El 1 de septiembre de 1939, la Alemania de Hitler invadía Polonia, sabiendo que con ello ponía el detonante para la II Guerra Mundial. El Ejército polaco resistió hasta el 6 de octubre. El canciller alemán dejaba atrás un lustro de engaños y tratados de paz inútilmente firmados con la propia Polonia, Rusia e Inglaterra, que quedaron en papel mojado desde que el ejército alemán ocupara en marzo de 1939 toda Checoslovaquia, Bohemia y Moravia. Poco antes, y favorecido por el gobierno títere de Engelbert Dolfuss, Hitler imponía la Ansshluss, la anexión de Austria, todo un comienzo de lo que él llamaba asegurar el espacio vital para la supervivencia alemana o Lebensraum. A pesar de los antecedentes, las democracias europeas hicieron todo lo posible para evitar la guerra. Porque sus dirigentes sí tenían de un pueblo dueño de su destino al que responder. Así, el 18 de septiembre de 1938, los jefes del gobierno de Inglaterra y Alemania firmaban los llamados Acuerdos de Munich con los regímenes fascistas de Alemania e Italia, donde si bien se cedía a Alemania los Sudetes de Checoslovaquia, país que fue marginado de la conferencia, a cambio Hitler  se comprometía a parar allí en sus intenciones expansionistas. El tirano no respetó lo firmado, cumpliéndose la advertencia de Churchill al primer ministro Chamberlain: “Entre la guerra y el deshonor, habéis elegido el deshonor y tendréis la guerra”.

En 2015, Alemania, Francia, Ucrania y Rusia firmaban los acuerdos de Minsk, que consagraban la anexión forzada  de Crimea por Rusia y una gran autonomía para Donestsk y Luganks, también a cambio de que Putin detuviera la ampliación de su espacio vital, que a semejanza con Hitler, el sátrapa ruso lo lleva hasta los límites de la Gran Rusia de los Zares, que luego Stalin trasladó a la nueva URSS y a su Telón de acero (Churchill, dixit).  Esta vez han tenido que pasar siete años para que Putin hiciera lo mismo que Hitler: atacar a un país vecino y poner a Europa al borde de otra guerra, que de momento solo están librando los ucranianos, con una resistencia y heroísmo con el que no contaba Putin. Pero hay una enorme diferencia con aquel 1939: Hitler no contaba con armas nucleares, tampoco las tiene Ucrania, porque desmanteló las que recibió tras la disolución de la URSS, pero sí las tiene Putin, (un total de 5.977 cabezas según fuentes americanas), que se ha permitido el lujo de decretar la alerta sobre su fuerzas nucleares, aunque solo sea para advertir al mundo que, si las tiene, está dispuesto a usarlas, despreciando que eso sería el Apocalipsis, en palabras del  ex ministro de Exteriores,  Margallo, y que los analistas llaman MAD, en referencia a la Destrucción Mutua Asegurada, término acuñado para una guerra nuclear. Ningún dirigente democrático podría haber sugerido tamaña barbaridad sin que su opinión pública le pasara factura. Pero Putin detiene y encarcela a los pocos disidentes que se atreven a manifestarse frente al Kremlin, como hizo Hitler entre los escasos opositores que se atrevieron a contestarle en la Alemania de los años treinta.

La invasión de Ucrania, por tanto, no es solo una agresión a aquella República, como no lo fue la anexión de Checoslovaquia y Austria, preludio de la invasión de Polonia. Pero, como ocurrió entonces, su trascendencia es determinante, porque Europa se juega otra vez la libertad, la democracia y la prosperidad que ha logrado desde el fin de la II Guerra Mundial, tras haber metido en cintura a los nacionalismos autoritarios que llevaron a Europa a aceptar las guerras como un método para resolver los conflictos. Esto es lo que ha resucitado Putin con su estrategia por convertir a Rusia en la antigua URSS. Porque como dice el politólogo Torreblanca, Putin ha reiterado su visión de que la desaparición de la URSS fue la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX y, a la mejor usanza estaliniana, ahora está en una tarea de refundación por la fuerza militar. Putin, en lugar de ser el presidente de una república rusa moderna, vuelve a ser el teniente coronel de la KGB; y ahí radica el peligro.

¿Qué va a pasar ahora? No lo sabemos, solo que el desafío de Putin es de tal magnitud que en Europa nada va a ser igual. En lo militar, el invasor se ha encontrado con una resistencia mayor de la esperada, que hace imposible predecir lo que aguantará un país como Ucrania, aunque por tamaño es muy parecido a la Polonia que hizo frente a los tanques de Hitler y a los salvajes bombardeos de la Luftwaffe durante 1 mes y 6 días. Pero en lo político está consiguiendo unir a Europa como nunca se ha visto, porque casi todo el mundo intuye lo que nos estamos jugando. Salvo grupúsculos comunistas, que añoran el viejo orden, y que el día en que Putin invade Ucrania se manifiestan contra una organización defensiva como la OTAN,  que, visto lo visto, los ucranianos reivindicarán con mayor ahínco. Por fin, Europa se ha puesto seria, adoptando represalias económicas que bastarían para doblegar a cualquier estado democrático, pero cuando enfrente tenemos a un autócrata que no tiene que responder ante una opinión pública, el resultado es impredecible.

En lo geopolítico, sí sabemos que España, como el conjunto de Europa, no puede seguir en la permanente ingenuidad de depender de un gas ruso que compromete a la locomotora europea, Alemania, que depende de él en un 60%, por no hablar de una España que acaba fijando el precio del kilowatio en función de un gas que tiene su origen o se transporta a través de países ajenos a la Unión Europea y que son poco de fiar. Mientras tanto, Alemania se permitió el lujo infantil de poner fin a su programa nuclear, aunque contaba con tecnología propia, y España se lo ha jugado todo a unas energías renovables, que sin duda son el futuro, pero que ahora no tienen capacidad de almacenamiento y suministro.

Con esta geopolítica de insensatos tendremos que afrontar una crisis económica, resultado de una guerra que nos ha llegado sin habernos recuperado de la pandemia del coronavirus. Una crisis que disparará la inflación a unos máximos que solo hemos conocido los que vivimos en los años setenta, y que no habrá manera de controlar si no se rebaja el precio de la energía. Hasta ahora, la inflación ha subido hasta el 6,5%, el nivel más alto en 29 años. “La recuperación será más lenta y la creación de empleo se reducirá”, nos advierte el profesor Luis Garicano y otros economistas de prestigio, quienes nos recuerdan que para nuestra desgracia, la UE importa el 41 % de su gas de Rusia.

En estos momentos de incertidumbre política y económica, solo nos faltaba recrearnos en crisis internas, como la última del PP o la nunca cerrada por el ultranacionalismo catalán, al que también apoya Putin y sus mariachis, o que en el gobierno de turno se sienten ministros que todavía no han distinguido quién es el malo de esta película.

Esto es lo que hay. “No a la invasión”, que “No a la guerra” es un eufemismo, que pone a invasores e invadidos en el mismo plano.  

P.D. Después de escribir este artículo el Parlamento Europeo aprobó una resolución con el 90% de los votos condenando la invasión de Ucrania por la Rusia de Putin. Entre los que se abstuvieron o votaron en contra, los diputados de Izquierda Unida y de Anticapitalistas (grupo de ultraizquierda integrado en Podemos). IU y Podemos tienen ministros en el gobierno de Pedro Sánchez.

El viernes por la mañana en el programa de Carlos Herrera, Pablo Casado presumía cuando todavía pensaba que podía doblar el pulso a Ayuso: “Yo no permitiría que un hermano mío cobrara 300.000 euros por un contrato adjudicado por mi Consejo de Ministros”. Así lo reflejó el  periodista responsable del twitter oficial del PP, quien poco después dimitió. Esa misma noche, accediendo a las demandas de los barones de “arreglar esto como sea”, Casado se reunió con Ayuso en Génova y aceptó las explicaciones de la presidenta madrileña, que en meses anteriores no le habían valido: que el hermano de Ayuso  no cobró ninguna comisión sino que todo fue un pago de 55.850 euros desde una empresa privada por su trabajo como agente comercial en el sector de la sanidad, y en el que llevaba trabajando desde hace veinte años. Apenas habían pasado seis horas entre una y otra respuesta. Expediente sancionador aparentemente liquidado, como epílogo a un viernes negro, en el que el PP sufrió una voladura descontrolada por parte de la dirección nacional que preside Pablo Casado con el general secretario Teodoro García-Egea en la sala de máquinas, provocando no solo la estupefacción entre sus militantes y dirigentes regionales, sino del propio electorado. Así lo prueba  que este mismo domingo  miles de simpatizantes se manifestaban en contra de la dirección popular en la puerta de Génova, 13, en mayor número incluso que cuando se han celebrado victorias electorales desde el balcón genovita. Es lo nunca visto.

Pablo Casado quedó herido de muerte.  A estas alturas, y sin perjuicio de que Casado logre el respaldo de los órganos de dirección de su partido, que todo es posible, su carrera política ha terminado porque un líder político al que sus votantes le pierden el respeto, no está en condiciones de debatir con nadie, ni con Sánchez. Casado es el primer perdedor de esta crisis, conceda o no la cabeza de Teodoro Egea, asunto que ya es irrelevante. Lo peor ha sido su mala gestión, desde el minuto 1 en que Ayuso ganó con la gorra las elecciones en Madrid, porque en Génova lo vieron como una amenaza a la carrera de Casado hacia la Moncloa en lugar de utilizarlo de plataforma. Por ello, el PP es el gran perdedor de esta batalla fratricida, todavía peor que la que obligó a la refundación de este partido tras el fiasco de Antonio Hernández Mancha.

Lo patético del caso es que mientras entre los populares no hay ganadores, ni la propia Ayuso, porque en el mejor de los casos tendrá que dar más explicaciones que hasta ahora, y ver lo que ocurre con las demandas que le han interpuesto en los juzgados, sí hay directos beneficiarios de este culebrón, lo que hace sospechar a muchos dirigentes populares sobre el origen de la munición contra Ayuso. Y el espionaje posterior más propio de un tebeo de Mortadelo y Filemón, agentes de la TIA.

El primer beneficiado es Sánchez, que de un plumazo se ha quedado sin una oposición con posibilidades reales de sacarlo de La Moncloa. Y así lo pone en evidencia el panel de hoy de Sigma Dos para El Mundo, según el cual el PP cede el primer puesto al PSOE tras perder 4,2 puntos y 19 escaños el día del estallido del conflicto. Los electores populares, que mayoritariamente dan el respaldo a Ayuso, se manifiestan indignados con la dirección por cómo se ha llevado el asunto. Solo los votantes de PSOE y Unidas Podemos dan la razón a Casado, lo que demuestra lo errado de su cálculo estratégico.

 El otro ganador de la crisis es Vox y su líder Santiago Abascal, que superan por primera vez el 20% de los votos y se sitúa a solo 1,8 puntos de los populares. Es decir, y ahí está para mí la principal conclusión después de este sainete, es que a pesar de la autoinmolación del PP, el partido de Abascal sigue sin ser una alternativa real que dispute la presidencia a Sánchez, como bien sabe el actual presidente del Gobierno que tantas veces ha favorecido la visibilidad de este partido de derecha radical en detrimento de un centro-derecha moderado. Para Sánchez esta guerra civil entre los populares es un regalo inesperado, porque con Abascal como jefe de la oposición aparentaría que el que se centra es él, a pesar de que ha dado suficientes muestras de acceder a las políticas radicales de sus socios de legislatura por conservar su colchón en La Moncloa.

Pero, en España, por su sistema electoral, ningún partido que renuncia a ocupar la centralidad del tablero político puede aspirar a gobernar.  Y Vox no está en esa línea, por lo que difícilmente puede liderar con éxito a una alternativa de gobierno.

Por tanto, por muchos cascotes que hayan caído sobre el edificio del PP, este sigue siendo un partido necesario para la democracia española, que no se puede permitir el lujo de ser “sorpaseada” por un partido de extrema derecha; porque España no es Francia, ni Italia, ni Hungría, ni ninguno de esos países tiene en la memoria reciente una guerra civil. En España podría darse, porque así lo exija la aritmética y el secular disenso de nuestras principales fuerzas políticas, un gobierno conservador que tenga adentro a populistas de derechas, como ahora tenemos a otro que da asiento a populistas de izquierdas, pero eso es diferente a ganar unas elecciones y presidir un gobierno desde los extremos.

El PP necesita volver a ser un partido de gobierno, y para ello debe hacer tabla rasa con lo sucedido en su semana trágica,  lo que inhabilita no solo a Casado sino también a Ayuso, que es la favorita de las bases, aunque tendría menos posibilidades fuera de su zona de confort en Madrid y alrededores. Por ello todos apuntan a un congreso extraordinario al que acudiera un solo candidato, que sería elegido por aclamación.  El personaje solo es uno: Alberto Núñez Feijóo, el político que fue capaz de dar la batalla a Vox, a Sánchez y al nacionalismo gallego, a la vez, en un admirable ejercicio de transversalidad. El problema es que Feijóo está muy cómodo en Galicia, donde disfruta de una holgada mayoría absoluta y el respeto general de sus paisanos, y lo único que ahora ve en Madrid es una piscina llena de pirañas. Les va a costar convencerlo.

Pero esto es lo que hay.  España, a día de hoy, y así lo dicen los estudios demoscópicos, está sin alternativa real al sanchismo y eso no es bueno para el sistema. ¡Vamos a ver si Sánchez no acaba adelantando las elecciones, aprovechando cualquier folloncito con ERC!  

Prosperó la mini-reforma laboral de Yolanda Díaz, pactada con los sindicatos de clase y Garamendi, sobre la reforma laboral de Fátima Báñez ,y en la Carrera de San Jerónimo vivimos un sainete digno del Madrid castizo de Carlos Arniches. En el papel de El Amigo Melquiades, un señor de Trujillo llamado Alberto Casero, que hasta el jueves no le conocía nadie, y desde el jueves nadie va a querer conocerlo. Sucedió que el amigo Melquiades, digo Casero, se encontraba con un poco de fiebre, según su versión, y se quedó en su casa de Madrid en lugar de acudir al Congreso para ejercer su derecho a voto en una de las leyes más importantes de la legislatura, no tanto por el fondo como por la geopolítica que ha llevado su aprobación. Casero, que dicen es un experto del Siglo de Oro y de Lope de Vega, pero debe ser un manazas con el ordenador, se lio con los botones y votó a a favor de la reformita, siendo a la postre decisivo para su aprobación. Aunque se personó a la carrera en San Jerónimo para subsanar su error, la presidenta del Congreso, que para entonces ya sabía de la importancia de su voto, porque había trascendido que los dos diputados navarros de UPN  no iban a seguir las instrucciones de su partido, impidió cualquier corrección, comprometiendo para siempre su papel institucional como presidenta de la Cámara, para lo que quede de legislatura.

Si Alberto  Casero es el primer damnificado por este sainete, Meritxell Batet es la segunda, porque con su decisión de no convocar de urgencia a la Mesa del Congreso, para decidir sobre la cuestión, abre de par en par la puerta de una reclamación al Tribunal Constitucional por el diputado afectado, que no habría tenido recorrido jurídico si esta se hubiera reunido, aunque fuera para decirle a Casero que verdes las han segado. A pesar de ser una antigua profesora de Derecho Constitucional, Batet escribió este sainete con los reglones torcidos.

Un tercer damnificado es Teodoro García Egea, el general secretario del PP, para quien trabaja directamente el señor de Trujillo. Al fontanero se le ha ido la mano y ha inundado al camarote del señor Casado, que si no le sale el domingo su estrategia en Castilla y León, como dicen las encuestas, va a ser cuestionado otra vez por su partido, porque habría fracasado en su pulso con Vox. Cambiar a Ciudadanos por Vox, como socio de gobierno en la vieja Castilla, no sería un buen negocio para Mañueco; y peor para Casado, porque como le ha ocurrido a Sánchez con indepes, bilduetarras y comunistas 2.0, le alejan de la centralidad desde la que siempre se ha gobernado España.

Una cuarta damnificada  es Yolanda Díaz, que se libró por una torpeza del ridículo completo, pero que no tenía motivos para los efusivos abrazos que repartió en el banco azul, como si le hubiera tocado el Euromillones. El partido de Díaz prometió (“no quedarán ni los palos del sombrajo de la reforma laboral”, dixit el portavoz de Podemos, Echenique) lo que no ha podido conseguir, porque una cosa es hacer populismo desde el monte y otra gobernar, especialmente cuando con esta reforma laboral de Báñez-Rajoy se han creado y se siguen creando millones de puestos de trabajo.  Como consuelo, el nuevo tratamiento del empleo temporal, que ciertamente exigía una vuelta (aunque puede ser negativo lo aprobado para la contratación en turismo y en el campo), elevar el papel de los sindicatos en la negociación colectiva y evitar que España siga siendo cada días más desigual, por el peso de los nacionalistas, no aceptando la prevalencia de los convenios regionales sobre los estatales, lo que ha costado el no del PNV.

Hay también ganadores, y por este orden:

Pedro Sánchez, que ha dado a la superficial y tierna Yolanda unas lección de geopolítica al haber negociado personalmente con Ciudadados, y así despejar el camino en caso de que su ministra de Trabajo se viniera de vacío de su reunión en Barcelona con Pere Aragonés, puenteando encima a Gabriel Rufián. Sánchez ha demostrado a quien quiere ser su alter ego en las próximas elecciones, cómo se negocia en el barro. Y de ello él sabe bastante, porque no tiene reglas, ni barreras morales.

Gana también Inés Arrimadas en su último intento de visualizar a Ciudadanos como bisagra entre PP y PSOE, ahora que todas las encuestas le dan por sentenciado. En Castilla y León y Andalucía tendremos más datos sobre si se ratifica esa tendencia, que puede decidir el Ayuntamiento de Guadalajara en la próxima legislatura. Ojo al dato.

Semáforo de actualidad:

ROJO para Antonio Sanz Villaverde, gerente de Atención Primaria de Guadalajara, compartido con el consejero de Sanidad, Jesús Fernández, por no haber aceptado el ofrecimiento de los médicos jubilados de Guadalajara para colaborar precisamente con este servicio de proximidad, y que es el más resentido de las consecuencias derivadas de la pandemia. El Colegio de Médicos ha declarado que «sorprende que el SESCAM haya rechazado públicamente el ofrecimiento y más cuando en otras ocasiones ha pedido que se incorporaran liberados sindicales a tareas asistenciales. Nos consta que en otras Comunidades Autónomas sí han valorado esta posibilidad”. No han explicado por qué no ha sucedido lo mismo, aquí.  

ROJO para todos los partidos políticos que han metido sus narices en el veredicto para ir a Eurovisión, porque han demostrado tener muy poco que hacer para lo que nos cuestan. El remate lo ha puesto una diputada de Unidas Podemos, Carolina Alonso, que ha llegado a preguntar a Isabel Díaz  Ayuso por qué unas gallegas llamadas Tanxugueiras no han sido las ganadoras. Decisión que, como bien saben mis lectores, es una competencia muy clara del gobierno de la Comunidad de Madrid. Otro sainete más.  

Semáforo de actualidad:

ROJO, para la ministra de Igualdad, Irene Montero, porque por sus últimas declaraciones sobre la crisis en Ucrania, diríase que quien amenaza con una invasión es Ucrania contra Rusia y no al revés. La ministra podemita recuperó la consigna del “No a la guerra” para referirse a las medidas disuasorias que la OTAN y las democracias occidentales han puesto en marcha para tratar de frenar la invasión, sin hablar una palabra de los cien mil soldados que el autócrata Putin ha movilizado en la frontera de Ucrania, aprovechando la debilidad del liderazgo de Joe Biden, acreditada en la retirada de Afganistán y la orfandad de la Unión Europea tras la retirada de Ángela Merkel. Pero para alguna ministra, los responsables de la escalada de tensión son los que advierten al nuevo zar de la Gran Rusia que no vuelva a hacer como con Crimea, según el discurso de esta ministra del Reino de España, quien añadió que las sociedades “española, vasca y catalana” no están por las guerras, obviedad que denota la idea de España que tiene esta mujer. En contraste con esta posición, los portavoces del Gobierno en este asunto (que no ha sido Sánchez), la ministra de Defensa Margarita Robles y el titular de Exteriores, José Manuel Albares, están teniendo una actitud coherente y responsable con un país occidental que pertenece a la OTAN, porque así lo decidió en referéndum el pueblo español. Pero claro…el Gobierno se le descose a Sánchez en la primera crisis internacional que afronta, aunque estas cosas pasan cuando te sientas en el consejo de Ministros con comunistas bolivarianos que estaban ideológicamente en el otro lado de ese telón de acero (Churchill, dixit) que quiere resucitar Putin y sus oligarcas, para los que Ucrania es su patio trasero.

AMARILLO para Sara Simón, edil de Festejos, a quien hay que reconocer su empuje y que no es de esos políticos que ante la adversidad se quedan quietos. El Navilandia es una buena idea para reactivar la actividad económica y lúdica en las fechas navideñas, ya lo sabemos por el original de Torrejón de Ardoz, aunque su resultado no ha sido el esperado,  por la asistencia de público: en las casas de comida no había casi nunca nadie y las atracciones estaban más paradas que en funcionamiento por la falta de clientes. Han influido negativamente dos cosas: se han hecho muy largos esos 44 días de apertura y el bolsillo de los padres no es infinito. También el aumento de los casos por el Ómicron alejó a la gente de fiestas, cachivaches, vermuts y saraos varios. La experiencia también demostró las pocas posibilidades de La Concordia como recinto ferial, aunque se sembrara el parque de  generadores de petróleo para conseguir energía, lo que no se compadece con los actuales criterios de sostenibilidad. Así que dejo el semáforo en amarillo, porque no sabemos si evolucionará al verde o al rojo.

VERDE para Carlos Zorzo, vocal de los médicos jubilados del Colegio Oficial de Médicos de Guadalajara, y promotor del llamamiento a sus compañeros a colaborar, dada la situación de emergencia por la que pasa la asistencia Primaria, como dejó sentado la Junta de Personal del Sescam. A esta llamada respondieron once médicos  jubilados, que han puesto a cambio condiciones que parecen  asumibles por el Sescam. Solo con que pudieran echar una mano con las bajas laborales, que están colapsando la atención primaria en España, ya serían de gran ayuda. Están esperando una respuesta.  

ROJO para Caixabank, porque ha reducido su servicio  en Cogolludo a la mínima expresión en su política de alejarse más y más de esa España vaciada. Según el Ayuntamiento, en Cogolludo hasta hace unos meses, la oficina de La Caixa abría 5 días por semana para atender a los vecinos de la comarca. De un tiempo a esta parte, debido a la baja de la persona que atendía dicha oficina, este servicio ha pasado a depender de la oficina de Jadraque, de modo que solo presta servicio un día a la semana, en concreto los miércoles, día de mercado en la villa. Y así, a las primeras de cambio, el pasado miércoles se pudo observar cómo se agolpaba la gente en las puertas de la sucursal. Colas y fuertes demoras en la atención al público provocaron que personas de más de 80 años tuvieran que permanecer en la calle más de dos horas. Y a quienes no les dio tiempo, a esperar a la semana que viene o desplazarse en vehículo particular a Jadraque, Yunquera o Guadalajara. En el mejor de los casos a más de 20Km.

La apuesta de los bancos por internet no tiene vuelta atrás, ya lo sabemos, pero hay que tener respeto a los más mayores de una generación que no tienen capacidad para manejarse solos en la banca digital. Aunque solo fuera porque contribuyeron a que en España surgiera una red de crédito popular, como fueron las cajas de ahorros, de las que nacieron y crecieron entidades como Caixabank. Porque allí, en Cogolludo, era Caja de Guadalajara.

No se puede cuadrar balance tirando siempre de la misma cuerda: reducir la atención al medio rural.

Un 31 de enero, poco antes de la medianoche, fue enviado a los estados miembros de la UE un borrador en el que se propone la etiqueta verde para las centrales nucleares y de gas con el objeto de financiar las instalaciones que contribuyan a luchar contra el cambio climático.

La Unión Europea tiene el compromiso de reducir en un 55% la emisión de gases de efecto invernadero para 2030, hay en toda Europa una clara apuesta por las energías renovables, singularmente en España, pero se plantea un problema en este periodo de transición: las renovables no tienen capacidad técnica de almacenamiento de esa energía -lo  mismo que sucede con las pilas de los coches, todavía en mantillas- con lo que la UE quiere buscar una alternativa temporal en las nucleares y el gas, para no estar sometidos a un mercado inestable con constantes fluctuaciones de precios.

Así las cosas, han sido los dos países que lideran la Unión Europea, Francia y Alemania, los promotores de esta iniciativa. En el caso de Francia, es toda una potencia nuclear con tecnología propia, que abarca a toda la industria nacional, una tecnología que les garantiza algo que siempre he admirado de los franceses: su capacidad para ser autónomos en el concierto internacional desde De Gaulle, pasando por Mitterrand y ahora Macron. Distinto es el caso de Alemania, que fía esta transición al gas, porque por la privilegiada relación de Merkel con Putin, llegó a acuerdos muy interesantes para la distribución del gas ruso a través de su territorio en unas condiciones que no tenemos los demás.

¿Y qué ha hecho España? Pues lo de siempre, demostrar una vez más que en un país sin política energética, y que con este gobierno se apunta a la versión más radical sobre cómo realizar esa transición, para que a la luz de los españolitos no quede en evidencia la carencia absoluta de una política autónoma. Así, nuestra ministra Ribera se opone a que ambas energías tengan temporalmente la etiqueta verde, porque, más papista que el Papa, sostiene que la nuclear y el gas “deben ser tratadas de forma aparte y no como verdes, donde están otras energías claves para la descarbonización y sin riesgo de daño ambiental”.

Para un país, como España, que ha apostado todo al rojo por las energías renovables este discurso podría ser coherente, pero siempre que llevara consigo una alternativa para ese periodo de transición hacia ese horizonte descarbonizado. Porque de lo contrario, España quedará expuesta a una mayor inestabilidad en los precios de la luz, que puede arruinar a las economías domésticas y la competitividad de nuestra industria. Y la señora Ribera, de lo que vamos a hacer hasta entonces, no ha dicho ni Pamplona. Aunque ya lo suponemos: no quieren continuar con las nucleares, pero no tendrán inconveniente en comprar a Francia toda la energía que haga falta cuando aflojen las fotovoltaicas, aunque esta sea de origen nuclear; y más cara.  En el caso del gas, hay que recordar que en este lío por el que se fijan los precios del kilovatio/ hora, el último indicador que vale es el del gas, lo que acentuará nuestra dependencia del gas argelino, que pasa por Marruecos, dos países en situación prebélica por el conflicto del Sahara, lo que demuestra la insensatez de depender de ellos. ¡Una estrategia de locos!

El borrador de la UE ha sido celebrado por la industria nuclear española y eso nos afecta. En el sector confían que si el proyecto prospera, puedan contar con una mejor fiscalidad para realizar inversiones, algo muy importante para una provincia como Guadalajara, que tiene una central nuclear con un permiso de explotación que vence el 17 de noviembre de 2024. Hasta ahora, la propiedad de CN Trillo no ha anunciado si va a solicitar o no esa prórroga del permiso de explotación, que requerirá una importante inversión en seguridad, porque ahora alegan que están perdiendo dinero y quieren que la fiscalidad no les penalice, como en la actualidad, al no producir gases de efecto invernadero. Yo supongo que será algo que se tenga que resolver con el tiempo, porque España no se puede permitir prescindir de sus plantas nucleares, con carácter inmediato, sin que los precios del gas se descontrolen más. Y como guadalajareño, no quiero pensar cómo influiría en la economía provincial liquidar 150 puestos de trabajo directos, y varios centenares indirectos. Pero, a día de hoy, esto es lo que hay. Solo nos dejan gestionar los residuos. Que no tienen valor añadido.

Por lo tanto, incertidumbre por el corto y medio plazo.  Ojo al 17 de noviembre de 2024. Que cada día está más cerca.

¿Pero qué se piensan algunos que debe decir un monarca constitucional en un mensaje navideño?  A los extremos no les ha gustado. Unos declinaron hacer comentarios, porque pensarían que el rey, como si fuera el jefe de la oposición,  debiera haberle afeado personalmente a Sánchez su alianza con independentistas y bilduetarras; y desde la otra línea del frente -porque frente es, como el del Ebro; en dividir a la sociedad hemos avanzado lo suyo en 2021- creerían que don Felipe debería haber renegado de su padre para siempre – aunque ya no forma parte de la Casa Real-,y haber proclamado, ya, de paso, la República en la Nochebuena.

Pero Felipe VI estuvo en su sitio, el que le marca la Constitución, y nos leyó un discurso impecable, en el que se acordó de todo lo que se tenía que acordar -desde La Palma a los sanitarios, la economía, la ciencia o el estado del Bienestar-; discurso que construyó con una clave de bóveda, la Constitución española, porque con su reivindicación está recordando que su arquitectura da soporte a la propia nación española, cuya soberanía reside en el conjunto del pueblo español, y de la que cuelgan los derechos y libertades de todos los españoles. Así lo evocó el monarca al recordar que con la Constitución “nos integramos plenamente en las modernas democracias occidentales y cuyo espíritu nos convoca a la unidad frente a la división, al diálogo y no al enfrentamiento, al respeto frente al rencor, al espíritu integrador frente a la exclusión; nos convoca permanentemente a una convivencia cívica, serena y en libertad”.

Es así que los que aprovecharon las conductas inapropiadas de su padre, en una etapa muy concreta de su vida, para descalificar a la monarquía y tacharla de “epicentro de relaciones ilegales”, como dijo  con gran pomposidad el portavoz de uno de los dos partidos de Gobierno – olvidándose de las corrupciones de toda índole que han salpicado la vida política española-, lo que en el fondo están diciendo es que les estorba un monarca que ha dado sobradas muestras de estar dispuesto a defender la Constitución y sus principios, como lo hizo con motivo del golpe de Estado que los independentistas intentaron en Cataluña, y del que sin arrepentimiento alguno volverán a repetirlo tan pronto como puedan. Ya sabemos que sin Felipe VI al frente, como Jefe del Estado, lo tendrían esa vez más fácil.

Pero han sido los amigos de los etarras de Bildu (que próximamente van a elevar a su dirección al último jefe de ETA, David Pla), los que con su desparpajo habitual destapan lo que hay detrás de este nuevo ataque contra el monarca: “Hay una operación para que todo siga como si nada”. Y, claro,  eso es ciertamente intolerable cuando ahora estamos en otra estrategia: cómo hacer para que a pesar de la derrota de ETA por el estado democrático, llegue un tiempo político nuevo en el que triunfen sus ideales políticos, contra los que combatieron casi 900 españoles que reposan en el cementerio; para siempre. Por eso van a poner a David Pla al frente de Sortu, junto con una cuadrilla de terroristas de ETA, para acabar el trabajo, y por eso estarán dispuestos a dar al gobierno de Sánchez el soporte parlamentario que haga falta con tal de conseguir lo que no lograron con las bombas lapa.

Es por lo tanto indispensable que en unos momentos de tanta incertidumbre, donde todo está en cuestión, el Rey salga en Nochebuena a recordarnos que esta larga etapa democrática, que nos ha traído el mayor periodo de prosperidad y libertad de nuestra historia, y que los más extremistas intentan demoler, se logró por «una Constitución que ha sido y es la viga maestra que ha favorecido nuestro progreso, la que ha sostenido nuestra convivencia democrática frente a las crisis, serias y graves de distinta naturaleza, que hemos vivido, y merece por ello respeto, reconocimiento y lealtad”. Palabra de rey.

Lealtad ; esa es la palabra, la que no gastan los partidos que la desprecian, porque en el fondo alientan un proyecto totalitario. Pero el problema es que estos partidos que cargan contra la Constitución,  lo hacen porque saben que es el último obstáculo que tienen en el desmontaje de esa arquitectura que nuestra norma fundamental soporta, y sobre la que pende, lisa y llanamente, España.

Ultras y radicales los hay por toda Europa. La novedad, en España, es que los que andan ocupados en la demolición de la Constitución no son unos antisistema cualquiera; son los aliados parlamentarios de un gobierno español con un presidente que se llama Pedro Sánchez.

Valoraciones tras el discurso del rey:

“Citó más que nunca la Constitución, porque sabe  que es un pilar fundamental para mantener la monarquía. Es una operación para que todo siga como si no hubiese pasado nada”. Mertxe Aizpurua (Bildu):

“Creemos que la monarquía en nuestro país ha servido como epicentro de relaciones económicas ilícitas e ilegales” Isa Serra, Podemos.

“El rey ha hecho un discurso vacío”, Pere Aragonés, ERC.

“El rey ha acertado tanto en el diagnóstico de los problemas como en la forma de reaccionar ante los mismos”. Cristina Narnoba, presidenta PSOE.

“El rey está cumpliendo de forma intachable la hoja de ruta de una monarquía parlamentaria del siglo XXI”, declaración del PP.

“Llamamos la atención a Pedro Sánchez para que pueda aprender del mensaje de Felipe VI de estar con opciones políticas que defiendan y representan los valores constitucionales y que se alejan de sus socios que lo único que pretenden es atacar al Jefe del Estado y al Estado y acabar con España”. Declaración de Ciudadanos.

Vox no emitió valoraciones.

PD.- Un día después del discurso del Rey, uno de los principales aliados del Gobierno, Pere Aragonés, presidente de la Generalitat, en su discurso navideño que dio por San Esteban, dejó muy claro, además de pedir a  Sánchez “autodeterminación, ya”,  dio por sentado que la Constitución no está en vigor en Cataluña cuando se ratificó en desacatar las órdenes de los tribunales sobre el derecho a recibir el 25% de las materias en español; y por si había alguna duda dejó muy claro un principio que los ultranacionalistas han sentado en todo lugar: “El modelo monolingüe es el núcleo de la nación catalana”. Así que ya saben lo que les espera a los que osen hablar en español. “Estad seguros, catalanes, de que vuestro lenguaje en el uso privado y familiar no será perseguido”. Como nos recuerda Arcadi Espada, esto lo dijo el jefe de las fuerzas de ocupación de Cataluña, Eliseo Álvarez Arenas; pero era en 1939 y acababa de ganar una guerra.   

Esto es lo que hay. Feliz Navidad a todos y mis mejores deseos para 2022. Y sean optimistas: peor es difícil que nos pueda venir.

En un ambiente de enfrentamiento que recordaba a las tormentosas sesiones parlamentarias de los años treinta, cuando casi nadie en España creía en una democracia parlamentaria, porque el fascismo estaba en auge y la izquierda abrazaba como solución a la revolución bolchevique, el parlamento español asistió esta semana a una de las sesiones más desalentadoras que uno recuerda.

Lo que ellos pretenden no es proteger el catalán sino perseguir al castellano. Porque como idioma vehicular del Estado Español, que es, aventuran que con su erradicación de Cataluña se desarticula ese mismo Estado al no poder comunicarse entre sí.  Todavía pasarán años hasta que lo logren, pero la hoja de ruta está trazada y, ahora, es adumida por una mayoría del parlamento.

En ese ambiente se debatió algo insólito para cualquier democracia europea. El caso de una familia española que dentro del territorio nacional tiene que ejercer de héroes para que se aplique la ley en su colegio público. Simplemente quieren que se reconozca ese 25% de castellano que figura en una sentencia del Tribunal Constitucional. Y han tenido que aguantar amenazas e insultos en las redes sociales, pero no solo de los totalitarios independentistas que como Camisas Pardas intentan imponer su pensamiento único en esa República Catalana que autoreclaman, sino que es el propio consejero del ramo (y representante del Estado en Cataluña) el que acude al colegio, pero no para respaldar la Ley y a la familia acosada, sino para alentar los escraches de los intimidadores. El sábado hay una manifestación de los independentistas, a la que acudirá el presidente de la Generalidad, nada menos, ¡y los sindicatos!, para reclamar una escuela en catalán, un idioma que en absoluto está amenazado por la sentencia del Constitucional. Los colegios catalanes tienen el 75% de su horario para cursarlo en catalán. Es por tanto manifiestamente falso el argumento del gobierno de la Generalitat, que se difunde como un mantra por los medios públicos que mangonean. (Es un ejercicio duro, pero muy recomendable, escuchar al menos una vez a la semana el telediario de TV3).

 No se dejen engañar por la propaganda. Lo que ellos pretenden no es proteger el catalán sino perseguir al castellano. Porque como idioma vehicular del Estado Español, que es, aventuran que con su erradicación de Cataluña se desarticula ese mismo Estado al no poder comunicarse entre sí.  Todavía pasarán años hasta que lo logren, pero la hoja de ruta está trazada y ahora es asumida por una mayoría del parlamento. ¿Cómo podrá sentirse español un niño de Badalona si en un futuro no se podrá comunicar con un niño de Puertollano sino en inglés, señora portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez?

El problema no es el castellano, el asunto de fondo es una política que han puesto en marcha los independentistas, con la complacencia de Sánchez, para desconectarse de España en todos los órdenes de la vida; y esto exige la persecución del idioma común y el de todos aquellos ciudadanos que reclaman una Cataluña bilingüe, porque ellos tampoco tienen cabida en la República Catalana. Que lo tengan muy claro. Y así sucede que uno de los argumentos vertebrales de estos presupuestos, con la que está cayendo, ha sido que el Gobierno tenga que acceder a imponer a las plataformas privadas audiovisuales (Netxflix, Amazón y compañía) un 0,75% de producciones en catalán, euskera y gallego, lógicamente a costa de reducir los contenidos en español, que marca la actual legislación.

Durante este debate identitario, Pedro Sánchez se escurrió por la gatera, renunciando una vez más  a buscar la centralidad que su partido cultivó desde la Transición, porque él está en otras cosas, aguantar como sea en La Moncloa, rodeado de socios de gobierno, separatistas o antisistema, que no tienen inconveniente en montar una representación en el Congreso, titulada Los Seis de Zaragoza, y en la que se descalificó a la Justicia por la condena a seis individuos por lesiones y atentado contra la autoridad. Ya se sabe que para la extrema izquierda cuando la Justicia no les da la razón es porque forman parte de un contubernio reaccionario y fascista. ¿Pero alguien se imagina un espectáculo similar en cualquier parlamento europeo que no sea el Ruso?

Dinamitados los valores de la Transición esto va a ir a más, y si se acaba juntando con una crisis económica profunda, de la que el precio del gas y la inflación, son solo indicadores de superficie, ya veremos como acaba; porque el simplismo populista y autotitario se retroalimenta en la otra orilla, como Sánchez siempre ha procurado para dar credibilidad a su discurso.

El maestro Raúl del Pozo lo ha definido con tanta lucidez que no me resisto a terminar con él: “Si el Gobierno sigue pactando con los separatistas, no se fortalece la monarquía parlamentaria y no se respeta la Constitución, esto se va al garete, es decir, a la deriva, sin rumbo, ni brújula”.

Pues esto es lo que hay.  

Buenos días, soy Santiago Barra, periodista, y quiero hacerles una breve reflexión sobre la importancia de contar con una Constitución plenamente democrática para favorecer la libertad de expresión.

Cuando yo comencé a ejercer profesionalmente el periodismo en Guadalajara, no existía Constitución. Y todavía recuerdo que en los días de cierre del Flores y Abejas, el delegado de Información y Turismo se pasaba por la imprenta para saber de los contenidos que iba a publicar el semanario al día siguiente.  Aunque con la ley de prensa 1966, impulsada por Fraga, se había eliminado la censura previa (ya no había que llevar los ejemplares del periódico a la Delegación de Información y solicitar la visa para repartirlos), todavía el director o en su defecto el redactor jefe debía de firmar media docena de ellos y así hacerse responsable de su contenido. Cuando no estaba Salvador Toquero en el cierre, como redactor jefe a mí me tocaba cumplir esa función.

Y en esto llegó la Transición; y empezó a cambiar todo vertiginosamente. Hasta tal punto es así, que incluso antes de ser aprobada la Constitución, el delegado de Información y Turismo dejó de aparecer por la imprenta los días de cierre, y su departamento empezó a ocuparse más del Turismo y menos de la Información. El cambio estaba en marcha.  Si hubo una profesión que tuvo muy claro la importancia de contar con una Constitución, para asegurar la libertad de expresión, ésa fue la de la prensa. Hasta el punto de que los medios comprometidos con el proceso democrático llevaron en volandas a la oposición a la dictadura.

 En la campaña del referéndum Constitucional muchos periodistas hicimos campaña por el “Sí”, y bastantes menos por el “No”.

Quiero recordar que, en Guadalajara, hubo un gran debate, porque no todo el mundo estaba convencido de la rentabilidad de un cambio democrático, que de momento tenía pendiente por resolver una gravísima situación económica (la inflación se disparó hasta un 20% anual), el paro subía y subía y se iniciaron las primeras reconversiones empresariales, tan dolorosas como inevitables. Para rematarlo todo, ETA mató todo lo que pudo en la campaña del referéndum, para favorecer precisamente ese rechazo de la mayoría silenciosa hacia la Constitución.

Por todo ello, no es de extrañar que en Guadalajara el “No” acabara reuniendo 11.505 votos, el equivalente al 14,14 % de los sufragios emitidos en la provincia. Una cantidad importante, que alguna prensa nacional destacó negativamente, aunque yo me quedé con otro dato: que el 82% de los que fueron a votar respaldaron un texto que nos traería valores como la libertad, la justicia y el estado de derecho. Y que los sucesivos gobiernos deberían desarrollarlos a partir de esa Constitución, para que derechos y libertades no se queden en el puro nominalismo. Y en esas estamos.

Pero que nadie se equivoque. La libertad no nace de los árboles y hay que luchar por ella todos los días. Porque no está garantizada y como la historia nos ha demostrado en Europa, populistas y extremistas de toda índole están al acecho. Y en este punto quiero citar al gran artista y exiliado chino Ai Weiwei, que nos recuerda en su último libro: “La discusión sobre la libertad ha caído en un punto ciego, especialmente en occidente, que piensa que la libertad es un estado conseguido. Gran error. La libertad sólo existe en los esfuerzos de luchar por la libertad, y el valor de la libertad solo existe según el nivel de dificultad encontrada al luchar por ella. Cuando la gente afirma que es libre no sabe qué quiere decir. La libertad negativa no existe. La libertad es algo individual que se debe corresponder con lo colectivo. Sin esta condición previa, no hay libertad”.

A España, a Guadalajara y a Castilla-La Mancha esa libertad nos la trajo la Constitución del 78, impulsada por el pueblo español, que para ello logró unos niveles de consenso como nunca se consiguió en las constituciones más partidistas que tuvimos en el siglo XIX. No lo olvidemos cuando tengamos que reformarla. 

Este texto forma parte de la intervención de Santiago Barra en el acto institucional con motivo del Día dela Constitución, que ha tenido lugar el 6 de diciembre de 2021.

Las enmiendas de ERC y Podemos encajadas en la Ley de Memoria que patrocina Pedro Sánchez, no tienen ningún fondo jurídico sobre la Ley de Amnistía. Ni tampoco irán a ninguna parte. Como reconocen sus autores, aunque en la práctica cualquier acto criminal perpetrado bajo la Dictadura podría ser juzgado y condenado, este tipo de juicios no se realizarán porque los posibles acusados o han fallecido o tienen edades muy elevadas y, además, la Constitución prohíbe la retroactividad de las leyes penales desfavorables.

Por tanto, esta reforma de la Ley de Amnistía de 1977 es un recurso propagandístico para poner el foco nuevamente en un franquismo sobrevenido y salpicar a toda la derecha, y así tapar los graves problemas económicos y políticos que ocupan la agenda diaria de los españoles, pero también por dar otra interpretación al sentido que tuvo esa ley de Amnistía, y confundir a las nuevas generaciones. Porque si escuchamos a los promotores de las enmiendas, parece que la Ley de Amnistía fue una argucia del tardofranquismo (en Guadalajara la primera manifestación legal de la oposición democrática fue por la Amnistía, el 11 de julio de 1976), para librarse de cualquier responsabilidad penal, y que solo tenía a ellos como beneficiarios. Pero los que quieran bucear en la historia de la Transición verán que no fue así. De hecho, recuerdo que el presidente del Gobierno Adolfo Suárez no dudó en acarrear con una gran impopularidad entre gran parte de su electorado, que no se explicaba cómo con esta ley de Amnistía terroristas de ETA, el Grapo o el Frap ponían los pies en la calle sin haberse arrepentido o haber perdido perdón por ello. El estrambote que Suárez pagó caro en su popularidad fue ver cómo semanas después alguno de ellos volvía a la clandestinidad y se ponía a disposición de ETA para cometer nuevos atentados. Tras esta reforma ¿se van a perseguir estos crímenes de ETA, Grapo o Frap que fueron amnistiados en virtud de la ley de 1977?, preguntó en el senado el secretario tercero de la Mesa, Rafael Hernando.

Adolfo Suárez, con gran sentido histórico, hizo lo que más convenía a España, sin pararse a pensar en si a él le convenía o no también, todo un ejemplo para otros presidentes que no dudan en poner en solfa la historia de España, y la de su propio partido, con tal de mantener una coalición parlamentaria imposible con partidos que odian a la Transición y en consecuencia su obra política, que culminó con la Constitución de 1978. Por ello, cuando se debatió la Ley de Amnistía en el parlamento, el portavoz más cualificado del PCE de entonces, que defendió la reconciliación de los españoles, dijo: “Nosotros considerábamos que   la pieza capital de esta política de reconciliación nacional tenía que ser la amnistía. ¿Cómo podríamos reconciliarnos los que nos habíamos estado matando si no borrábamos ese pasado de una vez para siempre? Nosotros, los comunistas, que tantas heridas tenemos, hemos enterrado nuestros muertos y nuestros rencores. Y estamos resueltos a caminar hacia delante en esa vía de libertad, paz y progreso”. Eso lo dijo en 1977 el fundador de CC.OO y portavoz del PCE para este debate, Marcelino Camacho. El 14 de octubre de 1977, la Ley de Amnistía salió aprobada por una amplia mayoría (solo se abstuvo AP), como sucedió con todos los acuerdos importantes logrados en la Transición, en contraposición con las exiguas mayorías parlamentarias que se estilan, ahora, m´ás propias de los parlamentos frentistas anteriores a nuestra guerra civil. Esto es lo que hay, porque algunos están empeñados en reescribir nuestra historia, mientras a la gente de la calle lo que le preocupa es el precio de la luz y cómo se las ingenian para llegar a fin de mes en un escenario inflacionista, que fue la principal amenaza económica de esa Transición de la que les hablo. “¿Para esto ha venido la democracia?”, tenía que escuchar todas las mañanas Suárez en los medios de comunicación. Y su ministro de Economía, Enrique Fuentes Quintana, comenzó a dar forma a lo que se llamaron los Pactos de la Moncloa, otra vez firmados por todos (partidos políticos, sindicatos y patronal) el 25 de octubre de 1977.

Semáforo de actualidad:

ROJO, para Teodoro García Egea, secretario general del PP, por creer que el PP nacional es el PP de Murcia, al que está afiliado. El general Teodoro, además de liarla en su partido por no reconocer a Díaz Ayuso lo que a otros presidentes de su partido, agitando una crisis de impredecibles consecuencias, ha dejado en muy mal lugar a Paco Núñez a la semana siguiente de ser elegido como presidente del PP de Castilla-La Mancha. No se le ocurrió mejor tarjeta de felicitación que llevar una enmienda al Congreso en la que se pide la derogación del Real Decreto por el cual el gobierno de Pedro Sánchez redujo el volumen máximo de agua que puede ser trasvasada desde los embalses de la cabecera del Tajo hacia Levante de 38 a 27 hm3 en nivel 2. Como ya he explicado en post anteriores, la medida en la práctica no va a suponer un quebranto para los envíos de agua hacia el Segura, pero pone racionalidad en la gestión del agua del trasvase al evitar que los niveles caigan por debajo de la línea que impediría cualquier derivación. Eso lo sabe hasta el Lucero del Alba, también el general Tedoro, por lo que su enmienda es puramente testimonial para evidenciar que el Memorándum del Trasvase está esculpido en mármol y es más inamovible que nuestra Constitución, por su supuesto.  Tan verdad es lo que digo: el Trasvase no está cuestionado por este Gobierno, que una semana después se ha aprobado un trasvase de 18 Hm3, de los cuales 10,5 Hm3 se destinarán a regadío. Y todo ello a pesar de que la cuenca del Segura cuenta con 64,85 Hm3 de agua trasvasada disponible en la cabecera del Tajo, cuyos pantanos deberían figurar mejor en el mapa de la Confederación Hidrográfica del Segura; y pronto también en la del Guadiana cuando empiecen los trasvases por la mal llamada “tubería manchega”. ¡Señor qué cruz, solo hay trasvases en España desde la cuenca alta del Tajo, con el agua que se recoge en la mitad norte de España! Pero esto es lo que hay.

Semáforo de actualidad:

VERDE: Para el Equipo Directivo del IES Liceo Caracense, por la sensibilidad y el tacto, no exento de coherencia, con el que han llevado el caso de la alumna que quería llevar el velo islámico en clase. En su carta a los alumnos de Bachillerato, dejaron claro que a pesar de que “se ha tratado de que parezca que existe un conflicto de discriminación religiosa o incluso racista», estamos «muy al contrario, ante un conflicto de soberanía democrática, esto es, de quién y de cómo se deciden las Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento (NCOF) en nuestro instituto». Por ello recuerdan que La Ley Orgánica de Educación establece que los centros de educación pública, en  el ejercicio de su autonomía de gestión, elaborarán y aprobarán sus NCOF de manera democrática y con la participación de todos los colectivos de la comunidad educativa, profesores, alumnos, familias y trabajadores no docentes, representados en el Consejo Escolar». Y se precisó: «Así es como se ha hecho siempre en nuestro centro, conforme a la ley, porque nadie tiene derecho a cambiar una norma sin contar con el resto de miembros de la comunidad educativa».

El asunto se llevó al Consejo Escolar, por sugerencia de la Consejería de Educación, y el órgano soberano del centro se ratificó por unanimidad en mantener la norma de no poder acudir a las clases con la cabeza tapada. Afortunadamente, todavía vivimos en un país democrático y aconfesional, y por ello la alumna musulmana, de nacionalidad española, podrá estudiar en otros colegios de Guadalajara que no tienen esta norma, si persiste en su postura de acudir a clase con el velo o hiyab.

VERDE: Para la Asociación Defiende Horche, por su valiente e inteligente actividad en la lucha contra las okupaciones masivas de viviendas en Horche, que acabaron degradando la convivencia en el pueblo. El empuje de esta asociación ha contribuido a que se movieran  las instituciones y agentes implicados, empezando por Caixabank, el banco propietario de la mayoría de los inmuebles, y que tras un negligente comportamiento inicial para impedir que los ocuparan, al final se ha decidido a tomar cartas en el asunto. Significar también el decidido comportamiento del alcalde de Horche, José Manuel Moral, que a pesar de militar en el partido gubernamental, puso por delante los intereses de su pueblo, se movió en el ámbito provincial y regional y  acudió a las manifestaciones con pancarta y un silbato, como un vecino más. El problema se ha solucionado en Horche casi en su totalidad, pero se ha trasladado a otros pueblos, porque las leyes favorecen las okupaciones de viviendas de grandes tenedores y el socio de coalición de Pedro Sánchez parece que también en esto ha trazado una línea roja, que no se atreve a saltar. Como demuestra el destino de la proposición no de ley que aprobaron las Cortes regionales y que el Gobierno no se ha dignado a tramitar, por lo que ha quedado en agua de borrajas.

VERDE: Para el Centro de Vacunación San José, que ha cerrado sus puertas tras siete meses de actividad, tiempo en el que se han puesto 190.000 dosis. Aunque en un periodo tan largo siempre pueden darse casos puntuales en los que se han cometido errores, creo que el balance general es muy positivo por parte de la consejería de Sanidad y las instituciones locales, provinciales y regionales que se han sabido coordinar para un servicio tan especial. También el agradecimiento a los deportistas y usuarios del San José, que no pudieron llevar a cabo su actividad normal, aunque lo primero era combatir esta horrible pandemia que, no lo olvidemos, se ha llevado por delante en Guadalajara a 660 de nuestros paisanos, la mayoría mayores. A partir de ahora, las vacunaciones seguirán en los centros de atención Primaria

VERDE: Para Emiliano García-Page, que ha sido reelegido con el 99,7% de los votos, secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha. No hay nada mejor como el triunfo electoral para lograr unanimidades  y la victoria del PSOE en las últimas elecciones autonómicas es comparable, en proporción, con la de Felipe González en 1982.  En ellas, Page absorbió a Podemos, que los tuvo en el gobierno cuando los necesitó, pero sin necesidad de asumir su ideario, como les pasa a otros. En su discurso de aceptación advirtió a los suyos sobre el populismo y el frentismo, que no casan con los intereses de su gobierno y de un político moderado y trasversal como él. También avisó, con el secretario de Organización del PSOE en frente: «Que nadie me ponga a prueba nunca entre los intereses de mi partido y los intereses de mi tierra, porque siempre voy a poner los intereses de Castilla-La Mancha por delante».  Pues seguramente va a tener pronto ocasión de demostrarlo, porque las comunidades más pobladas (empezando por Comunidad Valenciana y Andalucía, por citar solo a dos de distinto color) no parecen entender que para desacelerar el ritmo de despoblación en la España vaciada, hace falta más dinero que en las área pobladas, porque allí los servicios cuestan más. Si esto no se comparte, se está cuestionando el estado de las Autonomías y será el germen de nuevos partidos localistas y cantonalistas como en la I República. Trabajo va a tener el señor Page, porque sin una adecuada financiación, ¿para qué sirve Castilla-La Mancha?   

ROJO: Para Teodoro García-Egea, secretario general del PP,  que parece ser el ideólogo del ninguneo decretado por Génova 13 contra la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Después de su contundente triunfo electoral, que ha elevado a todo el PP en las encuestas, la dirección nacional del señor Casado, le niega a Díaz Ayuso un cargo -la presidencia del partido en su región- del que disfrutan el resto de presidentes autonómicos del PP. ¿Tanto teme el señor Egea a la presidenta madrileña como para haber provocado un escenario de división, que siempre es castigado por el electorado?