El parlamento español vivió este jueves el día más bochornoso desde que Tejero entró pegando tiros en 1981, para deponer a un gobierno democrático de UCD -lo que el último portavoz sanchista ha olvidado-, y en el que el despiporre extremista en el que transcurrió la sesión nos recordó a las últimas sesiones del Congreso en la II República y en las que desde los escaños se señalaba a los pistoleros a las víctimas de los paseos nocturnos. Nos hemos quedado a un paso. El odio destilado en esta última sesión parlamentaria ha dinamitado del todo el espíritu de reconciliación que nos trajo la Transición y ha cortado de raíz cualquier acuerdo sobre la base de lo que se llamó el constitucionalismo, y que propició la elaboración de la primera Constitución democrática de consenso en la historia de España. De la que surgió el mayor periodo de prosperidad en la historia de España. Tenemos por tanto motivos para estar preocupados porque si la Constitución del 78 se entierra o se rodea mediante el fraude de ley en su reforma, como  reclama el separatismo y el populismo de izquierdas, los que ahora juegan en ese campo nos deberán decir cuál es su proyecto de país y hacerlo antes de las próximas elecciones. ¿Una república confederal?, como en 1873, ¡pues que lo digan y nos cuenten cómo terminó! El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, el mismo día en que una marea de portavoces del Gobierno pretendían desmentir a Page al asegurar que  no habría referéndum de autodeterminación, ya estaba instando a ese mismo gobierno a acordar los términos de ese referéndum independentista, como si no estuviera claro en la Constitución lo que hay que hacer. Por tanto, lo que  nos quiere decir Aragonés con su referéndum acordado es orillar la Constitución, que establece la soberanía nacional en el pueblo español y trasladar por la puerta trasera esa soberanía a las comunidades autónomas, y en ese combate va la iniciativa que Page quiere presentar con valentía a las Cortes de Castilla-La Mancha. Todavía ese mismo jueves Sánchez declaraba en Bruselas que en Cataluña no va a haber ninguna consulta de autodeterminación, “porque no cabe en la Constitución”. Me alegro oírlo pero mi desasosiego es que también le oí decir al mismo personaje en campaña electoral que no pactaría con Podemos porque no dormiría, o que no aprobaría los indultos, que reforzaría los supuestos de la sedición y ahora los ha rebajado, y así hasta la intemerata.

Sánchez, desde que renunció a acuerdos con los partidos constitucionalistas para aliarse con los que quieren derrocarla ha perdido toda credibilidad entre los que seguimos defendiendo la Constitución, porque como bien dijo Page “no es tolerable pactar con los delincuentes su propia condena”, o establecer alianzas con los que quieren separarse de España y solo están dispuestos a acordar el modo de hacerlo. El parlamento de Castilla-La Mancha debería ser unánime en el pronunciamiento de esa reivindicación de la soberanía, en dejar claro a los Aragoneses y compañía, que si hay que hablar sobre España, debemos hacerlo entre todos, no solo los socios de Sánchez.

 Pero hay datos que nos hacen sospechar. La sesión del jueves no solo fue bochornosa porque el Gobierno, en contra de la opinión de los abogados de la Cámara, reformó tres leyes orgánicas del Tribunal Constitucional y el Poder Judicial en una proposición del Código Penal, vulnerando el derecho a la participación política de los parlamentarios (artículo 23 de la Constitución), sino que trasladó al Congreso las formas empleadas el 6 y 7 de diciembre de 2017 en el parlamento catalán cuando se aprobaron, también contra el criterio de los letrados de esa Cámara, sortear varias normas fundamentales del bloque legislativo de la Constitucionalidad, basándose en una falacia que me espanté al escucharla de los portavoces sanchistas. En Cataluña se defendió que como su parlamento representa al pueblo catalán, podía seguir adelante en ese proceso hacia la independencia, prescindiendo de las leyes del Estado. Este jueves nos recordó ese mismo discurso en los portavoces sanchistas en su diatriba contra el Tribunal Constituciónal, a cuyos magistrados se les comparó con Tejero, si hacían caso al recurso que legitimamente les planteó el Partido Popular sobre cómo se pretendían cambiar esas leyes. Hoy mismo, el ministro Bolaños amenazaba con  “consecuencias impredecibles”, si los magistrados del Constitucional paralizan el lunes el plan del Gobierno y sus socios. ¿Qué va a hacer Bolaños? ¿Ir con su caballo al TC como si fuera el general Pavía? ¿O pedir consejo al ex presidente peruano del sombrero sobre cómo hay que tratar que resolver las discrepancias con otros poderes del Estado?

Es triste recordar lo obvio, pero en democracia un parlamento legítimo puede cambiar las leyes, si no le gustan, pero mientras tanto tiene que acatarlas. Es una osadía cambiar leyes del bloque constitucional, que requieren un voto cualificado, disfrazándolas de ordinarias vía enmiendas, solo porque se tiene una mayoría absoluta. Y es bueno recordar que el nazismo desmontó en el parlamento la democracia alemana con ese mismo procedimiento, aprobando  nuevas leyes por mayoría absoluta contra la oposisición hasta que finalmente dejó  la Constitución irreconocible.

Motivos tenemos para estar preocupados, porque no sabemos dónde puede acabar un parlamento en el que las fuerzas que hicieron la Constitución se intercambian acusaciones de “golpismo”, mientras los populistas y separatistas de la cámara se frotan las manos, porque con este Gobierno de Sánchez España se ha vuelto a partir en dos, y les puede llegar su oportunidad. Tantos años después. Es muy triste, pero esto es lo que hay.

P.D. Cada día que pasa, intuyo que Antonio Román aumenta sus posibilidades de ser el candidato del PP a la Alcaldía de Guadalajara. Aclaro que es una intuición basada en cosas que serían muy largas de explicar, así que no lo tomen como una información contrastada, pero me precio de  tener buen olfato. En enero, como muy tarde, el PP hará públicos los últimos candidatos a las alcaldías en capitales de provincia, que les recuerdo están reservadas a la Ejecutiva Nacional de Feijóo.              

El asunto ha pasado prácticamente desapercibido -no en este digital-, porque se ha puesto el acento en que en un pueblo de Castilla-La Mancha, perteneciente a la España vaciada, Villar de Cañas para más señas, ya no se va a construir un Almacén Temporal Centralizado (ATC) para albergar a los residuos nucleares de alta actividad de todas las centrales españolas, mientras que se ha obviado que dicha solución tomada por el actual gobierno de Pedro Sánchez significará crear siete almacenes temporales, llamados ATIs, en los siete emplazamientos nucleares de España, entre ellos dos en Guadalajara: Trillo y Zorita. La versión oficial es que solo será hasta  2073 -para entonces, todos calvos- aunque carece totalmente de credibilidad, porque en España vamos cambiando de planes de almacenamientos de residuos, según le place al Gobierno de turno.

 Les recuerdo que la construcción de un ATC fue aprobado por unanimidad en el Congreso de los Diputados, impulsada en 2004 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el gobierno de Rajoy la culminó con la adjudicación de la inversión en Villar de Cañas, y el actual  Ejecutivo ha decidido su marcha atrás después de haber malgastado el dinero en comprar el suelo y haber iniciado las obras de explanación de los terrenos. Las razones por las que se decidió juntar todos los residuos nucleares en un solo emplazamiento son propias de cualquier economía de escala: es más fácil, seguro y más barato gestionar un solo cementerio nuclear que no siete. Y así lo ha puesto de manifiesto el catedrático Javier Diez Llovera, miembro del Consejo de Seguridad Nuclear, en el voto particular emitido sobre esta decisión del Gobierno. Diez Lloveras entiende, como otros catedráticos en la materia, que la opción del ATC es la más segura, “considerando todos los aspectos desde la seguridad física a la recuperabilidad, hasta riesgos potenciales como el impacto de un avión [no nos olvidemos de las Torres Gemelas] o la resistencia a un terremoto de gran magnitud”. El catedrático lamenta que los bandazos de la política de gestión de los residuos radiactivos “hacen daño a la seguridad nuclear” y “dificulta tareas claves del CSN como la gestión del desmantelamiento de las centrales”. Les recuerdo que en nuestra provincia, tenemos una central, la de Almonacid Zorita, en su última fase de desmantelamiento, y en unos años-depende de cuándo se clausure su reactor- tendremos otra en Trillo. Y en ambos lugares habrá que levantar un almacenamiento individual, menos potente que el de Villar de Cañas, en teoría hasta que se construya un Almacenamiento Geológico Profundo (AGP) a finales de siglo, aunque hablar de fecha sobre una solución que ningún país ha abordado en profundidad es engañar a la gente. Lo único que sabemos es que los residuos de alta actividad tienen una vida de varios millones de años, aunque en función de cómo se desarrolle la investigación sobre su recuperabilidad se irá tomando un camino u otro. En España esa investigación se haría en el laboratorio que se iba a construir en Villar de Cañas, por lo que imagino que nos volverá a ocurrir como se lamentaba Ramón y Cajal: “que investiguen ellos”.

La central de Trillo está prevista que cierre en 2035, según el calendario acordado por este Gobierno con las eléctricas, y por lo tanto siempre sujeto a cambios con otros gobiernos, aunque para ello la empresa propietaria debería solicitar la renovación de la licencia de actividad, que caduca el 17 de noviembre de 2024. En la actualidad hay un tira y afloja entre el Gobierno y el sector nuclear, porque se considera injustamente maltratado en materia fiscal, por lo que no se están dando ninguna prisa en la presentación de esa solicitud. Tendría gracia en que por ello la central de Trillo debiera precipitar su periodo de vida el 17 de noviembre de 2023, cuando termina el plazo de solicitud, con la pérdida de valor añadido para la economía provincial que supone una industria de este tipo, mientras que aquí quedarán dos pequeños cementerios nucleares hasta finales de siglo. El PP tampoco es partidario de cerrar nucleares en el momento que vivimos con el gas ruso, por lo que podría cambiar la situación si Feijóo llega a La Moncloa.

Menos inquietud tienen los municipios del entorno, quienes no ven en ese AGP una mala solución, eso sí, añado yo, mientras que Enresa (el Estado) les siga compensando por el almacenamiento de esos residuos, que de esta manera estarían garantizados hasta la fecha citada. Harina de otro costal es cómo se gasta o se deja de gastar ese dinero nuclear. Y lo que interesa, de verdad, a esta provincia vaciada en su medio rural, pero con dos pequeños cementerios nucleares, como gran paradoja.

UN CÓDIGO PENAL A LA CARTA.-  El problema de hacer un código penal a la carta y con la artimaña de unas enmiendas a los Presupuestos del Estado, para no pasar por los organismos de control -¿para qué sirve ese Consejo de Estado, que graciosamente preside Magdalena Valerio?- que presentan los mismos que se van a beneficiar de ellas, algo insólito en el derecho mundial,  es que se ignora el delito en sí,  disuelto por las maniobras  de los delincuentes. Page decía que “antes o después, puede ser más tarde o más temprano, ojalá fuera temprano, España tiene que tener tipificada la condena a quienes intentan socavar, quebrantar la Constitución, a quienes quieren hacer referendos ilegales”. Así lo demanda cualquier estado de derecho, con separación de poderes. Pero ya todos sabemos que no será con este presidente de Gobierno y con esta mayoría Frankenstein. Por eso no me extraña que Page, este año, por primera vez, no acudiera al acto en homenaje a la Constitución, que se celebró en el Congreso, con Sánchez anunciando, para celebrarlo, que modificaría el delito de malversación solo en beneficio de los golpistas del 1-O. Así que para recibir solo felicitaciones de sus rivales y reproches de los propios, mejor se quedó en Toledo, pensó; como Lambán, en Zaragoza. Lástima que, en este PSOE peronista, donde todo gira en torno al líder y caudillo -vean el caso de Argentina, con una vicepresidenta condenada por malversar el dinero del Estado en beneficio propio, que también culpa de ello a los jueces- posturas como las de Page y Lambán, cada vez pesen menos. Pero esto es lo que hay.  

OTRA IMAGEN VERGONZOSA DEL INFANTADO.- En otro post me referí al mal estado del piso frente a la fachada principal del Palacio del Infantado, y esta semana quiero añadir otra imagen vergonzosa. Es el acceso parcialmente clausurado a su interesante Museo Provincial y por el que entran todos los turistas a visitar el principal monumento de la ciudad. ¡No es de extrañar que fracasáramos en el proyecto de declararlo Patrimonio de la Humanidad! Dado el éxito de los nacionalistas, que consiguieron meter en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) enmiendas por valor de 1.250 millones, según publica Carlos Segovia, casi es mejor que se lo pidamos a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC); a ver si tenemos más suerte la próxima vez con este monumento de titularidad estatal.

Se ha llegado a decir desde el gobierno  regional de Murcia (PP) que el “hachazo” al trasvase Tajo-Segura representa “la mayor afrenta a la Región de Murcia de los últimos tiempos” y que se sienten “engañados”. En el PP de Castilla-La Mancha se sostiene todo lo contrario, que “la cabecera del Tajo no gana nada”, en palabras de su coordinadora regional Ana Guarinos. Por su parte, el gobierno socialista de Valencia marca distancias con el gobierno del PP en Murcia y su oposición del PP en la comunidad al hablar de que se ha actuado con “racionalidad y diálogo”; y concluye que se han  logrado avances para lograr el gran objetivo alejado del barro partidista: “agua para siempre y al precio adecuado”. La Asociación de los Ribereños del Tajo-Segura, con presidencia socialista, “se sienten satisfechos con el acuerdo” y están convencidos de que el nuevo plan favorecerá el aumento de la lámina de agua de los embalses. Y las mayores críticas, una vez más, llegan de los ayatolás del Sindicato de Regantes del  Acueducto Tajo-Segura, para los que cualquier modificación a la baja de las normas reguladoras supone una catástrofe mundial: zanjan que el nuevo Plan del Tajo es un desenlace “cruel” para un sector que da empleo a 300.000 personas y riega el 70% de las explotaciones hortofrutícolas y 50 millones de árboles.

¿Cómo es posible que un mismo hecho pueda tener interpretaciones tan diferentes? Es  por la política, por la puñetera política sectaria, que tiende a convertir lo blanco en negro, y más si nos encontramos a las puertas de unas elecciones Autonómicas y Municipales en primavera de 2023, como preludio de las Generales que se celebrarán, previsiblemente, seis meses después.

Aunque habrá que esperar a ver la letra pequeña de la Ley cuando esta sea publicada, mi impresión de lo ocurrido va por este camino: Al igual que el Memorándum sobre el Tajo, aprobado por el Gobierno de Rajoy, fue tachado  por los socialistas regionales como una “traición” de lesa patria a la región, sin tener en cuenta que establecía un mínimo no trasvasable que antes no existía -bien es cierto que muy bajo-, al menos fue un avance -también criticado por los regantes murcianos- sobre el Plan del Tajo en los mandatos de Felipe González y Aznar, donde los pantanos de Entrepeñas y Buendía se podían desecar sin que ninguna ley los amparara. Con la modificación actual, se confirma la realista política de la ministra Teresa Ribera, que ya había reducido de 38 a 27 Hm3 la cantidad a trasvasar cuando los embalses están a nivel 2, con el objetivo de que no llegaran a estar permanentemente en nivel 3 (lo que obliga a que el Ministerio autorice los trasvases), o en nivel 4, que prohíbe realizar ningún tipo de trasvase, como fijó el Memorandun de Rajoy. La reforma con el actual Gobierno ha ido un paso más allá, porque ha limitado más los trasvases y habrá una reducción de 31,5 Hm3  como mínimo, cada año, en los envíos del Tajo al Segura, aunque para mí lo más importante de todo es que con el aval del Tribunal Supremo se ratifica la referida reducción de los caudales  a trasvasar, porque como también habían recomendado las directivas europeas se elevan los caudales ecológicos de seis a siete metros segundo, paso previo a elevarlos hasta 8,65 a partir de 2026 los pasos del río entre Aranjuez, Toledo y Talavera. Lo que esperan los Ribereños es que este requisito acabe influyendo directamente en una mayor lámina de agua en los embalses de cabecera, seguramente será así, aunque insisto en que habrá que ver la letra pequeña, pero todavía más importante que un metro arriba o abajo en los embalses está un caudal ecológico suficiente para que el Tajo no siga siendo esa cloaca en la que se convierte por los vertidos industriales cuando pasa por Madrid. Por lo tanto, sí, claro que han cambiado las cosas favorablemente para los intereses de Castilla-La Mancha y de lo cual puede sentirse legítimamente satisfecho el Gobierno de Page, aunque tampoco debería alardear mucho de ello porque también tiene razón el presidente socialista valenciano, Ximo Puig, quien ayer mismo subrayaba algo que es impepinable: “hemos logrado agua para siempre y al precio adecuado”, porque este Plan de la Cuenca del Tajo, como el anterior, sigue blindando el trasvase [no olvidemos que con el gobierno de Barreda se intentó, sin éxito, el cierre total a medio plazo del trasvase, mediante una reforma frustrada  del Estatuto de Castilla-La Mancha], si bien esta vez la reducción podría llegar casi al 50%, mientras que el Gobierno de  Puig intentó, a última hora, dejarlo solo en un 20%. Según cuenta Juanma Lamet en El Mundo, finalmente no lo logró porque Page amenazó con votar en contra del Gobierno en el Consejo Nacional del Agua e incluso llevar el asunto al Tribunal Supremo, cuya doctrina sobre los caudales ecológicos y la prioridad de la cuenca cedente ha sido el gran arma del Gobierno de Page para salir bien de esta guerra. Que no lo olviden, ahora, que en unos pocos meses va a empezar otra servidumbre de la cabecera del Tajo: la mal llamada “Tubería Manchega”, y que de manchega no tiene nada porque el agua se capta en la Alcarria de Guadalajara y Cuenca y es un trasvase en toda regla, aunque se evite ese término cuando tal tubería lo que hará es llevar agua entre distintas cuencas, en ese caso del Tajo al Guadiana, utilizando en parte la infraestructura del Tajo-Segura.

Y en esas estamos: Castilla-La Mancha ha salvado razonablemente bien los muebles en esta batalla, porque la ministra Teresa Ribera le prometió a Page respetar el plan original y recortar al menos 105 hectómetros cúbicos del trasvase, según cuenta hoy Lamet en su diario. Y en esto Page le ganó la partida a Puig. Pero este también puede argumentar que el trasvase como tal sigue blindado en el Plan del Tajo, lo que no se quiere reconocer por los  regantes del Acueducto  ni por el PP de Murcia y Valencia.  Porque  las elecciones están a la vuelta de la esquina y porque, equivocadamente, al no existir en nuestro país un Plan Hidrológico Nacional, pactado por los dos grandes partidos españoles, estamos abocados a revivir la guerra del agua en cada legislatura. Pues es una pena, pero esto es lo que hay cuando se renuncia a vertebrar la nación y andamos con experimentos que nos recuerdan a la I República; que ya sabemos cómo acabó con Pavía y su caballo.      

Como resumen, podríamos apelar a ese dicho castellano: “ni tanto, ni tan calvo”, para definir este Plan Hidrológico. 

El último sondeo de opinión publicado este lunes por El Mundo sobre las elecciones autonómicas en Castilla-La Mancha viene a refrendar algo ya apuntado por otros similares en diferentes medios de comunicación. Que las elecciones a celebrar el 28 de mayo de 2023 están tan reñidas como las de 2015 en que el PP de María Dolores Cospedal  se convirtió en el partido más votado, aunque luego el pacto entre PSOE y Podemos permitió gobernar al candidato socialista. Lo que apunta el sondeo aludido es que podría darse la misma situación, pero al revés. Que el PSOE de Emiliano García Page fuera el partido más votado, aunque un pacto de investidura -o de gobierno- entre el PP y Vox le permitiera al candidato de la derecha con más respaldo, Paco Núñez, alcanzar la presidencia de Castilla-La Mancha. Por ello, al PSOE no le queda más remedio que ganar por mayoría absoluta (17 diputados), por que esta vez Podemos se queda muy lejos de ese 10% en que queda la nota de corte (el sondeo le atribuye el 6,9% de los votos), mientras que Ciudadanos perdería sus cuatro diputados actuales, lo que no constituye ninguna sorpresa teniendo en cuenta la tendencia de las últimas elecciones celebradas en España: Madrid, Castilla y León y Andalucía. Los cuatro diputados que pierde ciudadanos son los mismos que ganaría el PP, aunque si Núñez se quedara en lo más bajo de la horquilla (14-15), con 14 diputados, no le valdría para poder pactar con éxito la investidura con Vox, ya que sumarían solo 16, uno por debajo de la mayoría de investidura.

El periódico que publica el sondeo no desvela en qué provincias Vox sacaría esos 2 diputados decisivos.  Otros estudios anteriores los situaban en Toledo y Guadalajara, provincia esta que en las últimas elecciones concedió 3 escaños al PSOE,  1 al PP y 1 a Ciudadanos en lo que fue el mejor resultado de la historia del PSOE en Guadalajara.    

La encuesta acredita también, como otras publicadas con anterioridad, que Page es el mejor de los  candidatos que comparecerán, pues saca 10 puntos a Paco Núñez en la valoración de líderes (5,3 por 4,3), un dato imprescindible para que los socialistas puedan tener éxito en primavera, dado que Page necesita que una parte del electorado más moderado que votó a los populares en las Generales de noviembre de 2019 en Castilla-La Mancha le otorguen esta vez a él su confianza. Entonces, el PSOE de Sánchez sumó 9 escaños, mientras que el bloque de derechas llegó a 12 (7 PP y 5 Vox). Esta circunstancia se ha producido en varias ocasiones más en Castilla-La Mancha, también con José Bono de candidato, lo que llevará consigo a Page a acentuar su perfil de candidato regionalista aunque españolista y distanciado de la deriva radical de Pedro Sánchez, atrapado por sus pactos con la extrema izquierda y los separatistas. En los últimos días, Page ha incrementado esfuerzos por labrarse un perfil propio concediendo entrevistas a los principales matinales de la radio española, en las que se ha desmarcado de la supresión del delito de sedición o de la ley Sisí, de Irene Montero, que como se dice en Castilla, le ha salido por la culata por la incapacidad de su equipo en la técnica jurídica, y por ende del consejo de Ministros que lo avaló, con tres jueces calentando silla. La mala noticia para Page es que Sánchez sigue teniendo en cartera más leyes polémicas, para el final de legislatura, comprometidas con Podemos, que espantarán a ese elector moderado que debe captar para ganar las elecciones en Castilla-La Mancha, por lo que si al final es reelegido podrá decir, con razón,  que lo fue a pesar de Pedro Sánchez.

Una encuesta, si está bien hecha, y Sigma Dos es una casa acreditada, es solo una foto fija de un determinado momento, en este caso lo que va del 18 al 24 de noviembre, por lo que en Fuensalida piensan que hay tiempo para arreglarlo. Pero si para Page,  Sánchez es una rémora, porque anima y da cohesión desde la derecha conservadora a la extrema derecha, que tenga cuidado también Paco Núñez porque el eje valenciano-murciano-andaluz le puede montar un teatrillo que no le va a venir nada bien, a propósito de la decisión del ministerio de Teresa  Ribera de recortar un 20% el trasvase Tajo-Segura, para aumentar el caudal ecológico del río explotado, recomendación que llega desde las instancias europeas al comprobar que no hay agua suficiente en la cabecera del Tajo. Núñez, hasta ahora, ha carecido de un discurso propio, más allá de reivindicar un Plan Hidrológico Nacional, que el PP tampoco sacó cuando gobernó, así que más vale que se vaya pensando quedar en el lado correcto.

ME SORPRENDERÍA que con un presupuesto municipal recientemente aprobado y que alcanza los 90 millones de euros, no hubiera una partida suficiente para empedrar el suelo de la fachada principal del Palacio del Infantado – con un piso similar al de la fachada del Museo Provincial- que muestra este lamentable aspecto. Es nuestro principal monumento y no es de recibo tal imagen de abandono.   

P.D. Sobre las elecciones municipales no se pueden hacer ni sondeos, porque solo hay un candidato anunciado: el socialista Alberto Rojo y actual alcalde. Los demás partidos no han desvelado sus candidatos. Parece que el PP lo hará a primeros de diciembre; y yo ya no me atrevo a hacer pronósticos. La cosa está entre Alfonso Esteban, el actual secretario provincial, y el ex alcalde Antonio Román, pero ni ellos lo saben. Así que como dice el refrán: «si sale con barbas, San Antón, y si no, la Purísima Concención».       

Esta semana hemos escuchado como dirigentes socialistas han reclamado a Paco Núñez que mande a los diputados del PP en el Congreso a votar en contra de la moción del Grupo Parlamentario Popular que aboga por no reducir ni en un metro cúbico el caudal del trasvase Tajo-Segura que, por motivos ecológicos del Tajo, ha promovido con acierto el Ministerio de Transición Ecológica. Y tal demanda ha coincidido en el tiempo con la exigencia del mismo Núñez para que Page “ordene” a los diputados del PSOE castellano-manchegos votar en contra de la reforma del tipo penal sobre la sedición, a lo que se opone el presidente de Castilla-La Mancha. Lamentablemente ambas demandas no van a prosperar. En el caso del PP, la propuesta de su grupo parlamentario en el Congreso no tuvo consecuencias porque carecía de apoyos, aunque desde la cabecera del Tajo no debería caer en saco roto que el PP nacional se ha plegado a las reivindicaciones regionales de una parte del territorio (Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía) con el mantra de que el PP reclama un pacto nacional del agua. Eso es populismo barato, porque mientras el PP y el resto de fuerzas políticas no alcancen ese deseable pacto, lo que no se puede hacer es blindar el trasvase del Tajo al Segura y rechazar la necesidad de reducir mínimamente el caudal a trasvasar, aunque haya razones objetivas para ello por la capacidad de los embalses y para asegurar el caudal ecológico del río.

No, los diputados del PP de Castilla-La Mancha no votaron contra una propuesta así de su grupo parlamentario, como tampoco lo harán los socialistas con escaño en Castilla-La Mancha sobre la reforma del tipo penal de la Sedición, por mucho que tuvieran ganas de hacerlo. El parlamento español no es el senado de Estados Unidos o incluso el parlamento británico, porque allí hay distritos uninominales que empoderan a los diputados, y en España, con listas cerradas es todo lo contrario; y los parlamentarios acaban siendo meros trabajadores-delegados de sus partidos. Como esto es así y no hay espacio para profundizar en ello, lo  que podemos pedir a ambos dirigentes regionales no es tanto que desobedezcan a sus direcciones nacionales y pidan a los diputados de Castilla-La Mancha que se subleven contra su grupo parlamentario, pero sí al menos que hagan pública su discrepancia. Y en esto tengo que apuntar que Núñez no ha sido capaz de trabajarse  un discurso propio sobre el agua y el trasvase, que oponer al “trasvase sí, y como sea” del PP levantino, y al menos García-Page, aunque sirva para poco, sí ha dejado clara su radical oposición a la reforma del delito de sedición, como ha pactado Sánchez con los separatistas de ERC.

Si Núñez denota falta de valentía ¿o es peso político?, para exhibir un discurso diferente y autónomo sobre el trasvase, Page no ha dejado dudas en su discrepancia hacia la política de cesiones de Sánchez con sus socios de legislatura, aunque su problema lo reconoce de esta manera: “No crean que me consultan lo más mínimo; si yo no pinto una mona”. Así está el panorama: uno no quiere romper un plato, en aras a dar una imagen de partido sin fisuras, y el otro no “pinta una mona”, porque en estos momentos -y como él también lo reconoce- su posición es minoritaria en este partido socialista de Sánchez, que solo va a lo suyo, acabar la legislatura aunque sea saltándose todas las rayas rojas, mientras que Page tiene que revalidar un gobierno en una región que en las Generales vota más a la derecha y que no quiere que se desmantele España y su Constitución de 1978. Por eso, desde La Moncloa no pueden reprochar a Page que este establezca un diálogo con esos  electores desde los medios de comunicación: “Si alguien piensa que debemos estar en un convento del Císter y con voto de silencio, se ha equivocado de sitio”. Advirtió.

Dicho esto, no me he caído de una higuera y asumo que los diputados deben votar lo que decida la mayoría de su grupo parlamentario, porque son las reglas del juego;  y si se quieren dar un desahogo no les queda otra respuesta digna que renunciar al escaño y marcharse a su casa. Esto es lo que hay.

P.D.- Dicen los trompeteros del Gobierno que con esta decisión de equiparar el delito de sedición con los desórdenes públicos se va a pacificar la sociedad catalana. ¿Durante cuantos días? Porque todos hemos oído a Pere Aragonés, el presidente de la Generalidad, reclamar sin solución de continuidad la amnistía para toda esta tropa (no se conforman con el indulto) y el derecho de autodeterminación. Por todo ello, me temo que las siguientes elecciones Generales van a ser constituyentes: entre Sánchez y su cuadrilla que nos llevan hacia el estado confederal donde la soberanía se traslada del pueblo español al catalán o al vasco, y enfrente los que no queremos enterrar la Constitución, ni cambiarla fraudulentamente por la puerta de atrás. O como dice Nicolás Redondo Terreros, otro histórico desubicado: “La decisión dinamitera de cambiar en el Código Penal  el delito de sedición muestra la posición ancilar, subordinada, del PSOE respecto a los nacionalistas que protagonizaron el decimonónico pronunciamiento en Cataluña”.

BENDONDO EN GUADALAJARA.- El número 2 de Feijóo en el PP nacional, Elías Bendondo, tuvo ocasión de conocer de primera mano cómo está el asunto del candidato del PP a la Alcaldía de Guadalajara, que se está alargando más de lo recomendable.  Los dos únicos posibles candidatos que se visibilizan a día de hoy, Alfonso Esteban y Antonio Román, tuvieron ocasión de charlar con él en una reunión a la que también  asistieron los número 1 y 2 del PP regional, Paco Núñez y Ana Guarinos, que en público no se mojan. Así que todo está abierto: sin prisa pero sin pausa, que estamos en la ciudad que se perdió una alcaldía por 3 minutos.

Esta semana nos visitó el presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo y nos dejó dos respuestas al modo gallego sobre el blindaje del trasvase Tajo-Segura y el candidato del PP a la Alcaldía de Guadalajara.

Sobre el Trasvase Tajo-Segura, Feijóo reconoció que la cuenca cedente debe tener prioridad en el uso del agua y sin entrar en detalles repitió el mantra de que es necesario un pacto nacional por el agua y seguir políticas medioambientales serias. “Yo me apunto al pacto y no al conflicto”, remachó Fejijóo; y yo no puedo estar más de acuerdo con él. Pero en tanto llega ese pacto, de saque, su grupo parlamentario nacional se posiciona claramente en favor de los regantes del Tajo-Segura, presentando una moción que en la práctica supone un blindaje del trasvase más allá de la situación real que presente la cabecera del Tajo en el complejo Entrepeñas-Buendía.  Y claro, como alcarreño tengo que protestar: ¿Pero no habíamos quedado en que la cuenca cedente debe tener prioridad para el agua y que había que pactar y no enfrentar? ¿Esa es la manera de pactar que entiende el Grupo Parlamentario del PP en el Congreso, dar la razón de entrada a una de las partes, la que  no quiere que se reduzca el caudal trasvasado al riego en beneficio del caudal ecológico del Tajo? Una  postura respaldada por el PP de la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía, comunidades beneficiarias y que multiplican en escaños a Castilla-La Mancha, y no digamos específicamente a las provincias más afectadas: Guadalajara y Cuenca

No, señor Feijóo, le alabo su intención de proponer ese pacto nacional del agua, que yo tantas veces he defendido en este blog,  pero le tengo que recordar que desde que Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) tumbó el trasvase del Ebro en tiempos de Zapatero, y que ciertamente habría desahogado al Tajo, en España solo existe un trasvase interterritorial,  que se llama Tajo-Segura, lo que es un agravio para esta Castilla a la que vacían sus cuencas y sus pueblos para satisfacer las necesidades de territorios más desarrollados; y con más influencia electoral . He aquí el quid de la cuestión.

En la cuenca cedente estamos hasta el gorro de oír reivindicar planes nacionales que por fa o por nefas no cuestionan los trasvases del Tajo-Segura y cuando se da un mínimo paso para poner algo de racionalidad en el caudal ecológico, en el levante lo quieren blindar y el PP nacional asume una reivindicación regional como si fuera nacional. Pues no lo es. ¡Tráigannos primero ese pacto nacional del agua y luego seguimos hablando! Porque Guadalajara también existe, aunque ni tan siquiera reconozcan la singularidad rural de la provincia, porque menos de un tercio de ella tiene un desarrollo industrial. Sigo por tanto siendo muy pesimista sobre este asunto, como escribí recientemente.

Nos dejó también Feijóo un crucigrama cuando le preguntaron por el candidato a la Alcaldía de Guadalajara. En el mes de octubre, el PP manejaba como principal candidato a Alfonso Esteban Señor, el actual secretario provincial y portavoz en la Diputación. Esteban parecía contar con el aval de la dirección provincial de Lucas Castillo, de la que forma parte como número dos, y de los dos principales dirigentes del partido en la región, su coordinadora regional Ana Guarinos y el presidente regional Paco Núñez, si bien estos apoyos nunca se expresaron de forma pública. Esta semana Feijóo abre el abanico al decir una obviedad, que el objetivo es ganar la capital y enfatiza en  que “se propondrá al candidato o candidata que tiene más posibilidades de ganar”. Feijóo dejó claro que él no tiene candidato y emplazó al PP de Guadalajara a responder a una pregunta: “¿Quién puede ganar la Alcaldía” y cuando lo tenga claro “proponerlo al ejecutivo nacional para tomar una decisión”.

El meollo de la cuestión es cómo sabrá el PP cuál es el candidato que tenga más posibilidades de llegar a la Alcaldía y a mí solo se me ocurre una fórmula, prescindiendo de la brujería, las primarias y la bola de cristal: recurrir a la demoscopia y a las encuestas serias en las que se testa sobre la popularidad de un candidato y su comparativa de éxito con otros alternativos. En esta modalidad, se podría abrir la puerta a algún candidato independiente conocido por su profesión (aunque a los militantes de los partidos no les gusta esta solución) o al mismo senador Antonio Román, si decide declararse disponible, y que tiene una ventaja y un inconveniente: la ventaja es que como ex alcalde es un político muy conocido (en los trabajos demoscópicos, el grado de conocimiento del alcalde de Guadalajara está por encima de cualquier otro político regional, solo comparable al presidente de la Junta); el inconveniente es que ya perdió unas elecciones frente a Alberto Rojo, que repite como candidato, y se marchó al senado. Pero estamos ante unas elecciones abiertas donde, en mi opinión, la clave es qué pasará con los tres ediles que actualmente tiene Ciudadanos.

En fin, que Feijóo nos dejó un crucigrama con la Alcaldía, y cuya resolución tampoco puede esperar mucho más. De momento, esto es lo que hay.

Luis de Grandes acaba de presentar un libro de memorias. Y eso no es cualquier cosa. Con solo decir que a De Grandes solo le aventaja el Conde de Romanones, como diputado de Guadalajara con más legislaturas en el Congreso, está dicho todo. De sus cuarenta y dos años de vida política, De Grandes fue elegido siete veces como diputado al Congreso, la primera con 23 años, pero es que además estuvo dos como diputado autonómico y tres legislaturas en el Parlamento Europeo. En todas ellas fue candidato por Guadalajara y nunca quiso estar en otra circunscripción electoral, ni cuando no encontró sitio en su provincia.

Se puede decir, por tanto, que esta autobiografía, contada en primera persona, tiene también mucho de historia de España, de Castilla-La Mancha y de Guadalajara. A un político no se le puede pedir que haga una autobiografía objetiva, porque es siervo de sus ideas, y Luis las tiene muy sólidas, pero sí por lo menos que no sea sectario. Y este libro no lo es. Trata con general deferencia a todos los personajes que trae a colación, a riesgo de quitar mordiente a algunos pasajes del libro, y solo es hostil con dos de ellos: Francisco Fernández Ordóñez (al que califica como “elemento extraño, poco leal y egocéntrico”)  y José Bono, a quien le reprocha que quisiera asfixiar económicamente a la oposición en la  III legislatura.  Al primero, le responsabiliza más que a otros de la desaparición de UCD, y lo describe como un submarino del PSOE en aquel partido, si bien es cierto que esa crítica también se hizo al revés cuando los socialdemócratas acusaron a los demócratas-cristianos de “termitas”. Discusiones aparte, es la creación, ascensión y muerte de UCD uno de los ejes más interesantes del libro, porque Luis estuvo en todas estas fases. Cuando en las elecciones de 1982, ya se sabía que UCD iba a tener un resultado calamitoso, Luis escribe que él renunció al ofrecimiento de Fraga para encabezar la lista de AP al Congreso, y aunque el resultado de UCD estuvo entre los mejores de España, por primera vez no sacó el escaño, pero se quedó en el partido a apagar la luz, participando en su comité de disolución.

Para facilitar su lectura, voy a agrupar los temas del libro que me han parecido más interesantes:

La transición.- Luis tiene claro que la llegada de la democracia no se produce como resultado de la huelga general que “anunciaba Carrillo, desde el exilio, todos los años”. Sino que es producto de ese gran pacto nacional, que fue la Transición, y que nace de la reconciliación de los españoles: “Unos y otros nos olvidamos de viejos agravios y rencores para aprobar una Constitución que mereció el nombre de “Constitución de la Concordia”. Y añade mirando a la actualidad: “Pretender ahora desenterrar muertos y viejas cuentas pendientes es un profundo error que no conduce a ninguna parte”. Entre los políticos de entonces, concede a Torcuato Fernández Miranda, presidente de las últimas Cortes franquistas, el mayor mérito para pasar de la dictadura a la democracia, y de la ley a la ley: “Fue un patriota, inteligente y leal, y sin él, la Transición no hubiera sido tan viable como lo fue con su generosidad”. El rey Juan Carlos fue el motor del cambio y  Adolfo Suárez lo pilotó.

La peripecia de UCD.-  La Unión de Centro Democrático nace como una agrupación de minúsculos partidos democristianos, liberales y socialdemócratas, que necesitaron el concurso de Suárez como principal activo del momento. Suárez puso todo el aparato administrativo a favor de UCD, con Martín Villa a la cabeza de los llamados azules, y los Álvarez de Miranda, Fontán, Garrigues, Ordóñez y compañía la legitimación democrática, dejando así a la AP de Manuel Fraga la herencia del franquismo sociológico. Esto fue decisivo en las primera elecciones, porque así lo percibió el pueblo español, que quería cambios, pero sin riesgos,  y Felipe González, que se sintió ganador de las elecciones de 1977 (el sevillano, con gran carisma, llenó hasta la bandera la plaza de toros de Guadalajara) tuvo que esperar hasta dos convocatorias más, aunque sí quedó acreditado que el PSOE era el partido hegemónico de la izquierda, a pesar de su escasa presencia durante la dictadura pues, como reconoce De Grandes,  entonces “El Partido” era el PCE. (El PSOE del exilio con Llopis al frente no era más que un grupo de gente mayor que no pretendía sino mantener la Bandera de la existencia en el exilio). Adolfo Suárez gana sus segundas elecciones tras la aprobación de la Constitución, pero es un triunfo agridulce pues no consigue la mayoría absoluta que esperaba. Promueve la unificación de UCD en un solo partido, y si bien aquello debería haber servido para construir un partido potente, “fue todo lo contrario”, reconoce el autor de Testigo de un Tiempo, porque los partidos siguieron manteniendo su oficiosa vida interna. De Grandes admite algunas discrepancias con Suárez, porque al proclamarse entonces como de “centro-izquierda, desvirtuaba la ideología de UCD”, ya que estaba asumiendo las posiciones socialdemócratas “que eran minoritarias en UCD”. Esta deriva, a su juicio, precipitó el ocaso de UCD, por empeñarse en ocupar un espacio que ya era del PSOE: “UCD no debió desaparecer y su muerte dio paso a la alternativa socialdemócrata antes de merecerlo”. Nuevamente señala con reproches el papel de Ordóñez, porque “intentó de forma decisiva convencer a algunos de que el papel histórico de UCD era entregar el testigo al socialismo democrático”.

La derrota electoral de UCD da paso a la aventura de Luis de Grandes como secretario general nacional del Partido Domócrata Popular (PDP), el partido en el que se agrupan los democristianos, y posteriormente establecen una alianza con la Alianza Popular de Fraga y los liberales del empresario Segurado (AP-PDP-UL), que también acaba como el rosario de la aurora y con los democristianos en modo termita saliéndose del grupo Parlamentario de AP. Esto pudo haber desestabilizado la Diputación de Guadalajara, donde el senador del PDP José María Bris era vicrepresidente con Paco Tomey, pero el futuro alcalde de Guadalajara y otros cargos públicos del PDP permanecieron al margen de la trifulca.

Tres minutos que cambiaron la historia.- Aunque la biografía no está escrita en clave local, sí aborda algunas cuestiones que Luis vivió, como aquellos famosos tres minutos que cambiaron la historia de Guadalajara. Ya es sabido que la candidatura de UCD en la capital se registró tres minutos tarde en la Junta Electoral, con lo que fue rechazada, y ni el médico Luis Suárez de Puga fue el alcalde de Guadalajara, sino el socialista Javier de Irízar, ni Agustín de Grandes el presidente de la Diputación; UCD echó mano de un concejal de Azuqueca, Antonio López. De Grandes echa toda la responsabilidad en el gobernador civil de entonces, al que no cita por su nombre, posiblemente  porque ha fallecido, y no se cree el argumento que dio, que había apreciado en la lista errores técnicos a corregir: “Faltó a la verdad, la lista no sufrió ninguna modificación”, escribe el entonces presidente provincial de UCD.  Lo que nunca sabremos es el motivo por qué el gobernador esperó a última hora para tramitar la lista que le había entregado el apoderado de UCD. Está claro que el gobernador estaba molesto porque no le habían dejado participar en la confección de la candidatura, que fue aprobada por el Comité Electoral  el 15 de febrero de 1979, pero por mi parte puedo aportar,  después de hablar con personas que estuvieron en la antesala del despacho del gobernador aquella noche, que lo único que saben es que un funcionario llevó la lista a la Junta Electoral cuando se lo ordenó el Gobernador. Nada habría pasado si a las 11,45 no hubieran aparecido por la Junta Electoral los socialistas Javier de Irízar y Ricardo Calvo, y allí quedaron en espera al enterarse de que UCD no había presentado su lista. Lo hizo fuera de tiempo, a las 0 horas y 3 minutos, y la Junta Electoral Provincial, a quien De Grandes relaciona con la “derecha clasica”, aceptó las impugnaciones de Alianza Popular, aunque no del PCE de Paco Palero, que en eso apoyaron a UCD.

Candidato a la presidencia de Castilla-La Mancha.-  Luis de Grandes se reconoce como uno de los padres de la autonomía de Castilla-La Mancha, de cuya constitución cuenta algunos detalles como que al principio se iba a llamar solo La Mancha, porque no estaba prevista la integración de Guadalajara, que había quedado descabalgada del proceso autonómico. El libro no entra en detalles sobre el turbulento proceso autonómico en nuestra provincia, en el que participaron unos concejales que habían acudido a las elecciones sin llevar el asunto en el programa electoral, ni las reticencias del PSOE de Guadalajara, partidario de incluir a Madrid  en la autonomía en contra de los socialistas manchegos como José Bono.  Ya sabemos cómo acabó el asunto: la dirección  federal del PSOE ordenó a sus compañeros de Guadalajara votar a favor de Castilla-La Mancha, y UCD metió a la fuerza a Segovia en Castilla y Castilla y León, que se había quedado fuera.

De Grandes devela por primera vez que él tuvo dos ofrecimientos para encabezar la candidatura del PP a la presidencia del PP de Castilla-La Mancha. Uno fue en la época de José María Aznar y otro en la de Mariano Rajoy. Lo rechazó las dos veces, confiesa, porque estaba pendiente de importantes intervenciones quirúrgicas. En el primer caso, al final fue Adolfo Suárez Illana el candidato (“La operación Suárez se inició bien, como se esperaba, pero no  terminó bien”) y en el segundo, Rajoy acabó designando a Dolores de Cospedal, a propuesta de De Grandes, dice el libro.

En ese intervalo, De Grandes fue dos veces portavoz del PP en el Congreso, la institución en la que más a gusto se siente nuestro parlamentario, quien da cuenta de interesantes vivencias, pero ninguna inconveniencia.

Los socialdemócratas de Ordóñez respondían a las críticas de los democristianos con este chiste:”¿Saben cómo se distingue a un democristiano? Porque en el circo romano es el que se come a los leones”. Luis de Grandes, en estos cuarenta y dos años de vida política, también se ha tenido que comer a más de un león, para sobrevivir. Tampoco ahora voy a dar nombres. En su descargo podemos decir que, por lo menos, lo ha hecho con elegancia, sin bravuconadas y sin arrastrarse en el fango. Por algo en su Sigüenza le llamaban  con admiración “El Divino”.  

Esto es lo que hay: No vayan buscando carnaza ni escándalos en este libro, aunque sí encontrarán otras referencias históricas que hacen recomendable su lectura.

Leo que el Partido Popular piensa organizar una cumbre nacional en Murcia y que por lo que dicen los papeles, estará centrada en reivindicar el trasvase Tajo-Segura y en hacer crítica de la política de la ministra Teresa Ribera, a la que se le acusa de anti-trasvases, aunque durante du mandato se ha mantenido en lo fundamental el Memorándum que regula estas derivaciones, si bien es cierto que con correcciones a la baja. A este respecto hay que decir que si el ministerio no hubiera sido previsor al respecto, los principales perjudicados serían los regantes del Segura, porque habría habido meses en que no se podría haber trasvasado una gota de agua al haber entrado la cabecera en nivel 4, tal y como establece la Ley.

Me preocupa que  a estas alturas de la película y cuando empezamos a sufrir las consecuencias del cambio climático, un partido de gobierno, como el PP, caiga en el error de centrar su política sobre el agua en una infraestructura que fue producto de otra época, una dictadura, y de otro mundo climatológico (el principal problema del trasvase es que no se cumplieron las previsiones sobre precipitaciones) y quererlo elevar a una reivindicación central,  solo por motivos electoralistas en el levante español. El PP nacional  no puede seguir haciendo de la reivindicación del trasvase el eje de su política sobre el agua y mentir con que Ribera ha realizado una gestión antitrasvases cuando el año hidráulico se cierra con la cabecera del Tajo por debajo del 20 %. El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Francisco Núñez, se lo debería recordar a sus correligionarios de Valencia, Murcia y Andalucía, si quiere tener un mínimo de autonomía y credibilidad y ser algo más que el delegado del PP en Castilla-La Mancha; porque los pusilánimes no ganan elecciones. La cabecera del Tajo no puede enviar un agua que no tiene a otra cuenca hidrológica, en este caso la del Segura, pero tampoco pueden sustituir alegremente unos trasvases por otros.

Me estoy refiriendo a lo que llaman tubería manchega, por no querer denominarlo trasvase cuando en realidad lo es, ya que se trata de una derivación de agua desde la cabecera del Tajo -otra vez- hasta la llanura manchega y que empezará a funcionar a partir de febrero. Unos de los argumentos que la Junta ha dado para oponerse al trasvase al Segura es que se trata de cuencas hidrológicas diferentes y que el desarrollo de un territorio no puede depender de un recurso, en este caso el agua, que se extrae a más de trescientos kilómetros. Pues estamos en las mismas: el territorio que alimentará el trasvase a La Mancha no está en la cuenca del Tajo, sino en la del Guadiana, a otros trescientos kilómetros y la única diferencia (más allá de que serán menos hectómetros los que se vayan a trasvasar) es de carácter puramente nacionalista: está en la misma comunidad autónoma.

El asunto está claro: la cabecera del Tajo no debería haber aceptado una  nueva servidumbre sin haber resuelto la primera, el trasvase Tajo-Segura, y si lo hace es porque afecta a las dos provincias menos pobladas y con menos peso político de la comunidad autónoma: Guadalajara y Cuenca. Y el que tenga dudas que hable con uno de los grandes expertos en la materia, Rufino Sanz Peinado, ex director general de Administración Local, o lea sus artículos publicados por este digital. Aquí les dejo dos piezas reveladoras. Un artículo se titula Sánchez no ha superado la prueba del Kobayashi Maru y el otro La tubería a la llanura manchega

No es tampoco baladí la tercera derivación o trasvase que ha debido soportar la cuenca del Tajo. Me estoy refiriendo al de Las Tablas de Daimiel, que si bien tiene poca trascendencia en lo cuantitativo (solo 3 Hm3), es muy elocuente en lo cualitativo. Me explico: ese magnífico parque natural solo se salvará con sus propios recursos, ya que de nada sirve utilizar 3 Hm3 del agua del Tajo para encharcar 140 hectáreas cuando hay más de 2.000 que están secas en estos momentos. No es serio ni sostenible usar para riegos los acuíferos del parque y luego pedir que lo remedie la exhausta cabecera del Tajo. Una broma o como dice la Plataforma Río Tajo Vivo, “cerrar un trasvase para abrir otro, lo mismo da que da lo mismo”.

Pero esto es lo que hay. No pintamos ni copas.          

P.D.Se necesitan entre 25 y 60 toneladas de agua para producir una tonelada del hidrógeno verde que está llamado a sustituir al gas en el sistema eléctrico. Y a eso lo llaman transición ecológica.¿Para cuándo?

El pasado jueves, más de una veintena de personas vestidas de negro, al parecer vinculados a una empresa de desocupación, tal y como relata en una excelente información GUDiario, establecieron un control de entrada en torno a unas viviendas ocupadas en el acceso a Guadalajara por Francisco Aritio y no dejaban pasar a quienes no tenían un contrato de alquiler. Algunos okupas decidieron marcharse, aunque se desconocen cuántos permanecen todavía allí. En la zona se vivieron momentos de tensión porque algunos jóvenes les hicieron frente con palos de madera y otros objetos, y aunque la policía nacional mandó efectivos en torno a las 13,45 se retiraron quince minutos más tarde cuando no se había cerrado el episodio.

El viernes se vivió en Guadalajara una situación más propia de un país donde el  Estado de Derecho es muy frágil y que ante una situación irresoluble,  la sociedad decide actuar por su cuenta. Recordemos que en España la Guardia Civil se crea para asegurar el orden y el derecho a la propiedad en el medio rural, que hasta su fundación en 1844 se llevaba a cabo por el Somatén y patrullas de voluntarios poco fiables.

Cuando el Estado de Derecho renuncia a sus deberes, y pierde el monopolio del  ejercicio de la fuerza, pasan estas cosas.

Pero también hay que ponerse en la piel de la propiedad, aunque sea un banco, que en un momento en el que la situación del mercado en Guadalajara es favorable,  otra vez,  a la comercialización de estos inmuebles, se encuentra con que está atada de pies y manos porque tiene unos okupas  a los que no les puede echar por culpa de unas leyes indulgentes con esta actividad ilegal.  Por no hablar de los vecinos que legalmente viven en aquellos inmuebles y que denuncian una situación insostenible, porque hay basuras e incluso heces en las escaleras y descansillos, utilizan bombonas de butano a pesar de que los pisos no tienen rejillas de ventilación, proliferan los enganches ilegales y hasta se hacen barbacoas en las viviendas. Y si se quejan, los amenazan. Guadalajara, octubre de 2022. No es Venezuela.

Coincidiendo con estos hechos, el pleno del Ayuntamiento aprobó simbólicamente  una moción contra la ocupación de viviendas, con el apoyo del PP, Vox y Ciudadanos, que se desmarcó así de sus socios de gobierno. Estos alegaron que la moción llega tarde porque ya se está tramitando a nivel nacional, pero ya vemos que la legislatura está en su final y siguen sin aplicarse medidas efectivas más allá de las 48 horas desde que se okupa una propiedad. En la izquierda populista municipal no ven dónde está el problema porque según ellos, apenas se han producido casos en Guadalajara. ¿Cuántas okupaciones necesitarán para que sea un problema de verdad?   

 Cuando el Estado renuncia a sus deberes, vuelven los somatenes e incluso el periodista se puede encontrar con un individuo de negro que, sin ninguna autoridad, trata de impedir un derecho fundamental, como es el de la libre información; y todavía pretende que el periodista le entregue el teléfono para que no siga haciendo fotografías. Por supuesto que con GUDiario no lo logró, ¡pero lo que hay que aguantar!  Por dejar pudrirse un asunto, este de las okupaciones, que ponen en jaque al Estado de Derecho, a la sociedad que paga sus impuestos (y cada vez más) y en una situación insoportable al que las sufre.

POLÍTICA DEL DERRIBO.-El portavoz de la derecha populista nos asombró días atrás al abogar por la construcción de un palacio de  Exposiciones, de Congresos y de Ferias (no aclaró quién lo pagaría y lo que nos costaría) y en consecuencia “construir unas pistas de atletismo nuevas”, lo que lógicamente llevaría consigo el derribo de las actuales instalaciones municipales de la Fuente de la Niña, en las que entrenan atletas olímpicos y campeonas del mundo. No recuerdo una propuesta tan fuerte desde que un concejal de la última corporación municipal de la dictadura, y que como ya ha muerto no le voy a citar, harto de que el Estado no reconstruyera el Palacio del Infantado, propuso derribar las ruinas que se habían salvado de las bombas incendiarias un 6 de diciembre de 1936 y hacer allí un colegio-residencia para chicas.

Esto es lo que hay. Ahora que se empiezan a elaborar los programas municipales sería de agradecer que los grupos políticos nos presenten nuevas propuestas para seguir construyendo ciudad, en lugar de tirar lo que han hecho corporaciones anteriores, y hacer la política de Penélope. Porque al fin y al cabo, una ciudad es la suma de lo que van promoviendo las sucesivas corporaciones ( y especialmente la sociedad civil en la economía y los planes de urbanismo), y en la que nos encontraremos de todo.    

Las Ferias de 2022 han sido de las mejores de la historia. Y en ello han influido decisivamente estas tres cosas: el buen tiempo (dejó de llover antes del largo fin de semana, que es el meollo de la fiesta), las inmensas ganas de divertirse de la gente (espoleada por los dos años de suspensión por la pandemia) y la decisión del actual equipo de Gobierno de trasladar a los parques de La Concordia, antiguo Ferial,  San Roque y Fuente de la Niña las actividades que reúnen a más público. A pesar de todo ello, haría mal el Ayuntamiento si de este éxito hace un discurso triunfalista, apegado a la propaganda, en lugar de ver cómo podemos mejorar unas Ferias que tienen luces, pero también algunas sombras.

Estas son las luces que yo he visto:

–Más público en la calle: tener a las peñas y otras actividades concentradas en un área próxima en torno a los parques del suroeste de la ciudad han dado gran vida al casco, que se había perdido. Ha habido ruido y seguramente que hay afectados por la medida, no lo voy a discutir, pero no parece que se haya traspasado alguna línea roja insoportable.  

–Las peñas: comportamiento ejemplar. En el chupinazo, con una plaza abarrotada, en los toros, en el día a día. Han madurado y son el alma de la fiesta. Hasta tal punto de que creo que han vuelto al centro para quedarse. ¡A ver quién las echa después de este año! Que todas ellas estén en carpas, y no en pisos o bajos como antes, ha disminuido las molestias.

-La hostelería: y especialmente los que tienen bares o restaurantes entre el Jardinillo y la Fuente de la Niña. No solo terrazas y mesas estaban abarrotadas tras la salida de los toros, este año se ha impuesto el tardeo con el vermú y se han servido chorizos y morcillas a las cinco y media de la tarde. El vermú de Nipace ha sido el epicentro, porque Rebollo y su gente saben de qué va este mundo de la hostelería.

–La seguridad: parece que las fiestas se han desarrollado sin incidentes de gravedad, como pasó en Alcalá de Henares, aunque me gustaría ser más preciso de haberse facilitado diariamente el parte de incidencias de la Policía Local. Felicidades a la Policía Local, Policía Nacional y Protección Civil, como responsables.  

–La Feria taurina: de las mejores que recuerdo y he visto todas menos una desde finales de los años setenta. Las figuras vinieron a la plaza de Guadalajara, quemando el mito de que si no lo hacían era porque se toreaban los toros del encierro. Jueves, viernes y sábado hubo grandes entradas (el viernes casi lleno) y los problemas surgidos en la del domingo vienen por un cambio de toros derivado de que la ganadería de Adolfo Martín, la recomendada por el Ayuntamiento, nos mandó una corrida que no llegaba a los pesos mínimos de una plaza de segunda categoría, no haciendo honor a esa confianza. Entre lo mejor, la actitud de la Presidencia de la corrida, empeñada en prestigiar a la plaza de Guadalajara y en la que las exigencias con los trofeos, no pueden ser las mismas que las de una plaza de pueblo de tercera categoría. Los aficionados de verdad, minoría en una plaza festiva, lo sabemos y se lo agradecemos, aunque nos consta que no es fácil no rendirse ante el  populismo, hoy en día.

-Los encierros: vistosos y muy organizados, hasta el punto de que han ganado prestigio en toda España y te puedes encontrar con un corredor de la mismísima Pamplona. Fue una lástima el caos del domingo, del que me ocuparé más adelante. Echo de menos un portavoz que, como en Pamplona, informe tras su finalización de los atendidos por las asistencias médicas.    

–Inodoros: había muchos y los de luxe, impecables, con usuarios haciendo fila. Es cierto que a pesar de ello habrá doscientos o trescientos a los que les guste más “regar” los jardines, pero son miles los que con civismo usan los baños que pone el ayuntamiento.   

Y estas son las sombras que se deberían analizar:

–Las Ferias han sido un éxito de público, pero se basan en ocupar parques y pistas deportivas, con el consiguiente deterioro y el gasto para reponer lo dañado.   

–El recinto para atracciones de mayores junto a la Fuente de la Niña se queda pequeño, y al carecer de los armarios de luz suficientes, hay que utilizar decenas de generadores de petróleo a todo trapo.  No es compatible con unas ferias sostenibles. Al ser terrenos que ya no son propiedad municipal (fueron cedidos al ministerio de Defensa en el intercambio de Las Cristinas) no se pueden hacer obras importantes, y ya veremos cómo cobran a los feriantes las tasas por la utilización del suelo al no ser municipal.  El dilema es: ¿Las atracciones podrían volver al Ferial y dejar a las peñas como este año?

-Los conciertos: es infumable la ocupación de unas pistas de élite, como son las de la Fuente de la Niña, donde se entrenan campeonas del mundo. ¿Pero dónde podemos llevarlos al haber tirado, por lo que se ve precipitadamente, el viejo auditorio de la Cárcel? Si no vuelven los cachivaches al recinto Ferial, la explanada principal de entrada, donde se monta el circo, podría ser suficiente. Hay que darlo una vuelta. No soy partidario de que sean gratis. Y ya no solo, como se ha visto, porque hay gente que retira las invitaciones y luego no va. O que siendo gratis no vendrán los grandes cantantes o grupos del momento, porque saldría muy caro. El Ayuntamiento debe hacer pedagogía; nada es gratis, todo lo acabamos pagando el contribuyente. Las mismas leyes nos dicen que los servicios municipales los debe pagar el usuario que los consume; y así sucede con todo: con el agua, la luz o los bomberos. Menos con los conciertos.   

-Los encierros: cuando algunos presumían de habernos acercado a Pamplona, el domingo dimos tres pasos atrás. Es lo que tiene traer una corrida por la noche y sin que los toros hayan tenido tiempo de amadrinarse con los cabestros, soltarlos a las ocho de la mañana. Tardaron ocho minutos en salir y luego fue el caos. Dos toros se volvieron al corral de San Francisco, y el Ayuntamiento ya no se atrevió a que salieran solos. Por último: no puede haber ahorro en los cabestros de escoba. Son indispensables.  

En resumen: el balance, bueno, felicidades a todos los que han trabajado en estas fiestas, empezando por su concejalía,  pero este modelo de okupar parques y pistas deportivas  no se mantiene en el tiempo. Habría que estudiar muchas cosas consultando con los sectores afectados en una comisión de estudio y a partir de ahí tomar decisiones de calado que no se pueden dejar a la pelea política diaria. Las ferias deben salir del barro. Sé que lo que pido es casi imposible, pero yo lo suelto porque mi independencia me lo permite. Esto es lo que hay.