El presidente de Murcia, Fernando López Miras (PP), advertía esta semana que “cualquier tipo de decisión” que tome una comunidad autónoma “de forma unilateral” sobre el uso y gestión del agua “no deja de ser una pose sin ningún tipo de validez”.

Así reaccionaba el presidente murciano ante el acuerdo sobre el agua firmado esta semana en Castilla-La Mancha por PSOE, PP, Cs e IU, y al que se han unido agentes sociales y todo tipo de asociaciones de la región.

Tiene razón López Miras en que los ríos “no son de las comunidades autónomas por las que pasan”, sino de todos los españoles, y por ello su competencia pertenece al ámbito del Estado. Y así debería seguir siéndolo, a pesar de algunas voces que se levantan desde el nacionalismo. Pero en lo que se excede el presidente murciano es cuando añade que todos los españoles tienen “el mismo derecho” a acceder a ese recurso en igualdad de condiciones.  Ciertamente el Levante español debe tener un acceso garantizado al uso del agua, tanto por su potencial turístico, como por el peso en el PIB de español de la huerta murciana. Solo que en Murcia no pueden pretender, como sucede hasta ahora, que ese derecho de acceso al agua en la comunidad que recibe el agua del trasvase Tajo-Segura sea prioritario sobre las necesidades de la comunidad cedente y la sostenibilidad del propio río, hoy amenazado por toda suerte de problemas, como han reconocido las instancias comunitarias. López Miras y el resto de dirigentes levantinos deberían asumir que el día en el que por presiones políticas de ERC, sobre todo, se liquidó el trasvase del Ebro al llegar Zapatero al gobierno, en España se estaban cuestionando todos los trasvases. Porque no cabe en cabeza humana que sea un terrible daño ecológico coger agua de la desembocadura del Ebro antes de liberarla al mar, y no pase nada por hacerlo en la cuenca alta del Tajo, donde menos hay. ¡Los castellanos siempre hemos sido esforzados en la construcción nacional de España, pero en los últimos tiempos, por la presión nacionalista tanto en esto como en la financiación autonómica, lo que algunos pretenden es que seamos gilipollas!

Ciertamente el Levante español debe tener un acceso garantizado al uso del agua, tanto por su potencial turístico, como por el peso en el PIB de español de la huerta murciana. Solo que en Murcia no pueden pretender, como sucede hasta ahora, que ese derecho de acceso al agua en la comunidad que recibe el agua del trasvase Tajo-Segura sea prioritario sobre las necesidades de la comunidad cedente y la sostenibilidad del propio río

Por tanto, tiene razón Miras en que con esta mesa sobre el agua, por muy extensa que sea, no se va a poner fin al trasvase. Pero tampoco es una mera pose. Si algo envidiamos de los políticos levantinos es su capacidad para hablar con una sola voz en la defensa de agua del trasvase, mientras que en Castilla-La Mancha éramos el ejército de Pancho Villa, cada uno utilizando el asunto del agua para la pelea política interna. Por eso sí es importante, aunque legalmente no obligue a nada, que Castilla-La Mancha pueda también hablar con una voz única, como hacen los gobiernos beneficiarios del trasvase. Y en este sentido, que el PSOE y el PP hayan sido capaces de firmar al pie de un mismo documento, junto con CS e IU, es un tanto político que se apuntan Emiliano García-Page y Paco Núñez, y que debería cerrar años de despropósitos.

El gobierno de Page, como impulsor de esta mesa del agua, acierta con el modelo aunque los acuerdos intercomunitarios que adopte no tengan validez legal. Hay que aprender de la historia y no meterse en camisa de once varas como le sucedió a Barreda cuando sin encomendarase a Dios o al diablo quiso hacer una reforma del Estatuto que liquidaba el Trasvase; y decayó en el Congreso por falta de apoyos, empezando por el grupo socialista. Sería un error que Miras, como insinúa, quiera aprovechar la Conferencia de Presidentes para reivindicar el blindaje del trasvase, como lo fue pretender su desaparición. Hay que dejar la política de confrontación.

Por tanto, sí ha llegado la hora, llegó hace veinte años en realidad, para iniciar los trabajos de un gran pacto nacional en materia hídrica.  En eso todos deberíamos estar de acuerdo. Un pacto que asegure de una forma razonable las necesidades del levante español, y que es obvio, por mucho que a algunos les rechine, debería complementarse con la utilización de agua desalada a un precio competitivo para los regantes. En España hay agua suficiente para todos, solo hay que buscar una formula que concilie los intereses de la nación sin que nacionalismos y populismos (Vox de Murcia ha pedido que Page, Núñez y Picazo sean declarados personas non gratas) lo desbaraten.

El gobierno de Page, como impulsor de esta mesa del agua, acierta con el modelo aunque los acuerdos intercomunitarios que adopte no tengan validez legal. Hay que aprender de la historia y no meterse en camisa de once varias como le sucedió a Barreda cuando sin encomendarase a Dios o al diablo quiso hacer una reforma del Estatuto que liquidaba el Trasvase y se la tiraron en el Congreso

Esto es lo que hay. Europa ya ha advertido que el caudal ecológico del Tajo no puede seguir menguando indefinidamente (y eso va también para la llamada tubería manchega, eufemismo que se emplea para definir el futuro trasvase de agua desde Entrepeñas y Buendía hasta la llanura manchega, en la cuenca del Guadiana) y sería bueno que se aprovecharan esos Fondos Europeos que van a llegar para iniciar ese cambio de la política sobre el agua que este país lleva demandando desde Joaquín Costa, en el siglo XIX.

En una democracia normal de un país corriente los presupuestos se entienden como el examen al que un gobierno se somete en cada ejercicio presupuestario. Somete a la cámara su previsión de ingresos y en base a ello los gastos que ha tenido a bien priorizar. Y así hasta el año siguiente en que puede que el panorama financiero necesite algún tipo de corrección y en función de esa disponibilidad y la ideología del gobierno se elegirán las políticas de gasto e inversión. Eso es lo que pasa en las democracias corrientes y aburridas.

En España puede ocurrir que un gobierno de coalición entre sanchistas y comunistas puede perfectamente gobernar dos años con un presupuesto elaborado por el centro-derecha, y que la alternativa al mismo sea un pacto con la extrema izquierda de la cámara y el ultranacionalismo, aquellos que vienen a Madrid, y no lo ocultan, para desmontar el régimen que nació de la Constitución del 78, que este año cumple su 42 aniversario en la situación de mayor división que se recuerda desde la Transición, por el retorno, envalentonado, de  los extremistas al Congreso. Con ellos se aleja lo mejor que nos trajo la Transición, una decidida apuesta por superar las dos Españas de las que nos habló Machado. Por que, y ellos lo saben, el retorno del guerracivilismo es el mejor abono de sus políticas radicales. Como en los años treinta.

Como los socios del Gobierno han interpretado que este pacto por los Presupuestos 2021 es en realidad un pacto de legislatura,  y Sánchez no lo ha desmentido, el mismo día que se aprobaban estas cuentas en el Congreso una coalición que iba desde Podemos a los antisistema de la CUP, pasando por los filoetarras de Bildu y todos los grupos ultranacionalistas de la Cámara no perdían el tiempo y firmaban una iniciativa que ponga “fin a la imposición legal exclusiva del castellano en la normativa estatal”. Asimismo, exigen equiparar las lenguas cooficiales al castellano, para que “gocen de los mismos derechos y deberes”, así como que el Gobierno garantice “el deber de conocimiento por parte del funcionariado que preste servicios en lengua propia”.

El problema no lo tiene el castellano, señor Sánchez. El problema es España, porque si persiguen al castellano es porque se trata de la herramienta común que tenemos los españoles para comunicarnos. Y un país en que sus parlamentos parezcan a la ONU o que sus ciudadanos no tuvieran un lenguaje común para relacionarse, ciertamente ni es una nación ni es ná, como dicen en Utrera.

Dicho en Román paladino. Con ello, lo que se pretende es cerrar cualquier administración a los funcionarios que no dominen la lengua vernácula, haciendo del poder de la lengua, lo que Mirian Tey y Félix Ovejero definen como una entidad que tiene vida propia y que otorga una identidad única y excepcional a sus hablantes. En la práctica: acabar con la movilidad del funcionariado en el territorio del Estado.

La segunda consecuencia de este peaje que los socios del gobierno no tardaron ni minutos en exigir a Sánchez es cómica por estrambótica. Porque nos llevaría a que cualquier reunión interautonómica que se celebrara en España necesitase de pinganillos y traductores entre los asistentes, incluyendo las cámaras alta y baja de nuestra soberanía nacional.  Tan hilarante es el asunto que cualquier ciudadano podría exigir en sus relaciones con cualquier administración poderlo hacer en catalán, vasco, gallego o valenciano (y en un futuro posiblemente en bable, castúo, aranés o la fabla aragonesa), aunque se trate del guardia que te está poniendo una multa de tráfico en Guadalajara. Los excesos cantonalistas de la Primera República son una broma con lo que imagina el nacionalismo identitario del siglo XXI.

¿Supondría esta nueva afrenta al castellano, como la que ya se infiere en comunidades como la catalana o baleares, que toman nota de los niños que hablan español en el patio del recreo, una consecuencia seria para su vigor? La respuesta es no: el castellano es el tercer idioma más hablado del mundo y su vigor está por encima de los atropellos que hacen con él el señor Rufian o la socialista Armengol, la nacionalista que gobierna en Baleares.

El problema no lo tiene el castellano, señor Sánchez. El problema es España, porque si persiguen al castellano es porque se trata de la herramienta común que tenemos los españoles para comunicarnos. Y un país en que sus parlamentos parezcan a la ONU o que sus ciudadanos no tuvieran un lenguaje común para relacionarse, ciertamente ni es una nación ni es ná, como dicen en Utrera.

Tras el castellano, ya sabe usted, señor Sánchez, que irían otras cosas. Por ejemplo, una reforma de la Constitución por la puerta de atrás para que el concepto de soberanía se traslade desde el pueblo español al ciudadano de una comunidad autónoma en particular. Y en ese sentido, la Constitución es un problema porque en ella no encajan los referéndums ilegales por quienes no tienen capacidad de convocarlos.

Pero si el castellano no es el problema, ni tampoco lo es la Constitución. ¿Dónde está entonces el problema?

Señor Sánchez, usted lo sabe de sobra: El problema es España, la nación más vieja de Europa, y que sus socios parlamentarios intentan desmontar a plazos, pasando primero por una República Confederal como antesala a la independencia. Por ello no quieren nada que pueda cohesionar a la nación. No quieren vertebrar su territorio; lo quieren desmembrar. Pero como no tienen mayoría suficiente para que tales cambios no choquen con la actual Constitución, esa misma que nos llevó a las décadas más prósperas de la convulsa historia de España, hay que desmontarla.  

Esto es lo que hay: hay que liquidar el castellano como idioma común. Y a la Constitución porque desde su artículo 1 les desbarata los planes a los que trabajan en su demolición, que no en su reforma legal, que nadie se engañe. Los que tenemos años para haberla votado, y lo hicimos favorablemente, les confieso que nunca llegamos a pensar que el golpismo pudiera cambiar de bando.

Yo aquí lo pongo para que no se les olvide:

Artículo 1

1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.

3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.  

Y también les dejo este artículo que los gobiernos nacionalistas incumplen sin recato:

Artículo 3.1 El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.

La central José Cabrera, más conocida como Central de Zorita, aunque esté ubicada en  término municipal de Almonacid de Zorita, no en la visigoda y calatrava de Zorita de los Canes, animó en gran medida a la economía de esa comarca alcarreña desde que se comenzó a construir en julio de 1965, y fue inaugurada por el Jefe del Estado, Francisco Franco, el 12 de diciembre de 1968, en una ceremonia más discreta de lo que cabían pensar para ser la primera central nuclear española, que eligió la tecnología americana  de Westinghouse Electric para el diseño de su reactor, aunque tuvo una importante participación nacional. En la central alcarreña se formó la primera generación de ingenieros nucleares españoles, que luego han pasado por otras centrales, como la vecina de Trillo, la última en construirse y que si el gobierno y sus empresas propietarias así lo valoran estará en funcionamiento hasta 2035, aproximadamente. El reactor de agua a presión de la José Cabrera se desacopló a la red el 20 de abril de 2006, cumplido su periodo de vida útil de 35 años, al final funcionó tres más, y desde entonces en la instalación se ha desarrollado un complejo plan de desmantelamiento, que está en su última fase, y que ha mantenido una cierta actividad económica en la zona, también llamada a agotarse en poco tiempo.

Desmantelada la instalación nuclear, solo quedará en el perímetro que acogió a la central el Almacén Temporal Individual (ATI), donde enormes contenedores al aire libre guardan sine die los residuos de alta actividad que ha generado la central y que el Plan General de Residuos aprobado por el Congreso preveía almacenar temporalmente en un Almacén Temporal Centralizado (ATC), que se iba a construir en Villas de Cañas (Cuenca), hasta que el actual gobierno lo paralizó. Ahora habrá que realizar un nuevo Plan, que deberá decidir qué hacemos con esos residuos que tienen una vida activa del miles de años.

Nos alegraría que el entorno de la Alcarria baja sepa aprovecharlo, que municipios e instituciones alienten y apoyen los proyectos viables que surjan de la iniciativa privada y se impliquen en la colaboración público-privada, y que la era postnuclear de Zorita sea tan activa como la que ahora quedará atrás. Para los que están allí, resistiendo, y para los emprendedores que podrían estar interesados en vivir en una comarca maravillosa a la que, contrariando a Cela, la gente le dé la gana de ir.   

Este última cuestión no es baladí para el asunto que hoy nos ocupa, y que es el futuro de la comarca en la era postnuclear, porque los municipios del entorno de la central -16 de Guadalajara y 2 de Cuenca- reciben ahora unas compensaciones por el almacenamiento de esos residuos, que se van a prolongar en el tiempo tras el parón de Villar de Cañas. Así que una noticia buena, que el dinero nuclear se estirará más de los previsto, y una no tan buena porque no deja de ser un engorro el mantenimiento de los residuos en la zona, sobre todo porque el Gobierno no tiene ni repajolera idea sobre qué hacer con ellos y cada gobierno que llega solo juega al oportunismo político con escaso sentido de Estado.  

Pues bien, con estos antecedentes este martes se firmó un protocolo a cuatro bandas (Ministerio, Junta, FEMP y AMAC) que en un periodo de dos años deberá dar lugar a un convenio de rimbombante nombre, Convenio de Transición Justa de Zorita. Dicho Convenio desarrollará un plan de acción territorial para el mantenimiento y creación de actividad y empleo, a través del acompañamiento a sectores y colectivos en riesgo, en el territorio afectado por el cierre de la central nuclear de Zorita. Una iniciativa pionera en el entorno de una central nuclear española, y que en palabras de la ministra Ribera el objetivo  es que los pueblos sigan teniendo oportunidades «a la puerta de su casa».

La música suena bien, pero que nadie piense que estamos en tiempos de la autarquía y que ninguna institución va a montar otra gran industria como la nuclear que genere empleo masivo. Podrá haber apoyo para unos o varios proyectos tractor, así lo llaman, que tiren del carro y en el que puedan estar implicados tanto la iniciativa pública como la privada, que impulsen la transformación a través de la innovación. De esos proyectos tractor podrían colgar iniciativas empresariales más  pequeñas, de las que se puedan beneficiar los emprendedores.

Ya digo: la música suena bien, pero si mal no recuerdo también hubo por ahí un Plan Zorita que murió al poco tiempo de nacer, porque nos vino la crisis. La ventaja esta vez es que la crisis ya ha llegado, la estamos pasando y por primera vez vamos a tener unos fondos europeos para poner en marcha proyectos de esa nueva economía basada en energías renovables, cambio climático, turismo sostenible, economía circular, en suma. Proyectos todos ellos que este Convenio de Transición Justa quiere estimular. Esto es lo que hay; y no es poco.

 Nos alegraría que el entorno de la Alcarria baja sepa aprovecharlo, que municipios e instituciones alienten y apoyen los proyectos viables que surjan de la iniciativa privada y se impliquen en la colaboración público-privada, y que la era postnuclear de Zorita sea tan activa como la que ahora quedará atrás. Para los que están allí, resistiendo, y para los emprendedores que podrían estar interesados en vivir en una comarca maravillosa a la que, contrariando a Cela, la gente le dé la gana de ir.   

El gobierno de Sánchez no tiene ninguna necesidad de pactar con Bildu para poder aprobar los presupuestos y garantizarse su estabilidad en la legislatura, porque por muy mal que se pongan las cosas ( y los informes tanto del Banco de España como de la Airef son muy preocupantes en el cálculo de ingresos), siempre podría prorrogarlos, como ha hecho con los de Cristóbal Montoro. En una inteligente maniobra, el partido liberal de Inés Arrimadas va a permitir que  Sánchez se retrate: si quiere la vía moderada que le muestra Ciudadanos, con diez diputados, o aceptar los cuatro que le ofrece Bildu y que forma parte de esa estrategia más global que negocia personalmente Pablo Iglesias, y a la que se refería recientemente Emiliano García-Page: “Es determinante que haya presupuesto, pero me duele que el Gobierno tenga que estar sometido a la acción de guía de Podemos. Porque es Iglesias quien marca el paso y veta a Ciudadanos y así no queda más alternativa que pasar por las horcas caudinas”.

“Pablo Iglesias,  a partir de ahora, cuando se siente en el Consejo de Ministros, no solo hablará por Podemos sino por el resto de fuerzas independentistas con las que ha negociado una estrategia que pasa por el cambio de la Constitución por la puerta de atrás”.

Los presupuestos, por tanto, y aun siendo muy importantes, o el debate sobre Bildu, unos tipos que siguen sin condenar el terrorismo, no dejan de ser una cortina de humo porque, en el fondo, lo que nos jugamos es consolidar un gobierno, apoyado en Ciudadanos, que a su vez fortalecería el sector socialdemócrata que, se supone, representa Sánchez. O girar hacia la extrema izquierda y el independentismo en la dirección que está trabajando Pablo Iglesias con los dirigentes de Bildu (ese partido al que hay que incorporar a la dirección del Estado, aunque su portavoz en el parlamento de Vitoria ya ha dejado claro que están aquí para desmontarlo), los de ERC y parte de Junts per Catalunya, y que todos sospechamos llevará consigo la reforma penal del delito de sedición para que sus dirigentes golpistas detenidos salgan de la prisión. Aunque este sería solo el primer paso, como luego comentaré.

Sánchez no tiene, insisto, ningún problema con los Presupuestos por las elementales condiciones que le ha puesto Arrimadas y que solo ha trazado (al margen de alguna sorpresiva enmiendas parcial que se pueda presentar) una línea roja: retirar la enmienda en la Lomloe que elimina la referencia al castellano como lengua oficial, a pesar de que muy probablemente sea tumbado por el Tribunal Constitucional, ya que esa misma Constitución que los aliados de Sánchez  quieren liquidar, protege su uso y el deber de conocerlo.  Artículo 3.1: “El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho  a usarla”

 Algunos desconocerán que, en la práctica, el castellano ha sido borrado de los planes lingüísticos en Cataluña, aunque cada año  decenas de padres tienen que recurrir a los tribunales para que sus hijos puedan estudiar en castellano o español, que también este término admite la RAE,  lo que logran a costa de estigmatizar a sus hijos ante el resto del colegio educado en la inmersión de la lengua catalana. Por tanto, de lo que se trataría con esta enmienda es de normativizar esta anomalía constitucional y de paso abrir las puertas a otras comunidades para que también expulsen de las aulas al idioma común. Porque ahí está el meollo de la cuestión: el castellano es el segundo idioma que más se enseña en el mundo, y el tercero más hablado, es por tanto un rico patrimonio de todos los que lo hablamos y podemos valernos de él para la educación, el negocio o el comercio, pero los ultranacionalistas que forman parte de esa mayoría Frankeinstein,  Rubalcaba dixit,  lo desprecian olímpicamente con tal de llegar a un fin último: que los catalanes se tengan que comunicar con el resto de los españoles en inglés, porque carecerían de una herramienta común para entenderse. De ahí a la independencia solo quedaría un paso.

Pero hay un problema. La Constitución de 1978 establece que la soberanía es del pueblo español, no solo de una parte, con lo que inevitablemente es necesario el apoyo de los dos partidos mayoritarios para poder reformarla en la dirección que quiere Podemos o sus aliados: mediante el reconocimiento del derecho de autodeterminación en el territorio de la comunidad autónoma. Hace falta por tanto una reforma de la Constitución por la puerta de atrás, para que lo mismo que ha pasado con la enseñanza del castellano, enviado al sótano por la nueva ley de Educación de la señora Celáa, a pesar de la Constitución, se pueda extender de forma fraudulenta a la interpretación del artículo 1.2, que dice: “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del estado”. Por no hablar del Artículo 1.3, que también dice: “La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria”.  

“Sánchez y sus ivanes redondos monclovitas pueden pensar que la inestabilidad que nos trae esta política de bloques  en el fondo le beneficia, porque ahora no hay otra alternativa. Pero los socialistas moderados tendrán a su vez que preguntarse si el camino trazado por los populistas es compatible con la socialdemocracia, o si como pasó en los primeros años de la revolución rusa tras el derrocamiento del zar, Sánchez puede acabar como Kerenski”.

No nos equivoquemos mirando al dedo de Colón en lugar del nuevo mundo al que señala. Los presupuestos no son un problema, porque Ciudadanos cambia los cuatro votos de Bildu por los diez suyos. Los presupuestos, y leyes como la Lomloe, que se han hecho por tramitación extraordinaria para evitar cualquier negociación con la comunidad educativa, forman parte de esa hoja de ruta que ha puesto en marcha Iglesias, quien a partir de ahora, cuando se siente en el Consejo de Ministros, no solo hablará por Podemos sino por el resto de fuerzas independentistas con las que ha negociado una estrategia que pasa por el cambio de la Constitución por la puerta de atrás. Porque si la Constitución superó las dos Españas que nos llevaron a la Guerra Civil o el frentismo de siglos anteriores que alimentó las guerras carlistas, lo que los aliados de Sánchez pretenden es dividir otra vez el país entre buenos y malos, entre rojos y azules, como pegamento de esa mayoría Frankeinstein.

Sánchez y sus ivanes redondos monclovitas pueden pensar que la inestabilidad que nos trae esta política de bloques en el fondo le beneficia, porque ahora no hay otra alternativa; y así podría estar dos legislaturas, por la división del centro y las derechas. Pero los socialistas moderados tendrán a su vez que preguntarse si el camino trazado por los populistas es compatible con la socialdemocracia, o si como pasó en los primeros años de la revolución rusa tras el derrocamiento del zar, Sánchez puede acabar como Kerenski.

Esto es lo que hay. “Lo que veo es que finalmente Podemos nos marca la agenda y nos está arrastrando a una esquina del tablero político que está muy fuera del sitio habitual de las grandes mayorías del PSOE», se atrevió a decir Page, que si gobierna por mayoría absoluta es porque puso el tablero en el medio en una región de mayoría social moderadamente conservadora. Y sin lugar a dudas españolista.

Esto es lo que hay. El dedo son los presupuestos y el horizonte que nos señala – lo que Ábalos llamó luces largas-, la mayoría parlamentaria que sustenta al partido sanchista y que vienen a Madrid a desmontar España, no a aprobar el presupuesto a su gobierno. Y para ello es necesario cambiar la Constitución por la puerta de atrás. Como han hecho en Cataluña con el castellano.

Joe Biden, el senador más joven de Estados Unidos, será el presidente más viejo cuando con 78 años tome posesión el 20 de enero de la presidencia de los Estados Unidos, si el ejército de abogados de Trump no lo impide, con su enésima impugnación. Cuando con esa edad en otros muchos países del mundo tienes la jubilación grabada en piedra, a toda una superpotencia le sirve un septuagenario  para comandante en jefe. Son paradojas de ese gran país, que sobrevive a un presidente que para disimular su derrota no duda en cuestionar las garantías de su sistema electoral, como si se tratara de una república bananera cualquiera. Hasta en eso estaban advertidos los americanos, pues como escribió el profesor Felipe Sahagún, conscientes de las dificultades que presentaba un escrutinio con más de cien millones de votos por adelantado -por correo o en persona-, anticiparon (y acertaron) que Trump se declararía vencedor sin esperar al recuento total, sabiendo que con el presencial iba en cabeza. Hay que tener muy poca catadura moral para utilizar una estrategia así, pero este hombre, que los que le conocen nos cuentan que jamás ha sido capaz de reconocer una derrota, y que a sí mismo se llama patriota, no le importa ridiculizar a su patria ante el mundo y dividir a su sociedad como solo los peores dictadores de la historia hicieron alguna vez.

No hay que esperar milagros de Biden, un tipo corriente del establishment americano, con una joven vicepresidenta, Kamala Harris, llamada a ser first, como dicen los americanos, pero sí es previsible que con su administración  el mundo tendrá más fácil llegar a acuerdos globales sobre temas que solo pueden ser tratados con una visión multilateral. Si por algo se ha distinguido a Trump es por su renuncia a liderar cualquier solución global, como le correspondería por su condición de superpotencia, y marcharse de cuantas organizaciones internacionales ha podido, la última la que lucha contra el cambio climático, del que es negacionista, como del coronavirus que él acabó por contraer, como la mayoría de sus colaboradores. Es cierto que no ha metido a Estados Unidos en ninguna guerra, porque los conflictos más candentes estaban en el círculo de influencia de su amigo Putin, así que tampoco tiene gran mérito. De lo que sí estoy seguro es de que si Trump hubiera estado en el lugar de Roosevelt, Estados Unidos no habría entrado en la II Guerra Mundial y Hitler habría acabado por ganarla.

Pero que el populismo haya sido vencido en Estados Unidos no significa que esté derrotado. Los demócratas han tenido que movilizar a su base electoral, como nunca lo habían hecho, a lo que ha ayudado bastante el desprecio por las minorías de la que siempre ha hecho gala Trump. Así han pasado cosas tan increíbles como que Biden esté a punto de ganar en el estado sureño de Georgia.   Pero eso no quita a que Trump haya mantenido la base electoral que le encumbró a la presidencia hace cuatro años. Entonces,  el 46% de los electores votó por Trump y ahora lo ha hecho el 48%. Ha perdido porque los demócratas han subido al 51%, con lo que un candidato discreto como Biden ha llegado a superar en porcentaje a Clinton, uno de los presidentes más carismáticos, que se quedó en el 48%.

El populismo ha sido vencido en Estados Unidos, pero el tiempo dirá en un futuro si también ha sido derrotado, porque  los republicanos más moderados recuperen el control del partido,  o si Trump tiene posibilidades de volver a ser el candidato dentro de cuatro años. El nuevo presidente, que ha empezado por proclamar que quiere ser el presidente de todos los americanos, va a tener un gran trabajo para cohesionar una sociedad partida en dos, como muy pocas veces en su historia, que es la primera consecuencia de un gobierno populista. Por lo menos esta vez gobiernos como el de Boris Johnson – cuyo Brexit fue apoyado por Trump a cambio de una alianza especial con Estados Unidos-, los de Eslovenia, Hungría, Polonia y algún otro deberían tentarse la ropa. Por no hablar de esas fuerzas, como en España, que contribuyen a dividir a su sociedad en dos mundos antagónicos.  

La vuelta al aislacionismo y el proteccionismo de los años treinta nunca pueden ser la solución a un mundo cada vez más globalizado y complejo como el que le toca lidiar a un presidente de 78 años. Pero si Trump no ha sido capaz de subvertir el orden constitucional, a pesar de su talante autoritario, porque la democracia americana se sustenta en numerosos contrapoderes que limitan a un presidente populista, no tenemos por qué dudar de que la edad del nuevo presidente sea un obstáculo para que su administración entienda el papel en el mundo que le corresponde a la primera democracia del planeta.

NINGUNA NECESIDAD.- ¿Pero qué necesidad tiene el gobierno sanchista de crear una especie de “Comisión de la verdad” para luchar contra las fake-news, impulsada por el todopoderoso jefe de Gabinete de la presidencia del Gobierno. ¿Es que no tiene cauces el Gobierno como para comunicar o desmentir lo que le dé la gana sin necesidad de inventarse comisiones extrañas y con fines sospechosos? Solo las dictaduras se han atrevido a entrar en terreno tan cenagoso como es definir la verdad. Para así poder actuar contra los disidentes. En las democracias nos sobra y basta con que sean los tribunales ordinarios los que diriman estas cuestiones. A ellos deberá dirigir el gobierno sus quejas.

No quiero que se me pase un post más sin dejar constancia de la jubilación, después de 35 años al frente de la APAG, de Antonio Zahonero Celada, un histórico del campo alcarreño, que vivió aquellas guerras en el sector en los años ochenta, y de la que salió victoriosa una organización independiente y que se reunía en una buhardilla de la calle del Marqués, fundada por un personaje mesiánico llamado Manuel Portillo Madariaga, que luego se marchó a la pampa argentina a montar una explotación.

Portillo dejó en su puesto a Zahonero, un hombre cabal, que con independencia y seriedad, acabó aglutinando en torno a la APAG a todo el campo guadalajareño y al que ayudó a ser cada día más profesional en unos tiempos en los que ya no valía con trabajar duro desde el tractor, si luego no cosechabas también en esa nueva agricultura de papel que es la PAC, después de nuestra afortunada incorporación a la Unión Europea

Hoy, la APAG inaugura una tercera etapa en una provincia tan peculiar como la nuestra, en la que muchos agricultores viven en la capital, por aquello de la familia, y que está llamada a ganar protagonismo en esa nueva emigración que llega de la ciudad al campo. El medio rural no puede resolver por si solo los graves problemas de empleo que afectan a la actual sociedad postindustrial, donde ya han descubierto que los perros no se atan con longanizas, pero sí compensar mejor el mapa de España en el que el 70% de la población reside en el 30% del territorio. Las nuevas tecnologías y el teletrabajo pueden ayudar mucho en esa recuperación de la España vaciada, en un país en el que la población rural representaba el 66% del total a comienzos del siglob XX, y que ahora apenas llega al 24%. Y en esa batalla organizaciones como la APAG siguen teniendo trabajo por hacer, empezando por aumentar nuestra baja superficie regable, y hacerla más rentable, para lo que se necesita defender nuestro agua y agricultores jóvenes con ganas de emprender. Sin olvidarnos de los ganaderos de la sierra que tienen que pelear mucho por mantener su cabaña. El camino se lo ha marcado gente con espíritu de explorador, como Portillo, Zahonero, su histórico gerente Ángel García, el pegamento necesario, entre otros muchos pioneros. Ellos tuvieron que conquistar el Oeste; ahora ya no están los indios acechando detrás de los cactus, pero no por ello los nuevos gestores tienen una tarea más fácil en el marco de una agricultura europea que necesita de las ayudas para ser competitiva en un mundo global, que sufre una gran crisis de precios, y en Guadalajara la sobrepoblación de varias especies que se comen sus cosechas. A esos jóvenes agricultores el nuevo presidente les llama «héroes» y aunque ha explicado que existe relevo generacional, no es suficiente para cubrir la gran cantidad de agricultores y ganaderos que se encuentran en la franja de los 60-70 años, por lo que es consciente de que «va a haber un cambio, porque hay agricultores jóvenes, pero pocos», en tanto que el ganado «está desapareciendo en Guadalajara”.

Esta será una de las tareas de esta tercera etapa de la APAG, que comandará Juan José Laso, de Cabanillas, que llevaba en la Junta Directiva desde 2002, agricultor profesional de secano y regadío, a quien deseamos el mayor éxito al frente de una de las organizaciones con más afiliados (cofradías religiosas aparte) de Guadalajara, y que ha servido para vertebrar el tejido económico y social de una provincia a la que nadie le ha regalado nada. Como bien lo sabe Zahonero. Pero esto es lo que hay. Las generaciones pasan y lo importante es la obra que queda detrás de ti.

Entrevisto a José Ignacio Echániz, porque tengo interés de conocer de primera mano la opinión de una de las personas más cercanas al núcleo duro de Pablo Casado tras su campanazo en la moción de censura de Santiago Abascal. No en vano es su portavoz adjunto en el Congreso, nombrado tras la destitución de Cayetana Álvarez de Toledo,  y seguramente de los pocos que no estaría sorprendido por el vibrante discurso de su líder (el mejor que ha tenido el Partido Popular, me apunta) que le aleja de Vox en una decidida apuesta por ocupar el centro político. “España no se construye desde los extremos. Podemos y Vox han hecho de espejo.  Hay un hueco en el centro y es la apuesta de Casado”, me razona el diputado por Guadalajara, 40 años de militancia desde que presidió las Nuevas Generaciones cuando era concejal, y buen conocedor de la provincia aunque ahora resida en Madrid.  

Admite que en este viraje al centro a él no le importaría un proceso de confluencia con Ciudadanos, como el que hizo José María Aznar con los restos de AP y el clan democristiano de Óscar Alzaga, Luis de Grandes y compañía, porque fue decisivo para que  se pudiera ganar por primera vez a la izquierda. Para rebajar un poco el suflé, le recuerdo que con los números en la mano nada ha cambiado, comparte conmigo que Pedro Sánchez ha salido reforzado de la censura cuando pasaba por un momento muy difícil, y me da una respuesta inteligente: “No vamos a condicionar nuestra política de hoy en función de ese escenario posterior”.

En ese sentido, Pablo Casado ha elegido para su desmarque con Vox el mejor momento posible: aunque comparte gobiernos con el partido de Abascal, quedan casi tres años para las elecciones autonómicas, y aunque a buen seguro Vox les mandará algún recadito para hacer notar su disgusto, lo que no van a hacer es poner una moción de censura para que gobierne un socialista. Así que por este lado, tranquilidad.  Ahora bien, a medida que se vayan acercando unas elecciones generales (yo las veo muy lejanas, Frankeintein resiste por conveniencia),  y según vengan las encuestas a lo mejor el centro-derecha tiene que decidir si quiere ser una alternativa real de Gobierno o se conforma con las gabelas de estar en la oposición, como le ocurrió al Partido Socialista tras perder a su líder histórico. También sucedía en Guadalajara hasta que la tortilla dio la vuelta por completo, y el PSOE no sólo se convertía en el partido hegemónico de la provincia sino que el PP pasaba a la tercera posición en las generales, superado por una derecha populista sin implantación en la provincia y con un candidato paraca al que no conoce nadie.  “Cosas veredes amigo Sancho  que faran fablar las piedras»,  más en estos tiempos en que  la ideología de algunos políticos se resumen en un tuit, y luego pasa lo que pasa, que les dan todo el tiempo del mundo para exponer su programa en el Congreso, y  se descubre que el candidato Abascal se descuelga con un mitin inasumible para alguien con pretensión de gobierno, que en su calentura cuestiona la esencia de la propia Unión Europea, esa misma que va a impedir que España caiga en default y vigila nuestras libertades ante cualquier tentación totalitaria, como se ha visto con la fallida reforma del Consejo General del Poder Judicial . Tuvo Abascal la oportunidad de hablar ante España y al final se creyó que todavía seguía en el mitin de Vistalegre.

Pero sí, este es el mismo partido que arrebató al PP el liderazgo de la derecha en las últimas elecciones Generales en Guadalajara, asunto que se tapó bien tapadito, porque entonces no tocaba, los congresos provinciales  se supone serán dentro de unos meses, y me razona que para entonces  defenderá  una candidatura renovada, pero de integración, que sea capaz de desarrollar las tareas del PP cara al futuro y de  recuperar electoral y socialmente la posición de liderazgo en la provincia de Guadalajara que siempre tuvo.

En eso está Echániz, que además me dejó claro que él no forma parte de  ninguna operación de sucesión de Guarinos, porque tiene otras ocupaciones junto a Casado en el Congreso, y porque “sinceramente creo que debe ser una persona de otra generación posterior a la mía”. Para tal misión cree que la cantera del PP de Guadalajara es buena y que hay muchos posibles candidatos. Yo le respondo que no veo tantos, pero le deseo que a él y a todos sus compañeros del partido Santa Lucía les conserve la vista cuando llegue ese momento, porque una derecha moderada es necesaria, con la socialdemocracia de siempre, para que España y Guadalajara no se fracturen todavía más y se busquen acuerdos trasversales en el momento más delicado desde la Transición. Él remacha que Casado está en esa línea, aunque no este PSOE de Sánchez. “El país solo avanza cuando se hacen pactos de carácter trasversal que afectan a cuestiones importantes.. Las cosas de comer, para entendernos. Son acuerdos que exigen mayorías superiores a los doscientos diputados y que solo se pueden hacer entre las dos fuerzas mayoritarias. Las pequeñas fuerzas te pueden ayudar a sacar una Ley, pero no son soporte para una legislatura”..

Lo dice el portavoz adjunto del PP en el Congreso. Y suena bien. Esto es lo que hay.

Acabe mi último post con esta premonición al hilo de la deriva autoritaria que la pata populista del Gobierno está logrando extender sobre el ejecutivo de Sánchez: “Estos acabarán echando a la hoguera a Charles Louis de Secondat, señor de la Brède y barón de Montesquieu, por ilustrado y liberal. Y no tardando”.    

Al día siguiente de publicar este post conocimos que los grupos Socialista y Podemos anunciaban la presentación de una proposición de Ley para cambiar el sistema de designación del órgano de Gobierno de los jueces, que a su vez es el que interviene en los nombramientos del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. Los detalles los pueden encontrar en este fino artículo del abogado Javier de Irízar, así que me limitaré a señalar que lo que se pretende con esta maniobra  es cambiar la mayoría cualificada que hoy se emplea en la elección del citado Consejo por la mayoría simple. O dicho de otra manera: que el Poder Ejecutivo pueda controlar al Poder Judicial por una mayoría similar a la empleada para aprobar los cambios en el hábitat de la grulla en los parques nacionales. Teniendo en cuenta que el gobierno del Estado es elegido en segunda vuelta por mayoría simple, aunque sea en la actual versión Frankeintein, nos encontraríamos con que, en España, una frágil mayoría parlamentaria, como la actual, podría acabar okupando los tres poderes del Estado hasta quedar recudidos a las cenizas, como nuestro aristócrata ilustrado Charles Louis de Secondat. En Europa, están preocupados hasta el punto de que la portavoz del gobierno europeo hizo algo muy poco habitual: dar un toque público al gobierno español, como hizo anteriormente con los gobiernos populistas de Polonia y Hungría, por un asunto similar. Analicen cómo diascurre nuestra evolución: de estar con González y Kohl liderando la construcción de Europa a viajar en el vagón de cola entre los gobiernos sospechosos de adulterar  sus valores democráticos, que emanan precisamente de esa separación entre los tres poderes.    

Lo que se pretende con esta maniobra  es cambiar la mayoría cualificada que hoy se emplea en la elección del citado Consejo por la mayoría simple. O dicho de otra manera: que el Poder Ejecutivo pueda controlar al Poder Judicial por una mayoría similar a la empleada para aprobar los cambios en el hábitat de la grulla en los parques nacionales.

La prensa nacional atribuye esta atrabiliaria idea al vicepresidente Pablo Iglesias, que a su vez convenció a Sánchez de que era ésta la única forma de acabar con el bloqueo en la elección de los vocales por parte del  PP. El filibusterismo no es nuevo en este proceso de elección, y de él también participó el grupo Socialista en la etapa de Rajoy. El PP alega que no está dispuesto a dar una cuota judicial a un partido antisistema, como es Podemos; y el asunto no es baladí, porque si metemos al populismo de izquierdas en el Consejo de los jueces, ¿por qué no hacerlo con el populismo de derechas, que a fin de cuentas tiene más diputados en la actual Cámara baja? No es baladí recordar que en la mayoría de las renovaciones los nacionalistas catalanes y vascos tuvieron también su cuota judicial, junto a populares y socialistas, y ¡vaya si lo sacaron provecho! En ese sentido, Podemos y Vox no harían sino pedir el mismo trato que los nacionalistas.

Por lo tanto, el bloqueo no es fácil de resolver, ciertamente. Una solución habría sido aceptar la propuesta de Ciudadanos y permitir que fueran los propios jueces los que eligieran el consejo y acabar con las cuotas judiciales.  

Así las cosas, la única fórmula no traumática y que no nos avergüence ante las democracias europeas es volver al espíritu de la Constitución; o como escribió Javier de Irízar en este diario: “Tal vez sería el momento de tener la grandeza de elegir a personas de gran prestigio e independencia aceptadas por todos, y abandonar el sistema de cuotas, pero por desgracia no parece ser la voluntad de nadie, ahora”.

¿No habría entre los miles de juristas españoles que podrían formar parte del Consejo  una docena de ellos, reconocidos por su prestigio profesional y su independencia, que pudieran hacer este trabajo a satisfacción de todos, como nos marca la Constitución?

La respuesta es evidente, sí los hay.

Claro está, si lo que queremos es que nada cambie, que todo siga, y que entre PSOE  y PP se repartan el gobierno de los jueces, con algún nacionalista como invitado a la mesa, el Gobierno tiene un problema más grande que un queso de Padania, porque las mayorías han cambiado y en esta política frentista, que se fomenta, nadie quiere llegar a acuerdos.

¿No habría entre los miles de juristas españoles que podrían formar parte del Consejo  una docena de ellos, reconocidos por su prestigio profesional y su independencia, que pudieran hacer este trabajo a satisfacción de todos, como nos marca la Constitución?

Lo que me parece  inaceptable es que ante el bloqueo,  la solución sea recortar todavía más la independencia del poder judicial y que se convierta en un apéndice del Ejecutivo. Como se preguntaba el diputado regional de Ciudadanos por Guadalajara, Alejandro Ruiz: “Qué van a hacer los dirigentes del PSOE y Podemos cuando no tengan la mayoría?, ¿o es que piensan que van a gobernar mil años». 

Mil años, no, ni lo logró la España imperial de Felipe II o la Unión Soviética. Pero algunos menos, sí. Es lo que sucede con las dictaduras, que no están sometidas a elecciones libres ni al control de un poder judicial independiente y así pueden durar años y años, como los Castro en Cuba, el gordito ese de los cohetes en Corea del Norte, o el tal Maduro en la arruinada Venezuela, de la que se ha convertido en presidente perpetuo tras liquidar la división de poderes y privatizar su policía y el ejército.

¡Menos mal que, en España, la pandemia y esta pulsión autoritaria que anida en el Gobierno nos ha cogido integrados en Europa! ¡La que se podría haber liado, otra vez!

La única solución: volver al espíritu de la Constitución y a sus consensos trasversales, también en la elección del Consejo del Poder Judicial, y apagar la pira en cuyo poste estos nuevos inquisidores de lo “progre” han atado al barón de  Montesquieu.

Esto es lo que hay, amigos.

Nos habían reclamado desde la Organización Mundial de la Salud «liderazgo, medidas claras y estudiar lo que está pasando» y estas dos primadonnas contrariadas que son Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso nos montan un sainete de Jardiel que ha acabado por volver loco al personal y ridiculizar la imagen del Estado Español ante nuestros socios comunitarios, que no olvidemos son los que van a poner los 140.000 millones del ala para impulsar la nueva economía.

A estas alturas cada vez hay más españoles que hemos perdido la capacidad de indignación ante el permanente espectáculo que nos está dando la peor y más sectaria generación de políticos desde la aprobación de la Constitución de 1978, esa que algunos quieren enterrar, y vamos directamente al diván del psiquiatra a reconocerlo: «doctor, yo es que ni me enfado, solo me deprimo ante lo que veo». Porque son ellos, los sánchez y las ayusos de las 17 taifas nacionales, los que tienen la misión no solo de gestionar las sucesivas olas que vengan del coronavirus hasta que haya una vacuna efectiva, sino también sacarnos de la peor situación económica de toda la UE, a la que su mala gestión nos ha conducido. ¿No es para deprimirse?

Es de sainete: Sánchez fue avisado por numerosos juristas de que la restricción de movilidad es un derecho fundamental que solo puede ser restringido por el estado de Alarma, y con Ayuso se produjo la gran paradoja: cuando el Tribunal Superior Madrileño le dio la razón, no había posibilidad de confinamiento, al minuto tuvo que salir pidiendo a los madrileños ¡que no se fueran de puente el Fin de Semana!

¿Y cómo reacciona el pueblo soberano ante la confusión que crean nuestros gobernantes? Pues no haciéndolos caso, ni cuanto aparentemente dicen cosas que parecen sensatas. Solo hay que ver cómo están los pueblos de la provincia en este fin de semana para sospechar que todos los madrileños y oriundos que la abarrotan no pueden proceder solo de los municipios no confinados en la vecina comunidad. Han perdido la autoridad, porque como nos enseña el derecho romano: solo ostenta la auctoritas aquella personalidad o institución, que tiene capacidad moral para emitir una opinión cualificada sobre una decisión.

Sánchez y Ayuso escenificaron, rodeados de banderas, una especie de tratado de  Brétigny, ese pacto entre reyes  para permitir una tregua de nueve años en la Guerra de los Cien Años, pero en contra de lo que sucedió entonces  con Eduardo III de Inglaterra y Juan III de Francia no estalló la paz y con ella un periodo de  reconstrucción europea. Nuestros susodichos no fueron capaces de acordar unos criterios comunes y todo han sido reproches. El señor de La Moncloa ha proclamado, él que no recomendó el uso de la mascarilla hasta que estábamos de virus hasta las orejas, que no podían quedarse «de brazos cruzados» ante la situación «preocupante» en la región; y la Princesa del castillo, ¡horror!, que tenemos un problema jurídico como un queso de bola y esto es un lío de muerte. Es de sainete: Sánchez fue avisado por numerosos juristas de que la restricción de movilidad es un derecho fundamental que solo puede ser restringido por el estado de Alarma, pero lo ignoró paladinamente; y Ayuso centró todo el debate en lo jurídico, como si estuviera en unos juegos de debate de la Facultad de Derecho, con lo que se produjo la gran paradoja: cuando el Tribunal Superior Madrileño le dio la razón, no había posibilidad de confinamiento, al minuto tuvo que salir pidiendo a los madrileños ¡que no se tomaran el puente del Pilar y se quedaran en casa! ¿Pero estos se llaman políticos? En la antigua Grecia les habrían mandado el copón con la cicuta.

Ante la falta de ese liderazgo y medidas claras que nos reclaman desde la OMS, hemos judicializado la pandemia, y eso es un fracaso de la Política. Amén de una ralentización de sus decisiones. La Sección Primera de la Sala Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha dictaminado que no se autoriza el confinamiento perimetral en la localidad zaragozana de La Almunia de Goña Godina para frenar la expansión de la covid-19 por un argumento similar. Y los jueces se han visto obligados a puntualizar que no están diciendo -expresan en su auto- que la gravedad de la crisis no pueda justificar la adopción de esta u otra medida igualmente grave, «como tampoco tenemos motivos para cuestionar, objetivamente, la oportunidad o incluso la necesidad de la medida en un momento». Pero lo que no entienden  los miembros de la Sala es que la medida «tenga acomodo en el régimen normativo ordinario de sanidad y salud públicas al día de hoy», una «seria duda», que reconocen, les obliga a descartar la cobertura legal del confinamiento solicitado por el Ejecutivo aragonés.

Ante la falta de ese liderazgo y medidas claras que nos reclaman desde la OMS, hemos judicializado la pandemia, y eso es un fracaso de la Política. Amén de una ralentización de sus decisiones.

Eso es lo que pasa cuando los consensos mínimos, como sería actuar frente a una pandemia, decaen ante la lucha partidista y los políticos se olvidan que cualquier medida en una democracia debe estar ajustada a Derecho. ¡Pero qué nos podemos esperar de un gobierno en el que un vicepresidente populista y su entorno arremete sin piedad contra un juez tan acreditado como García-Castellón, porque le ha pedido al Supremo que se le investigue, y vea en ello ¡hasta una conspiración de la judicatura contra el Gobierno de España!

Estos acabarán echando a la hoguera a Charles Louis de Secondat, señor de la Brède y barón de Montesquieu, por ilustrado y liberal. Y no tardando.  

Una de las preguntas que Pedro Sánchez no ha podido responder es por qué España ha sido el país con peores datos sobre la pandemia en la Unión Europea, lo que a su vez ha dado lugar al peor comportamiento de su economía con unas caídas del PIB y necesidades de financiación a costa de endeudarnos para varias generaciones, como no había ocurrido desde la Guerra Civil.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) está analizando los factores por los que España es el país de la Unión Europea con más contagios sin saber qué está fallando, por lo que ha vuelto a reiterar su petición de liderazgo y medidas claras. Es decir, todo lo contrario de lo que está ocurriendo en Madrid, entre Ayuso y Sánchez, que se montaron un escenario de banderitas que recordaba a las capitulaciones alemanas en Versalles y que apenas sirvió para detener las hostilidades un día.

«La pandemia ha puesto en evidencia el mal funcionamiento de las propias estructuras del Estado y su coordinación con las comunidades autónomas, algo imperdonable en un estado de configuración federal y en el que competencias esenciales han sido transferidas a las autonomías.

Se ha querido culpabilizar al modo de vida mediterráneo y al comportamiento transgresor de algunos de nuestros jóvenes con ensanchar ese escenario de transmisión, pero hay también otros países que viven en nuestra misma cultura de calle y les ha ido mucho mejor.  La directora de Salud Pública y Medioambiente de la OMS, la asturiana María Neira,  ha señalado que ni el comportamiento de los jóvenes ni las numerosas relaciones intrafamiliares justifican la situación de la pandemia en España. Lo que no se compadece con ser el país que tiene las medidas más restrictivas en este momento en comparación con otros países de su entorno. Y así nos advierten que todas las medidas de higiene y distanciamiento y la realización de test, también los rápidos de antígenos, solo son eficaces si hay detrás «un cerebro humano» que interprete los datos y ha incidido en que la vigilancia epidemiológica siempre tiene que tener detrás una estrategia «casi militar”.  En España, no ha habido rastreadores militares hasta la segunda oleada, y en algunas regiones como Madrid la ausencia de rastreadores civiles fue especialmente notoria.

Pero es que, además, la pandemia ha puesto en evidencia el mal funcionamiento de las propias estructuras del Estado y su coordinación con las comunidades autónomas, algo imperdonable en un estado de configuración federal y en el que las competencias esenciales han sido transferidas a las autonomías. Así hemos podido comprobar que el ministerio de Sanidad, dirigido por un educadísimo filósofo, Salvador Illa, un tipo que difícilmente te puede caer mal, por sus modales, falló en la evaluación inicial de la pandemia, pero luego evidenció carecer de las capacidades necesarias para organizar la emergencia: desde la compra de material a la evaluación de lo que se nos venía encima. Y así descubrimos que ese comité técnico dirigido por el doctor Simón estaba formado por sus escasos colaboradores del ministerio, en contra de los que demandaban todos los colegios profesionales relacionados con la Sanidad sobre la formación de un verdadero comité de expertos multidisciplinar, como se ha hecho en otros países. Aquí, lo más que hicimos fue nombrar otra secretaria de Estado.    

La pandemia nos ha cuestionado mitos como que España tiene la mejor sanidad  del mundo, espejismo que expertos como Arturo Bris ya nos lo habían advertido en abril, y así ha quedado patente que la Atención Primaria empezó a degradarse tras la crisis financiera de 2008, porque no se han dotado las plantillas de un número suficiente de médicos y enfermeras a pesar de contar con magníficas facultades.  Pues bien, ese personal cualificado que tanto nos cuesta formar, lastrado por el sistema, acaba marchándose al Reino Unido, Francia y Alemania, porque allí sí encuentran trabajo y con sueldos muy superiores.  Pero no es solo la sanidad: cuando a los ministerios de Educación o de Universidad les ha tocado liderar han demostrado su incompetencia, que no se arregla regalando títulos ni dejando pasar de curso al que no demuestra una mínima capacidad de esfuerzo; y que se pagará con el tiempo.

«Sí, España necesita una comisión técnica que averigüe no sólo lo que está ocurriendo, como le han pedido a Pedro Sánchez los científicos españoles en revistas como “Lancet”, sino también mucha autocrítica y determinación para enderezar el funcionamiento de España como Estado ante una situación pandémica o cualquier otra emergencia grave»

Sí, España necesita una comisión técnica que averigüe no sólo lo que está ocurriendo, como le han pedido a Pedro Sánchez los científicos españoles en revistas como “Lancet”, sino también mucha autocrítica y determinación para enderezar el  funcionamiento de España como Estado ante una situación pandémica o cualquier otra emergencia grave. No estamos a la altura. Ha tenido que ser otra vez Felipe González, quien sacara los colores al que todavía le quede un poco de vergüenza y pusiera el dedo en la llaga: «El sistema de gobernanza descentralizada del Estado tiene que estar habitualmente coordinada, no solo en épocas de crisis. Se ha confundido la descentralización con centrifugación del poder». «Y esto parece un puñetero gobierno de taifas. No, esto es mi competencia hasta que me veo desbordado y entonces es tu competencia. Pónganse de acuerdo por favor que no tenemos mucho tiempo que perder».   

La mayor crisis sanitaria y económica desde la Guerra Civil la tiene que gestionar un gobierno en minoría, y con un Congreso Frankeinstein al que le preocupa más Franco que el coronavirus, la autodeterminación que la determinación por acabar con el Covid, y una oposición dividida que no encuentra su sitio al sol

La pandemia ha corroborado algo que ya sospechábamos. Los mecanismos de coordinación entre Estado y Autonomías o no existen o son ineficaces, y ante las emergencias aquí cada uno libra la guerra por su cuenta, bien sea en la compra de material hasta las medidas a adoptar, como si el virus entendiera de mapas autonómicos, y cuando llega a la “frontera” de Meco se queda parado. Esto parece un puñetero gobierno de taifas, a la vista está. Esto es lo que hay, no tenemos tiempo que perder, pero los que en sus manos está actuar parecen no enterarse.

La mayor crisis sanitaria y económica desde la Guerra Civil la tiene que gestionar un gobierno en minoría, y con un Congreso Frankeinstein al que le preocupa más Franco que el coronavirus, la autodeterminación que la determinación por acabar con el Covid, y una oposición dividida que no encuentra su sitio al sol.  Por no hablar de una demostración permanente de sectarismo como no la habíamos conocido igual.

Con esta tropa, señor Conde, ¡qué podía salir mal!