Semáforo de actualidad:

ROJO, para la ministra de Igualdad, Irene Montero, porque por sus últimas declaraciones sobre la crisis en Ucrania, diríase que quien amenaza con una invasión es Ucrania contra Rusia y no al revés. La ministra podemita recuperó la consigna del “No a la guerra” para referirse a las medidas disuasorias que la OTAN y las democracias occidentales han puesto en marcha para tratar de frenar la invasión, sin hablar una palabra de los cien mil soldados que el autócrata Putin ha movilizado en la frontera de Ucrania, aprovechando la debilidad del liderazgo de Joe Biden, acreditada en la retirada de Afganistán y la orfandad de la Unión Europea tras la retirada de Ángela Merkel. Pero para alguna ministra, los responsables de la escalada de tensión son los que advierten al nuevo zar de la Gran Rusia que no vuelva a hacer como con Crimea, según el discurso de esta ministra del Reino de España, quien añadió que las sociedades “española, vasca y catalana” no están por las guerras, obviedad que denota la idea de España que tiene esta mujer. En contraste con esta posición, los portavoces del Gobierno en este asunto (que no ha sido Sánchez), la ministra de Defensa Margarita Robles y el titular de Exteriores, José Manuel Albares, están teniendo una actitud coherente y responsable con un país occidental que pertenece a la OTAN, porque así lo decidió en referéndum el pueblo español. Pero claro…el Gobierno se le descose a Sánchez en la primera crisis internacional que afronta, aunque estas cosas pasan cuando te sientas en el consejo de Ministros con comunistas bolivarianos que estaban ideológicamente en el otro lado de ese telón de acero (Churchill, dixit) que quiere resucitar Putin y sus oligarcas, para los que Ucrania es su patio trasero.

AMARILLO para Sara Simón, edil de Festejos, a quien hay que reconocer su empuje y que no es de esos políticos que ante la adversidad se quedan quietos. El Navilandia es una buena idea para reactivar la actividad económica y lúdica en las fechas navideñas, ya lo sabemos por el original de Torrejón de Ardoz, aunque su resultado no ha sido el esperado,  por la asistencia de público: en las casas de comida no había casi nunca nadie y las atracciones estaban más paradas que en funcionamiento por la falta de clientes. Han influido negativamente dos cosas: se han hecho muy largos esos 44 días de apertura y el bolsillo de los padres no es infinito. También el aumento de los casos por el Ómicron alejó a la gente de fiestas, cachivaches, vermuts y saraos varios. La experiencia también demostró las pocas posibilidades de La Concordia como recinto ferial, aunque se sembrara el parque de  generadores de petróleo para conseguir energía, lo que no se compadece con los actuales criterios de sostenibilidad. Así que dejo el semáforo en amarillo, porque no sabemos si evolucionará al verde o al rojo.

VERDE para Carlos Zorzo, vocal de los médicos jubilados del Colegio Oficial de Médicos de Guadalajara, y promotor del llamamiento a sus compañeros a colaborar, dada la situación de emergencia por la que pasa la asistencia Primaria, como dejó sentado la Junta de Personal del Sescam. A esta llamada respondieron once médicos  jubilados, que han puesto a cambio condiciones que parecen  asumibles por el Sescam. Solo con que pudieran echar una mano con las bajas laborales, que están colapsando la atención primaria en España, ya serían de gran ayuda. Están esperando una respuesta.  

ROJO para Caixabank, porque ha reducido su servicio  en Cogolludo a la mínima expresión en su política de alejarse más y más de esa España vaciada. Según el Ayuntamiento, en Cogolludo hasta hace unos meses, la oficina de La Caixa abría 5 días por semana para atender a los vecinos de la comarca. De un tiempo a esta parte, debido a la baja de la persona que atendía dicha oficina, este servicio ha pasado a depender de la oficina de Jadraque, de modo que solo presta servicio un día a la semana, en concreto los miércoles, día de mercado en la villa. Y así, a las primeras de cambio, el pasado miércoles se pudo observar cómo se agolpaba la gente en las puertas de la sucursal. Colas y fuertes demoras en la atención al público provocaron que personas de más de 80 años tuvieran que permanecer en la calle más de dos horas. Y a quienes no les dio tiempo, a esperar a la semana que viene o desplazarse en vehículo particular a Jadraque, Yunquera o Guadalajara. En el mejor de los casos a más de 20Km.

La apuesta de los bancos por internet no tiene vuelta atrás, ya lo sabemos, pero hay que tener respeto a los más mayores de una generación que no tienen capacidad para manejarse solos en la banca digital. Aunque solo fuera porque contribuyeron a que en España surgiera una red de crédito popular, como fueron las cajas de ahorros, de las que nacieron y crecieron entidades como Caixabank. Porque allí, en Cogolludo, era Caja de Guadalajara.

No se puede cuadrar balance tirando siempre de la misma cuerda: reducir la atención al medio rural.

Un 31 de enero, poco antes de la medianoche, fue enviado a los estados miembros de la UE un borrador en el que se propone la etiqueta verde para las centrales nucleares y de gas con el objeto de financiar las instalaciones que contribuyan a luchar contra el cambio climático.

La Unión Europea tiene el compromiso de reducir en un 55% la emisión de gases de efecto invernadero para 2030, hay en toda Europa una clara apuesta por las energías renovables, singularmente en España, pero se plantea un problema en este periodo de transición: las renovables no tienen capacidad técnica de almacenamiento de esa energía -lo  mismo que sucede con las pilas de los coches, todavía en mantillas- con lo que la UE quiere buscar una alternativa temporal en las nucleares y el gas, para no estar sometidos a un mercado inestable con constantes fluctuaciones de precios.

Así las cosas, han sido los dos países que lideran la Unión Europea, Francia y Alemania, los promotores de esta iniciativa. En el caso de Francia, es toda una potencia nuclear con tecnología propia, que abarca a toda la industria nacional, una tecnología que les garantiza algo que siempre he admirado de los franceses: su capacidad para ser autónomos en el concierto internacional desde De Gaulle, pasando por Mitterrand y ahora Macron. Distinto es el caso de Alemania, que fía esta transición al gas, porque por la privilegiada relación de Merkel con Putin, llegó a acuerdos muy interesantes para la distribución del gas ruso a través de su territorio en unas condiciones que no tenemos los demás.

¿Y qué ha hecho España? Pues lo de siempre, demostrar una vez más que en un país sin política energética, y que con este gobierno se apunta a la versión más radical sobre cómo realizar esa transición, para que a la luz de los españolitos no quede en evidencia la carencia absoluta de una política autónoma. Así, nuestra ministra Ribera se opone a que ambas energías tengan temporalmente la etiqueta verde, porque, más papista que el Papa, sostiene que la nuclear y el gas “deben ser tratadas de forma aparte y no como verdes, donde están otras energías claves para la descarbonización y sin riesgo de daño ambiental”.

Para un país, como España, que ha apostado todo al rojo por las energías renovables este discurso podría ser coherente, pero siempre que llevara consigo una alternativa para ese periodo de transición hacia ese horizonte descarbonizado. Porque de lo contrario, España quedará expuesta a una mayor inestabilidad en los precios de la luz, que puede arruinar a las economías domésticas y la competitividad de nuestra industria. Y la señora Ribera, de lo que vamos a hacer hasta entonces, no ha dicho ni Pamplona. Aunque ya lo suponemos: no quieren continuar con las nucleares, pero no tendrán inconveniente en comprar a Francia toda la energía que haga falta cuando aflojen las fotovoltaicas, aunque esta sea de origen nuclear; y más cara.  En el caso del gas, hay que recordar que en este lío por el que se fijan los precios del kilovatio/ hora, el último indicador que vale es el del gas, lo que acentuará nuestra dependencia del gas argelino, que pasa por Marruecos, dos países en situación prebélica por el conflicto del Sahara, lo que demuestra la insensatez de depender de ellos. ¡Una estrategia de locos!

El borrador de la UE ha sido celebrado por la industria nuclear española y eso nos afecta. En el sector confían que si el proyecto prospera, puedan contar con una mejor fiscalidad para realizar inversiones, algo muy importante para una provincia como Guadalajara, que tiene una central nuclear con un permiso de explotación que vence el 17 de noviembre de 2024. Hasta ahora, la propiedad de CN Trillo no ha anunciado si va a solicitar o no esa prórroga del permiso de explotación, que requerirá una importante inversión en seguridad, porque ahora alegan que están perdiendo dinero y quieren que la fiscalidad no les penalice, como en la actualidad, al no producir gases de efecto invernadero. Yo supongo que será algo que se tenga que resolver con el tiempo, porque España no se puede permitir prescindir de sus plantas nucleares, con carácter inmediato, sin que los precios del gas se descontrolen más. Y como guadalajareño, no quiero pensar cómo influiría en la economía provincial liquidar 150 puestos de trabajo directos, y varios centenares indirectos. Pero, a día de hoy, esto es lo que hay. Solo nos dejan gestionar los residuos. Que no tienen valor añadido.

Por lo tanto, incertidumbre por el corto y medio plazo.  Ojo al 17 de noviembre de 2024. Que cada día está más cerca.

¿Pero qué se piensan algunos que debe decir un monarca constitucional en un mensaje navideño?  A los extremos no les ha gustado. Unos declinaron hacer comentarios, porque pensarían que el rey, como si fuera el jefe de la oposición,  debiera haberle afeado personalmente a Sánchez su alianza con independentistas y bilduetarras; y desde la otra línea del frente -porque frente es, como el del Ebro; en dividir a la sociedad hemos avanzado lo suyo en 2021- creerían que don Felipe debería haber renegado de su padre para siempre – aunque ya no forma parte de la Casa Real-,y haber proclamado, ya, de paso, la República en la Nochebuena.

Pero Felipe VI estuvo en su sitio, el que le marca la Constitución, y nos leyó un discurso impecable, en el que se acordó de todo lo que se tenía que acordar -desde La Palma a los sanitarios, la economía, la ciencia o el estado del Bienestar-; discurso que construyó con una clave de bóveda, la Constitución española, porque con su reivindicación está recordando que su arquitectura da soporte a la propia nación española, cuya soberanía reside en el conjunto del pueblo español, y de la que cuelgan los derechos y libertades de todos los españoles. Así lo evocó el monarca al recordar que con la Constitución “nos integramos plenamente en las modernas democracias occidentales y cuyo espíritu nos convoca a la unidad frente a la división, al diálogo y no al enfrentamiento, al respeto frente al rencor, al espíritu integrador frente a la exclusión; nos convoca permanentemente a una convivencia cívica, serena y en libertad”.

Es así que los que aprovecharon las conductas inapropiadas de su padre, en una etapa muy concreta de su vida, para descalificar a la monarquía y tacharla de “epicentro de relaciones ilegales”, como dijo  con gran pomposidad el portavoz de uno de los dos partidos de Gobierno – olvidándose de las corrupciones de toda índole que han salpicado la vida política española-, lo que en el fondo están diciendo es que les estorba un monarca que ha dado sobradas muestras de estar dispuesto a defender la Constitución y sus principios, como lo hizo con motivo del golpe de Estado que los independentistas intentaron en Cataluña, y del que sin arrepentimiento alguno volverán a repetirlo tan pronto como puedan. Ya sabemos que sin Felipe VI al frente, como Jefe del Estado, lo tendrían esa vez más fácil.

Pero han sido los amigos de los etarras de Bildu (que próximamente van a elevar a su dirección al último jefe de ETA, David Pla), los que con su desparpajo habitual destapan lo que hay detrás de este nuevo ataque contra el monarca: “Hay una operación para que todo siga como si nada”. Y, claro,  eso es ciertamente intolerable cuando ahora estamos en otra estrategia: cómo hacer para que a pesar de la derrota de ETA por el estado democrático, llegue un tiempo político nuevo en el que triunfen sus ideales políticos, contra los que combatieron casi 900 españoles que reposan en el cementerio; para siempre. Por eso van a poner a David Pla al frente de Sortu, junto con una cuadrilla de terroristas de ETA, para acabar el trabajo, y por eso estarán dispuestos a dar al gobierno de Sánchez el soporte parlamentario que haga falta con tal de conseguir lo que no lograron con las bombas lapa.

Es por lo tanto indispensable que en unos momentos de tanta incertidumbre, donde todo está en cuestión, el Rey salga en Nochebuena a recordarnos que esta larga etapa democrática, que nos ha traído el mayor periodo de prosperidad y libertad de nuestra historia, y que los más extremistas intentan demoler, se logró por «una Constitución que ha sido y es la viga maestra que ha favorecido nuestro progreso, la que ha sostenido nuestra convivencia democrática frente a las crisis, serias y graves de distinta naturaleza, que hemos vivido, y merece por ello respeto, reconocimiento y lealtad”. Palabra de rey.

Lealtad ; esa es la palabra, la que no gastan los partidos que la desprecian, porque en el fondo alientan un proyecto totalitario. Pero el problema es que estos partidos que cargan contra la Constitución,  lo hacen porque saben que es el último obstáculo que tienen en el desmontaje de esa arquitectura que nuestra norma fundamental soporta, y sobre la que pende, lisa y llanamente, España.

Ultras y radicales los hay por toda Europa. La novedad, en España, es que los que andan ocupados en la demolición de la Constitución no son unos antisistema cualquiera; son los aliados parlamentarios de un gobierno español con un presidente que se llama Pedro Sánchez.

Valoraciones tras el discurso del rey:

“Citó más que nunca la Constitución, porque sabe  que es un pilar fundamental para mantener la monarquía. Es una operación para que todo siga como si no hubiese pasado nada”. Mertxe Aizpurua (Bildu):

“Creemos que la monarquía en nuestro país ha servido como epicentro de relaciones económicas ilícitas e ilegales” Isa Serra, Podemos.

“El rey ha hecho un discurso vacío”, Pere Aragonés, ERC.

“El rey ha acertado tanto en el diagnóstico de los problemas como en la forma de reaccionar ante los mismos”. Cristina Narnoba, presidenta PSOE.

“El rey está cumpliendo de forma intachable la hoja de ruta de una monarquía parlamentaria del siglo XXI”, declaración del PP.

“Llamamos la atención a Pedro Sánchez para que pueda aprender del mensaje de Felipe VI de estar con opciones políticas que defiendan y representan los valores constitucionales y que se alejan de sus socios que lo único que pretenden es atacar al Jefe del Estado y al Estado y acabar con España”. Declaración de Ciudadanos.

Vox no emitió valoraciones.

PD.- Un día después del discurso del Rey, uno de los principales aliados del Gobierno, Pere Aragonés, presidente de la Generalitat, en su discurso navideño que dio por San Esteban, dejó muy claro, además de pedir a  Sánchez “autodeterminación, ya”,  dio por sentado que la Constitución no está en vigor en Cataluña cuando se ratificó en desacatar las órdenes de los tribunales sobre el derecho a recibir el 25% de las materias en español; y por si había alguna duda dejó muy claro un principio que los ultranacionalistas han sentado en todo lugar: “El modelo monolingüe es el núcleo de la nación catalana”. Así que ya saben lo que les espera a los que osen hablar en español. “Estad seguros, catalanes, de que vuestro lenguaje en el uso privado y familiar no será perseguido”. Como nos recuerda Arcadi Espada, esto lo dijo el jefe de las fuerzas de ocupación de Cataluña, Eliseo Álvarez Arenas; pero era en 1939 y acababa de ganar una guerra.   

Esto es lo que hay. Feliz Navidad a todos y mis mejores deseos para 2022. Y sean optimistas: peor es difícil que nos pueda venir.

En un ambiente de enfrentamiento que recordaba a las tormentosas sesiones parlamentarias de los años treinta, cuando casi nadie en España creía en una democracia parlamentaria, porque el fascismo estaba en auge y la izquierda abrazaba como solución a la revolución bolchevique, el parlamento español asistió esta semana a una de las sesiones más desalentadoras que uno recuerda.

Lo que ellos pretenden no es proteger el catalán sino perseguir al castellano. Porque como idioma vehicular del Estado Español, que es, aventuran que con su erradicación de Cataluña se desarticula ese mismo Estado al no poder comunicarse entre sí.  Todavía pasarán años hasta que lo logren, pero la hoja de ruta está trazada y, ahora, es adumida por una mayoría del parlamento.

En ese ambiente se debatió algo insólito para cualquier democracia europea. El caso de una familia española que dentro del territorio nacional tiene que ejercer de héroes para que se aplique la ley en su colegio público. Simplemente quieren que se reconozca ese 25% de castellano que figura en una sentencia del Tribunal Constitucional. Y han tenido que aguantar amenazas e insultos en las redes sociales, pero no solo de los totalitarios independentistas que como Camisas Pardas intentan imponer su pensamiento único en esa República Catalana que autoreclaman, sino que es el propio consejero del ramo (y representante del Estado en Cataluña) el que acude al colegio, pero no para respaldar la Ley y a la familia acosada, sino para alentar los escraches de los intimidadores. El sábado hay una manifestación de los independentistas, a la que acudirá el presidente de la Generalidad, nada menos, ¡y los sindicatos!, para reclamar una escuela en catalán, un idioma que en absoluto está amenazado por la sentencia del Constitucional. Los colegios catalanes tienen el 75% de su horario para cursarlo en catalán. Es por tanto manifiestamente falso el argumento del gobierno de la Generalitat, que se difunde como un mantra por los medios públicos que mangonean. (Es un ejercicio duro, pero muy recomendable, escuchar al menos una vez a la semana el telediario de TV3).

 No se dejen engañar por la propaganda. Lo que ellos pretenden no es proteger el catalán sino perseguir al castellano. Porque como idioma vehicular del Estado Español, que es, aventuran que con su erradicación de Cataluña se desarticula ese mismo Estado al no poder comunicarse entre sí.  Todavía pasarán años hasta que lo logren, pero la hoja de ruta está trazada y ahora es asumida por una mayoría del parlamento. ¿Cómo podrá sentirse español un niño de Badalona si en un futuro no se podrá comunicar con un niño de Puertollano sino en inglés, señora portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez?

El problema no es el castellano, el asunto de fondo es una política que han puesto en marcha los independentistas, con la complacencia de Sánchez, para desconectarse de España en todos los órdenes de la vida; y esto exige la persecución del idioma común y el de todos aquellos ciudadanos que reclaman una Cataluña bilingüe, porque ellos tampoco tienen cabida en la República Catalana. Que lo tengan muy claro. Y así sucede que uno de los argumentos vertebrales de estos presupuestos, con la que está cayendo, ha sido que el Gobierno tenga que acceder a imponer a las plataformas privadas audiovisuales (Netxflix, Amazón y compañía) un 0,75% de producciones en catalán, euskera y gallego, lógicamente a costa de reducir los contenidos en español, que marca la actual legislación.

Durante este debate identitario, Pedro Sánchez se escurrió por la gatera, renunciando una vez más  a buscar la centralidad que su partido cultivó desde la Transición, porque él está en otras cosas, aguantar como sea en La Moncloa, rodeado de socios de gobierno, separatistas o antisistema, que no tienen inconveniente en montar una representación en el Congreso, titulada Los Seis de Zaragoza, y en la que se descalificó a la Justicia por la condena a seis individuos por lesiones y atentado contra la autoridad. Ya se sabe que para la extrema izquierda cuando la Justicia no les da la razón es porque forman parte de un contubernio reaccionario y fascista. ¿Pero alguien se imagina un espectáculo similar en cualquier parlamento europeo que no sea el Ruso?

Dinamitados los valores de la Transición esto va a ir a más, y si se acaba juntando con una crisis económica profunda, de la que el precio del gas y la inflación, son solo indicadores de superficie, ya veremos como acaba; porque el simplismo populista y autotitario se retroalimenta en la otra orilla, como Sánchez siempre ha procurado para dar credibilidad a su discurso.

El maestro Raúl del Pozo lo ha definido con tanta lucidez que no me resisto a terminar con él: “Si el Gobierno sigue pactando con los separatistas, no se fortalece la monarquía parlamentaria y no se respeta la Constitución, esto se va al garete, es decir, a la deriva, sin rumbo, ni brújula”.

Pues esto es lo que hay.  

Buenos días, soy Santiago Barra, periodista, y quiero hacerles una breve reflexión sobre la importancia de contar con una Constitución plenamente democrática para favorecer la libertad de expresión.

Cuando yo comencé a ejercer profesionalmente el periodismo en Guadalajara, no existía Constitución. Y todavía recuerdo que en los días de cierre del Flores y Abejas, el delegado de Información y Turismo se pasaba por la imprenta para saber de los contenidos que iba a publicar el semanario al día siguiente.  Aunque con la ley de prensa 1966, impulsada por Fraga, se había eliminado la censura previa (ya no había que llevar los ejemplares del periódico a la Delegación de Información y solicitar la visa para repartirlos), todavía el director o en su defecto el redactor jefe debía de firmar media docena de ellos y así hacerse responsable de su contenido. Cuando no estaba Salvador Toquero en el cierre, como redactor jefe a mí me tocaba cumplir esa función.

Y en esto llegó la Transición; y empezó a cambiar todo vertiginosamente. Hasta tal punto es así, que incluso antes de ser aprobada la Constitución, el delegado de Información y Turismo dejó de aparecer por la imprenta los días de cierre, y su departamento empezó a ocuparse más del Turismo y menos de la Información. El cambio estaba en marcha.  Si hubo una profesión que tuvo muy claro la importancia de contar con una Constitución, para asegurar la libertad de expresión, ésa fue la de la prensa. Hasta el punto de que los medios comprometidos con el proceso democrático llevaron en volandas a la oposición a la dictadura.

 En la campaña del referéndum Constitucional muchos periodistas hicimos campaña por el “Sí”, y bastantes menos por el “No”.

Quiero recordar que, en Guadalajara, hubo un gran debate, porque no todo el mundo estaba convencido de la rentabilidad de un cambio democrático, que de momento tenía pendiente por resolver una gravísima situación económica (la inflación se disparó hasta un 20% anual), el paro subía y subía y se iniciaron las primeras reconversiones empresariales, tan dolorosas como inevitables. Para rematarlo todo, ETA mató todo lo que pudo en la campaña del referéndum, para favorecer precisamente ese rechazo de la mayoría silenciosa hacia la Constitución.

Por todo ello, no es de extrañar que en Guadalajara el “No” acabara reuniendo 11.505 votos, el equivalente al 14,14 % de los sufragios emitidos en la provincia. Una cantidad importante, que alguna prensa nacional destacó negativamente, aunque yo me quedé con otro dato: que el 82% de los que fueron a votar respaldaron un texto que nos traería valores como la libertad, la justicia y el estado de derecho. Y que los sucesivos gobiernos deberían desarrollarlos a partir de esa Constitución, para que derechos y libertades no se queden en el puro nominalismo. Y en esas estamos.

Pero que nadie se equivoque. La libertad no nace de los árboles y hay que luchar por ella todos los días. Porque no está garantizada y como la historia nos ha demostrado en Europa, populistas y extremistas de toda índole están al acecho. Y en este punto quiero citar al gran artista y exiliado chino Ai Weiwei, que nos recuerda en su último libro: “La discusión sobre la libertad ha caído en un punto ciego, especialmente en occidente, que piensa que la libertad es un estado conseguido. Gran error. La libertad sólo existe en los esfuerzos de luchar por la libertad, y el valor de la libertad solo existe según el nivel de dificultad encontrada al luchar por ella. Cuando la gente afirma que es libre no sabe qué quiere decir. La libertad negativa no existe. La libertad es algo individual que se debe corresponder con lo colectivo. Sin esta condición previa, no hay libertad”.

A España, a Guadalajara y a Castilla-La Mancha esa libertad nos la trajo la Constitución del 78, impulsada por el pueblo español, que para ello logró unos niveles de consenso como nunca se consiguió en las constituciones más partidistas que tuvimos en el siglo XIX. No lo olvidemos cuando tengamos que reformarla. 

Este texto forma parte de la intervención de Santiago Barra en el acto institucional con motivo del Día dela Constitución, que ha tenido lugar el 6 de diciembre de 2021.

Las enmiendas de ERC y Podemos encajadas en la Ley de Memoria que patrocina Pedro Sánchez, no tienen ningún fondo jurídico sobre la Ley de Amnistía. Ni tampoco irán a ninguna parte. Como reconocen sus autores, aunque en la práctica cualquier acto criminal perpetrado bajo la Dictadura podría ser juzgado y condenado, este tipo de juicios no se realizarán porque los posibles acusados o han fallecido o tienen edades muy elevadas y, además, la Constitución prohíbe la retroactividad de las leyes penales desfavorables.

Por tanto, esta reforma de la Ley de Amnistía de 1977 es un recurso propagandístico para poner el foco nuevamente en un franquismo sobrevenido y salpicar a toda la derecha, y así tapar los graves problemas económicos y políticos que ocupan la agenda diaria de los españoles, pero también por dar otra interpretación al sentido que tuvo esa ley de Amnistía, y confundir a las nuevas generaciones. Porque si escuchamos a los promotores de las enmiendas, parece que la Ley de Amnistía fue una argucia del tardofranquismo (en Guadalajara la primera manifestación legal de la oposición democrática fue por la Amnistía, el 11 de julio de 1976), para librarse de cualquier responsabilidad penal, y que solo tenía a ellos como beneficiarios. Pero los que quieran bucear en la historia de la Transición verán que no fue así. De hecho, recuerdo que el presidente del Gobierno Adolfo Suárez no dudó en acarrear con una gran impopularidad entre gran parte de su electorado, que no se explicaba cómo con esta ley de Amnistía terroristas de ETA, el Grapo o el Frap ponían los pies en la calle sin haberse arrepentido o haber perdido perdón por ello. El estrambote que Suárez pagó caro en su popularidad fue ver cómo semanas después alguno de ellos volvía a la clandestinidad y se ponía a disposición de ETA para cometer nuevos atentados. Tras esta reforma ¿se van a perseguir estos crímenes de ETA, Grapo o Frap que fueron amnistiados en virtud de la ley de 1977?, preguntó en el senado el secretario tercero de la Mesa, Rafael Hernando.

Adolfo Suárez, con gran sentido histórico, hizo lo que más convenía a España, sin pararse a pensar en si a él le convenía o no también, todo un ejemplo para otros presidentes que no dudan en poner en solfa la historia de España, y la de su propio partido, con tal de mantener una coalición parlamentaria imposible con partidos que odian a la Transición y en consecuencia su obra política, que culminó con la Constitución de 1978. Por ello, cuando se debatió la Ley de Amnistía en el parlamento, el portavoz más cualificado del PCE de entonces, que defendió la reconciliación de los españoles, dijo: “Nosotros considerábamos que   la pieza capital de esta política de reconciliación nacional tenía que ser la amnistía. ¿Cómo podríamos reconciliarnos los que nos habíamos estado matando si no borrábamos ese pasado de una vez para siempre? Nosotros, los comunistas, que tantas heridas tenemos, hemos enterrado nuestros muertos y nuestros rencores. Y estamos resueltos a caminar hacia delante en esa vía de libertad, paz y progreso”. Eso lo dijo en 1977 el fundador de CC.OO y portavoz del PCE para este debate, Marcelino Camacho. El 14 de octubre de 1977, la Ley de Amnistía salió aprobada por una amplia mayoría (solo se abstuvo AP), como sucedió con todos los acuerdos importantes logrados en la Transición, en contraposición con las exiguas mayorías parlamentarias que se estilan, ahora, m´ás propias de los parlamentos frentistas anteriores a nuestra guerra civil. Esto es lo que hay, porque algunos están empeñados en reescribir nuestra historia, mientras a la gente de la calle lo que le preocupa es el precio de la luz y cómo se las ingenian para llegar a fin de mes en un escenario inflacionista, que fue la principal amenaza económica de esa Transición de la que les hablo. “¿Para esto ha venido la democracia?”, tenía que escuchar todas las mañanas Suárez en los medios de comunicación. Y su ministro de Economía, Enrique Fuentes Quintana, comenzó a dar forma a lo que se llamaron los Pactos de la Moncloa, otra vez firmados por todos (partidos políticos, sindicatos y patronal) el 25 de octubre de 1977.

Semáforo de actualidad:

ROJO, para Teodoro García Egea, secretario general del PP, por creer que el PP nacional es el PP de Murcia, al que está afiliado. El general Teodoro, además de liarla en su partido por no reconocer a Díaz Ayuso lo que a otros presidentes de su partido, agitando una crisis de impredecibles consecuencias, ha dejado en muy mal lugar a Paco Núñez a la semana siguiente de ser elegido como presidente del PP de Castilla-La Mancha. No se le ocurrió mejor tarjeta de felicitación que llevar una enmienda al Congreso en la que se pide la derogación del Real Decreto por el cual el gobierno de Pedro Sánchez redujo el volumen máximo de agua que puede ser trasvasada desde los embalses de la cabecera del Tajo hacia Levante de 38 a 27 hm3 en nivel 2. Como ya he explicado en post anteriores, la medida en la práctica no va a suponer un quebranto para los envíos de agua hacia el Segura, pero pone racionalidad en la gestión del agua del trasvase al evitar que los niveles caigan por debajo de la línea que impediría cualquier derivación. Eso lo sabe hasta el Lucero del Alba, también el general Tedoro, por lo que su enmienda es puramente testimonial para evidenciar que el Memorándum del Trasvase está esculpido en mármol y es más inamovible que nuestra Constitución, por su supuesto.  Tan verdad es lo que digo: el Trasvase no está cuestionado por este Gobierno, que una semana después se ha aprobado un trasvase de 18 Hm3, de los cuales 10,5 Hm3 se destinarán a regadío. Y todo ello a pesar de que la cuenca del Segura cuenta con 64,85 Hm3 de agua trasvasada disponible en la cabecera del Tajo, cuyos pantanos deberían figurar mejor en el mapa de la Confederación Hidrográfica del Segura; y pronto también en la del Guadiana cuando empiecen los trasvases por la mal llamada “tubería manchega”. ¡Señor qué cruz, solo hay trasvases en España desde la cuenca alta del Tajo, con el agua que se recoge en la mitad norte de España! Pero esto es lo que hay.

Semáforo de actualidad:

VERDE: Para el Equipo Directivo del IES Liceo Caracense, por la sensibilidad y el tacto, no exento de coherencia, con el que han llevado el caso de la alumna que quería llevar el velo islámico en clase. En su carta a los alumnos de Bachillerato, dejaron claro que a pesar de que “se ha tratado de que parezca que existe un conflicto de discriminación religiosa o incluso racista», estamos «muy al contrario, ante un conflicto de soberanía democrática, esto es, de quién y de cómo se deciden las Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento (NCOF) en nuestro instituto». Por ello recuerdan que La Ley Orgánica de Educación establece que los centros de educación pública, en  el ejercicio de su autonomía de gestión, elaborarán y aprobarán sus NCOF de manera democrática y con la participación de todos los colectivos de la comunidad educativa, profesores, alumnos, familias y trabajadores no docentes, representados en el Consejo Escolar». Y se precisó: «Así es como se ha hecho siempre en nuestro centro, conforme a la ley, porque nadie tiene derecho a cambiar una norma sin contar con el resto de miembros de la comunidad educativa».

El asunto se llevó al Consejo Escolar, por sugerencia de la Consejería de Educación, y el órgano soberano del centro se ratificó por unanimidad en mantener la norma de no poder acudir a las clases con la cabeza tapada. Afortunadamente, todavía vivimos en un país democrático y aconfesional, y por ello la alumna musulmana, de nacionalidad española, podrá estudiar en otros colegios de Guadalajara que no tienen esta norma, si persiste en su postura de acudir a clase con el velo o hiyab.

VERDE: Para la Asociación Defiende Horche, por su valiente e inteligente actividad en la lucha contra las okupaciones masivas de viviendas en Horche, que acabaron degradando la convivencia en el pueblo. El empuje de esta asociación ha contribuido a que se movieran  las instituciones y agentes implicados, empezando por Caixabank, el banco propietario de la mayoría de los inmuebles, y que tras un negligente comportamiento inicial para impedir que los ocuparan, al final se ha decidido a tomar cartas en el asunto. Significar también el decidido comportamiento del alcalde de Horche, José Manuel Moral, que a pesar de militar en el partido gubernamental, puso por delante los intereses de su pueblo, se movió en el ámbito provincial y regional y  acudió a las manifestaciones con pancarta y un silbato, como un vecino más. El problema se ha solucionado en Horche casi en su totalidad, pero se ha trasladado a otros pueblos, porque las leyes favorecen las okupaciones de viviendas de grandes tenedores y el socio de coalición de Pedro Sánchez parece que también en esto ha trazado una línea roja, que no se atreve a saltar. Como demuestra el destino de la proposición no de ley que aprobaron las Cortes regionales y que el Gobierno no se ha dignado a tramitar, por lo que ha quedado en agua de borrajas.

VERDE: Para el Centro de Vacunación San José, que ha cerrado sus puertas tras siete meses de actividad, tiempo en el que se han puesto 190.000 dosis. Aunque en un periodo tan largo siempre pueden darse casos puntuales en los que se han cometido errores, creo que el balance general es muy positivo por parte de la consejería de Sanidad y las instituciones locales, provinciales y regionales que se han sabido coordinar para un servicio tan especial. También el agradecimiento a los deportistas y usuarios del San José, que no pudieron llevar a cabo su actividad normal, aunque lo primero era combatir esta horrible pandemia que, no lo olvidemos, se ha llevado por delante en Guadalajara a 660 de nuestros paisanos, la mayoría mayores. A partir de ahora, las vacunaciones seguirán en los centros de atención Primaria

VERDE: Para Emiliano García-Page, que ha sido reelegido con el 99,7% de los votos, secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha. No hay nada mejor como el triunfo electoral para lograr unanimidades  y la victoria del PSOE en las últimas elecciones autonómicas es comparable, en proporción, con la de Felipe González en 1982.  En ellas, Page absorbió a Podemos, que los tuvo en el gobierno cuando los necesitó, pero sin necesidad de asumir su ideario, como les pasa a otros. En su discurso de aceptación advirtió a los suyos sobre el populismo y el frentismo, que no casan con los intereses de su gobierno y de un político moderado y trasversal como él. También avisó, con el secretario de Organización del PSOE en frente: «Que nadie me ponga a prueba nunca entre los intereses de mi partido y los intereses de mi tierra, porque siempre voy a poner los intereses de Castilla-La Mancha por delante».  Pues seguramente va a tener pronto ocasión de demostrarlo, porque las comunidades más pobladas (empezando por Comunidad Valenciana y Andalucía, por citar solo a dos de distinto color) no parecen entender que para desacelerar el ritmo de despoblación en la España vaciada, hace falta más dinero que en las área pobladas, porque allí los servicios cuestan más. Si esto no se comparte, se está cuestionando el estado de las Autonomías y será el germen de nuevos partidos localistas y cantonalistas como en la I República. Trabajo va a tener el señor Page, porque sin una adecuada financiación, ¿para qué sirve Castilla-La Mancha?   

ROJO: Para Teodoro García-Egea, secretario general del PP,  que parece ser el ideólogo del ninguneo decretado por Génova 13 contra la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Después de su contundente triunfo electoral, que ha elevado a todo el PP en las encuestas, la dirección nacional del señor Casado, le niega a Díaz Ayuso un cargo -la presidencia del partido en su región- del que disfrutan el resto de presidentes autonómicos del PP. ¿Tanto teme el señor Egea a la presidenta madrileña como para haber provocado un escenario de división, que siempre es castigado por el electorado?    

Los Presupuestos Generales del Estado confirman lo que ya sabíamos desde el cambio Gobierno: que el ATC de Villar de Cañas (Cuenca) no se va a hacer -por lo menos con este gobierno- y que por lo tanto hay que mantener los residuos nucleares en los emplazamientos de las centrales: en Guadalajara, en Almonacid de Zorita y Trillo. Para ello, el Estado ha destinado una inversión de 35 millones de euros entre 2021 y 2030, que el próximo año será de 3,8 millones de euros para el ATI (Almacén Temporal Individual) de Trillo. La central siempre ha tenido un ATI en el que se guardan unos contenedores especiales de doble uso, es decir, preparados para su traslado a ese ATC que España iba a construir para guardar los residuos de alta actividad de todas nuestras centrales nucleares, porque es lo que decía el Plan General de Residuos. España, como otros países, apostaba por el ATC sobre los ATI, por economía de escala: es más fácil y económico vigilar un solo cementerio nuclear que no seis, uno por cada central. Pero este criterio se ha modificado por motivos políticos, lo que significa lo siguiente:

 1º) Que hay que modificar o hacer nuevos ATIs que puedan ser operativos al menos un centenar de años, hasta que se decida qué hacer con unos residuos de miles de años de latencia.

2º) Esto significará que Trillo y Zorita tendrán dos pequeños cementerios nucleares, que generarán algunos puestos de trabajo por mantenimiento y seguridad (Enresa nos lo tendrá que decir), y los ayuntamientos en el área de 10 kilómetros podrán mantener el dinero que ahora reciben por el almacenamiento de esos residuos de alta actividad. Por ahí, mejor.

3º) Se desconoce el tiempo que estos residuos procedentes del combustible gastado de los reactores nucleares estarán allí guardados y se confía que el avance de la ciencia acabe dando una solución a largo plazo que ahora no existe. Por eso, los planes de residuos hablan de lo que se conoce por un Almacenamiento Geológico Profundo (AGP), que se limita a guardar los residuos a grandes profundidades en la tierra, unos residuos que como hemos dicho tienen miles de años de latencia. Se espera que la ciencia consiga reducir la actividad de esos residuos, pero mientras tanto en España seguirán guardados en los ATIs hasta que la tecnología nos permita otra cosa.

Hay que subrayar que un ATI o un ATC es una instalación muy segura, pero como todo en la vida: salvo un improbable accidente o un atentado. Pero nadie puede discutir que la liquidación del ATC en Villar de Cañas, que además llevaba un centro de investigación de residuos, es como cambiar las reglas de juego en mitad del partido, ya que no estaba previsto en el Plan General de Residuos vigente, aprobado por el parlamento. Pero a la vista la política actual: ¿eso qué más da?  

Aunque, bien mirado, se nos puede quedar una cara de tontos, porque sería como cambiar un Ferrari por un 127, en materia de empleo, si al final del desmantelamiento de la central de Zorita se une, el 17 de noviembre de 2024,  el cierre de la central de Trillo, cosa que sucedería si su propiedad sigue sin solicitar la prórroga de explotación, por discrepancias con las últimas medidas del Gobierno, y hay que amortizar 150 puestos de trabajo directos. Cambio un ATI por una central nuclear: ¿se puede ser más tonto? Pues esto es lo que hay.

UNA ENCUESTA.- Una encuesta de NC Report para La Tribuna, publicada recientemente, daba a PP y PSOE 15 escaños cada uno si se celebraran ahora elecciones autonómicas, que desempataría Vox con tres escaños, uno de ellos conseguido en Guadalajara en perjuicio del que tiene Ciudadanos. La reacción ha sido, como suele ser en estos casos, interesada. Mientras Paco Núñez entraba en estado de euforia y se veía ya sentado en el sillón frailuno de Fuensalida, el secretario de Organización del PSOE, Sergio Gutiérrez, aparentaba que la encuesta la había hecho Núñez, como si el presidente del PP fuera el director del medio que lo ha publicado o el Tezanos de la empresa de sondeos.

Yo supongo que la encuesta técnicamente está bien hecha, aunque su valor sobre unas elecciones que serán en la Primavera de 2023 es muy escaso. Cualquier sondeo de opinión que se haga, ahora, en clave regional, está contaminado por la política nacional. Y en ese sentido ya sabemos que en Castilla-La Mancha, Bono y Page han podido ganar elecciones por mayoría absoluta meses antes o después de que, en las Generales, el centro-derecha haya sido mayoritario en la región. Desde la época de UCD.

Por tanto, yo solo doy valor a las encuestas bien hechas que se hagan cuando se haya abierto el telón electoral en Castilla-La Mancha y los candidatos tengan en aquellas un peso que ahora se difumina por la política nacional. En ese sentido, ya sabemos que a Page le conviene regionalizar lo más posible su campaña, personalizarla, y alejarse de Sánchez; que a Núñez le sucede todo lo contario y que en Campillo de Alto Buey se hablará de la independencia de Cataluña y del indulto a Junqueras, para aprovecharse del rechazo que Sánchez y especialmente sus aliados producen en la España interior; que Vox sigue manteniendo el respaldo de las últimas Generales, y que  puede ser decisivo; que Ciudadanos no levanta cabeza desde el ayusazo de Madrid; y que Podemos tiene escaso recorrido en Castilla-La Mancha, por el propio asentamiento del PSOE.  Con todos estos ingredientes, y lo que pueda pasar en las Autonómicas de Andalucía (muy importante) se podrán hacer otras encuestas que sean más verosímiles. Pero, de momento, es lo que hay.

Semáforo de actualidad:

VERDE. Para el Parador de Molina de Aragón, que es como el Guadiana. En los Presupuestos del Estado para 2021 figuran 2 millones para el mobiliario con el fin de poderlo inaugurar en el primer semestre de 2022, antes de las elecciones.  Hay que recordar que con el Parador de Molina se comprometió el presidente Zapatero a raíz del dramático incendio de La Riba, al tiempo que el parador de Muxía, en la Costa de la Muerte, por el desastre del Prestige. El de Muxía lleva dos años funcionando, con gran éxito, y todavía estamos esperando al de Molina, en la puerta del Alto Tajo. Pero nunca es tarde si la dicha es buena.

VERDE para la necesaria reforma del Palacio del Infantado que también está en los Presupuesto con una inversión de 9,3 millones. Un dinero que servirá para mejorar el edificio y convertir el museo provincial en ese ambicioso proyecto que lleva años demandándose. De momento, para 2022 hay prevista una inversión de 350.000 euros para adecuación de normativa y 50.000 más para rehabilitación.

AMARILLO: al proyecto para revolucionar la Navidad arriacense, después de la tristeza de la pandemia, que se la cargó en 2020. A priori, tiene buena pinta el modelo que se ha seguido, inspirado en la Navilandia de Torrejón de Ardoz, aunque no es exactamente igual. La empresa que en Guadalajara se ha quedado con toda la gestión, en Torrejón es solo una de las cinco que concurren al concurso del Ayuntamiento, que lo saca trozeado en cinco paquetes, con lo que se limitan riesgos y hay más variedad. Ya veremos cómo queda aquí la cosa, pero lo que no veo, ni por asomo, es que esto se tome como un ensayo para el traslado de las peñas al centro de la ciudad, como parece que es lo que se pretende. Pero de ensayo nada: en nuestra Navilandia a las 22 horas todo estará cerrado y la gente calentita en casita, mientras que las peñas están de fiesta toda la noche;y de lunes a jueves, en Guadalajara, todavía hay mucha gente que labora.

Cuando todavía no hemos salido de la peor crisis sanitaria que ha conocido el mundo moderno, y ha derivado en una recesión de la economía mundial (ahí están los ERTEs, que encubren una realidad de las empresas que da miedo), solo nos faltaba un enfrentamiento entre las eléctricas y el gobierno social-comunista de Pedro Sánchez, con consecuencias que pueden afectar de lleno a la economía provincial en un momento delicadísimo.

Las empresas del sector nuclear venían meses advirtiendo que la fiscalidad ha comprometido la viabilidad de las centrales, sencillamente porque  están perdiendo dinero. Así lo avanzaba el portavoz del sector, Ignacio Araluce, presidente del Foro Nuclear, quien el pasado mes de julio evaluaba esas pérdidas en unos 2.000 millones en su conjunto, con un flujo de caja negativo de 500 millones; y advertía: “Lo que hace inviable su explotación”. Le pregunté a Araluce si era optimista de que se pudiera arreglar esa situación y me respondió que se ponía en la tesitura de que las cosas van a cambiar, “porque siguen siendo necesarias para el sistema eléctrico, y entonces deberán seguir funcionando”.

Dos meses y medio después de esta conversación, la situación se sigue enredando y en el comunicado publicado por el Foro al conocerse el real decreto aprobado por el consejo de ministros del martes, el sector daba un paso más adelante: una vez minorado el precio del CO2, cualquier precio por debajo de 57-60 euros/MWh no sería rentable con el nivel impositivo actual. Y se advertía: “De no ser así, sería imposible la continuidad de las centrales nucleares españolas”.

Hay cosas que no se entienden o solo se explican si lo que se quiere es precipitar el cierre del sector nuclear en España, para aparecer luego como los más verdes del mundo mundial.  Porque si no fuera así, ¿cómo se incluye a los reactores nucleares entre las empresas que deben pagar por emitir CO2 cuando en su funcionamiento no generan gases de efecto invernadero?

Ciertamente, como dice el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, hay que emplazar a Gobierno y eléctricas a la negociación, porque a ninguno de los dos les interesa una ruptura que elevaría todavía más al alza el recibo de la luz; aunque hay cosas que no se entienden o solo se explican si lo que se quiere es precipitar el cierre del sector nuclear en España, para aparecer luego como los más verdes del mundo mundial.  Porque si no fuera así, ¿cómo se incluye a los reactores nucleares entre las empresas que deben pagar por emitir CO2 cuando en su funcionamiento no generan gases de efecto invernadero? ¿Alguien lo puede explicar? Porque estas empresas se deben a sus accionistas, y a sus directivos cada vez les va a costar más justificar por qué mantienen unas instalaciones con las que pierden dinero.

No quiero pensar cómo podría afectar en la Alcarria Alta, el cierre de la central de Trillo el 17 de noviembre de 2024 (cosa que sucederá si su propiedad sigue sin solicitar la prórroga del permiso de explotación), y eso sumado al final de las obras de desmantelamiento de la central José Cabrera de Almonacid de Zorita, en 2022,  que amortizará más de 150 puestos de trabajo. Pues bien, la central de Trillo genera otros 1.300 empleos directos e indirectos, 50 millones más a las arcas de Castilla-La Mancha, que a menudo se olvida, y más de 40 millones de inversión promedio anual de actualización tecnológica. Así que pocas bromas con las nucleares; o lo acabaremos pagando, sobre todo en Guadalajara.

Semáforo de actualidad semanal:

ROJO para PERE ARAGONÉS, presidente de la Generalidad de Cataluña, que ordenó a un funcionario de protocolo retirar del estrado la bandera de España, una vez terminó la intervención de Pedro Sánchez en el inicio de esa opaca mesa de diálogo en la que, de verdad de verdad, lo que se va a pactar es el apoyo recíproco a los presupuestos del Estado y de la Generalidad; y patada a seguir, como dicen en el rugby. Pero la dignidad es la dignidad y la retirada de la enseña nacional, después de que Pedro Sánchez hubiera hecho una genuflexión a la bandera catalana que le mostró la guardia de honor  de los Mossos a la entrada del palacio de la Genreralitad, no solo supone una descortesía al presidente del Gobierno de España, que no solo a Pedro Sánchez, sino que simboliza el respeto que el gobierno ultranacionalista catalán tiene por más de la mitad de la población que vota a partidos españoles (otra cosa es que el amañado sistema electoral prime a los independentistas). Al igual que retiraron una bandera que los representa, esos catalanes y españoles ya saben lo que les espera si algún día Cataluña es independiente con esta pandilla de totalitarios. Serán relegados al trastero económico, social y cultural, y no tendrán ninguna visibilidad en la nueva república identitaria de Cataluña. Esto es lo que hay, señor presidente.

VERDE para la CONSEJERÍA DE TURISMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID, por dar visibilidad en los Caminos Oficiales de Santiago el llamado Camino Occidental, incluido recientemente en los «Caminos Oficiales» por la Federación Española de Asociaciones del Camino de Santiago, explica el Gobierno regional madrileño en una nota de prensa. Este itinerario, llamado así porque transcurre por territorios que fueron de la familia Mendoza, es propuesto ahora como manera de fomentar el turismo y «descubrir lugares de gran interés» como la villa de Torrelaguna, el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares o Manzanares el Real, con el castillo de los Mendoza, diseñado por Juan Guas, el arquitecto del palacio del Infantado.

La ruta parte desde Guadalajara capital y, pasando por catorce municipios, llega hasta Manzanares el Real, donde confluye con el Camino de Madrid, que arranca de la capital de España y cruza la sierra del Guadarrama por el puerto de la Fuenfría.

ROJO para el coordinador de Podemos CLM, JOSÉ LUIS GARCÍA GASCON, para quien no hay ninguna necesidad social de contar con una ley Antiocupación que combata las cada vez más extendidas okupaciones de viviendas. Podría el señor Gascón dar este discurso ante los vecinos de Horche a los que las okupaciones masivas han roto la convivencia en el pueblo o a algunos propietarios de viviendas okupadas que han tenido que abandonar su casa, religiosamente pagada, porque están como en la serie: ”Aquí no hay quien viva”, desde que llegaron los nuevos vecinos y empezaron por conectar la luz al portal de la comunidad. Una familia trabajadora o de clase media está media vida trabajando para comprarse una casa que luego dejar a sus hijos, y esta pierde todo su valor de la noche a la mañana por los okupas. Pero, claro, no es una problemática social, según algunos, y además es de “derechas”.

ROJO a PABLO CASADO, y a su segundo TEODORO GARCIA EGEA, por ser los únicos que no se han debido enterar de que el liderazgo en democracia lo dan los votos. Y quien tiene los votos en Madrid es Isabel Díaz Ayuso.  Parece increíble que Feijoó, Mañueco, Bonilla o Miras no tengan ningún problema en ser a la vez los presidentes de sus regiones y del PP y que Díaz Ayuso, que ha relanzado al PP en las encuestas (menos en la de Tezanos) se le discuta lo mismo. “No lo entendemos, sinceramente”, me dice un alto dirigente del PP en Guadalajara, preocupado por que estas disputas internas puedan rebajar el  ”efecto Ayuso”, en Guadalajara, en las elecciones locales y autonómicas de 2023. Solo tengo una explicación: Casado o Egea, uno solo o los dos juntos, se han equivocado de convocatoria electoral o su subconsciente les hace creer que estamos en las Primarias para las Generales de 2023. Que las habría si el PP se la pega en 2022.    

El pasado 19 de agosto, el SESCAM informaba en un discreto comunicado de la celebración de un acto en el Hospital de Guadalajara para la recepción parcial de la obra de su ampliación (aunque por su envergadura se puede hablar de un nuevo hospital), una vez finalizados los trabajos de construcción. En la práctica supone el final de los trabajos (a falta de construir el edificio de conexión) y la entrega de la obra por parte de la UTE al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM).

Esta fecha supone todo un hito para la sanidad alcarreña, como en el tiempo supuso la construcción de la antigua Residencia de la Seguridad Social y decenios después el actual hospital del INSALUD, con las transferencias el SESCAM. En todas esas fechas la provincia de Guadalajara dio grandes saltos demográficos que hacían indispensable estos nuevos recursos sanitarios. Desde que el actual Hospital se inauguró el 25 de enero de 1982, en la Transición a la democracia, Guadalajara ha duplicado su población y era patente que necesitaba de este nuevo recurso. No se puede olvidar que en una provincia tan extensa como Guadalajara, con una densidad de 21,53 hab/km²,  hay  un solo hospital, cuando hay otras provincias en la región, como Ciudad Real, que tienen hasta seis hospitales: en su capital, Mancha Centro, Puertollano, Manzanares, Valdepeñas y Tomelloso.

Por todo ello, Guadalajara merecía no solo una ampliación del actual sino un hospital nuevo, y es lo que se aprobó en el gobierno de José María Barreda con un proyecto ambicioso, pero que no tenía nada de faraónico. Era simplemente el hospital que demandaba las necesidades de una provincia que crecía a mayor ritmo que la media nacional y que en la actualidad tiene  261.995 habitantes, ​ (INE 2020). Pero la obra nació gafada. Aunque desde 2009 se empezó con la ejecución  y se iba a un buen ritmo, estalló la crisis financiera en septiembre de 2009 con la quiebra de  Lehman Brothers, que fue la espoleta de una crisis mundial que afectó fundamentalmente a bancos y constructoras. En términos estrictamente macroeconómicos, mucho peor que la provocada por la pandemia actual (si prescindimos de los muertos, que ya sé que es mucho prescindir), porque afectó de lleno a la solvencia de muchas empresas que, hasta entonces, habían vivido en una burbuja. Pero no solo a las empresas. Algunos gobiernos autonómicos, singularmente el de Castilla-La Mancha, cuyos ingresos dependían en exceso del sector de la construcción, que andaba desbocado en la región, dejaron de ingresar un dinero que tenían presupuestado en gastos, con lo que entramos en una cadena de impagos a los proveedores que aceleró la ruina de miles de empresas en la Región; como bien sabemos en nuestro propio sector de la comunicación. Uno de los damnificados fue la obra del Hospital de Guadalajara; las empresas adjudicatarias vieron cómo se dejaban de pagar las certificaciones, y con ello empezaron a reducir su actividad hasta prácticamente quedarse en nada.

En medio de esta crisis, y tal vez beneficiado por ello, el PP gana sus elecciones en Castilla-La Mancha con un estrecho margen, un empate en la práctica que se deshace en Guadalajara. Se puede decir, por tanto,  que María Dolores Cospedal debió en gran medida su triunfo a ese desempate logrado en Guadalajara y  que permitió a su partido sacar al PSOE una ventaja de dos diputados, que a la postre fueron decisivos. Cierto es que Cospedal heredó una economía en ruinas, como tengo dicho, y que la medida de paralizar formalmente las obras del Hospital, tomada al mes de llegar al gobierno, podría entenderse por esa situación desesperada y por legitimar algo que era evidente: desde hace meses nadie trabajaba en esas obras. El problema de Cospedal es que no las reanudó en lo que quedó de legislatura, más allá del parking, y como sucedió igual con el campus universitario, por citar dos proyectos principales, llegamos al final de su mandato ahogados en un cinturón muy estrecho por tanta austeridad. Y sí, el electorado le retiró la confianza a Cospedal, quien nunca acabó de amoldarse a la presidencia regional por sus veleidades nacionales, y en las siguientes elecciones el PSOE de Page recogió sus frutos. Nunca el PP ha vuelto a ganar unas autonómicas en Guadalajara, aunque el centro-derecha sigue siendo mayoritario en las Generales.  

Con Page, las obras del Hospital se reanudan, en su primera legislatura muy lentamente, hubo más fotos que cemento, pero en esta segunda –con la Hacienda más despejada- tomaron velocidad de crucero y este mes se pueden dar por terminadas. Pero hay que valorar, también, que paralelamente se han dado los pasos para equipar el nuevo hospital en medios técnicos y humanos, por lo que hay que confiar en que esa transición sea menos inquietante que los episodios comentados. Parece que Page quiere que el Rey Felipe VI presida el acto oficial de inauguración, que todavía no tiene fecha. Nos parece fenomenal; una obra que ha durado más que El Escorial solo la puede inaugurar un rey. Esto es lo que hay.    

Semáforo de actualidad:

ROJO: A Pablo Casado, presidente del PP nacional, no solo murciano, que no ha tejido mejor ocurrencia que ponerse a criticar cualquier recorte en el trasvase Tajo-Segura coincidiendo con la tragedia del Mar Menor y la mortalidad de sus peces por la falta de oxígeno en el agua. Informes como los de Greenpeace y el Colegio de Biólogos de Murcia son contundentes a la hora de vincular esta mortandad con un desarrollo exponencial de la agricultura de regadío intensiva e industrial, basada en agrotóxicos, y su consiguiente contaminación de las aguas. Los datos son elocuentes: El agua del trasvase Tajo-Segura posibilitó un aumento extraordinario de los regadíos, y pasar del 12,8% de regadío al 60%, con el incremento consiguiente de los vertidos de nitratos. Hasta entonces, al no existir aportaciones externas procedentes del trasvase Tajo-Segura, el agua del Mar Menor era cristalina y sus ecosistemas asociados estaban vivos. Pero con independencia del asunto del Mar Menor, preocupa que Casado, en su condición de líder nacional, asuma, sin pestañear, mantras del PP murciano como su oposición a un recorte de 8 Hm3 al mes en el trasvase cuando todos sabemos que eso no va a ninguna parte, ni cuestiona la viabilidad del propio trasvase. Por más que  los últimos acontecimientos imponen una revisión y un planteamiento coordinado de los gobiernos de España y Murcia.

VERDE: A Braulio Carles en representación del Centro de Inmigraciones de Sigüenza, que ha tenido otra vez un papel protagonista en la recepción de refugiados afganos. Aunque como ha declarado él mismo: “Hay que ser solidario y generoso para abrir las puertas y atender a todos los que se pueda, pero tampoco dejar en el olvido al país de origen”. Y la situación del país de origen es dramática con una amenaza de genocidio hacia miles de personas, especialmente mujeres, sobre los que va caer un régimen medieval que quiere empezar a ajustar cuentas a partir de que las fuerzas internacionales se vayan a finales de mes. ¿Para qué ha servido, entonces, el sacrificio de miles de soldados de la coalición internacional, que han muerto en estos últimos 20 años, entre ellos 102 españoles? La presidencia de Joe Biden como líder internacional no ha podido tener un peor principio. Se parece más a Carter que a Obama. A Chamberlain que a Churchill. Ha envalentonado a los talibanes y ha dejado la geopolítica en la región en manos de dos estados autócratas: Rusia y China. Las consecuencias para la Europa de Batacan o los trenes del 11-M, que sigue sin querer asumir sus responsabilidades en la seguridad del mundo, pueden ser terribles.