Ya les aviso que en los próximos días van a oír hablar mucho sobre el trasvase y sus reglas de explotación en los medios nacionales; y ya les anticipo que la mayoría de las cosas que se dirán es demagogia y propaganda; por lo tanto: mentiras. O medias verdades.

Sucede que el 5 de mayo, el Tribunal Supremo decidirá sobre un recurso presentado por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) para evitar que el Gobierno apruebe unas nuevas reglas sobre las cantidades a trasvasar al aplicar los caudales ecológicos que recoge el nuevo Plan Hidrológico del Tajo. Oirán y leerán que eso implicaría la muerte de la infraestructura, pero ya les anticipo que es mentira. Es cierto que en un ciclo largo de sequía ese caudal ecológico podría reducir la cantidad total de agua trasvasada temporalmente, pero nunca el cierre del trasvase. Y el que tenga alguna duda lo puede comprobar aquí, con la legislación vigente, que data de 2014.

¿Qué sucede entonces? Que el Tribunal Supremo, previsiblemente, dictará que el Tajo puede y debe tener unos caudales ecológicos, para proteger su flora y fauna, como el resto de los ríos de España sin que el hecho de sufrir el único trasvase entre cuencas hidrológicas se lo impida.

¿Qué hará el Ministerio de Transición Ecológica que patronea la señora Aagesen? Hasta ahora, han practicado la técnica del escapismo, como si fueran Houdini, pero si hay una resolución en contra de los SCRATS el 5 de mayo se va a enfrentar a algo que llevan años eludiendo: la obligación de establecer esos caudales ecológicos. ¿Lo hará? Yo lo pongo en duda, porque las elecciones locales y autonómicas se acercan (son el domingo 30 de mayo de 2027) y no querrá darle esa baza a los gobiernos del PP de Murcia y la Comunidad Valenciana que quieren de hacer de unos presuntos recortes del trasvase uno de los ejes de su campaña electoral. Ya lo advirtió hace unos días el presidente valenciano, Pérez Llorca: “O se cambian las políticas hídricas que no funcionan o a los dirigentes que están al frente del gobierno de España”.

Lo triste de todo esto es que las políticas hídricas, como la política exterior, la ordenación territorial, la enseñanza y otras que necesitarían de un consenso entre los dos partidos con posibilidades de gobierno deberían estar al margen de la estrategia electoral de ambos partidos y de cada gobierno regional. Pero con esto de la bipolarización y la política de muros y bloques cualquier consenso es imposible.

Así ha ocurrido que hace un año, el presidente murciano López Miras salió reforzado del Congreso al conseguir que todos diputados del PP votaran a favor de una Propuesta de Ley del PP para blindar el trasvase, que era pura demagogia. No salió adelante porque Feijóo y Sánchez prudentemente se ausentaron del Congreso, pero el presidente murciano consiguió visualizar -dice la prensa levantina- que los diputados socialistas murcianos y valencianos no rompieron la disciplina de voto y eso dejaba al PP y Vox como los únicos que defendían (presuntamente) los intereses de los regantes. Ya les digo yo que eso de los blindajes, ahora tan de moda, es un cuento chino, porque ni la Constitución es capaz de servir de blindaje ante asuntos tan principales como los indultos a los golpistas del Procés, la amnistía o la financiación privilegiada a unas autonomías sobre otras. Por tanto, lo único que se busca con esas iniciativas y otras del estilo es hacer política de campanario y dejar a unos como Cagancho en Almagro mientras otros se van de rositas. En el primer caso estarían los diputados del PP castellano-manchegos que votaron a favor de ese populista blindaje, hasta el punto de ser cierta una acusación que Paco Núñez hizo sobre Page de no haber conseguido un litro menos del trasvase durante su mandato. Es verdad: con el Memorándum que data de la época de Rajoy y que regula el trasvase, Page no ha conseguido reducir un solo litro al trasvase, la competencia es estatal, pero por lo menos su gobierno ha sido capaz de pedir en los tribunales que el gobierno de Sánchez cumpla la Ley, aun siendo de su partido. Hasta ahora se ha hecho el remolón, porque bien podría haber empleado su teórica mayoría parlamentaria para cambiar ese Memorándum de Rajoy-Cospedal que tanto criticaron desde la oposición.

Así que dejémonos de historias: 1º) Los caudales ecológicos, de aplicarse, no son el fin del trasvase, como dice el PP murciano y valenciano. 2º) Lo único que esta polémica del falso blindaje pone de manifiesto es tanto la falta de ganas del binomio Sánchez-Aagesen para aplicar los caudales ecológicos al Tajo como la falta de criterio en el PP nacional de Feijóo, que en esto se ha querido escapar por la gatera. Porque mientras en territorios como Aragón son furibundos antitrasvases (vean lo que dijo el presidente de Aragón en campaña) en otros como Castilla-La Mancha se limitan a hacer seguidismo de sus colegas murcianos y valencianos, que sí demuestran su fuerza, la que les da presidir ambos gobiernos regionales.

Pues esto es lo que hay. Mentiras y demagogia a raudales. Pues les digo una cosa: con su maximalismo de no querer perder ni una gota de agua aunque no les haga falta, como sucede cuando la cabecera del Tajo está en los niveles actuales, en el Levante están perdiendo la ocasión de centrar el debate sobre el agua en España para que nunca carezcan de ella; porque su economía lo merece. Pero para ello no deben cerrarse al agua desalada, que podría completar el trasvase en épocas de sequía.  Pero ahí está el asunto de la segunda desaladora de Torrevieja, que la señora Aegesen no es capaz de poner en marcha y en Valencia no quieren verla ni en los planos.

LA FRASE: “La ilusión de la derrota policial, política y social de la organización terrorista ETA se quiebra con la negociación política firmada por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero y Arnaldo Otegi y se sella hoy con el gobierno de Pedro Sánchez. Son el paradigma de la crueldad contemporánea. ¿No es una crueldad intolerable ver salir de la cárcel, uno a uno a auténticos asesinos en serie, etarras con años de condena a sus espaldas, fruto de una negociación política indecente, entre gobierno y una banda terrorista?”. ANA IRIBAR, viuda de Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA.