La democracia española nacida de la Constitución de 1978 asiste en estos últimos días a su mayor desafío, incluso mayor al provocado por el intento de golpe de estado de Tejero y Milans el 23 de febrero de  1981. Si bien es cierto que en la acción armada del insurrecto teniente coronel logró secuestrar al parlamento y al gobierno entero, y que no era descartable cualquier locura por parte del jefe operativo de los golpistas, todos sabíamos (y ellos también) que su propósito estaba condenado al fracaso, porque el pueblo español no quería marchas atrás en el proceso democrático y el rey Juan Carlos lo desautorizó y desmontó en apenas unas horas.

Las calles de España, el 24 de febrero,  fueron un clamor popular que inocularon a la política y la sociedad española de la vacuna anti-golpismo, y que permitió acabar de un plumazo con la llamada “cuestión militar”, y que de manera tan negativa contribuyó a la consolidación en España de un régimen constitucional estable,  que resolviera los problemas, como se hacía en los grandes países europeos, mediante la aplicación de la Ley y sin pronunciamientos militares. El régimen democrático salió refortalecido del 23-F, y a ello contribuyó la unidad de las fuerzas políticas y sindicales que habían hecho posible la transición (UCD, PSOE, PCE, AP, nacionalistas vascos y catalanes y los sindicatos CC.OO  y UGT), que a las pocas horas de ser liberados los parlamentarios marcharon codo con codo en una lección que legitimó la democracia española para siempre. El 23-F dio paso al periodo más próspero de paz y  libertad de la nación española en su historia. Que nadie lo olvide cuando los cantos del populismo intentar ensuciar aquella etapa.

¿Hoy sería posible esta misma fotografía ante el golpe de estado que se quiere dar en Cataluña, para liquidar unilateralmente la Constitución que el pueblo español (y el catalán) votó mayoritariamente? Ya vemos que no. Ayer,  Rajoy se reunió con los líderes de los partidos constitucionalistas  y no fueron capaces de salir los tres en una fotografía.  Pero lo peor es que no hay una respuesta unitaria minimamente consensuada sobre lo que hacer, posiblemente el viernes, si finalmente la exigua mayoría secesionista del parlamento catalán proclama la independencia unilateral  de Cataluña, coincidiendo con  el aniversario de la proclamación del Estat Catalá (¡ojito, dentro de la República Federal Española!)  por parte de Lluis Companys a las 8 y 10 minutos del 6 de octubre de 1934. Por la historia sabemos lo que hizo el gobierno de la República: mandó al general Batet (luego fusilado por Franco por defender la legalidad en 1936) con una batería de cañones frente al palacio de la Generalitat y a las siete de la mañana del 7 de octubre entraba en el palacio de la Generalitat y detenía a todo el gobierno. Cuando quedan apenas tres días de que este episodio se pueda repetir 86 años después, estamos en un mar de dudas sobre cuál será la respuesta del gobierno, pero las diferencias de opinión entre los partidos constitucionalistas, entre los que ya no están los sucesores del viejo PCE,  nos llevan al desánimo.

La respuesta dada por la Ejecutiva del PSOE  de Pedro Sánchez, de que la solución es que Mariano Rajoy negocie con Puigdemont, el jefe de los golpistas, es inaudita. ¿Pero qué tiene que negociar el jefe de un gobierno constitucional con el jefe de un gobierno autonómico que se niega a cumplir la Ley? ¿Más competencias? ¿Las transferencias de los aeropuertos? ¿Tal vez la independencia? ¿Pero en qué mundo vive Sánchez? ¿Alguien se imagina que Felipe González hubiera reclamado a Adolfo Suárez que negociara con Milans o con Armada una solución política, como pretendió este último, para que Tejero liberara al parlamento? ¿Pero qué demonios está pensando Sánchez? ¿Tal vez en una moción de censura contra Rajoy, apoyada por Podemos y los independentistas, para presentarse luego él como el salvador de la situación? Sánchez tiene todo el derecho a encabezar cualquier gobierno alternativo frente a Rajoy -¡ ya me gustaría saber qué hubiera hecho si él fuera el presidente del gobierno en esta situación!-, pero hay que ser miope para no ver que ahora estamos en otro momento político previo: ¡Qué hacer ante una previsible declaración unilateral de independencia! Y lo único que se le ha ocurrido es pedir a Rajoy que dialogue con el jefe de los golpistas, y de paso anunciar que no apoyará al gobierno en la utilización de un instrumento legítimo, como es el artículo 155 de la Constitución.  El señor Sánchez no ha estado a la altura de lo que se le supone a un jefe del gobierno español en la sombra, y siembra el desasosiego entre los que creemos que España necesita una alternativa socialdemócrata fuerte, patriótica -en el sentido republicano del término-, y nacional.

Desconocemos también los propósitos del gobierno. Sólo sabemos que la estrategia habitual de Rajoy para que los problemas se cuezan por el mero paso del tiempo no ha funcionado en esta ocasión. Es verdad que el referéndum fue una farsa, y que sus promotores no lograron sus objetivos de transmitir credibilidad, pero sí consiguieron algo muy importante. Ganaron la batalla de la publicidad ante la prensa internacional, que compró –como TV3 y una cadena española—la imagen de una policía bárbara y represora a base de amplificar los enfrentamientos violentos con activistas (muy pocos con la gente que quería votar) e ignorar que a pesar de vivirse una jornada tumultuaria solo hubo dos heridos graves; y que más de medio millar de los contusionados y heridos leves eran policías y guardias civiles. ¡Igualito que en Venezuela!  A Rajoy le engañaron los Mossos y su jefe Trapero, no cumpliendo con lo ordenado por  la Justicia de sellar los centros de votación antes de las seis de la mañana, y no hubo un plan B. Así,  las muy profesionales fuerzas del Estado cayeron en la trampa de participar en un performance nacionalista muy medido para la televisión, pero que a esas alturas apenas tenía sentido, porque el refrendo era una parodia, y ya daba igual que abrieran doscientos o trescientos puntos de votación, porque  había quedado acreditado que allí podía votar cualquiera y las veces que quisiera.

Muy posiblemente el gobierno apruebe estos días la aplicación del artículo 155, total o parcialmente. Siento decir que llega tarde. Tal medida se debería haber tomado el día en que el  Parlament aprueba el referendo ilegal, aunque Sánchez se hubiera desmarcado de ella (para no mancharse), porque no se debió permitir que  los promotores de un acto ilegal y sedicioso lo pilotaran y dieran ruedas de prensa  en la oficinita de Mediapró (sí, el del fútbol), como si no pasara nada. Sinceramente, eso en Francia es inimaginable.

Lo lamento, pero cada día que pasa es más difícil implementar una solución mínimamente aceptable, por todo lo anterior, y por un problema de fondo que está en el germen del auge del independentismo en Cataluña (también en el País Vasco, que será el segundo en llamar a la ventanilla de la independencia). Y es que durante más de treinta años de gobierno nacionalista se ha inoculado el virus del odio hacia todo lo español, se ha falseado una historia de convivencia que dura más de cinco siglos y se ha tolerado que un gobierno lleve años saltándose la Ley y conviviendo con la impunidad. Todos sabemos que la historia del secesionismo en Cataluña es la del independentismo  a plazos; y como hace treinta años apenas la respaldaba un tercio de la población, lo que hicieron fue adoctrinar a los escolares en esa visión única de la Cataluña nacionalista y en la que no había cabida para la pluralidad y la diferencia. Tapar los casos de corrupción en el partido-estado de Pujol precipitó el Procés, y ahora, como en la Alemania nazi, se señala a los vecinos españoles en su tramo de escalera, se enseña a los niños en el colegio que policías y guardias civiles han invadido su país,  se hacen minutos de silencio con menores  por la independencia, y se atemoriza a los que no piensan como ellos, que ya ni se atreven a manifestarse o a colocar una bandera española en su balcón. Hasta el Barça se ha convertido en un mero instrumento de la propaganda soberanista. De todo esto no se hacen eco los medios internacionales, porque España ha carecido de un discurso coherente en Cataluña desde el  día en que un gobierno central pactó con Convergencia a cambio de estabilidad durante  la legislatura. Tiene narices, pero la ley electoral española, y su prima a los partidos nacionalistas, ha tenido mucho que ver en este proceso de degradación de la idea de lo español, que alguna izquierda desnortada ha llegado incluso a comprar como si fueran una partida de carlistas.

Más que lo que pueda pasar el día en que se declare la independencia de Cataluña (y me preocupa mucho, se lo prometo, porque también  está en juego la democracia española), lo que me lleva al desaliento es constatar que este camino solo lleva a la independencia de Cataluña, pasado mañana, o dentro de diez años , cuando vayan a votar los chavales que ahora son educados en el pensamiento único. Mientras el Estado no recupere las competencias de Educación, que jamás debió haber transferido a ninguna autonomía, no hay nada que hacer. Así que si, ahora, toca hablar de reformas constitucionales, algunos también queremos que cambien cosas, pero para hacer un España más cohesionada y solidaria y en la que no haya que firmar un convenio especial para que te atiendan en un  hospital que está a cincuenta kilómetros. Así que yo también, y lo decía García-Page hace unos días, quiero votar sobre el futuro de Cataluña y España.

Este es el gran problema de fondo, que en Cataluña los que se sienten españoles han perdido su libertad y los derechos que les garantiza nuestra Constitución, y no si el viernes hay que aplicar el artículo 155 de la Constitución o el 33 del Conde de Romanones. Pero aunque sea para salir del paso, hasta ahora solo he oído una propuesta, y es la que hizo Albert Rivera, aplicar el 155 y convocar elecciones para dar la palabra a todo el pueblo catalán. No solo a los actores de la algarada nacionalista.

Y yo añadiría otra propuesta por mi cuenta. Esas elecciones en Cataluña deberían coincidir en día y hora con otras elecciones Generales. En vista de las discrepancias, lo mejor es que el pueblo opine y que el santoral al completo nos ilumine cuando emitamos el voto. A lo mejor no acabamos de resolver el problema, porque el votar por votar no garantiza nada, pero me parece la solución menos mala. Y a ver si hay suerte, y los que no han sido capaces de sacarnos de esta situación dejan el relevo a otros. En fútbol, cuando no entra la pelota, se cambia al entrenador. Ya sé que es lo más fácil, pero no vamos a cambiar a  46,5  millones de españoles, entre ellos 7,5 millones  de catalanes.

Esto es lo que hay, y bien que me preocupa.

Fracasó el supuesto referéndum, pero eso ya lo sabía el gobierno independentista de la Generalitat de Cataluña. Este domingo simplemente se rodaba un spot titulado “Porras y urnas”, por el que los secesionistas intentaban vender al mundo la supuesta represión del pueblo de Cataluña a manos del Estado Español aireando esa trampa saducea que pretende poner cualquier supuesto derecho a decidir por encima de la propia Ley. Olvidándose de que en la Alemania nazi o en la Venezuela de Maduro también se vota, pero cómo se vota. En Cataluña ya lo hemos visto: cualquiera podía ejercer el derecho universal de acudir a votar donde quisiera y las veces que le pareciera oportuno. El perfomance con que Puidmemont y los suyos montaron esta parodia se lo permitía.

Este 11-0 ha dejado algunas cosas claras, y otras tan inciertas que da vértigo.

Ha quedado claro que los Mossos, como policía judicial de Cataluña, son inoperantes porque anteponen la política sectaria de sus jefes a la profesionalidad que se le supone a una policía neutral y democrática. En cualquier país serio, el jefe de los Mossos, el tal Trapero, habría sido cesado en el momento  de haberse comprobado que desoyó las órdenes de los jueces para precintar los recintos de votación. En Cataluña, los Mossos son la policía mayoritaria, y sin un mando dispuesto a obedecer a la Ley el Estado de derecho hace aguas, porque el gobierno central no puede enviar un crucero lleno de guardias cada vez que haya un problema.

En paralelo a la desidia con que se ha comportado la Policía Autonómica, hay que destacar la profesionalidad de la Guardia Civil y Policía Nacional, que han cumplido a la perfección las órdenes de sus superiores, utilizando la fuerza justa para impedir la celebración de la votación, pero sin reprimir cualquier otro derecho democrático, como el de manifestación, de los que discrepaban. Ante la actitud  de algunos de los sediciosos, si este desafío hubiera ocurrido en la Venezuela de Maduro, se habrían producido decenas de muertos, como bien sabemos por la manera que los amigos de Podemos reprimen las manifestaciones de la oposición. Si mañana, o pasado, hay cualquier posibilidad de diálogo y de enderezar este disparate se lo debemos a la profesionalidad de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Me decepciona profundamente que a las pocas horas de la intervención medida por parte del Gobierno de la Nación, la dirección del PSOE de Pedro Sánchez y Miquel Iceta se desmarcaran del apoyo a la legalidad, que mantuvieron en las últimas semanas ante el desafío secesionista, poniéndose de perfil y equidistantes entre los golpistas y el gobierno que tiene obligación de cumplir la Ley. Es decepcionante que no dejaran pasar ni unos días para criticar al ejecutivo de Rajoy, porque si bien es cierto que este gobierno ha podido cometer errores por practicar el juego del avestruz ante lo que se le avecinaba,  no podemos olvidar que tampoco los socialistas cuando gobernaron (y lo han hecho en mayor medida que el PP) tuvieron ninguna solución mágica ante el desafío soberanista. Ni el señor Ábalos ni el señor Iceta han hecho ninguna propuesta para enderezar esto que no sea la consabida apelación al diálogo. ¿Pero qué se puede dialogar con unos golpistas que sólo tienen un objetivo, la independencia de Cataluña, y que no parecen dispuesto a negociar dentro de la Ley? Hoy no era el día para la política con minúsculas, sino para el patriotismo constitucional. Y más cuando la España democrática necesita una izquierda socialdemócrata fuerte y con un proyecto diferenciado de esa extrema izquierda, que por primera vez ha entrado en el parlamento, a lomos del populismo que ha alentado la crisis, y que está dispuesta a dar calor a todo tipo de separatismos con tal de socavar los cimientos de la Constitución del 78, que ha dado a España el periodo de mayor prosperidad y libertad de su historia. Jamás el PSOE,  ni en los peores momentos de la Guerra Civil, por el acoso separatista y revolucionario, dejó de tener clara su obligación con España.

El referendo ha fracasado, pero tras el 1-0 llega el 2-0 y nos encontramos con dos legalidades en Cataluña. Una es la del Estado Español, con unas leyes a las que están sujetos todos los poderes que emanan de él, y otra legalidad, la Generalitat de Cataluña, que también emana del Estado, pero que está ocupada por unos tipos que se niegan a cumplir con la Ley que da carta de naturaleza a las instituciones que gobiernan. No hace falta ser catedrático de derecho constitucional para saber que ambas legitimidades son incompatibles, y que si el gobierno del Estado, mañana mismo, y por los procedimientos que le permite la Constitución (incluido el artículo 155), no termina con los sediciosos es el propio Estado el que entraría en trance de disolución. Francia,  Alemania, el Reino Unido o cualquier país de tradición democrática no habría tolerado que a un referéndum ilegal que dinamita a ese estado hubieran llegado como pilotos del mismo sus promotores. Es sencillamente inimaginable.

Habrá que estar atento al desarrollo de los acontecimientos, porque en los próximos días tienen que pasar cosas, seguramente que algunas desagradables, pero ninguna de ellas debe llevar premio a los políticos que nos han conducido a esta situación tan desesperada. Porque sería la democracia española la que no lo resistiría. Esto es que hay.

¿Alguien se imagina que cuando Tejero tenía al parlamento secuestrado el 23-F se le hubiera reclamado al gobierno de Adolfo Suárez que negociara con Alfonso Armada cualquier  solución política para terminar con la acción armada?

A nadie se le pasó por la cabeza, y ningún partido democrático y constitucionalista debería ni tan siquiera insinuarlo cuando para tomar distancia con el gobierno de Rajoy, se insiste con la matraca del diálogo.  ¿Pero qué es lo que se puede dialogar con unos golpistas que han roto unilateralmente con la legalidad democrática y desafían la autoridad del Tribunal Constitucional? ¿Pero es que no se dan cuenta (o sí se dan y por eso insisten) que lo que está en juego no es solo la unidad de España,  sino la legitimidad  del régimen que alumbró la Constitución de 1978? ¿Que la inhibición del gobierno, además de constituir sedición, por no  cumplir con su obligación de defender  la legalidad,  derrumbaría consigo el edificio del Estado, y nos llevaría a una situación similar a la de la I República Federal Española?

Por encima de cualquier legítima discrepancia, hoy  hay que estar con el Gobierno, porque representa al Estado Español, y este a la Nación española,  con toda la diversidad que la reconoce nuestra Constitución. Sería mezquino, amén de una grave equivocación , que alguna fuerza política pusiera por delante el odio a Rajoy y al PP sobre la defensa de España y del estado de derecho.  Los que hoy se manifiestan protestando porque el gobierno ha vulnerado supuestamente las prerrogativas de la Generalidat de Cataluña son unos falsarios. El gobierno no ha ordenado ninguna detención, porque en una democracia no es el Ejecutivo el que detiene: son los Tribunales, y en este caso lo ha sido  por desobedecer las resoluciones del principal de todos ellos, el Tribunal Constitucional. Ningún país de la Unión Europea habría actuado de manera diferente.

No hay  sorpresa  porque no se sumen a la defensa de la legalidad los que rechazan esta Constitución y la democracia representativa,  que ha llevado a Europa a las mayores cotas de progreso y libertad en su historia, desde luego muy superior a la  Cuba de los Castro o a la empobrecida Venezuela de Maduro. Pero sería fatal que el partido que durante más tiempo ha gobernado España tras la recuperación de la democracia no tuviera claro algo tan elemental. Porque sin España tampoco habría PSOE.

Es evidente que cuando pase todo esto habrá que establecer algún diálogo constitucional con la sociedad civil catalana de cara a lograr el mejor encaje de esta nacionalidad histórica, como nuestra Constitución reconoce otorgando a esa comunidad un estatuto especial.  Pero nunca será con golpistas que no han dudado en poner a toda España contra la pared y arrastrarla hacia un conflicto civil de imprevisibles consecuencias. Porque esto solo acaba de empezar.

La manifestación de la Diada de Cataluña, si bien reunió a menos público que en años anteriores, sigue concitando el apoyo de demasiadas personas teniendo en cuenta la magnitud del desafío de esta convocatoria anual: el respaldo a un referéndum ilegal, que liquidaría la Constitución y el Estatuto de Aurtonomía en Cataluña en lo que supone  la mayor provocación al Estado Español desde la recuperación de la democracia. No solo para el gobierno central, como algunos irresponsables dirigentes del populismo patrio pretender señalar en un imposible ejercicio de equidistancia. Porque verá, señor Iglesias: lo que nos jugamos el día 1-O es la legitimación del propio Estado ante Europa, la Comunidad internacional y las instituciones financieras que nos prestan el dinero.  Es tan sencillo como esto: si el 1-O se celebra un referéndum, y a los pocos días se proclama la República Catalana, y no les pasa nada a los cargos públicos que desafiaron la prohibición del Tribunal Constitucional al día siguiente el que se desintegra es el Estado Español,  como se desintegró la bienintencionada  Primera  República Española,  por las desmesuras de los nacionalismos y cantonalismos de todo tipo hasta que el general Pavía entró en las Cortes el 3 de enero de 1874 y puso fin a la República Federal, en la que en  sus primeros once meses se sucedieron  hasta cuatro presidentes.

Lo que nos confirmó la Diada de este año es el convencimiento de que con los promotores de este “Proces” no hay posibilidad de diálogo. En el caso de las fuerzas políticas que soportan al actual gobierno catalán, porque el caballo se les ha desbocado, y cualquier negociación a la baja supondría el descrédito ante su inflamada parroquia y a la que se le ha impedido desde su aparato mediático conocer los riesgos de todo este proceso.  Y si hablamos de la CUP,  lo que quieren  iniciar es un proceso revolucionario que terminaría irremediablemente en una dictadura comunista de la peor especie en la que no cabría ni la libertad política ni la económica.

Por todo ello, si no hay una rectificación, es inevitable la confrontación para restablecer la Ley y el derecho,  que el  Parlamento catalán mancilló con sus leyes de ruptura, y casi lo de menos es cómo se impide que el 1 de Octubre derive en un golpe de estado como el que intentaron Milans y Tejero:  si mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución o en base a la Ley de Seguridad Nacional. Ese día llegará pronto y no valdrá  ponerse de perfil, ni será posible apelar al diálogo. Antes habrá que habrá que asegurar la continuidad de España como estado, y luego, porque en Cataluña media sociedad no está cómoda con la actual situación, abrir un proceso de diálogo como el que  se hizo en la Transición. Pero ya sería con otros interlocutores que  no nos hayan llevado a este despeñadero.  En el Reino Unido el gobierno de Londres tuvo que suspender por un tiempo el gobierno autónomo de Irlanda del Norte y no pasó nada.

Populismo sobre ruedas.- El vicepresidente segundo del gobierno regional, José García Molina,  y la consejera  para la Coordinación del Plan de Garantías Ciudadanas,  Inmaculada Herranz, han publicitado estos días que ambos han renunciado al uso del coche oficial. Bueno, ¿ y qué? ¿Este gesto nos va a suponer algún ahorro  al contribuyente castellano-manchego,  que les paga sus sueldos? La respuesta es negativa: ni un solo euro,  porque en ningún caso se va a amortizar la plaza de los conductores que estaban asignados a sus respectivos cargos, simplemente que estarán más relajados porque van a tener menos trabajo. Así que si quieren  ahorro, sin demagogias, les sugiero que  prescindan de algún asesor, porque esos cargos sí que son discrecionales.  Y confíen más en los funcionarios de carrera.

Por lo demás, no me imagino a dos miembros del  consejo de gobierno de Castilla-La Mancha teniendo que desplazarse en una región tan extensa como es ésta en el  autobús de línea o conduciendo su propio coche. ¿O es que se van a encastillar en Toledo, como si fueran Padilla frente a las tropas imperiales y no van a dejar el despacho? De ser así, malo, pero si el día en que se desplacen van a perder media jornada en la carretera nos va a salir muy cara la hora de estos consejeros. Y  hasta puede que algunos piensen que a pesar de los engolados títulos de sus  consejerías en realidad tienen poco trabajo. ¡Pero es que queda tan mono poder decir que nosotros  no somos casta, porque renunciamos al coche oficial!

Esto es lo que hay: populismo sobre ruedas.

Nota: En el dibujo, bandera de la I República Española

El presidente regional (y secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha) Emiliano García-Page anunciará antes del miércoles que se presentará a la reelección. No lo hizo oficialmente durante el Comité Regional celebrado este domingo en Toledo, aunque lo dejo entrever al proclamar que el secretario regional del PSOE debería ser el candidato de este partido a la presidencia de Castilla-La Mancha. Blanco y en botella…Pero  luego nos referiremos a  Blanco. Antes subrayar que el Comité Regional fue un baño de autoestima para García-Page, que recibió toda suerte de estímulos para que se presente, entre ellos de  los secretarios provinciales del PSOE, con Pablo Bellido a la cabeza: será bueno para Castilla-La Mancha, para el PSOE e incluso para Pedro Sánchez, porque le conviene que el PSOE se siga gobernando en Castilla-La Mancha y no retroceda en ayuntamientos y diputaciones, vino a decir.  Tal era el clima en favor del  presidente regional,  que incluso al sanchista Manuel González Ramos, secretario provicial del PSOE de Albacete,  le costó tomar distancia  y tras proclamar su lealtad al presidente regional, se limitó a defender el derecho de cualquier militante a presentarse.

Pongamos que hablamos de José Luis Blanco, que se presenta (y lo dice públicamente sin que nadie lo desmienta) apoyado por las Plataformas que apoyaron a Pedro Sánchez durante las Primarias, y que el entorno del presidente regional  no entiende muy bien qué pintan en esta historia, una vez que aquellas terminaron con la victoria del sanchismo. Tal es así, que el número dos de García-Page, José Luis Martínez Guijarro, llegó a poner en duda que el propio Pedro Sánchez apoyara la operación Blanco, por las conversaciones que había mantenido con el entorno del  secretario general del PSOE. En cualquier caso, subrayo yo, ni Sánchez, ni portavoz autorizado suyo lo ha desmentido. Con lo cual mi razonamiento es el siguiente: Pedro Sánchez no busca un choque directo con Emiliano García-Page, porque el toledano es ciertamente el mejor candidato que puede presentar el  PSOE a las autonómicas de 2019, y ni harto de güisqui podría serlo si no recibe antes la confianza de la miltancia socialista en Castilla-La Mancha. Y como Pedro Sánchez sospecha, con fundamento, que García-Page tiene todas las posibilidades de revalidar el cargo de  secretario regional, pues lo más sensato es no abrasar en su aventura a un miembro de su Ejecutiva como el citado González Ramos (o a Magdalena Valerio, que fue la coordinadora de las plataformas de Sánchez en Castilla-La Mancha) y permitir que vaya de adelantado un candidato de un perfil más bajo, como es José Luis Blanco, apenas conocido a nivel regional. De esta manera siempre se podrá decir, si pierde, que Sánchez no tiene nada que ver. Aunque después de los arreones que se pegaron en las Primarias, tampoco Sánchez iba a privar a García-Page de un poco de penitencia.

Porque García-Page es el gran favorio sobre Blanco, pero después de lo pasado con Susana Díaz, a quien apoyaba la Santísima Trinidad del socialismo, ya no se puede descartar nada. Blanco, como  Sánchez, reivindicará un PSOE  «laico, feminista y de izquierdas”, y más leña  frente al PP. Y tiene una ventaja sobre García-Page, que al carecer de pasado político regional solo ha pisado callos en Azuqueca. A García-Page algún militante le va a sacar el catálogo de agravios hasta  de los tiempos de Bono. Y es  que como dice un amigo mío: hay menos cargos que militantes, y por esto o aquello en un partido son más los que se sienten relegados que favorecidos.

Por tantoo, no es que yo crea que Blanco sea el favorito, pero si yo fuera apostador, casi que me la jugaría a que si finalmente es proclamado candidato, que lo será, podría llegar al 30 % de los apoyos.  Aunque no le conozca casi nadie en la región. Esto es lo que hay.De momento.

Era la convocatoria unitaria más rutilante de nuestra (todavía) joven democracia. Por primera vez asistía a ella un rey de España, y con él los más importantes cargos del Estado: el presidente del Gobierno y sus ministros; los presidentes del Congreso y el Senado; todos los presidentes de comunidades autónomas (entre ellos García-Page); una amplia representación de alcaldes (entre ellos, Antonio Román), y los primeros espadas de las fuerzas política españolas. El motivo bien lo merecía: la condena  del brutal atentado terrorista en Barcelona y Cambrills, la solidaridad con las víctimas y sus familias,  y el respaldo a la la libertad y el orden democrático que el terrorismo yihadista quiere liquidar. Pues bien,  desde el primer momento se vio que todo esto pasaba a un segundo plano, porque el independentismo catalán ensució sobre la marcha el sentido de la manifestación, reconvirtiéndola en el primero de los actos de propaganda que quieren culminar con el referéndum ilegal del  1 de octubre, con el que se pretende derogar en Cataluña la Constitución española.

Una barrera de personas con banderas independentistas se colocó estratégicamente detrás del Rey y los altos cargos del Estado para buscar una foto (Felipe VI de España marchando delante de un bosque de esteladas) que adultera, ensucia y atropella el espíritu unitario de la marcha. Una imagen  que el Ayuntamiento de Barcelona, con su alcaldesa Ada Colau al frente, debería haber previsto y evitado.  También la Casa Real: los abucheos e insultos a un presidente de gobierno en democracia,  aunque siempre sea rechazable, casi forman parte del sueldo. Pero una institución como la monarquía tiene otros protocolos, y no caben ingenuidades. Seguro que la reina de Inglaterra, que no ha ido a una manifestación en su vida, no habrá entendido nada.

El  fracaso unitario de la manifestación de Barcelona nos ilustra también sobre el enorme desafío que la democracia española tiene frente al anunciado golpe de estado del  1 de octubre y la necesidad de que los partidos constitucionalistas acuerden una estrategia común con el gobierno, en defensa de la legalidad,  porque ya se ha visto la radicalidad de los que están enfrente. Esto es lo que hay, pero no sabremos  lo que habrá el día 2 de octubre. Y visto lo que pasó y las barbaridades que se escucharon en la manifestación es como para estar preocupados. Por Cataluña, su libertad y la de España entera.

Nueva York, Madrid,  París, Bali,  Londres, Bruselas, Berlín, Munich, Manchester… Y ahora Barcelona. Como dijo el ex primer ministro francés Manuel Valls, barcelonés de origen, no sabemos ni dónde ni cuando pero, desgraciadamente, tenemos la certeza de que lo volverán a intentar. Y como recordaba ayer el profesor Manuel Torres, “España, para lo ideólogos de la yihad terrorista , continua siendo “la perdida Al Andalus”, una tierra paradisiaca arrebatada por la fuerza al islam, cuya recuperación es irrenunciable”.

Estamos en el centro de la diana; y hay que defenderse. Con responsabilidad y moderación, pero también con firmeza y sin complejos. Porque estamos en guerra. Y por lo tanto, todos vivimos amenazados. No hay que tener miedo, como se gritaba en Barcelona, hay que volver a caminar sobre Las Ramblas, pero sin olvidar que mientras el mundo civilizado no acabe con el autodenominado  Estado Islámico,  siempre estaremos a expensas de que el jueves  17 de agosto  se repita en cualquier ciudad del mundo. Porque todos somos sus objetivos, incluso estos nuevos apaciguadores, aprendices de Chamberlain 2.0,  que se enredan en explicaciones económicas y sociales cuando ellos lo han dejado meridianamente claro, como muy bien lo explica el profesor Torres: “La sustitución de los actuales regímenes gobernantes por un único califato islámico que asegure la implantación de la sharía (ley islámica)”.

La guerra no va a ser fácil, seguramente será larga, porque es de gran complejidad, cierto que puede arrostrar consecuencias indeseables, y necesitará de la unidad de todos, aunque oportunistas y pusilánimes sembrarán la desconfianza.  En los últimos días, Cataluña y el conjunto de España,  la gente de Barcelona, una aldea global del mundo, su policía autonómica y las Fuerzas de Seguridad  del Estado, han puesto en valor lo mejor de nuestra sociedad libre y civilizada, desde el impulso de la unidad.

Es una pena que cuando todavía no se ha cerrado la lista de víctimas por el atentado yihadista, el presidente Puigdemont ya nos ha advertido de que nada va a variar su hoja de ruta hacia ese referéndum ilegal del 1 de octubre,  con el que proseguirá su loca carrera hacia ninguna parte. Tampoco puedo decir que me deje perplejo saber cuál es la escala de preocupaciones del molt honorable, porque me lo imaginaba. Aunque no deje de ser descorazonador. Pero esto es lo que hay.   Siendo Barcelona el icono de la aldea global contra el yihadismo y en donde resultaron heridas personas de más de treinta nacionalidades:  ¡como se puede ser tan paleto!

No ha aguantado la presión, especialmente de los sindicatos, y el nuevo gobierno de García- Page ha retirado la enmienda presentada al alimón por  PSOE y Podemos,  para favorecer la consolidación de los beneficios económicos que pudieran alcanzar los funcionarios  que temporalmente se dedican a la política: diputados, alcaldes, concejales… El estreno no podía ser más inconveniente: entre los potenciales beneficiados se encontraban los dos nuevos consejeros de Podemos, o el propio consejero de Hacienda, José Alfonso Ruiz-Molina. Entre otros cargos públicos…

El argumento de los defensores de la enmienda es  recuperar un mandato que se retiró durante el Gobierno del PP, en 2012, cuando se eliminó las consolidaciones de grado a los funcionarios de la Junta que hubieran sido designados como altos cargos. O en boca de María Díaz, la nueva vicepresidenta de Podemos en las Cortes regionales, porque lo actual situación puede suponer  “un menoscabo de los derechos profesionales y personales de quienes se comprometen con el servicio público».

Es cierto que algún perjuicio se podría producir en un funcionario que pierda alguna convocatoria de promoción interna mientras está en la cosa política, pero no mencionan que en la mayoría de los casos no es así. Porque si hablamos de altos cargos (consejeros, directores generales, jefes de gabinete…), sucede precisamente lo contrario, que con este enjuague lo que se consolidaría como carrera profesional son grados que se alcanzan por nombramientos realizados a dedo por el poder político. El ejemplo que ponía UGT, y que afectaría a estos altos cargos es muy ilustrativo: tomando como referencia a un funcionario del grupo A1, a lo largo de su vida laboral y superando diferentes procesos selectivos puede alcanzar el nivel 25, lo que supone un incremento mensual de su complemento de destino de 181,57 euros desde su nivel base, mientras que alguien designado discrecionalmente, tras pasar por el cargo podría llegar a un nivel 30,  lo que supone un incremento mensual de 524,34, que al año supone unos 7.500 euros consolidados para toda su vida laboral. La enmienda ahora retirada tenía por tanto un gran calado, porque encima se aplicaba con carácter retroactivo, y para colmo llegaba sin evaluar cuánto supondría al año para el presupuesto público. Es decir, del dinero del contribuyente que habría que detraer de otras partidas.

No son con medidas privilegiadas como esta como se respaldan los derechos de los funcionarios, sino mejorando su carrera profesional para que su promoción interna no dependa del dedo de un político sino de su esfuerzo y capacidad. En este sentido, los gobiernos estatal y autonómicos tienen un campo yermo donde trabajar, porque en todo el tiempo que llevamos de democracia apenas se ha hecho nada para premiar a los funcionarios trabajadores y eficaces, que se esfuerzan por servir al ciudadano, y distinguirlos de los que por fa o nefas no pegan un palo al agua. No es creando una (re) casta de funcionarios-políticos, parafraseando el lenguaje de Podemos, como vamos a impulsar  una verdadera carrera profesional para el funcionario español. Sucedería todo lo contrario: la promoción profesional consistiría en que los funcionarios hicieran carrera política para consolidar su grado desde puestos mejor remunerados a los que dejarían en la administración, actuando a modo de atajo para lograr lo que su actual carrera profesional ahora no le proporciona.

Pues bien: si con la normativa actual los cargos políticos ya están en gran medida ocupados por funcionarios (porque se les reserva la plaza y van cayendo los trienios),  hay que imaginarse qué sucedería si a esto lo adornas con prebendas y privilegios. Que cada vez sería más difícil que un profesional, un empresario, un agricultor,  un trabajador industrial o un autónomo ocupe un cargo público, –porque a ellos sí se les aplica el refrán de “el que se fue a Sevilla…”–, lo que limitaría el servicio público en España al funcionariado o a los que están en el paro.  Y sinceramente, si ese es el escenario, casi prefiero un alcalde por oposición, porque por lo menos así tal vez nos llegarían más preparados que ahora. Como en Francia, que la gran mayoría  de su clase política top  se ha formado en su Escuela Nacional de Administración (ENA).

En fin, que  por el momento esta (re)casta que se formaría con estos nuevos funcionarios privilegiados tendrá que esperar. Aunque  los interesados no se olvidan , y ya nos avisan de que  a pesar de retirar  la enmienda, el Gobierno regional analizará «cuál es el mecanismo legislativo por el cual podrían volver a introducir una regulación jurídica de estas características». Seguramente esperarán a alguna negociación colectiva con los sindicatos a ver si les pueden ofrecer algo gordo a cambio para convencerlos. Esto es lo que hay.

Ahora toca construir un caballo de Troya y meterlo en el lugar adecuado.

La candidatura sanchista encabezada  por José Luis Blanco ha sido una sorpresa.  No tanto porque las plataformas de apoyo a Pedro Sánchez hayan querido  aprovechar el viento favorable que les llevó a su victoria en las primarias frente a Susana Díaz, algo entendible, sino porque parecía lógico que su cabeza visible fuera alguno de los tres destacados  militantes que Sánchez  metió en su Ejecutiva Federal.  El más caracterizado parecía ser el secretario provincial del PSOE de Albacete,  Manuel González Ramos,  que es diputado al Congreso, un cargo más fácil de compatibilizar que la Alcaldía de Toledo,  que ocupa Milagros Tolón,  o el proceso de recuperación de su enfermedad que afortunadamente lleva bien Magdalena Valerio,  una sanchista avant-la-lettre en esta región. Pero ninguno de los tres dieron el paso al frente, y sí lo hizo José Luis Blanco, el ferroviario que solo quiere seguir siendo  alcalde de su pueblo, como me reconoció en una entrevista días atrás, con lo que yo interpretó más bien que no solo se trata de una cuestión de valentía, y de decir “aquí estoy yo”, sino de que Pedro Sánchez y sus seguidores en Castilla-La Mancha  habrán preferido no arriesgar un choque directo, e incierto, con un dirigente con rango de Ejecutiva Federal.

Con Blanco, alcalde de Azuqueca, digamos que se rebaja el pulso, e incluso no sería un desdoro para Sánchez que pudiera retirar su candidatura, si el periodo de exploración que se ha dado no es fructífero. Aunque sospecho que esto no va a ocurrir.  El sanchismo militante vive días de euforia, reforzado por la última encuesta del CIS, que acercaría para España un gobierno a la izquierda de la izquierda presidido por Sánchez y con Iglesias de vicepresidente, y cree que ha llegado la hora de ocupar todo el poder orgánico en el PSOE. El 39 Congreso trajo un nuevo mensaje, que se resume en echar a Rajoy de La Moncloa, cueste lo que cueste y desde políticas territoriales que el PSOE más tradicional no aceptaría, y ha llegado el momento de que el sanchismo desciendas  del monte Sinaí con los acuerdos del 39 Congreso,  como si fueran las Tablas de la Ley de ese nuevo socialismo revelado. Lógicamente esa labor de apostolado solo la pueden hacer los iniciados,  o como diría Blanco, “es fundamental  la credibilidad y la coherencia para que se de continuidad a lo decidido en el 39 Congreso».

Era previsible, por tanto, que el sanchismo dé la batalla a quien fue uno de sus más acerados adversarios, Emiliano García-Page, como es seguro que a partir de lo que ocurra en esas Primarias socialistas, si es que se celebran (y yo apuesto a que sí), se empezará a escribir la historia futura en las provincias y las principales alcaldías de cara a las elecciones locales y autonómicas de 2019. Es formalmente cierto, como dicen los sanchistas, para defender la conveniencia de la bicefalia en el PSOE regional, que ahora solo se va a elegir al secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha. Pero hasta los menos avisados en el arte de la política saben que en la práctica no es así. Porque si García-Page perdiera las Primarias ante José Luis Blanco, o ante cualquier otro militante, no podría luego presentar su  candidatura a la Presidencia regional. Porque sería algo más que una osadía pretender que un candidato al que rechazan  sus militantes presentarlo  luego a unas elecciones regionales abiertas. Como segundo plato.

Tampoco le valdría a García-Page con presentar a otro candidato de su confianza, como hacía Bono  (Martínez Guijarro, Josele Caballero…) No le vale,  porque en ese caso podría muy bien perder. Si la reflexión en la que está metido García-Page desde que Susana Díaz perdió las Primarias le lleva a querer repetir  en el 2019, no tiene más remedio que arremangarse y presentar en septiembre su candidatura a la secretaría general.  Y esta vez sin caer en el exceso de confianza que les perdió por confiarlo todo en una candidata que pierde fuelle de Despeñaperros para arriba.

En Guadalajara, por ejemplo, es todo un golpe de efecto que a los dos días de haber anunciado Blanco que estaba disponible para el viaje sanchista hacia Fuensalida,  la gran mayoría de los alcaldes del PSOE firmen un manifiesto público,  para pedir a García-Page que se vuelva a presentar. Tengo ya escrito que Emiliano García-Page es, de lejos, el candidato con más posibilidades que puede presentar, hoy, el  Partido Socialista en Castilla-La Mancha, porque es transversal  en una región en la que, hasta ahora, ha dominado el  centro-derecha en la mayoría de las elecciones Generales. Pero una cosa son las  Autonómicas y otra bien diferente las fibias y fobias que la militancia socialista pueda expresar en un momento determinado. Y al final en unas primarias los que votan son los militantes, no solo los alcaldes y los delegados de la Junta.

Habrá que estar atento a la jugada, pero de momento esto es lo que hay. Los sanchistas reclaman todo el poder  para ellos, como Lenin a Kerensky en la Revolución de octubre,  y habrá que ver si García-Page está dispuesto a irse a su casa, como llegó a insinuar, o a seguir en la pelea en defensa de sus ideas y de otro modelo de partido. Es el último freno que los sanchistas tienen en Castilla-La Mancha, por lo que la pelea, que las Primarias no lograron cerrar -todo lo contrario-, no tendrá prisioneros. La más viva expresión de aquella genial frase de Churchill cuando respondió a un diputado novato que le preguntaba si allí se sentaban los “enemigos”. “No,  enfrente están nuestros adversarios, los enemigos se sientan aquí,  en nuestra bancada”, le aclaró.

García-Page solo tiene una elección:  presentarse o dar su carrera  por terminada, siendo además el “pato cojo” (como llaman los americanos a los presidentes que no se pueden presentar a la reelección) en un gobierno experimental con Podemos.  Se presentará.

Terminado el último pleno del Ayuntamiento de Guadalajara, y en el turno de palabra para los vecinos que así lo solicitan (recuperado con buen criterio a instancias de la oposición), una vecina, profesora de Secundaria, reclamó por segunda vez que se aceleren las gestiones para terminar con la ocupación de un edificio a estrenar en la plaza del Concejo. La vecina, desolada, recordaba un punto del orden del día en el que los ediles habían debatido sobre la libertad de elección de centro, y les decía si no hay mayor derecho de elección  que el de elegir el barrio en el que quieres vivir,  que se ejerce cuando te compras un piso. Y que ese derecho es el que se estaba pisoteando desde el pasado mes de mayo en el barrio  de la plaza del Concejo cuando un grupo de más de veinte personas ocupó un inmueble entero, y desde entonces el carácter del barrio cambió por completo. La vecina habló de agresiones verbales, heces humanas, broncas permanentes a todas horas, menores campando por la calle en horario escolar…

El alcalde, que ya ha recibido una vez a los vecinos, les trasladó la preocupación del Ayuntamiento y les dio buenas palabras, pero la realidad es que sus competencias no van más allá de exigir el cumplimiento de las ordenanzas municipales (ruidos, policía, menores…), aunque el problema de fondo es competencia del propietario y en última instancia del juzgado.  El propietario, el Banco de Sabadell, finalmente ha presentado la correspondiente denuncia, y a partir de entonces se inicia un procedimiento largo, costoso y tedioso, que según  Rose Mari Peris, del servicio jurídico de la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona, no da lugar a una resolución segura para el propietario, quien puede ver fácilmente desestimadas sus pretensiones en vía penal, y en la vía civil se puede tirar entre 9 y 18 meses hasta conseguir el desalojo, que suele ser el principio de otras demandas por daños y perjuicios de éxito incierto.

Este es el trámite en el que están inmersos los vecinos del barrio desde que el banco presentó la denuncia, con el horizonte que hemos descrito, para desesperación del propietario y de los afectados por la ocupación. «Lo que ocurre en España no sucede  en ningún otro país de Europa, con la excepción de Portugal», nos advierte Peris. En nuestro país, una vez más, hemos confundido la obligación de que los poderes públicos amparen a las personas en situación de exclusión social, y les proporcionen un techo o una solución habitacional, con que a cualquier desahogado le resulte más fácil pegar una patada en la puerta y ocupar una vivienda entre 9 y 18 meses, por su linda cara, que trabajar decentemente y ahorrar  media vida  para comprarse una vivienda en España. Ese parece ser el caso de las viviendas de la plaza del Concejo, porque según ha comprobado el banco “las personas que están ocupando el edificio no cumplen con los requisitos de perfil de personas vulnerables”.  Para mayor recochineo.

Lo que nos advierten los expertos es que la comparativa con otros países (en Inglaterra y Gales ocupar una vivienda se castiga con multas de hasta seis meses de cárcel, en Berlín las casas ocupadas deben ser desalojadas en 24 horas, en Holanda al propietario le basta con la denuncia  para reclamar una orden judicial…) demuestra que el problema de la ocupación ilegal en España es cada vez más grave, con lo que es necesario modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos y la Ley de Enjuiciamiento Civil. Mientras esto no se haga, y solo hay que comprobar la dificultad que tal reforma entrañaría en un parlamento donde hay cada vez más fuerzas con aversión a la propiedad privada, nuestras autoridades solo pueden despachar raciones de mucha paciencia a los afectados. Y confiar en que la mayoría sea benevolente y no se apunte al expeditivo método de la patada en la puerta en vez de solicitar una engorrosa hipoteca.

Pero en la Guadalajara y en la España de hoy esto es lo que hay, mi  estimada señora, a quien de la noche a la mañana le han cambiado la cara del barrio,  el valor de su propiedad ha caído en picado,  y la policía local lo único que puede hacer es amonestar a los inquilinos-okupas  si ponen la música muy alta por la noche o si sacan a deshora la bolsa de la basura. Estas cosas suceden cuando el populismo gana terreno a la Ley, y  se confunde la obligación que deben tener los poderes públicos hacia los más desfavorecidos con la banalización de la solidaridad.

Por ello, mis respetos, señora.