España tiene un número indeterminado de migrantes irregulares. Ni tan siquiera sabemos cuántos, parece que entre medio millón y un millón; cuando no hay cifras oficiales es lo que pasa: que no controlas ni la estadística. En Guadalajara, donde hasta ahora no se están produciendo grandes problemas, la subdelegada del Gobierno no se atrevía a estimar el número de potenciales afectados.  Lo que sí sabemos es que esos migrantes sin papeles tienen derecho a ayudas de emergencia, a prestaciones sanitarias y a la educación (estas dos últimas a cargo de las Autonomías) porque han llegado a un Estado donde, todavía, esos derechos son universales al contrario que en otros países desarrollados sean del entorno o de más allá del Atlántico. Quiere esto decir que el gobierno de España -cualquier gobierno- solo tiene tres alternativas. Expulsar a esos migrantes que suponen un gasto para la administración pública, pero que no pueden contribuir fiscalmente con ella, asunto muy complicado incluso para los que desde el populismo lo reclaman. Regularizar a estos migrantes para que puedan tener contratos en A y pagar a Hacienda como los nacionales. Y una tercera vía -nos recuerda el politólogo Juan Ignacio Torreblanca– es la que adoptó un país democrático como Australia, pero que en España sería tachada de fascista y xenófoba: garantizar que toda persona que entre irregularmente en aquel gran continente repoblado en su nacimiento por inmigrantes ingleses-algunos de ellos presidiarios en cumplimiento de condena- es confinada indefinidamente en un centro de internamiento hasta que sea devuelta a su país.

El gobierno de Sánchez, siguiendo la vía que le marcaron hace 3 años con una iniciativa legislativa popular (ILP) varias docenas de organizaciones solidarias y caritativas, ha optado (tarde) por la segunda vía, y yo no lo critico, solo que en su plasmación ha cometido los más graves errores, empezando por convertir esta regularización en un arma electoral. Si hay un asunto, tan delicado como este, que necesita de un consenso social entre los dos partidos de gobierno y entre empresarios y sindicatos es este de la migración, por lo que se requiere una tramitación parlamentaria sosegada y no burlar otra vez al Congreso y al Senado, como si España fuera una autocracia a lo Xi Ping  y no una democracia parlamentaria. Pero es que Sánchez, en su huida hacia adelante para sobrevivir a su extravagante legislatura, ha enfadado también a la Unión Europea, que ya advierte que esta regularización en un país que está en Schengen afecta a la libertad de movimiento en el interior de la Unión y por eso ya han surgido voces que reclaman “aislar” a España e incluso su expulsión directa del espacio Schengen. Un gobierno español sin mayoría parlamentaria y sin el respaldo de sus socios europeos no se puede permitirse el lujo de abordar una regularización masiva, cuando ni tan siquiera tiene control y capacidad para contrastar los papeles que les presentan los interesados. Pero sobre todo por el efecto llamada que provoca. Todas las mafias del mundo ya saben que en España la siguiente regularización masiva empieza a contar desde el 30 de junio de 2026, plazo en que termina la presentación de la documentación para la actual. Y eso puede acabar rompiendo las costuras de cualquier estado de bienestar y dejarlo en las raspas. ¿Se imaginan qué haríamos con 700.000 migrantes si cambiara el actual ciclo económico, actualmente expansivo, por una crisis como la subprime de 2008? España necesita de la contribución de la migración, a la vista está, pero también de gobiernos responsables que se coordinen con la Unión Europea a la que pertenecemos.

Muchos se preguntan quiénes son los mayores beneficiados de estas colas en la calle y de la falta de respuestas del gobierno ante lo que ha iniciado. Cuando desde la moderación no se dan soluciones racionales a los problemas complejos siempre gana el populismo con sus mensajes simplistas, el último este de la “prioridad nacional”, que luego no hay por donde cogerlo con la Ley en la mano, porque en un estado de Derecho lo que no está en la Ley no existe; solo es bulla. Cuando el populismo de derechas parecía haber tocado su techo, ahí está otra vez Pedro Sánchez para reanimarlo. Y esto es lo que hay.

LA FRASE: “No podemos tolerar la regularización masiva que está llevando a cabo el señor Sánchez. Hay un enorme problema con los españoles hoy en día. Si yo fuera presidente aislaría a España del resto de las naciones europeas y restablecería los controles en la frontera. Esta decisión es contraria al espíritu europeo”. BRUNO RETAILLEAU, candidato a la Presidencia de Francia por el partido gaullista Los Republicanos”.