La consejera de Fomento, la talaverana  Agustina García-Élez, ribereña del Tajo, se sorprendía de que esa entelequia llamada Comisión Técnica de Explotación del Trasvase Tajo-Segura (porque no deja de ser el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, es decir el Gobierno,  con  nombre de tecnócrata),  aplicara la Ley a rajatabla, y que el  tri-trasvase de 20 Hm3 aprobado para los meses de abril, mayo y junio, se ampliara a 38 Hm3 para cada uno de los tres meses.  Se lamentaba la consejera de que el Gobierno no había esperado  a que se consolidaran los niveles de los embalses, como si esto fuera  una novedad.  Pero no lo es.

La normativa sobre trasvases simpre se ha aplicado a rajatabla por todos los gobiernos. Si lo hiciera igual con el conjunto de leyes y reales decretos  que salen del parlamento y del Consejo de Ministros, España sería el país más cumplidor del universo.

Hubo un tiempo en que fue sumamente fácil: como no había  líneas rojas –más allá de esa ridiculez que llaman caudal ecológico, y que no lo es tal–, el Gobierno podía trasvasar lo que le viniera en gana y dejar secos a los pantanos de Entrepeñas y Buendía (entonces llamados Mar de Castilla), si así  le complacía. Luego echaron a andar las comunidades autónomas, y el gobierno de José Bono llegó a un acuerdo con el gobierno de Felipe González ( cuando Bono era guerrista y Guerra era Guerra) sobre un nuevo Plan Hidrológico del Tajo, que por primera vez establecía un mínimo por debajo del  cual ya no se podría trasvasar: fue de 240 Hm3, apenas el 9,7%  de la capacidad de ambos pantanos; y como por estas tierras castellanas nunca hemos sido de mucho  pedir, que eso queda para otros territorios oprimidos por el centralismo español, pues el  personal  lo celebró. Quiso la pertinaz sequía que, años después,  tuviéramos un verano terrible, y el Gobierno autorizó un “trasvase de emergencia” por debajo de esa cantidad de 240 Hm3, aunque solo para abastecimiento humano del Levante. También lo coprendimos.

Y así pasaron los años, en los que la manga riega del Trasvase funcionó con generosidad y en  el Segura debieron pensar que los recursos del Tajo eran ilimitados, por lo que cada vez  había allí más superficie a regar y más bocas a las que dar de beber, por la expansión del turismo. Hasta que llegaron más pertinaces  sequías, como decía aquel que inauguró los pantanos, que pusieron en solfa los cálculos sobre los que se basó la propia Ley del Trasvase. En Entrepeñas y Buendía  el régimen de lluvias no garantiza las expectativas de los cabezas de huevo que ingeniaron el Trasvase,  por lo que cada vez que llega un ciclo seco,  hay que vaciar la cabecera del Tajo,  sin remedio. Y así se hizo por los gobiernos  de turno dando al traste con el incipiente desarrollo turístico que había despertado  ese Mar de Castilla en los años buenos. Hasta el Rey del Pollo tuvo que cerrar.

En el 2014  se produjo un alineamiento  planetario, parafraseando a Leire Pajín, por el que el gobierno central y todas las autonomías afectadas por el Trasvase estaban gobernadas por el Partido Popular , con lo que se aprobaron unas nuevas normas reguladoras del Trasvase Tajo-Segura, lo que se vino a conocer como el Memorando. Los populares lo vendieron como el fin de la guerra del agua y el gobierno de Castilla-La Mancha, con José María Barreda al frente, como una traición a  la altura de  la Campana de Huesca  cuando  Ramiro II el Monje, rey de Aragón, decapitó a doce nobles que se opusieron a su voluntad.  La normativa elevó ese mínimo no trasvasable desde 240 Hm3 a 400 Hm3, que es tanto como decir del 9,7 %  de la cabecera hasta el 16,1%.  Por las matemáticas sabemos que 240 es <  a 400, pero el tiempo nos ha venido a demostrar, además, que sigue siendo un mínimo insuficiente para atender a las expectativas futuras de la cuenca del Tajo; y ya no digamos cualquier expectativa de desarrollo turístico en los municipios ribereños. ¿Quién va a invertir en el entorno de un lago que en un ciclo seco se  convierte en un secarral? Por ello, la Asociación de Municipios Ribereños  reivindica que la raya roja se suba hasta el 40 % de la capacidad de la cabecera del Tajo, poco más de 900 Hm3. No parece descabellado. (Aprovecho este paréntesis para lo más farragoso,  aclarar que si por un casual la cabecera mejora y está en un arco, según los meses, que va entre los 597 y 688 Hm3, el trasvase puede llegar a los 38 Hm3 mensuales, que es lo que se aprobó el viernes.  O si se produjera un milagro climático por el que las existencias conjuntas en Entrepeñas y Buendía sean iguales o mayores que 1.300 hm3 , o cuando las aportaciones conjuntas entrantes a estos embalses en los últimos doce meses sean iguales o mayores que 1.200 hm3, en ese caso el órgano competente -ordena la Ley- autorizará un trasvase mensual de 60 hm3 hasta un máximo anual de 650 hm3 en cada año hidrológico, 600 para el Segura y 50 para el Guadiana, cuando se ponga en marcha otro trasvase del que no se habla, porque es interregional , aunque en otra cuenca, la llamada tubería manchega)

Por tanto, a rajatabla se aplica el Memorando,  así que más nos valdría dejarse de lamentaciones y corregir el tiro de una política regional sobre el agua, que siempre ha pinchado en hueso. Les recuerdo la frustrada reforma del  Estatuto de Castilla-La Mancha, para finiquitar el Trasvase, que con tanta alegría Barreda presentó en el Congreso y se empantanó ante las mayores fuerzas (electorales) desplegadas  por el Levante español,  que en materia de agua siempre se ponen de acuerdo, porque saben lo mucho que se juegan.

En Castilla-La Mancha,  el agua solo ha servido para hacer política con “p” minúscula. Para arrojarse  el Travase a la cabeza, unos diciendo  que  un mínimo de 400 Hm3 es una ridiculez y los otros que con sus gobiernos todavía estaban peor, porque era de 240 Hm3. Los más triste de todo es que ambos tienen razón. Dijo el tuerto al ciego.

Así las cosas, mientras en el parlamento de Cartagena se han aprobado cuantas resoluciones han sido necesarias en favor del Trasvase, en el de Castilla-La Mancha no han sido capaces PP y PSOE de dar una respuesta unánime,  porque siempre ponen por delante la carreta a los bueyes,  la demagogia partidista antes que los intereses generales de la comunidad ¡Pero si ni tan siquiera en el Ayuntamiento de Sacedón se han puesto de acuerdo  para aprobar una moción conjunta frente a la última derivación!

Lluego pasa lo que pasa. Que el secretario de los socialistas de Murcia, Diego Conesa, ha sido capaz de hacer cambiar de opinión a  Pedro Sánchez en diez días,  en los que pasó de enterrador del Trasvase a convertirse  en su valedor. La percepción en los partidos nacionales y la opinión pública  es que el discurso antitrasvase en Castilla-La Mancha es postureo, como se dice ahora, mientras que en el Levante, además de su superior fuerza electoral, tienen una economía poderosa a la que riega y alegra al PIB español.

Una economía, lo he escrito varias veces, que hay que cuidar, pero que se asienta en unos supuestos falsos, como es que la cabecera del Tajo, por sí misma, puede abastecer las necesidades de su envidiable huerta y el abastecimiento humano de una región,  que tiene un turismo de masas.

No es posible,  es injusto para la cuenca cedente, aunque tenga menos huertas y menos votos,  y por eso es tan necesario llegar a acuerdos  sobre un Pacto del Agua que sea verdaderamente nacional.

En esto soy pesimista; lo reconozco. Lo más razonable sería avanzar hacia una política  hidráulica que contemplara la conexión de cuencas, de norte a sur,  y aunque por técnica es viable es políticamente incorrecto. El deficiente  funcionamiento del  Estado Autonómico en todo lo que son políticas de solidaridad y cohesión territorial, en franca regresión por el avance hacia un modelo federal asimétrico, haría inimaginables derivaciones del Duero al Tajo,  luego del Tajo al Levante y al Guadiana, o del Ebro al Levante. Ni lo sueñen ver en esta España nuestra planes que los regeneracionistas se plantearon en el siglo XIX o a principios del XX ministros progresistas como el republicano Indalecio Prieto. Tales políticas vertebradoras de España  son ahora una quimera, porque el Estado Español, y sus gobiernos cada vez tienen menos fuerza ante los poderes periféricos. Y solo pueden imponer un trasvase: el del Tajo-Segura. Ahí se paró el Estado.

Por ello, seguramente,  García-Page se ha hecho antitrasvasista y se ha convertido en un fervoroso defensor de las desaladoras, para que en el Levante tengan una alternativa al Trasvase.  Tal vez una posición así se explica por puro posibilismo y por la incapacidad del Estado para ir más allá en esa deseable conexión entre cuencas, en los límites de lo sostenible.

Pero perdónenme, la pregunta, porque no me acaba de entrar en la cabeza: ¿por qué es mejor dejar que agua excedentaria se vaya al mar, sin que se pueda trasvasar una cantidad mínima (el 7% del Ebro en Tortosa, por ejemplo) y luego  la recojamos de ese mismo mar, para desalarla, aunque nos sale mucho más cara y encima genera residuos salinos?

Sinceramente, no lo entiendo. Será  la edad o  mi empeño en leer a esos políticos e intelectuales incorrectos  que creían en una España vertebrada, solidaria y cohesionada.  A lo que se ve incompatible con este modelo  nacional-regionalista al que avanzamos  y  que está más cerca de los excesos que acabaron con la I República Española que de los ideales que inspiraron la Europa de los Konrad Adenauer, Robert Schuman, Jean Monnet o Alcide de Gasperi .

Pero esto es lo que hay. Trasvases en modo “a rajatabla”. ¿Para siempre?

«Nuestro objetivo es el fin de los trasvases y apostar por las desaladoras. Ha llegado el momento de poner fin a la improvisación. No hay que hacer política con el agua, sino una política del agua».
Estas palabras fueron pronunciadas por Pedro Sánchez, para satisfacción de la concurrencia, durante un mitin celebrado en Albacete el 19 de abril. Tuvieron una fuerte contestación en el PSOE murciano y valenciano, y apenas diez días después, en Molina del Segura, y esta vez ante militantes socialistas de Murcia, el mismo Sánchez que había dicho que no había que improvisar, ni hacer política con el agua, siguió los consejos de Groucho Marx (“señores, estos son mis principios, pero si no les gustan tengo otros”) y tras reunirse con las organizaciones y regantes dijo todo lo contrario. Que él defiende las infraestructuras actuales, «y también el Tajo-Segura», como le habían pedido explícitamente  los regantes en la reunión que mantuvo con ellos ese mismo día. Cuentan las crónicas que Pedro Sánchez fue fuertemente aplaudido por los asistentes al acto, entre ellos, el secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa, que defendió la vigencia de esta obra tras las palabras del líder socialista en Albacete. Más aplausos.

Sánchez se marchó de Murcia satisfecho por haber apagado el incendio que provocaron sus palabras de Albacete, aunque fuera a costa de generar un conato en la comunidad de Castilla-La Mancha. Lo que demuestra donde está, ahora, el compromiso real del líder del PSOE. Tampoco es una novedad: siempre ha sido así, con todos los gobiernos de España sean del PSOE o del PP. Cuando ha habido que elegir entre mantener los regadíos en la huerta murciana y levantina a pleno pulmón, con lo que ello supone para la economía nacional, o reducir el caudal del Tajo siempre se optó por lo primero.

El peso de la economía levantina y de su fuerza electoral siempre estuvo por encima de las demandas de los Ribereños por mantener una lámina estable (el 40% de los embalses) que hagan posible un desarrollo turístico de la zona, o la propia regeneración del río Tajo que soporta en tiempos de sequía unos caudales ridículos.

Siempre fue así y las cosas no van a variar cuando los embalses estén por encima de los 400 Hm3, pero lo que es novedoso que todo un secretario general del PSOE pueda cambiar en diez días tan rápidamente de opinión sobre un trema, como es el agua, de tanta trascendencia. Porque si lo ha hecho con el trasvase, qué fiabilidad podemos concederle a otros de sus compromisos.

Como muchos sospechábamos, el cargo le viene grande.

Quedaba por saber cuál es la reacción del gobierno de Castilla-La Mancha y del presidente Emiliano García-Page sobre ese cambio de papeles del secretario general entre el 19 al 29 de abril. De momento, el presidente regional ha rehuido la confrontación directa con Sánchez y todo lo más que ha salido de su boca es que él siempre antepondrá los intereses de la región a los de cualquier estrategia partidista o electoral y que los ciudadanos castigan la «la incoherencia, la contradicción y el zigzagueo».    ¡Ah sí, y que el PP son más trasvasistas que ellos!

Esto es lo que hay.

P.D. No tengo muy claro qué podría traer la declaración de Fiesta de Interés Turístico Regional para el Maratón de Cuentos, además de una oportunidad para que los grupos políticos se entretengan durante unos días con sus reproches y ocurrencias. Quiero creer que habrá una mayor aportación de la comunidad autónoma al Maratón, que ahora se sostiene casi exclusivamente en los presupuestos municipales, amén de alguna campaña de promoción específica en medios. De lo contrario habríamos estado discutiendo sobre el sexo de los ángeles. Esto es lo que hay.

El agua que en un día pasa por el Ebro en Zaragoza, coincidiendo con las inundaciones que regresan a la ribera de Aragón y Navarra,  equivale al trasvase  que en los tres próximos meses (60 Hm3) se van a derivar desde una tierra seca, la cabecera del Tajo, a otra deficitaria en agua, el Levante español. No he escuchado a ninguna voz autorizada en Aragón, de cuya corona nació España,  preguntarse si es aceptable que todo este agua se pierda sin que solo una mínima parte pueda contribuir  a paliar las necesidades de la España seca. Diríase que algunos prefieren ahogarse en una riada que trasvasar un solo hectómetro fuera de las fronteras regionales.

Un servidor, aun siendo de Guadalajara, no es antitrasvasista de religión, como otros políticos oportunistas.  Pero lo que tampoco acepto es ser trasvasista de un único trasvase: el del Tajo al Segura. Eso es un insulto.  Y lamento que habiendo opciones para hacer derivaciones de agua sostenibles  del Ebro al Segura, o del Duero a la cabecera del Tajo, todo ello sea tabú en la España de hoy. Porque sería políticamente incorrecto y el presidente autonómico que lo defendiera perdería las siguientes elecciones, emparedado por el populismo y la demagogia nacional-regionalista.

España no solo tiene un problema en Cataluña, con los independentistas que viven de la independencia y el desafecto de una parte no desdeñable de la sociedad catalana, instruida por TV3 y una bien tejida red de agit-prop a favor del “Process”.

El problema real de España es que los vicios y la estrategia nacionalista está siendo mimetizada por los gobiernos autonómicos, que por ello están perdiendo todo sentido del Estado. Cada presidente se cree un Puigdemont en potencia. Y esto nos lleva a que en España cada vez sea más difícil mantener un estado vertebrado, porque lo que ahora se lleva es ensalzar las particularidades de todo bicho viviente y reclamar un estatuto especial. Y así constatamos que cada vez hay más desigualdades  en materia fiscal, la educación o la sanidad, entre unas autonomías y otras, aunque gran parte de la izquierda y  los sindicatos CC.OO y UGT miren hacia  otro lado.

El problema de España, hoy, no es que sucumbe al disparate de un agua que se pierde en el mar, y que luego hay que desalar con el alto coste que ello supone. Lo que nos debería preocupar es que todo ello es consecuencia de la la falta de vertebración de un Estado, que es incapaz de dar respuesta a cualquier política armonizadora entre los distintos territorios que lo componen.

El éxito de Ciudadanos está meramente en señalarlo, aunque lo que diga Rivera es el libro gordo de Petete; y la caída del PP no es más que su incapacidad para trazar una hoja de ruta y que sus dirigentes sean capaces de explicarla. O en el caso del PSOE de Pedro Sánchez la ausencia de una idea de España, como la tuvo el PSOE de Felipe González y Alfonso Guerra, el que mejor supo vertebrar la España de la democracia. Es decir, viven en la improvisación y la ocurrencia.

Podemos y sus confluencias son esencialmente nacionalistas.

Esto es lo que hay. El problema no es el trasvase.  Es la idea de España que hace aguas.

Áspera y fea polémica en la que nos hemos instalado tras conocer  que el Ayuntamiento de Guadalajara ha minorado 6.000 euros la subvención al Maratón de Cuentos,  para incrementar la ayuda que recibe el Tenorio Mendocino y la Fundación  Siglo Futuro.  A partir de ahora, el Maratón recibirá 68.000 euros de ayuda municipal, mientras que el Tenorio Mendocino y la Fundación Siglo Futuro sube de 18.000 a 21.000 euros. Son los tres eventos “vips”  que más ayuda pública reciben del Ayuntamiento de Guadalajara (es decir, de los contribuyentes que pagamos en la ciudad nuestros impuestos), en razón de la trascendencia social y económica de las actividades que despliegan.  El Maratón de Cuentos, el Tenorio Mendocino,  y la programación cultural, rica, plural, concienzuda y de gran calidad, que nos ofrece  la Fundación Siglo Futuro casi todas las semanas  del año.

Los tres eventos, y las asociaciones culturales que los promueven (Seminario de Literatura Infantil y Juvenil, Gentes de Guadalajara y la Fundación Siglo Futuro) contribuyen de manera destacada a hacer una ciudad más ilustrada y tolerante,  y su éxito tiene el mismo patrón: la masa social, que de una manera desinteresada, por amor al arte, soporta y echa muchas horas al año para que estas actividades puedan ponerse en marcha. No habría ni Maratón, ni Mendocino, ni una programación cultural prolongada, como la de Siglo Futuro, si su organización corriera a cargo de cualquier organismo público que trabaja en horas de oficina. Por ello es justo que tengan ayudas públicas, ya que ofrecen a los arriacenses una actividad cultural que en la mayoría de los casos es gratuita, y siempre sin ánimo de lucro. Con las tres he colaborado a lo largo de mi carrera profesional, y especialmente en los inicios,  cuando  más necesario es el aliento, y como arriacense me siento orgulloso de su trabajo, porque hacen más grande a mi ciudad, a Guadalajara.  Y por ello me molesta que en algunos círculos, quiero pensar que no mayoritarios,  se alimenten clichés como que el Maratón está vinculado y es producto de la industria cultural de la izquierda o que el Tenorio  forma parte del culto conservador.  Por el bien de la ciudad sería muy deseable que alejemos eventos, que deben ser y lo son trasversales en la ciudadanía, de  cualquier  polémica  ligada a la política con minúsculas, la que está más allá de los asuntos de interés general, y que forma parte de los intereses de grupo o de partido. Porque los clichés, como las brujas, “haberlos haylos”, como dicen mis amigos gallegos.

Es lícito, no lo niego, que  desde el  Maratón se pueda cuestionar la reducción de la subvención municipal, como que en otros ambientes se piense que se podía hacer un reparto todavía más equitativo. Pero parece una desmesura que desde cualificados portavoces se llegue a decir que al alcalde le “importa un huevo” que haya o no Maratón, o sentenciar desde algún grupo de la oposición que este equipo de Gobierno se lo quiere cargar. Ni es  justo, ni se corresponde con la realidad. A pesar de este recorte de 6.000 euros, el Ayuntamiento de Guadalajara sigue siendo el principal patrocinador de la actividad, con 68.000 euros (por 3.000 de la Junta y 2.000 de la Diputación),  lo que no se compadece con los desprecios recibidos.  Que el equipo de Gobierno quiere “reequilibrar” la subvención, como ha dicho el alcalde, no deja de estar en su derecho. A fin de cuentas gobernar es elegir y priorizar, y lo mismo que algún  grupo propuso aumentar determinadas  subvenciones culturales, a costa de suprimir las ayudas a las parroquias para acciones  sociales o el gasto en los encierros o la Escuela Taurina, y está en su perfecto derecho, no parece exagerado  que este mismo equipo de Gobierno pueda derivar 6.000 euros de una actividad a otra sin que por ello se le tache de “odiar” al Maratón o que una concejala de Ahora diga  que estamos ante «un grave gesto de desprecio, de maltrato a la ciudad y a sus gentes, impropio de un alcalde que dice querer a Guadalajara» ¡Como si hubiese suprimido la totalidad de la subvención! Pronto habrá elecciones municipales, y cada partido podrá proponer su programa; y cuanto más detallado sea, mejor.  Pero no es bueno mezclar  las cosas, confundir los papeles entre lo que es un gestor cultural y un edil de la oposición,  y más nos valdría que esta polémica no se desborde, porque las redes sociales las carga el diablo, y al final todo se enmierda. Y crea división. Levanta muros en la ciudad. Gran error.

Si Maratón, Mendocino y Siglo Futuro han tenido éxito es porque son eventos que han echado  sus raíces en la sociedad de Guadalajara. Que es trasversal y pasa del picoteo político.  No hagamos de una puntual discrepancia una cuestión de fe  o de ideología, una descalificación global,  no engordemos esos clichés, porque nos equivocaremos.

Y estaríamos haciendo un flaco favor al Maratón, al Tenorio  o a la larga actividad del Siglo Futuro a los que debemos preservar por muchos años más. Para ello también  sería deseable, que en estos nuevos tiempos de crowdfunding y de patrocinios privados ganar autonomía y  depender cada vez menos de las subvenciones públicas; y de los caprichos o intereses de quienes las otorgan.

Esto es lo que hay.

Nota al pie. La persona a la que aludo como portavoz cualificado, aun sin nombrarla, y que es un destacado miembro voluntario del Maratón (uno más, aclara él) me pide que puntualice que la opinión manifestada en los comentarios que hizo como lector de Guadalajara Diario es exclusivamente personal, y que no actuó como portavoz del Maratón. Aclarado queda.

Si les comentaba  en mi anterior post que nuestros políticos solo se acuerdan de que la presa de Beleña, por su escasa capacidad, hay años que tiene que liberar dos tercios del agua que le llega del Sorbe, y siguen con los brazos cruzados (mismamente ahora, otra vez),  sobre la cabecera del Tajo podemos decir otros tres cuartos de los mismo.

A partir del 1 de abril, la ministra Tejerina ya nos ha anticipado que el ministerio quitará el tapón del estanque en que han convertido la cabecera del Tajo (los pantanos de Entrepeñas y Buendía),  ya que desde el mes de septiembre no se han autorizado trasvases, porque estaba por debajo de los 400 Hm3, que es el mínimo para poder trasvasar.  Pero llegado este punto, volvemos a las más cruda realidad: con apenas el 16 % de la capacidad en la cabecera se reanudarán las derivaciones de agua al levante, con lo que cuando nos metamos en el verano volveremos  a las andadas. Diríase que cuando llueve sobre la cabecera del Tajo lo hace, en realidad, en Murcia, a cuatrocientos kilómetros. Raro.

Pero así está este negocio montado. Cuando el trasvase empezó a funcionar no había líneas rojas.  Se supone que o bien porque pensaban que la aportación del Tajo y el Guadiela no lo iban a hacer necesario (con el tiempo se comprobó  que los cálculos estaban equivocados, la cabecera no tiene capacidad para un trasvase de esta envergadura) o porque alguien se imaginó a Entrepeñas y Buendía como un aljibe que se puede llenar y vaciar a su antojo; sin que merezca tener una vida propia en su entorno.

Fue con el gobierno de José Bono cuando se establece por primera vez un mínimo no trasvasable,  que ese Plan de Cuenca lo fijó en 240 Hm3. Y no fue hasta hace cinco años con Cospedal  cuando esta cantidad se eleva hasta los 400 Hm3. Es por tanto ventajista responsabilizar de las penurias de  la  cabecera a ese famoso Memorándum,  que se firmó en tiempos de Arias Cañete con los gobiernos de Valencia, Murcia y Castilla-La Mancha, todos ellos del PP, porque 240 es menor que 400. Pero no es menos cierto que si bien el citado acuerdo no es el responsable de la actual situación, tampoco ha sido capaz de cambiarla, porque el mínimo establecido sigue siendo ridículo: esos 400 Hm3 apenas dan para una cabecera al 16 % de capacidad. Y con esa lámina de agua no hay manera de desarrollar un negocio turístico en el entorno. Porque ahí radica todo.

La puñetera realidad es que la normativa por la que se rigen los embalses no contempla que estos puedan convertirse en un motor que genera riquezapara la zona. Son simplemente aljibes.  Y no parece justo que mientras el agua se deriva al levante, no solo para regadíos, sino para abastecer a su importante  sector turistico,  a los ribereños de Entrepeñas y Buendía se les niegue esa posibilidad.

Para cambiar la situación, y seguir atendiendo los usos de la cuenca cedente,  es imprescindible elevar esa cota mínima no trasvasable (los ribereños la fijan en el  50% de la cabecera) y eso nunca se podrá lograr mientras en el levante sigan mirando con recelo la desalación. Está muy claro que si el agua del trasvase es  más barata que la desalación, no hay manera de resolver el prolema.

Por ello, hay algo en lo que todos nos podemos poner de acuerdo, aquí y allí. Habrá que buscar la fórmula para que las desaladoras produzcan más agua y a mejor precio, e incentivar a los agricultores, como se hacen en otros muchos sectores.

Utilizar el agua para consumo interno, y para hacer política con minúsculas, como se hace en Castilla-La Mancha,  desconozco si dará algún rédito, yo lo pongo en duda, pero al final sucede como con el process catalán: que es agotador y nos lleva a un callejón sin salida.

Hace falta un pacto nacional  del agua, pero sobre supuestos justos. Es indecente que el único trasvase entre cuencas siga siendo el del Tajo, porque  cualquier otro que se ha planteado (Ebro, Duero…) lo han tumbado los nacionalismos y regionalismos de miras cortas.  Pero esto es lo que hay: con 16 % de capacidad en cabecera  volverán los trasvases, porque para el ministerio cualquier metro cúbico de agua que entre a partir de los 400 Hm3 es  excedentaria. ¡Tiene tela!

Dice el refrán español que solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, y me viene al pelo para glosar  lo que ha pasado en los últimos días en la provincia de Guadalajara. En el mes de diciembre estábamos agobiados por la pertinaz sequía y sus agoreras previsiones, y en poco más de dos meses la noticia son las inundaciones y desbordamientos en las cuencas del Sorbe y Henares, y los requerimientos urgentes por parte de la Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos (APAG) para que limpie los cauces. En pocos días hemos pasado de tener los pantanos del norte provincial en situación de emergencia o alerta a comprobar que cuando vienen dos semanas seguidas de precipitaciones, su capacidad reguladora queda en entredicho porque las presas se llenan en apenas unos días.  Y el Cañamares se desborda porque se abren las compuertas en Pálmaces, el Aliendre inunda los campos de Espinosa y Cogolludo y el Henares anega zonas en Jadraque, Alcuneza y Moratilla.

En Arbancón es el arroyo Salceda el que inunda caminos y siembras. Y el Henares, que recibe las aguas de un Sorbe que no puede embalsar más en Beleña, puede fastidiar la cosecha de espárrago en Ciruelas, Heras de Ayuso y Torre del Burgo. Hasta el coqueto Dulce, un río amable donde los haya, está causando problemas en Estriégana, Aragosa, Jodra del Pinar y Mandayona. O el Salado, que regula el embalse de El Atance, hizo de las suyas en La Riba, Imón y Santamera, donde inundó la carretera y los vecinos no se atrevían a entrar ni salir del pueblo.  Desde la APAG  claman: “Los cauces están sucios, porque no se han limpiado en años”.

Particularmente sangrante es la situación de la presa de Beleña, que en apenas una semana acopió más de un 40 % de su capacidad de embalse, y ahora toca desaguar todo lo que viene porque se ha llegado al límite de seguridad. Y como nos recuerda el refrán de Santa Bárbara, nuestros políticos y fuerzas vivas vuelven a desempolvar ese viejo proyecto para derivar parte del agua que no se puede embalsar en Beleña hasta el vecino pantano de Alcorlo, que le triplica en capacidad, con lo que de un plumazo se dotaría de agua a los regantes y se abastecería a la Mancomunidad de Agua del Sorbe para los próximos cincuenta años.  Clama al cielo, pero no hay en estos momentos un proyecto tan importante para asegurar el desarrollo de esta provincia y dar de beber a una población de medio millón habitantes, la que se abastece de la MAS, como la doble conexión Beleña-Alcorlo, una vez que ya tenemos disponible el viaje de ida: el agua que en caso de sequía aportaría Alcorlo a Beleña.

Es bueno por lo tanto recordar que estamos hablando de un proyecto que se fue al carajo en febrero de 2011 cuando  en el epílogo del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el misterio tumbó un proyecto, que llevaba seis años de tramitación,  con un informe medioambiental negativo, para la construcción de un túnel en roca viva,  que conectaría el río Sorbe con el pantano de Alcorlo, y que ademas lo haría a unos costes razonables, ya que el agua bajaría por  gravedad, sin necesidad de bombeo. El ministerio daba así la razón a varios grupos ecologistas que habían torpedeado el proyecto desde su concepción, y en su resolución, el BOE recogía algunas  de las consecuencias que podría tener esta obra.Un supuesto impacto sobre la fauna y la biodiversidad, y cuestionaba aspectos como que no se hubiera previsto un paso para peces, lo que podría afectar negativamente a las truchas.

Pues bien, las elecciones de  junio de 2011 nos trajeron a Cospedal a la presidencia de Castilla-La Mancha y las de diciembre de 2011 a don Mariano a La Moncloa. ¿Y qué hicieron los nuevos gobernantes nacionales, regionales y provinciales para tratar de dar una solución legal a los problemas medioambientales apuntados por el ministerio en su resolución de 8 de febrero? Yo les respondo: se olvidaron de lo que predicaban desde la oposición y no hicieron nada. Y así llegamos hasta este marzo de 2017, seis años después, en que volvemos a acordarnos del túnel  y de la madre que lo parió cuando Beleña ya no puede embalsar ni una meada más. Y para colmo, en el tiempo que ha transcurrido, la zona por donde debería construirse el túnel se ha declarado parque natural, con lo que nos encontramos con una doble prohibición.  Así está el asunto de enredado,  con lo que conociendo cómo se las gastan nuestros políticos más allá de las pomposas declaraciones en sus ruedas de prensa, no me encuentro precisamente entre los optimistas. Y supongo que la cosa acabará con el alboroto de siempre, echándose las culpas los unos a los otros, y la casa sin barrer. Porque que nadie lo dude, tampoco los ecologistas:  esta conexión entre los dos ríos, con lo que haya que retocar, es la alternativa menos lesiva para el medioambiente entre las dos que se manejan para asegurar el suministro del Corredor del Henares en los próximos cincuenta años. Y de no llevarse a cabo nos encontraremos que o bien se haría una nueva presa en el alto Sorbe, o como mínimo tendríamos que recrecer el dique de Beleña, con lo que inundaríamos hasta La Mierla.

Esto es lo que hay. En mi próximo post hablaré de la cabecera del Tajo, que también tiene tela.
Plano: Esquema de la doble conexión entre Beleña y Alcorlo. La línea recta es la tubería, ya disponible, para elevar agua desde Alcorlo a Beleña.

Del cielo al infierno. Del blanco al negro. De la gloria a la miseria más absoluta. Del emperador que conquistó Europa a Waterloo y su  último destierro en  una diminuta isla en la mitad del Atlántico, Santa Elena… A menudo la historia es así de caprichosa. Mismamente, en el Deportivo Guadalajara. Germán Retuerta fue el mejor presidente de la historia del club morado, al que llevó  a la segunda división en la temporada 2011-2012, dirigidos por un visionario vizcaíno llamado Carlos Terrazas;  y es el mismo que ocho años después es depuesto por orden judicial, con el club en concurso de acreedores,  al borde de la quiebra y de su liquidación, si no llega dinero fresco  en los próximos meses.  El mejor y el peor presidente de la historia del Guadalajara son una misma persona.

Tras su particular 18 de brumario en Anduva, Retuerta tuvo su fracasada  batalla de Leipzig en una chapucera  ampliación de capital (meto un dinero y a los pocos días lo saco),  que arruinó dos temporadas de notable éxito deportivo en segunda división, y  que acabaron con el descenso administrativo del equipo. Retuerta perdió, primero, ante la justicia deportiva y luego ante la ordinaria, y el Guadalajara regresó a la segunda división B en la temporada 2013-14. Fue entonces cuando recibió alguna  propuesta de venta del club por unos tres millones de euros, pero él se descolgó con que quería más, un millón por temporada de su vida dedicada al Deportivo Guadalajara (y nadie le puede discutir que más allá de sus errores, a él se dedicó en cuerpo y alma); y a partir de entonces empezó una huida hacia adelante que terminó con su particular  Waterloo en el descenso a tercera en la temporada 2015-16, que ni el mediático David Vidal pudo parar. Entre medias, una historia de sinsabores e impagos que originaron una gran bola de deudas  que han terminado con las acciones de Retuerta en manos de prestamistas, hasta el punto de que solo ahora nos hemos enterado por los administradores judiciales de que al día de hoy ya no es el propietario del club e incluso de que no tiene una sola acción. A finales de la pasada semana, Retuerta marchó hacia su isla de Santa Elena, al exilio del Escartín, por una providencia judicial que le prohíbe el paso a las oficinas y le ordena devolver las llaves a los administradores . De aquel Retuerta que entró en Guadalajara  en autobús descubierto el 28 de junio de 2011 como primer cónsul del deportivismo al desposeído presidente que se sentó, él solo, en la inmensidad de una grada vacía, la que se levantó tras el ascenso a segunda, apenas van siete años. ¡Que perra es la vida cuando todo lo susceptible de empeorar empeora!

Queda por saber el final de esta historia. La tarea de los administradores es llevar el concurso a buen puerto, que los deudores cobren lo que puedan, y que al mismo tiempo el Club Deportivo Guadalajara no termine disuelto tras 71 años de historia. El reto es complicado. Por los administradores apenas sabemos que el titular de las acciones que perdió Retuerta,y  cuya identidad no han desvelado, quiere venderlas  cuanto antes. Pero para que alguien pueda vender, se necesitan compradores. Y para facilitar esa venta, lo mejor es que el concurso se resuelva cuanto antes y se emita el preceptivo informe provisional con el diagnóstico de la situación del club, que al decir de los administradores se está retrasando más de lo debido porque el  ex presidente tarda en facilitar los papeles que se le requieren y han tenido que pedir auxilio judicial. No es tarea fácil que algún empresario se meta en un negocio del que se desconocen las grandes cifras de su contabilidad: parece que el pasivo puede estar en unos 1,6 millones de euros y del activo mejor  no hablamos, porque el campo es municipal y cualquier mejora allí realizada es patrimonio del Ayuntamiento. Quedan pendiente, además, las investigaciones por no haber liquidado unos 900.000 euros de IVA en las temporadas 2012 y 2013, cuando se bajó a segunda B, y ya veremos si  cuando se complete el informe judicial no se descubren nuevos ilícitos penales. Un panorama inquietante, que ojalá no desanime a futuros inversores, que algún día estuvieron interesados por un equipo de fútbol con 71 años de historia ( 2 en segunda, 7 en segunda B, 49 en tercera, 4 en preferente y 8 en primera regional) de una capital de provincia de tamaño medio, al lado de Madrid, con una población  similar a algunos equipos de primera (Villarreal o  Girona) y a la mayoría de los de segunda.Una sociedad que es ahora propiedad de un prestamista del que desconocemos el nombre y con unos administradores  que solo tienen garantizado el  pago de la plantilla en febrero, aunque la temporada llega hasta junio y hay unos compromisos con unos jugadores que siguen luchando por las plazas del play-off de ascenso. Unos héroes.

Esto es lo que nos deja el deporte rey en una ciudad que este año es la capital europea del deporte. ¡Que feo!

Ya sabemos que Napoleón nunca salió de la isla de Santa Elena…, pero también que la esperanza es lo último que se pierde.  Así que es esto es lo que hay.

Foto: manifestación contra el descenso administrativo del  Deportivo en donde se puede ver a Germán Retuerta y a Carlos Terrazas. 

Doy por descontado que el Ayuntamiento de Guadalajara y el Gobierno regional (la «oposición municipal verdadera», Carnicero dixit) terminarán en los próximos días con el tira y afloja que se han traído en la última década, y que el consistorio capitalino se pueda sumar, incluso gráficamente, al acuerdo para desarrollar  el nuevo campus de Guadalajara en el complejo de Las Cristinas.

Hasta ahora, el gobierno (los gobiernos)  de Castilla-La Mancha se habían dedicado a disimular que hacen algo  y a discutir. Hace veinte años con ese campus maravilloso que se iba a construir en el polígono del Ruiseñor, y que la crisis se cargó -con lo que evitamos el error de sacar fuera de la ciudad el campus-, pero que aplazó el proyecto in illo tempore. Durante la gestión de Cospedal el campus no fue una prioridad, hasta el punto de no se impulsó la solución de Las Cristinas  hasta final de legislatura, y no mediante convenio sino con un simple protocolo que no comprometía a gran cosa. Y así sucedió que Cospedal  no renovó su presidencia (porque esta vez no ganó en Guadalajara) y que su sucesor, Emiliano García-Page, se lo tomó con calma. Su acierto es que asumió el cambio de ubicación, como quería el Ayuntamiento: de un descampado en las afueras de la ciudad  a un complejo situado en el centro, al lado de la estación de Autobuses, y que aprovecharía un edificio estatal (del ministerio de Defensa) para no tener que empezar la obra desde cero. Blanco y en botella: un proyecto más barato que el del Ruiseñor, y que urbanísticamente sí beneficia a la ciudad de Guadalajara y al interés general . No hay que dar excesivos argumentos para defender la dinamización que supone para la zona norte de Guadalajara (la gran olvidada en todos nuestros Planes de Urbanismo) contar con un motor económico, como el que generan, según cifras del curso 2016-17,  3.426 alumnos, 470 profesores y 46 personas de administración y servicios que trabajan en el campus de Guadalajara. Haber perdido para la ciudad ese potencial  habría la puntilla tras el disparate de enviar los nuevos juzgados junto a los Geo en lugar haberse instalado en alguno de los muchos inmuebles que hay vacíos en Guadalajara. Por cierto, que la Universidad ya ha advertido que desalojará el edificio Multidepartamental de la calle Cifuentes, propiedad de la Junta, cuando esté el campus inaugurado con lo que el Gobierno regional de turno deberá pensar a tiempo a qué lo va a dedicar entonces. Para evitar que pase como con el Fuerte.

Si el gobierno de Cospedal demoró la firma del protocolo hasta final del mandato, el de García-Page esperó hasta hace unos días para firmar el contrato-programa con la Universidad de Alcalá en el que se establecen por un lado los compromisos inversores: en total se gastarán más de 50 millones en cuatro años. Los 3,7 de 2018, 14 millones para obras en 2019, 16,5 millones para 2020  y 16,5 para 2021.  Además, este Campus albergará en un futuro el Grado en Ingeniería Biomédica y el Grado en Logística, los nuevos grados previstos.

El contrato programa establece, además, la financiación ordinaria  que recibirá el campus de Guadalajara de la Universidad de Alcalá por parte de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. En concreto contempla que el Gobierno regional destinará 43,5 millones de euros para la subvención nominativa, la implantación de nuevas titulaciones y el cumplimiento de objetivos hasta el año 2021, con nueve millones este año, 11 millones en 2019, 11,5 millones en 2020 y 12 millones en 2021.

Si todo sale según lo previsto,  el campus estará terminado en 2021. Es decir, diez años después de que se firmara el protocolo y veinte desde que empezaron a marear a la perdiz con el campus del Ruiseñor. Demasiado tiempo se me hace, que solo lo puede compensar el que estamos ante un buen proyecto, pero no solo para Guadalajara (el día que se haga la residencia de estudiantes en Las Cristinas el campus se abrirá a todo el Corredor y al resto de Castilla-La Mancha), sino también para las arcas de la Autonomía. Como el rector de la Universidad se ha encargado varias veces de recalcar a Castilla-La Mancha le sale más caro el alumno de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) que el de la Universidad de Alcalá. Y ambas son universidades de la Región. Y no quiero meter el dedo en el ojo a nadie: entre el campus de Guadalajara ampliado al que tenemos a 25 kilómetros en Alcalá de Henares, en una universidad de la historia y el prestigio de la UAH, no hay color con otro de reciente creación. Como bien sabemos en España, crear una universidad desde cero es más caro y complicado que la expansión de una existente (y la de Alcalá la fundó  el cardenal Cisneros), por no hablar de la pecata minuta: el propio Gobierno regional reconoce que hay un “agujero” en las finanzas de la UCLM, del que ignoramos su magnitud, por lo que ha exigido una auditoría externa. Así están las cosas del Tajo para abajo.

Tenemos que celebrar por tanto el acuerdo al que se ha llegado entre la Junta y la UAH, aunque su escenificación no pudo ser más impropia. Dejar fuera de la foto al Ayuntamiento, cuando va a poner parcelas que ahora valen unos 10 millones para pagar los terrenos al ministerio de Defensa, es injusto y sectario. Y llevarse la firma a Toledo es no conocer la idiosincrasia de Guadalajara. Supongo que al final todo se arreglará, que el Ayuntamiento se sumará al acuerdo, y que tendremos un acto institucional antes de las elecciones como la ocasión se merece en un lugar simbólico de Guadalajara, esa capital de provincia castellana (segunda en población de la región) que se  merecía mayor diligencia en todo este asunto.  Pero esto es lo que hay , y tal como están las cosas en la UCLM, ahora mismo firmo que el campus de la UAH en Guadalajara esté terminado en 2021. Y que nuestros políticos se busquen otra arena en la que pelearse.

Esta semana los agricultores de Guadalajara, particularmente, y el desarrollo industrial y residencial del Corredor del Henares, en general, se han llevado un nuevo revés. Representantes de la Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos –APAG- se reunieron con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), Juan Carlos de Cea, y el comisario de aguas para tratar los serios problemas de agua y de regadíos que sufre la provincia de Guadalajara. El secretario general de APAG, Antonio Torres y varios miembros de la Junta directiva expusieron la situación de los regadíos en la provincia, con restricciones en los riegos a causa de la escasez de agua en los pantanos (entre Lupiana y Almoguera no se podrá regar porque la Tajera está en situación de “emergencia”)  y reivindicaron por enésima vez  la conexión Beleña-Alcorlo, como solución para los problemas de agua, tanto en el regadío como en el abastecimiento humano y la industria.

Como casi todos saben, la presa de Beleña es muy pequeña para las servidumbres que tiene (apenas 53 Hm3), por lo que este pantano entró en situación de «emergencia» en el mes de diciembre y la situación empeoró en este enero seco, en que llegó a estar al 11% de su capacidad (5,97 Hm3). Afortunadamente el mes de febrero entró con lluvia y nieve y ha alcanzado ya el 22,6%, con 12 Hm3; y la situación pasa a ser de «alerta».

Lo que los agricultotes, empresarios y la Diputación de Guadalajara demandan es que en los tiempos de bonanza de agua, cuando son necesarios los desembalses porque se llena Beleña, se pueda guardar solo una parte de ese agua en el pantano de Alcorlo, de mayor capacidad, lo que resolvería el problema del abastecimiento.  ¿Y qué se dice desde la CHT? Su presidente  manifestó que desde su departamento se ha elaborado un informe sobre dicho proyecto, que ha sido entregado a la ministra de Agricultura. En este informe se deja constancia de que la obra de conexión de los ríos Sorbe y Bornova “no podrá realizarse mientras no se cambie la Ley 5/2011, de 10 de marzo, de Declaración del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha”.

¿Por qué? En la ley se cita de forma expresa como actividades incomplatibles «la construcción o ampliación de presas, embalses, canales, acequias; las nuevas explotaciones o captaciones de aguas superficiales o subterráneas, y la ampliación de las existentes, con la excepción de los abastecimientos a los núcleos urbanos de El Cardoso de la Sierra, Bocígano, Peñalba de la Sierra, Cabida, Colmenar y Corralejo, y los puntos de agua para incendios forestales que se consideran autorizables”.

Ante esta situación,  APAG va a pedir una reunión a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para tratar de desbloquear el proyecto, e intentar que la obra pueda llevarse a cabo.

Complicado lo veo, porque con el fundamentalismo ecologista con el que se redactan algunas leyes,como esta del parque natural de la sierra Norte, que casi engloba a un tercio de la provincia, y en la que se juntan churrras con merinas, acaban siendo un lastre para su desarrollo, por muy de acuerdo que estemos todos en la preservación de su medio ambiente. Porque que me lo explique alguien:  si es perfectamente compatible con el medio ambiente una pequeña derivación desde Alcorlo a Beleña,  que ya está operativa en caso de  necesidad, por qué no lo es a la inversa: desde Beleña (Sorbe) a Alcorlo (Bornova) cuando estamos hablando de dos sistemas muy similares.

Esto es lo que hay. Nadie te dará un argumento de peso. Y eso que estamos hablando del abastecimiento a medio millón de personas que dependen de la Mancomunidad del Sorbe y de garantizar que la gallina de los huevos de oro para el empleo de de Guadalajara, como es el Corredor  del  Henares, tenga agua disponible para que no se  frene su desarrollo. Y para ello solo hace falta una solución, que no requiere de presas dañinas  en al alto Sorbe ni de grandes obras: simplemente permitir que Alcorlo guarde solo un poquito del agua que temporalmente sobra en Beleña, por su pequeña capacidad, cuando llega el deshielo en un buen año.

¿A qué juegan algunos?

Foto superior: Tubería que lleva agua de Alcorlo a Beleña. Pues bien, al revés dicen no puede ser porque es incompatible con la declaración de Parque Natural.¿Alguien lo entiende?

Todo es un verdadero despropósito. Una decisión de Estado que debería estar consensuada por los  principales partidos españoles, ya que contempla un  proyecto a largo plazo, que podría extenderse en el tiempo entre 50 y 100 años, se ha convertido en una pelea política de campanario entre el gobierno central y un gobierno regional rival, que lo ha empantanado todo. Me estoy refiriendo a la construcción en Villar de Cañas (Cuenca) del Almacén Temporal Centralizado (ATC) y en el que (teóricamente) se deberían guardar los residuos de alta actividad generados en las centrales nucleares españolas. Se trata del combustible gastado producido en sus reactores de fisión y que, hoy por hoy, tienen una vida activa de varios miles de años. En la actualidad se guardan en almacenes individuales (ATI), que tienen las centrales nucleares (entre ellas las alcarreñas de Trillo y Zorita, esta última en fase de desmantelamiento)  y el Plan General de Residuos aprobado por el parlamento español contempla que a medio plazo se concentrarían todos ellos, por mayor seguridad y  mejor economía, en un almacén temporal, como hay otros en Europa ( el de Villar de Cañas tiene como referencia al holandés, el más moderno) . Allí estarían entre cincuenta y cien años hasta que se diseñe lo que se llama Almacenamiento Geológico Profundo (AGP), con capacidad para mantener los residuos seguros hasta la eternidad. Es el regalito que la energía nuclear de fisión lega a las futuras generaciones y su principal inconveniente para seguir desarrollando este tipo de reactores,  por lo demás de gran fiabilidad y muy útiles para asegurar la producción de un país con España, donde las energías renovables lideran su cartera energética, pero que tienen el inconveniente de que los kilowatios que producen no se pueden  almacenar. Con lo que se depende del viento o el sol para su uso diario.

No hay ningún proyecto avanzado sobre el AGP y sobre lo que se hará con estos residuos a largo plazo. Si al final se buscará una solución nacional o europea en las profundidades de la tierra, en subsuelo del mar o en el espacio exterior .  Por ello hablar ahora sobre el AGP es pura ciencia ficción, y el presidente García-Page debería saberlo. Seguramente pasará medio siglo y lo seguirán debatiendo y fiándolo  a la investigación sobre cómo reducir la actividad de esos residuos de alta, atiborrados de rayos alfa, para convertirlos en residuos de tratamiento medio.

Pero volvamos a la realidad: España necesita un ATC a medio plazo, ya que de lo contrario los dichosos residuos deberán seguir por tiempo indefinido en los recintos de las centrales nucleares en unas condiciones de diseño que no son  las ideales para aguantar allí cien años más. Porque para ese tiempo se pensó en el ATC.  Así que lo pase con el ATC nos afecta directamente en Guadalajara y es lo que lamento en las iniciativas políticas que han tenido lugar en las últimas semanas. Que han preferido ignorarlo.

Porque todo ha sido un despropósito. España no tiene una política de estado sobre la energía (como también carece de ella en Educación, financiación y hasta en Política Territorial) y temas que deberían estar debatidos y pactados se convierten en política con p minúscula y S mayúscula de sectarismo. Y así sucede que el ministerio de Industria elige con escasa fortuna en diciembre de 2011 al minúsculo pueblo de Villar de Cañas para albergar el ATC, que es vendido por el gobierno regional de Dolores Cospedal como el gran revulsivo económico para la comarca y la región entera. Cambia el gobierno regional y García-Page se encuentra con toda una bicoca para que un gobierno de izquierdas, ahora en alianza con Podemos,  dé lustre a su agenda  verde. La oposición a ese cementerio que concentrará todos los residuos nucleares de España  en la región. Todo un regalo. El gobierno de García-Page utilizó los hábiles métodos de Bono con Cabañeros para torpedear el proyecto y echó mano de  la Laguna del Hito, un espacio cercano a Villar de Cañas, a la que otorgó la oportuna protección para impulsar su batalla jurídica. Y hasta ahora  está ganando la partida.  El Gobierno (o ENRESA, que es la empresa pública que gestiona el proyecto) ha sido incapaz de tener aprobado casi siete años después el  Estudio de Impacto Ambiental, lo que alienta serias dudas sobre la idoneidad del sitio elegido, y el 11 de enero de 2017 recibe un guantazo que los manda al suelo y  el  árbitro está contando  con lo que podría dar el combate por terminado. Sucede que el Tribunal de Justicia de Castilla-La Mancha desestimó el recurso del ayuntamiento conquense  contra la decisión que había adoptado el Gobierno regional de anular el plan de urbanismo de la localidad de julio de 2015. ¿Y qué significa eso? Que si el gobierno de España no consigue una sentencia revocatoria en el Tribunal Supremo, las obras en la práctica están paradas, ya que cada nueva  licencia que otorgue el Ayuntamiento podría ser recurrida por los servicios jurídicos de la Junta, y además imputar al alcalde por prevaricación.

Todo un despropósito, porque en los terrenos de Villar de Cañas se han hecho obras y adjudicaciones por unos setenta millones de euros (algunos hablan de cien), que serían malgastados si el Supremo mantiene el  criterio del TSJCLM,  ya que la obra no podría continuar. ¿Se imaginan que esto pudiera ocurrir en Francia, Alemania o cualquier país  con sentido de estado? Un centenar de millones del contribuyente a la basura. Y volvemos a la casilla de salida. El ATC sin construir y los residuos en Trillo y Zorita, ¿por los siglos de los siglos?  Pues sus ATI no están diseñados para ello. Aunque una cosa les garantizo.  Ningún ayuntamiento en el entorno de  de 10 km. de ambos emplazamientos  va a protestar,   porque mientras sigan estando allí los residuos seguirán cobrando las compensaciones de Enresa. Yo que ellos ya estaría pidiendo más.

Y yo me pregunto: ¿cómo se pueden hacer las cosas tan mal? El ministro Soria jugó con fuego concediendo el ATC a Cuenca, para que Cospedal se pudiera apuntar un tanto,  en lugar de haber hecho lo  más prudente: adjudicarlo a un emplazamiento pactado junto a una central nuclear, como quería  la AMAC, la asociación de municipios con centrales nucleares que se desintegró al perder esta batalla.  Ahora, España (no solo el PP) tiene un problema como  un queso de bola, porque ni tan siquiera sabemos  qué gobiernos habrá en Madrid y Toledo cuando se pronuncie el Supremo; y qué  se les ocurrirá a cada uno de ellos.

Esto es lo que hay. Un país sin política de Estado más allá de la defensa de la unidad de España, que me parece bien,  pero incapaz de dar un paso más allá y que se pierde en la maraña de instituciones y competencias entre las que se malgasta el dinero del contribuyente, que tanto nos cuesta ganar.

P.D. Por cierto, que no nos dé un ataque de populismo.El dinero del ATC no se puede destinar en carreteras, como sugería el presidente regional,  porque es un dinero finalista que ENRESA cobra de nuestro recibo de la luz, el de usted y el mío,  para gestionar los residuos nucleares en España.  Y si tiene que gestionar, y asegurar,  siete pequeños cementerios nucleares en vez de uno de tamaño medio, pues ya sabemos por economía de escala que a lo mejor no tiene bastante. Con lo que nos volverán a subir el recibo de la luz, como hacen siempre.

Foto: ATI de la central de Zorita, planta en fase avanzada de desmantelamiento, con los contenedores de hormigón y en los que se guardan los residuos de alta actividad mientras no se puedan trasladar a un ATC. /Archivo GD