acueducto como el de este año. Los gobiernos municipales deberían tomar nota de ello a la hora de montar sus decoraciones navideñas. Pongamos que hablo de Guadalajara. Salí a pasear por el centro de nuestra capital el día 9 de diciembre y nunca había visto tanta gente junta; ni en Ferias. No hemos llegado a ese nivel negro de aglomeraciones en ciudades que han hecho de la Navidad uno de sus principales reclamos turísticos anuales -pongamos que hablo de Vigo, Madrid, Málaga…-, que tienen riesgo de morir de éxito. Guadalajara está lejos de esos excesos, desde luego. Comencé el paseo en la plaza de Santo Domingo, donde celebro el gran ambiente que había en su mercadillo artesanal, para mayor gloria de las cajas de nuestros artesanos. En la decoración, pocas novedades: la plaza estaba presidida por un gran abeto de luz y en uno de los lados la estrella de Belén, que con los años ha ido menguando, o será mi vista. Tiempo atrás el cometa surcaba el cielo, poderoso. Me alegro que este año se haya recuperado la tradición de hacer la ofrenda de los Reyes Magos al Niño Jesús frente a la iglesia de San Ginés, porque es lo que procede. No entiendo a los que quieren despojar de referencias religiosas a la Navidad, porque es como privar  a Europa de su tradición judeocristiana; un hecho cultural. El belén monumental todavía no estaba inaugurado, así que me acerqué hasta la Diputación, que luce un estupendo belén hebreo diseñado y montado por la Asociación de Belenistas de Guadalajara; un acierto de los de la Casa-Palacio. Si hay una característica a subrayar de la Navidad de Guadalajara son sus belenes artesanales, que se deben al esfuerzo desinteresado de personas que los preparan durante todo el año. Este año  el programa oficial de Fiestas cita a 14 de ellos, todo un despliegue, entre los que se encuentra la gran  exposición “800 años de Belenismo, Patrimonio Cultural”, que se puede ver en el Palacio del Infantado.

 De vuelta a la calle Mayor me topo en el Jardinillo con la que tal vez sea le mejor decoración navideña de este año: un ángel anunciador en plata y oro frente al antiguo Banco de España; ahora delegación de Hacienda. Por otras ciudades donde he estado, sé que esa combinación entre dorados y plata es lo que se lleva en esta temporada, y me alegro de que sea también la iluminación elegida para la Calle Mayor; lástima que se les acabaran pronto las esfreras de oro y  no hayan llegado a Miguel Fluiters; o que el entramado lumínico no cubra todo el ancho de la calle. En la plaza Mayor, la decoración principal es digna, aunque sin pasarse. Echo en falta el carrusel de caballitos antiguos que había otros años, y que al final parece que se va a instalar desde este fin de semana en la plaza de España. El público terminaba su paseo  en esta plaza, aunque en el puente presentaba un aspecto desangelado, ya que el árbol con vidrio reciclado, que será el gancho de este año, todavía no está montado. La gente entraba con expectación a los jardines del Palacio del Infantado y salían decepcionados al no encontrar las animaciones de años anteriores. Supongo que los actuales regidores habrán tomado nota para el próximo año.

Me doy la vuelta y me topo con un punto negro, es decir, fuertes aglomeraciones, a la salida de la plaza Mayor. Se trata, claro está, del embudo provocado por la tapia que okupa un tercio de la calle Mayor, colocada para proteger la ruina del edificio de Maragato. Pero la fachada que afeó durante tres lustros a la plaza, inopinadamente se derribó, porque se había aprobado un PAE para edificar en el solar. Solo que si los PAEs se aprueban como medida revolucionaria para dar salida a esos solares… ¿A qué estamos esperando?

 El público abarrotaba la arteria principal de nuestro casco urbano, pero no se va a encontrar en su paseo mas que con cuatro cafeterías y la mayoría de las tiendas sin actividad o cerradas. Pero esto es Guadalajara y es lo que hay.

Termino mi paseo en el parque de La Concordia donde se han concentrado todas las atracciones infantiles. Son menos que el año anterior, y que ocupaban todo el paseo de San Roque, pero me parecen suficientes para la demanda que hay a estas alturas del año. Como he dicho antes: es un error pensar que la Navidad es la repetición de las Ferias de Guadalajara, pero sin encierros. Pero hay que acertar con el modelo y solo hay que mirar a esas ciudades españolas que lo han encontrado y lo están exprimiendo. Y adaptarlo a nuestra dimensión y a nuestro presupuesto, para no tener luego que pagarlo en el recibo del IBI.

SÁNCHEZ ENVÍA UN AVISO PAGE.- Pedro Sánchez, en su línea pablista-leninista, de ocupación de todos los espacios del partido, el Gobierno y el Estado, como también enseña el fascista Ramiro Ledesma en “La Conquista del Estado”, ha nombrado  a su fiel Milagros Tolón, ex alcaldesa perdedora en Toledo, como delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, y sobradamente elogiada por el Jefe en el último Comité Federal del PSOE, que también preside. Sustituye a Tierraseca, que llevaba en el cargo desde 2019. No se puede decir que el albaceteño fuera afín a Page, solo que Sánchez no lo habrá visto lo suficiente hooligan como para ser su delegado en la única región presidida por un socialista crítico. Es por tanto, otro aviso que Sánchez envía a Page cuando en la legislatura hay un congreso regional del PSOE de por medio y ante el que el presidente del Gobierno podría intervenir respaldando sotto voce a un candidato alternativo al actual presidente de la Junta de Comunidades. De momento, ya le ha colocado al lado de Fuensalida a Tolón, por si algún día dispone que toca darle al toledano una cencerrada.    

INSULTOS A LOS JUECES.- Durante el debate parlamentario para poner en marcha la ley de Aministía, para mayor gloria de Puigdemont y los suyos y el bochorno de los diputados meridionales,  la portavoz del prófugo, Miriam Nogueras, insultó directamente a los magistrados del Supremo Manuel Marchena o Pablo Llarena, y a la expresidenta de la Audiencia de Guadalajara, Concepción Espejel (ahora en el CGPJ) a los que se refirió como “personajes oscuros” y jueces “indecentes”, avisándoles que en un país normal serían “cesados y juzgados de inmediato”. Pero no solo es grave que en la sede del poder legislativo se descalifique y amenace a dignos representantes del poder Judicial, lo peor es que esta “caza de brujas” -denuncia el PP-  que los separatistas han iniciado al amparo de lo que llaman lawfare, no haya sido cortada por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que con ello se convierte también en una presidenta indigna de representar la soberanía nacional. Cualquier límite puede ser traspasado cuando descarrila el estado de Derecho.    

El que quiera tener un retrato al día de la comarca de Molina, la mejor forma es seguir los post que le dedica su docto hijo Carlos Sanz en Tierra Molinesa. Carlos es un periodista top de larga carrera, que ahora en su jubilación toma el pulso a su tierra y nos la muestra sin adormidera. Días pasados, nos encontramos en las calles de Guadalajara y me puso al día de la situación por la que pasa el Parador Nacional de Molina-Alto Tajo, que un servidor en un post demasiado optimista escribí que había entrado en su recta final, con lo que su inauguración estaba cercana. Ya me había advertido Carlos que había surgido un problema en la evacuación de las aguas residuales, que al final se pudo solucionar con una conexión al colector de la ciudad, salvando el río. Quedaba pendiente la urbanización de las calles aledañas al Parador, y respiramos cuando la Diputación Provincial salió al rescate de su ayuntamiento poniendo sobre la mesa 850.000 euros, que es una cantidad muy importante para una institución como la Diputación, y que ha demostrado ser la más comprometida con este proyecto tan importante para dinamizar la vida económica y social de Molina-Alto Tajo.

Imaginaba un servidor que con este último empujón llegaríamos a la inauguración, pero ahora me entero por Carlos que no va a ser así, porque todavía queda pendiente el acceso principal al edificio, por el que llegarán los autobuses con turistas, y que según valoraciones técnicas podría sumar otro millón de euros. ¿Cómo influirá esta carencia en la inauguración del Parador? Se desconoce.

La clave de las penurias por las que ha pasado el Parador de Molina desde su concepción está en el titular del último Post que escribe Carlos Sanz en su Tierra Molinesa: “Molina no tiene un Rajoy”.  Solo hace falta repasar un poco la desgraciada historia de su construcción para darse cuenta de ello. Recordamos que este proyecto es impulsado por el Estado en 2005 tras el incendio mortal en la Riba de Saelices, conjuntamente con el parador de Muxía, por el Prestige (2002) en el que no murió nadie pero dejó a la Costa de la Morte con gravísimos daños medioambientales. La suerte que tuvo Muxía es que el Gobierno de Rajoy lo apadrinó. Por ello, el parador gallego es ahora uno de los mejores de la red con una arquitectura y un entorno impresionante, mientras que con el de Molina todo son retrasos. Y eso que se hizo una reducción de habitaciones de 80 a 22, para ahorrar, con una inversión inicial de casi 30 millones que se quedaron finalmente en veinte. ¡Y ni por esas!

El Parador de Molina-Alto Tajo necesita un padrino que le dé el último impulso, después de que las últimas previsiones de la autoridades hayan quedado en agua de borrajas. El Parador de Molina requiere de un padrino con la suficiente autoridad y credibilidad, tras los fracasos de estos últimos doce años (se anunció su construcción en el Consejo de Ministros de Zapatero en  agosto de 2011) y con capacidad acreditada para influir en cualquier demanda que se le presente a Pedro Sánchez. Me estoy refiriendo, lógicamente a Carles Puidemont, a quien el Ayuntamiento de Molina de Aragón le puede convencer recordando que el Real Señorío de Molina fue fundado como Señorío independiente en la edad Media entre los reinos de Castilla y Aragón y mantuvo su fuero hasta 1813. Estamos, por lo tanto, ante un territorio histórico de auténtico pedigrí, hasta el punto de que es el único que es mencionado expresamente en el Estatuto de Castilla-La Mancha con antecedentes para ser reconocido como entidad supramunicipal.

Señor Puigdemont, ya sabe usted que con esto de la Amnistía su nombre no era coreado en las manifestaciones, precisamente, para felicitarlo. Ahora tiene la oportunidad de cambiar su imagen apoyando a este antiguo reino medieval independiente, incluyendo la finalización de cualquier obra o compra de suministros en los Presupuestos del Estado que usted tendrá que revisar y aprobar en 2024. No se lo tome a chanza: teniendo en cuenta que las administraciones y políticos más próximo al territorio han dilapidado su credibilidad de tanto anunciar en vano la finalización de las obras, en Molina no les importaría poner la bandera catalana junto con la española (con perdón), la del Señorío  y la autonómica en el frontispicio del Parador, y adoptarle a usted, señor Puigdemont, como padrino. Y si hace falta, le haremos Señor de Molina… por un día; tampoco hay que pasarse. Aunque no sé qué opinará de ello Felipe VI, que por razón del cargo es el tenedor natural del título: “…Señor de Molina y de Vizcaya”, termina la retahíla de títulos que ostenta el titular de la corona española. Y bien que explotan los fueros y leyes viejas los jeltzales vascongados, que hasta han conseguido un acuerdo de legislatura, que llaman la “clausula foral”, por la que Ortúzar y sus muchachos tienen que dar el visto bueno a cualquier ley española que les afecte. Así la independencia la dejamos para mañana.

Esto es lo que hay; no nos queda otra: “Puigdemont, al parador”. Y como su aspiración es gestionar la red de Paradores en Cataluña -¡que no querrá usted despiezar don Carles!-, pues puede asimilar en su red el de Molina-Alto Tajo, con tal de que se termine de una puñetera vez.  Y si quiere, le invitamos a Ortúzar un fin de semana y le bailamos un aurresku en esos accesos que están esperando.

España se queda sin niños. Guadalajara se queda sin niños. Esta es la gran noticia más allá de amnistías, autodeterminaciones y demás mandangas que nos endilgan el calendario político en España; es decir, Puigdemont. Por tanto, a él tendremos que recurrir y no a nuestros parlamentarios naturales, sombras espectrales diría el Tenorio, para ver cómo podemos parar la caída en picado de los nacimientos en España, que ha descendido el 27,6% en la última década, según los últimos datos del INE. Claro, que como a Puigdemont España le importa una higa, deberemos apelar a que una de las provincias con peor estadística es Barcelona y que el resto de provincias catalanas también están en negativo. Solo en 6 de las  52 provincias españolas están naciendo más personas que el año pasado, encabezadas por Madrid con un saldo positivo de 663 niños. ¿Tendrá algo que ver con el aumento de las políticas de natalidad que ha desplegado el gobierno de Ayuso o solo es por las buenas perspectivas económicas que hay en la comunidad vecina?

En Guadalajara, las cifras del INE muestran que en la provincia  nacieron hasta septiembre  1.116 niños por  1.435 en el mismo mes del año anterior, pero lo preocupante es que la curva ha tenido un descenso continuado en los últimos años. Así, en septiembre de 2016 nacieron 1.779 niños; 163 nacimientos menos en siete años. La tasa bruta de natalidad ha pasado del 12,5% en 1975 a apenas el 7,07%, un desplome que nos debería poner los pelos de punta. A finales de los 90 se produjo un bache y se recuperó en torno al año 2011, coincidiendo con la salida de la crisis financiera, pero a partir de ese momento la curva cae otra vez en picado, como pueden ver por este gráfico. Los datos deberían llevar a una revisión de las políticas en favor de la natalidad que despliegan nuestras instituciones locales, porque si bien la mejor política de natalidad es una buena situación económica, por encima de ayudas y subsidios, algo habrá que hacer para corregir una deriva que nos lleva a la insostenibilidad del sistema. Y eso que Guadalajara no es de las provincias peores de España, porque está seis décimas por encima de la tasa bruta de natalidad de Castilla-La Mancha y 19 décimas sobre la tasa nacional.

Un tercer factor alienta el invierno demográfico que se produce en España, como es que solo tres provincias (Madrid, Murcia y Almería) tienen un mayor número de nacimientos que de defunciones. En Guadalajara el ratio es de 0,82 nacimientos por cada fallecido, un dato objetivamente malo pero que aun así es el segundo mejor de toda Castilla-La Mancha. El invierno demográfico ha llegado tan lejos que en muchos territorios es irreversible, especialmente en el noroeste de España

El freno al desplome poblacional en Guadalajara lo soporta la inmigración, no la natalidad de sus naturales, y que es la que ha permitido que su población haya crecido un 2% más que hace un año. Los datos son elocuentes. La población en octubre de 2022 era de 272.715 personas. Doce meses después hemos pasado a convivir en toda la geografía provincial 278.255 vecinos. Son 5.540 más que hace un año. De esos 278.255 vecinos, 43.993 son extranjeros, un 15,4%, casi 4.000 más que hace doce meses. En ese tiempo la población española ha crecido apenas en 1.571 vecinos. En porcentaje, hay un 9% más de población extranjera frente a un 0,67% más de española.

Esto es lo que hay.

P.D.- Argentina ha elegido entre el salto al vacío que es Milei y la perseverancia en la corrupción y la inutilidad que representaba el enésimo candidato peronista. Yo no sé cómo acabará la historia de este tipo de la motosierra cuando llegue a la Casa Rosada, imagino que moderará el discurso y sus políticas, pero no me digan que escuchar a un presidente electo gritar en el cono sur, caldo de cultivo histórico de la autocracia,  “Viva la libertad, carajo” no es  emocionante.   

El 9 de noviembre de 2023 se produjo el ataque más relevante contra la Constitución española y los ideales de la Transición tras el 23-F de 1981, porque fue el día en que descarriló el Estado de Derecho en España al bajarse en marcha uno de sus maquinistas, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Un día que parafraseando a Roosevelt podría recordarse como el “Día de la Infamia”, después de que el documento firmado entre Junts y el PSOE (y que no se atrevieron a rubricar en persona Carles Puidemont y Pedro Sánchez) sobrepasa puntos esenciales de la Constitución, que si el progresista  Cándido Conde Pumpido, ex fiscal general con Zapatero, no lo impide, quedará para vestir santos.

Hay aspectos de ese documento que atentan directamente contra la separación de poderes y la independencia judicial, como ese concepto de Lawfare, que empezó  a utilizarse en América por Trump, como justificación a sus condenas judiciales por múltiples delitos y en España por el iliberal Pablo Iglesias, que hace tiempo salió del Gobierno aunque se encarnó ideológicamente en su presidente Sánchez. Ese uso del Lawfare lleva a decir en el infamante documento que “las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituyan en la próxima legislatura  se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas”. Esto significa que el Congreso se atribuye el papel que ahora ejercen los jueces, ya que podrás exigir acciones de responsabilidad. Todas las asociaciones de jueces, incluyendo las Juezas y Jueces por la Democracia -la cantera judicial de la izquierda- y todas las asociaciones de fiscales, incluyendo la Progresista UPF, en la que está la Fiscal de Memoria Democrática Dolores Delgado y el actual fiscal del Estado, Álvaro García, han reaccionado ante tal desatino impropio de una democracia liberal. La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de CLM, nuestro Supremo regional, dice tajantemente que “supondría el final de la separación de poderes en un Estado de Derecho que ha regido en España y la vida de los españoles durante los últimos 45 años”, sobre el fondo de la cuestión. Y ante esa posible constitución de comisiones parlamentarias: “Resultaría una intromisión hasta ahora inaudita en la labor de juzgados y tribunales, y un ataque frontal a la separación de poderes, que implicaría que el Poder Legislativo se convierta en supervisor del Poder Judicial”; y en última instancia un “grave menoscabo a los derechos y libertades de todos los españoles”.  En esa misma línea argumental, los Jueces Decanos de 79 partidos judiciales de España, entre los que se encuentra el de Guadalajara, advierten que tales comisiones podrían suponer la “revisión parlamentaria de los procedimientos y decisiones judiciales” y recuerda que el “Poder Judicial en España es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aporta el riesgo que se apunta”. Por algo así, a Netanyahu le montaron en Israel una revuelta, que ahora ha tapado con su atropellada invasión de la franja de Gaza.

El documento de la Infamia, toman nota los jueces, desmonta la separación de poderes en beneficio del Ejecutivo; y ya sabemos que no hay democracia que valga sin unas leyes que ordenen  y acoten su funcionamiento y ante la que se sometan sus cargos públicos. Con este concepto de lawfere se quiere presentar a los jueces españoles como unos prevaricadores, como si fueran los jueces que se cargaron las leyes democráticas de la República de Weimar ante la presión del gobierno nazi, y salpican incluso al rey Felipe VI, que salió en defensa de la Constitución y la unidad de España tras el golpe de Estado en Cataluña en 2017. Eso es lo que no toleran del Rey los separatistas, más allá de su presunto republicanismo. ¡Como si en Francia un presidente de la República les iba a consentir ni la cuarta parte de sus tropelías!

La soberanía para al Parlament.- El documento de la Infamia se salta en la práctica  el artículo 2 del título preliminar de la Constitución, que establece: ”La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”. Y esto es así, porque la soberanía en el acuerdo se descarga sobre “el Parlament de Cataluña, que representa legítimamente al pueblo de Cataluña”. El parlament es por tanto, el titular de la soberanía de Cataluña, sin que el parlamento nacional o el resto del pueblo español tenga derecho a pronunciarse. El reconocimiento nacional de Cataluña lleva por el camino un referéndum, que propondrá Junts, como se avanza en el documento, párrafo en el que se cita a la Constitución como única vez y para colegir en su delirio que el artículo 92 ampara ese derecho. Juzguen ustedes mismos: Artículo 92. 1. Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. 2. El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados. 3. Una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en esta Constitución.    

Esta es la hoja de ruta hacia la definitiva separación de Cataluña (y del País Vasco) de España, aunque el camino deja otros episodios inenarrables. A saber:

España es ya un país confederal.- El documento describe la futura relación de España con Cataluña (y con el País Vasco, por el acuerdo con el PNV) como una relación bilateral entre dos entes soberanos, que solo mantienen unos livianos nexos comunes, como son los estados confederados. A destacar, que se pone en jaque el sistema de financiación común y es el entierro de ese Café para Todos que tanto molesta a los separatistas. Para empezar, con Junts y ERC se prevé condonar esos 15.000 millones de euros que la Generalitat debe al FLA (es decir, préstamos al Estado) y se abre la puerta a acabar con lo que llaman déficit fiscal de 22.000 millones al año. Todo ello debería ser asumido por el Estado, es decir, por el resto de autonomías que no tienen el privilegio de contar con conciertos económicos propios. Los inspectores fiscales del Estado ya alertan de que “la ruptura del principio de igualdad entre todos los españoles (…) y por la vía de hecho, generará comunidades autónomas de primera y comunidades de segunda”. Es así porque la cesión del 100 por 100 de los impuestos a Cataluña quebraría el actual sistema de financiación en el que hay regiones que aportan fondos netos y otras los reciben. Tal es así que el abrasado  ministro Escrivá decía hace meses que era anticonstitucional; otro que cambia de opinión.  Entre las regiones con fondo negativo está Cataluña con -2.168 millones, pero Madrid pone el triple, -6.313 y Baleares es la tercera con -334. La ruptura de este principio de solidaridad, hasta ahora defendido por el PSOE, dejaría a Castilla-La Mancha con 1.512 millones en el aire, por no hablar qué pasaría con la financiación autonómica si Madrid, que ahora pone esos 6.313 millones, decidiera hacerse nacionalista. «Se vislumbra de manera clara y evidente la ruptura del régimen constitucional actual en varias materias, entre las cuales se encuentra la financiera». Avisan los inspectores de Hacienda.

El documento de la Infamia es de una osadía inimaginable, pero solo voy a citar de pasada algunos aspectos más:

Miente sobre la historia. El PSOE asume el relato que hacen los separatistas sobre la historia de Cataluña, con citas a los Decretos de Nueva Planta y a la Guerra de Sucesión (1701-1713), como si el desencuentro naciera  de una derrota militar de Cataluña frente a Castilla. Pero más detalles se los dejo a mi compañero de blog, el historiador castellano Juan Pablo Mañueco. No voy a perder más tiempo con tonterías que lamentablemente se enseñan en la escuela catalana y se difunden por su sectaria televisión autonómica, la más deficitaria de España y la que más canales tiene.    

No hay renuncia a la unilateralidad. El documento no recoge que Junts renuncie a proclamar unilateralmente la independencia, como ya hizo en 2017 y por lo que el prófugo terminó valientemente en un maletero camino de Waterloo.

Verificadores internacionales.- Como si se tratara de dos ejércitos en pie de guerra o como si España fuera una república bananera, se recoge que unos verificadores internacionales velarán por el cumplimiento de los acuerdos, pues los separatistas no se fían de Pedro Sánchez. Y se lo dicen a la cara para mayor ridículo de España como nación.

“Conflicto histórico”.- El PSOE asume  el lenguaje de los separatistas,  que parte de la existencia de un “conflicto histórico” que hay que resolver. Y esta es la manera. Por cierto, dejando a un lado al PSC y a Salvador Illa, su presidente y ganador de las elecciones autonómicas, y que ha quedado relegado en le negociación por exigencia de Puigdemont.

Amnistía total.- Lo que se desprende del documento, y pendiente de saber cómo han dejado la Ley para ser presentada al Congreso, es que la amnistía será total. Solo con que el delito pueda ser justificado por los derechos nacionales de Cataluña pisoteados. No sabemos si por ello alcanzará a los casos de corrupción que tiene Junts (su presidenta Laura Borrás está procesada por trocear contratos, el abogado de Puigdemont, Boyé, imputado  en un sumario de narcotráfico con Sito Miñanco de por medio y el juicio por corrupción a la familia Pujol está a punto de abrirse), pero si empiezan a liberar a  terroristas e incendiarios con el argumento de que no hacían nada ilegal, supongo que los presos de ETA pedirán su aplicación, porque con ellos también hubo lawfare.

En resumen, que Puigdemont ha logrado todas sus propuestas que llevó a la negociación con el PSOE, como pueden comprobar comparando el documento con su intervención del 5 de septiembre, aunque según su portavoz Patxi López “estaban en sus antípodas”. A cambio solo han dado una cosa, pero era lo único que le importaba a Pedro Sánchez. Sus siete votos para que no tenga que evacuar la Moncloa y dejar sitio a la alternativa, que por ahora ha conseguido taponar. Dijo el viejo Ramón Rubial, presidente del PSOE, en la primera Ejecutiva tras la victoria de Felipe González en 1982: “Solo te pido una cosa, que no te conviertas en objeto de división entre los españoles”. Y lo decía un viejo sabio que había estado media vida en la cárcel de la dictadura. Sobran las palabras ante el que ha hecho de la división y de alimentar a los extremos su estrategia de supervivencia y que ha culminado con este despropósito  del que no sabemos cómo vamos a salir. Porque una cosa es ser investido y otra diferente gobernar España con una coalición mal llamada progresista, y en la que se integra a la extrema izquierda española, catalana, vasca y gallega, y a la derecha carlista vasca y catalana, que solo quieren romper España. Como se preguntó ayer Felipe González: “¿De verdad merece la pena?”.

Quiebra de la caja común en seguridad social.- El otro documento de investidura, el firmado por Sánchez y el PNV, acepta algo que hasta ahora era inasumible para todos los gobiernos de la democracia: la gestión de la Seguridad Social. ¿Y para qué quiere el PNV gestionar la seguridad social cuando el balance del País Vasco es negativo, es decir, recibe más del Estado de lo que aportan sus cotizaciones? Los mal pensados dicen que es un trámite para pedir luego la ruptura de la caja común de la seguridad social y que los analistas alertan podría poner en dificultades nuestro sistema de pensiones y protección social.  

Pues esto es lo que hay.

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, al final no tuvo más remedio que hablar de la amnistía, aunque lo hizo de una manera tan poco precisa que no aclaró nada, salvo que ya está cocida. Nada extraño de una negociación secreta que se lleva a cabo desde prácticamente el día de las elecciones del 23J en “domicilios particulares” de Madrid, nos cuenta la prensa. El escenario para hablar del tabú fue el Comité Federal del PSOE. Los altos cuadros socialistas no supieron, por boca de Sánchez, una palabra sobre el preámbulo de la Ley, y por lo tanto los motivos por los que el Estado se declarará amnésico ante los delitos producidos en octubre de 2017, para desdoro de los tribunales que aplicaron una ley “injusta”; tampoco saben a qué delitos y a quién alcanzarán (se habla de que llegará hasta a los CDR que incendiaron Barcelona); pero sí conocieron que “hay que hacer de la necesidad virtud”, y que “es la única vía de que haya un Gobierno progresista”. Aplausos con la sala puesta en pie, menos Page, pues es lo que querían oír los altos cuadros socialistas, no en vano muchos de ellos trabajarán para ese nuevo “gobierno progresista” que nacerá de esta amnistía, como le han exigido a Sánchez sus socios separatistas. Un Gobierno que, para mayor gloria de Sánchez, se constituye “en el nombre de España”, zanjó. Es una lástima que los que tienen que votar a ese gobierno no lo vean así, porque apenas unas horas después Oriol Junqueras(ERC) dejaba claro que esto de la amnistía es el primer paso, pero que ahora hay que proseguir con el derecho de autodeterminación ( que sólo está en la Constitución para el pueblo español en su conjunto), y una fiscalidad a la carta para Cataluña, en una negociación bilateral con el ·Estado, lo que agrandará las diferencias con el resto de autonomías y la igualdad entre los territorios de España. Sánchez tampoco mencionó que a la  amnistía se llega sin cautelas previas, según los portavoces separatistas, con lo que de no prosperar la negociación con su gobierno, siempre podrían volver al camino de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) y ante la que Estado está más desarmado que en 2017 al haberse derogado el delito de sedición. ¡Habría que conformarse con ponerles una multa a los insurrectos por exceso de velocidad o por vulnerar alguna ordenanza de limpieza, si regresan a las barricadas!

Sánchez reiteró que este partido es de los militantes, pero lo cierto es que lo que les ofrece no es más que un plebiscito sobre su persona, pues en la pregunta que se somete a consulta no se entra en la letra pequeña del acuerdo de investidura y se limita a preguntar:”¿Apoyas el acuerdo para formar un Gobierno con Sumar y lograr el apoyo de otras formaciones políticas para alcanzar la mayoría necesaria?”. Sobre cuáles son los puntos esenciales (y las líneas rojas) para lograr tal acuerdo, ni una palabra. Eso solo le compete a Sánchez, nuestro providencial presidente. Él sabrá.

Page habría preferido incluir la amnistía en la pregunta del Comité Federal del PSOE, pero no es así ya que la amnistía es una condición sine qua non de los separatistas para hablar de lo demás; apenas el aperitivo. A la salida de la reunión del Comité, el líder del PSOE castellano-manchego no desveló cuál será su voto en la consulta, aunque sí descartó por completo que no haría ninguna operación para romper la disciplina de voto de los diputados socialistas elegidos en Castilla-La Mancha, porque “no puede haber 17 psoes”.  A Page se le pudo exigir que fuera a la reunión del Comité Federal, y no justificar su ausencia porque tenía que presidir una asamblea de regiones vitivinícolas en Francia; porque no habría sido de recibo que las críticas que hace en la prensa no las traslade al órgano más representativo de su partido. Y sobre todo porque con este discurso crítico, Page renovó en Castilla-La Mancha su mayoría absoluta y se debe a sus electores. Pero resulta infantil pedirles a los diputados socialistas de Castilla-La Mancha que rompan la disciplina de voto, porque esos diputados no responden ante él sino ante le ejecutiva federal de su partido, y por lo tanto ante Sánchez, que promovió sus nombramientos. Page no debe instar al transfuguismo de nadie; aunque sí puede marcharse a su casa si la deriva que se inicia con la amnistía termina en la ruptura de la España democrática y solidaria que alumbró la Constitución de 1978. Pero Page no está obligado a anticiparse, aunque más de uno en la actual dirección estaría encantado con que dejara el campo libre a las Tolones de turno. No es casual que la reunión del Comité Federal comenzara con una égloga de Sánchez hacia su presidenta, la ex alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón,  perdedora de las elecciones el 23J, o que la réplica a las críticas de Page en el Comité no fueran del secretario general, que no se rebajó a esa tarea, sino de otros dos perdedores como el ex alcalde de Valladolid, Óscar Puente, o de Valentín González Formoso, que preside un PSOE que solo ha gobernado en Galicia una vez en la historia; y con el respaldo de los independentistas del BNG. Quedarse en minoría y ser el único que no se levantó a aplaudir al Gran Timonel cuando justificó la amnistía, no le obliga a Page a marcharse de un partido en el que lleva militando toda su vida, como Felipe González o Alfonso Guerra, otros críticos a los que Sánchez no escucha. Pero sí debe continuar vigilante y denunciar a los que quieran arrojar a la Constitución a la basura. Porque la amnistía, como lo que viene después, ha roto el consenso político que cristalizó en la Constitución de 1978 y la idea de la reconciliación entre las dos Españas que presidió la Transición; y al futuro presidente del Gobierno no le va a quedar más remedio que ser sostenido por los que quieren romperla y no lo ocultan. Aunque a él, con tal de lograr la investidura, le da un poco igual. Ya cambiará de opinión cuantas veces haga falta.

Esto es lo que hay.   

P.D.- El proceso de deconstrucción de España (balcanización, dijo Feijóo) que se acelerará tras la investidura de Sánchez, por exigencia de sus socios, dará lugar a momentos de gloria para los medios. Entre ellos estará la imagen de un secretario de Organización del PSOE (el número 3 del partido) llamando «President» a un prófugo de la Justicia española y bajo una enorme fotografía del referéndum ilegal del 1-0. ¿Qué vendrá después?       

Se acaba de presentar el proyecto de presupuestos del gobierno de Castilla-La Mancha para 2024 y que contemplan una inversión de casi 110 millones en la provincia. Entre lo positivo, destacan las inversiones en el nuevo Hospital, dinero para continuar las obras del campus, para la nueva Residencia de los Olmos o el arreglo de la Hospedería de Pastrana. También se contempla una inversión de 3,8 millones procedente de Fondos Europeos para la Ciudad del Cine de Guadalajara, que se ubicaría en el Fuerte de San Francisco y que el gobierno de Page considera esencial. Estoy de acuerdo con ello, porque es una idea bien valorada por la industria cinematográfica,  que aprecia tener unos estudios estables a media hora de Madrid, con lo que ello significa facilitar y abaratar rodajes de series y películas. El Fuerte ya ha sido plató para varias de ellas y si los productores salieron contentos, como parece, es un terreno que tenemos recorrido. Desconozco cuál será el vehículo para la gestión de esa Ciudad del Cine de Guadalajara, aunque supongo que deberá acordarse entre los promotores del proyecto, entre los que evidentemente Junta de Comunidades y Ayuntamiento de Guadalajara deberían ir de la mano. Cometería un error la alcaldesa Ana Guarinos si se distanciara de este proyecto, por ser una iniciativa que viene del mandato anterior, sencillamente porque a Guadalajara y a su economía le conviene tener esa Ciudad del Cine. Tampoco caben los retrasos porque los Fondos Europeos exigen que el 31 de diciembre de 2024 esté ejecutado el 50% de esos 3,8 millones de euros, para poder llegar al 100 por 100.

De la misma manera, el gobierno de Page se equivocaría si se olvidase de otro proyecto muy necesario, como es la nueva estación de autobuses y que no figura en los Presupuestos de 2024. Y podría razonar lo mismo a sensu contrario: la ciudad de Guadalajara necesita esa estación, porque data de la primera legislatura de José Bono, el edificio está hecho una ruina y Guadalajara tiene el doble de población y el triple de servicios a prestar que entonces. Hay que subrayar que en los Presupuestos regionales de 2023 ya se destinó una partida de 500.000 euros pero en el de 2024 ni siquiera aparece. El delegado de la Junta, José Luis Escudero, lo atribuye a que en Guadalajara se ha producido un cambio de gobierno y que les parecería “razonable y respetuoso” escuchar a los actuales regidores para “ver qué planteamiento tienen”. Parece lógico escuchar al nuevo equipo de Gobierno, pero me desagrada que se pueda perder un año en consultas y  a la espera de la reunión entre Page y Guarinos que, parece ser, tendrá lugar este noviembre y en la que se daría un repaso a los numerosos temas pendientes que tienen las dos instituciones. Es de esperar que ambos políticos sepan estar por encima de partidismos baratos y recordar que el arreglo del edificio fue presentado por el propio Page, con una inversión de 1,8 millones y un plazo de ejecución de 8 meses. De él podemos leer: «Las obras incluirán mejorar la envolvente térmica de la fachada, instalar dos escaleras mecánicas para llegar a las dársenas, arreglar los tejados y solventar los problemas estructurales que tiene el edificio. Además se reordenarán los espacios interiores y se rediseñará la entrada principal para aumentar su visibilidad aunque dicha entrada permanecerá en el mismo lugar que ahora». Como bien señaló Page, el actual aspecto de la estación sería más “grotesto” con el cambio que va a experimentar la zona en donde se está construyendo ese nuevo campus; y yo no puedo estar mas de acuerdo. No se deben dar pasos atrás, sino adelante, pues el desarrollo de esa estación no se puede llevar a cabo al margen de la iniciativa privada, para que no suceda como en los locales sin uso que afean a la estación actual.

Tampoco figura en los Presupuestos de la Junta esa nueva Biblioteca Municipal que se había proyectado en el Fuerte. Tan decidido estaba con Rojo de alcalde que se presentó a la prensa como cosa hecha, aunque ahora se quiere llevar a otro lado. La idea de la Junta es reservar todo el espacio para la ciudad del cine, dada la envergadura del proyecto, y a mí no me parece mal, siempre y cuando haya un compromiso serio para consolidar las antiguas naves del Fuerte, dentro de ese proyecto de Ciudad del Cine; y un acuerdo sobre la nueva biblioteca en ese mismo barrio. El delegado de la Junta, “espera, sinceramente», que haya «responsabilidad» y todos sumen en la misma dirección y que se aprovechen esos fondos europeos». «Es una gran oportunidad para dar un uso a estas instalaciones”, matiza, y yo estoy de acuerdo con él.  Por eso sería tan importante que las relaciones institucionales entre Ayuntamiento y Junta no se echen a perder, por la nueva composición del gobierno municipal, ya que así lo han decidido los ciudadanos, porque Guadalajara es la segunda población de la región, y se merece estar por encima de banderías partidistas y cálculos electorales.

Esto es lo que hay; y lo que el vecindario espera. Una llamada al acuerdo en la legislatura, aunque no esté de moda.    

El segundo teniente alcalde y concejal de Hacienda de Guadalajara, Alfonso Esteban, anunció una muy importante subida del Impuesto de Bienes Inmuebles (vulgo, la contribución) para el año 2024, que se traducirá en incrementar el coeficiente que se aplicaba hasta ahora del 0,46 al 0,54. Según sus cálculos, si por una vivienda se estaba pagando 600 euros de IBI al año, ahora, se pasará a pagar 700 euros. La justificación que dio es que se han encontrado con un “agujero de nueve millones de euros”, por unos ingresos mal calculados en el presupuesto aprobado por la anterior corporación de PSOE +Cs. Se presupuestaron 10 millones de ingresos por instalación de placas fotovoltaicas y 2 millones de euros por el canon de esas placas. A día de hoy, el canon ha sido cero y el ingreso de 3 millones de euros, por lo que hay un descuadre de 9 millones, dijo Esteban.  [Fue sonado el caso Tomey, que por un mal cálculo de ingresos sobre el canon energético en la Diputación fue imputado por la Fiscalía de Guadalajara y frenó su carrera política, aunque finalmente su caso fue archivado por la Audiencia Nacional]. Ante esta acusación, ha replicado el anterior alcalde, Alberto Rojo, todavía concejal en el Ayuntamiento, cargo que compatibiliza con el de diputado al Congreso, negando no la mayor, aunque matizando: no hay un solo informe técnico en el Ayuntamiento que hable de “ruina heredada” y todo lo demás es “mentir”. Hay que aclarar que ningún organismo público puede declararse en “ruina” o en “quiebra”, como la empresa privada, así que esa palabra no la van a encontrar en ningún documento oficial, pero sí puede ocurrir que un agujero presupuestario afecte a la liquidez de la institución, y ello desencadene un retraso en los pagos a los proveedores, como sucedió con muchas instituciones en la gran crisis del 2008, y que llevó a la ruina a muchas pequeñas empresas por impagos con la administración. Ese es el riesgo que se intenta evitar con esta subida del IBI, admitió el concejal de Hacienda, pero esto no quita para que se cargue el coste del deseable ajuste en los bolsillos de los propietarios de viviendas de Guadalajara. ¿Qué culpa tienen ellos?

Aunque el concejal de Economía debería aportar más detalles y documentación oficial sobre las dimensiones del agujero, vamos a dar temporalmente por bueno (hasta la liquidación final del presupuesto) que el desajuste existe, que se presupuestó mal [la alcaldesa Ana Guarinos llegó a hablar de pufo, que según la RAE es una deuda cuyo pago se elude de forma fraudulenta; estafa, engaño, petardo] por lo que acepto que hay que tomar alguna medida extraordinaria y evitar que el Ayuntamiento vuelva a tener problemas de liquidez, aunque para ello tiene varias soluciones. A saber.

La medida más responsable sería ajustar el capítulo de gastos a la cuantía del agujero, mediante la reducción de subvenciones o inversiones que no sean de emergencia social, incluyendo el gasto corriente, y por qué no, dando ejemplo con la rebaja de sueldos a la corporación, grupos municipales, asesores, etc. También podría aprobar nuevos arbitrios municipales, que podrían ser temporales hasta que se resuelva el agujero; o subir algunos de los existentes.

No se ha hecho y se ha buscado lo más fácil: cargar el ajuste sobre los propietarios de las viviendas en Guadalajara, que al final serán los que paguen, con esa subida del coeficiente, esos 9 millones que presuntamente se presupuestaron mal. Desde luego que es lo más seguro, porque no hay más que darle a la calculadora, hasta que salgan los números, ya que sabes que el IBI es el impuesto más fiable entre los que recauda el Ayuntamiento. El contribuyente lo paga. Pero una cosa es que sea el camino más fácil y otra que sea el más justo. Es la medida más iliberal que podía tomar esta corporación municipal, formada por partidos como PP y Vox que, eso dicen, están por una fiscalidad moderada y por dejar el dinero en el bolsillo del contribuyente. ¡Pues ya se ve! Esto es lo que hay.