La guerra entre el  sátrapa de Assad, el presidente de Siria, y los fanáticos asesinos del autodenominado  Estado Islámico dura varios años, pero el mundo no se había enterado de ella  hasta que la foto de un niño ahogado playa de Turquía se convirtiera en un fenómeno viral. ¿Quién no sabe ahora quién es Aylán Kurdi? Como él han muerto  miles de niños en esta guerra que libran dos bandos criminales, pero nadie se había enterado hasta que apareció en los noticiarios de todo el mundo y  su imagen silente fue retuiteada  millones de veces en las redes sociales. Sabedores de la importancia  de la propaganda en las guerras,  en primera línea de los ejércitos norteamericanos  iban los camarógrafos y los corresponsales de guerra, y todo el mundo tenía claro quién luchaba  por la libertad. Ahora los empotran en la retaguardia en acciones bélicas menos dignas, para que no vean nada, y no se dan cuenta de que así empiezan a perder la batalla ante la opinión pública occidental.

Desde que Aylón Kurdi apareció en nuestros smartphones, el mundo occidental bienpensante ha decidido que hay que ser solidarios con estos refugiados y hacer algo por ellos.  Y a los gobiernos europeos  les ha cogido a contrapelo, porque estas muestras de solidaridad  hay que canalizarlas para que la acogida no se convierta en un desbarajuste que se les pueda volver en su contra. Antes de que Aylón Kurdi muriera en una playa del mediterráneo, la Unión Europea fue incapaz de colocar en su territorio a 45.000 refugiados. Después de la ducha escocesa que sufrimos con Kurdi, los noticiarios ya conectan en directo con campos, carreteras y estaciones repletas de refugiados, y el contingente a colocar se eleva a 120.000. De ellos, la malvada Alemania de Merkel es la que más acogerá (31.443), seguida de Francia (24.031) y España (14.931). Y el gobierno español reconoce que eso desborda todas las previsiones y el ministro Margallo, con su sinceridad habitual, precisa: “la cifra de refugiados dependerá de Hacienda”. Yo estoy convencido de que mal o bien España será capaz de asumir esa cuota de refugiados, y que a paliar las penurias de la Hacienda pública van a contribuir otras instituciones públicas, además del Estado, pero sobre todo la sociedad española, todavía impactada con lo que ven en sus televisores. A Guadalajara le tocará también su cuota, que al haber tenido el primer centro de acogida de refugiados en Sigüenza, siempre ha estado por encima de la media. Y por ello me alegra de que ante este aluvión de solidaridad, organizaciones que saben de qué va esto se hayan ofrecido a coordinar la buena voluntad mostrada por políticos y voluntarios en acciones eficaces y viables. Lógicamente en Guadalajara estoy hablando de ACCEM.

No dudo de que esta primera llegada de refugiados la vamos a asumir; España es un país muy solidario en situaciones de especial impacto mediático, pero el reto de verdad vendrá cuando el inevitable efecto llamada que provocará este bello gesto de la Unión Europea pueda convertir esos 120.000 asilados en medio millón o en un millón, quién sabe. ¿Qué dirá entonces el civilizado y compasivo ciudadano europeo si sus estructuras de acogida, como se temen los gobiernos, son desbordadas y los refugiados acaban en campos indecentes, acampados en los jardines de las ciudades o vagando sin ocupación por las calles europeas?

La Unión Europea ha tenido una gran  miopía al abordar el problema sirio, pero ha empezado a reaccionar, cosa que no han hecho países, como Rusia, que defendieron la impunidad de Assad con gran torpeza y ya no digamos los países árabes ricos, que no se han dado por enterados de lo que está pasando. Europa no pude abordar una emigración masiva de esta envergadura en solitario, porque  fracasará y las costuras de un traje, que llevamos cosiendo desde que acabó la Guerra Mundial y se firmó el tratado de Roma,  podrían saltar en unas semanas. Y esa misma sociedad, que impactada por la foto de Aylón Kurdi, está ahora dispuesta a  sentar un refugiado en su mesa, diría que aquí ya no cabe ni uno más si la situación se desbordara. Ese día, el ideal de la Europa de De Gaspieri, Adenauer  o Schumann  habría muerto y volveríamos otra vez a los nacionalismos y a exigir  los cierres de frontera, como solución. Ya ha sucedido. El nacionalista gobierno húngaro, superado por la situación, aprobó nada menos que poner alambradas de espinos en la frontera y penas de prisión a la emigración ilegal, y su popularidad ha subido.

La crisis de los refugiados ya ha puesto a prueba a la propia concepción de la Unión Europea, que con todas sus imperfecciones es el  espacio económico más solvente del mundo, Estados Unidos aparte, pero al que esta crisis le pilla un poco lejos. Lo que toca ahora es implicarse en un esfuerzo internacional, con la implicación de Rusia, los países árabes y Estados Unidos, para llegar al fondo del problema, que es la situación en Siria. Porque, de no hacerlo,  lo que los islamistas no lograron volando las torres gemelas,  lo podrían conseguir: desestabilizar  a Europa entera. Y cuando el continente se tambalea, ya sabemos que el mundo se derrumba.

Ninguna solución a largo plazo es posible sin abordar el problema en origen, es decir, en Siria. Toca hacer política fina y, seguramente, ponerse el casco, porque las puntuales acciones aéreas de castigo no han bastado. Y si las Naciones Unidas no son capaces de armar, con el consenso entre Europa, Estados Unidos, Rusia y los países árabes, una operación conjunta  sobre el terreno que libere a Siria de sus dos diablos esto no tiene solución. El problema para Europa es que parte de los  que exigen, ahora, una acción decidida a favor de los refugiados,  serán los primeros en colocarse a la cabeza de la manifestación para rechazarla  el día en que se decidiera una intervención  en Siria.

Por tanto, si Europa se paraliza o es incapaz de dar una respuesta inteligente, cada vez serán más los países que no acepten la autoridad comunitaria en asuntos de interior y justicia (ahora, Reino Unido, Irlanda y Dinamarca, que no tienen obligación de aceptar ninguna cuota), el espacio Schengen se irá a la porra, y en pocos años no quedaría ni rastro de esa Europa solidaria  que imaginaron sus padres fundadores.

Esto es lo que hay.  Y mientras tanto, en Cataluña los nacionalistas erre que erre con la independencia. ¿Pero en qué mundo vive  esta gente?

Cualquier inversor foráneo poco avisado que hubiera asistido a las dos comparecencias de  los consejeros de Hacienda de Cospedal y Page al comienzo de sus respectivas legislaturas a buen seguro que habrá salido corriendo…hasta Madrid, como poco.

Si en 2011 espantaba el déficit del 6,5% y los 3.000 millones de facturas por la pésima gestión financiera del gobierno de Barreda, el jueves fue el consejero de Hacienda Ruiz Molina quien nos trazó un cuadro tan tenebroso sobre las cuentas regionales que lo podría haber firmado el mismísimo Caravaggio.  No quiero entrar en la  guerra de cifras que se libra en estos casos en la habitual ceremonia de la confusión a la que juegan nuestros políticos, solo decir que el PP tiene colgada sus cuentas que presentó ante notario en su página web y  las de Ruiz Molina  en base al informe de intervención son las que presentó ante el último pleno de ls Cortes. Lo que me permitiré subrayar es lo que hay detrás de algunos números y que corroboran una tesis que llevo defendiendo desde hace muchos años, pero que ni nuestros políticos ni los cenáculos toledanos que se alimentan del  tinglado autonómico, por decirlo finamente van a reconocer:  esta autonomía es inviable bajo el actual sistema de financiación, por lo que estamos condenados a recortes sin cuento, que el gobierno de turno se empeña a disfrazar malamente.

Diciendo Ruiz Molina que la ejecución del presupuesto está al borde del 60% se está curando en salud ante los compromisos adquiridos ante los propios: es como decir la caja está con telarañas y vais a tener que esperar.  Más me preocupa que el déficit de Tesorería estimado y que podría alcanzar los 400 millones de euros,  pudiera poner en peligro algo en lo que se mejoró sin discusión durante la legislatura de Cospedal: el pago a proveedores y que otrora aceleró la ruina de pequeñas empresas de la región.  Pero lo que me pone directamente los pelos de punta es conocer que el  déficit  a 31 de junio es del 0,84% (332 millones) que supone el 0,84% del PIB regional cuando el límite para todo el año es del 0,7%, y por lo tanto ya se ha rebasado. Pero lo peor es que según las estimaciones de la consejería se va a llegar al 1,7%, es decir un punto más sobre lo autorizado. Ruiz Molina calificó la situación de “muy preocupante”, y añadió que “no sabemos si estamos a tiempo de ponerle remedio”. Prevé que  hay gastos sin contabilizar y que todavía podrían engordar ese déficit, entre ellos por la aplicación de algunas sentencias que perdió el gobierno de Cospedal en la actuación más negligente en cuestiones jurídicas que recuerdan los tiempos (En esto Page ha sido ágil y lo primero que ha hecho es poner a una persona bregada en estas lides al frente de los servicios jurídicos de la Junta como es Araceli Muñoz).

En el PP van diciendo que  ya le gustaría a ellos haberse encontrado con un 1,7% de déficit y no el regalito del 6,5% que les dejó Barreda, y no les falta razón, pero lo que nos debería preocupar a todos es que ese 1% de desviación se ha producido después de que el anterior gobierno se saltara varias líneas rojas del llamado gasto social, y aun así seguimos con esta pintas, con riesgo a ser sancionados por la superioridad.  ¿ Y cómo podemos mejorar ese déficit? La forma más decente es  aplicarse en la gestión de los tributos, aunque por Ruiz Molina hemos sabido que mientras que papá Estado paga con rigor sus anticipos a cuenta todos los meses, la ejecución de los tributos que  corresponden a nuestra autonomía apenas llegan al 38%; y, por si fuera poco, la estimación de ingresos se ha inflado  y el señor consejero estima  que se van a recaudar 76 millones  menos de lo presupuestado.  Todo ellos nos lleva al convencimiento, una vez más, de que ante la ineficacia de nuestras autonomías para cumplir con sus obligaciones recaudadoras, lo más revolucionario que podrían hacer es conveniar con la Agencia Tributaria la gestión de esos tributos ante ese vergonzoso nivel de ineficiencia. ¡Menos mal que las pensiones y la seguridad social  todavía las gestiona el Estado!

Claro que hay también un sistema más tramposo de gestionar los excesos de déficit, como es convertirlo en deuda. Era impepinable que con un déficit del 6,5%, si se quería acercarlo al 1% había que aumentar la deuda, y es lo que hizo el gobierno anterior, que además tuvo que poner en marcha un plan de pago a los proveedores que ha salvado  a ayuntamientos y mancomunidades de la quiebra. Pero esas cosas no son gratis, la deuda con Cospedal aumentó el 91% hasta 13.131 millones, y yo no es que quiera pedir peras al olmo – la crisis ha sido durísima y solo hemos sacado un poquito la cabeza-, lo que digo es que más allá de la pura refinaciación para mejorar algunos préstamos,  cualquier política de gasto que se sustente en un mayor incremento  de esa deuda es  indencente para las futuras generaciones de castellano-manchegos, porque lo que van a gastar hoy sus padres lo pagarán dentro de treinta años sus nietos.

Pero si las cuentas regionales vuelven a estar pintadas en gruesos trazos negros, lo de las empresas públicas de Castilla-La Mancha es de juzgado de guardia. Gicaman (Gestión de Infraestructuras de CLM) tiene pérdidas en 2014 por debajo de la mitad de su capital social, con lo que está en causa de disolución, con 228 millones de pérdidas. “Hay un desmadre en las cuentas”, con deudas sin contabilizar, avanzó el consejero . Geacam (que se encarga de la extinción de incendios) está “todavía peor” y debe 73 millones a la Junta. Y la guinda de este pastel la pone la Radiotelevesión Pública de Castilla-La Mancha, que con notable sectarismo gestionó Ignacio Villa, y ahora también hemos sabido que con una insolvencia rayana en la temeridad, ya que  la ha dejado con un fondo de maniobra negativo  de -6 millones; y está en en situación de “quiebra técnica, que supondría tener que cerrar en estos momentos”. dixit Ruiz Molina.  Aunque ya les digo yo que no lo van a hacer. En Castilla-La Mancha -como sucede  con el resto de autonomías- no habrá dinero para educación, sanidad y servicios sociales, y por ello querrán subir los impuestos, pero sí lo habrá para seguir pagando una televisión que nos cuesta unos 40 millones a los contribuyentes. Teniendo en cuenta que la medida estrella del Plan de Empleo regional asciende a 224 millones, pero se alarga durante dos años,  el gasto del gobierno regional en su televisión alcanzará prácticamente a  la mitad de lo que destinará en un solo ejercicio  a un plan que incidirá en unas 60.000 personas.  ¿Dónde está la desproporción, prregunto? Como tengo ya escrito lo que haría yo con la televisión regional, aquí pongo un enlace y prosigo.

El consejero Ruiz Molina, que no ahorró calificativos sobre la situación financiera heredada (“desaguisado”, “cuentas falseadas”, “ingresos inflados”, “empresas públicas en quiebra trécnica”...),  debe ser socio honorario del Alcoyano porque  aseguró  tan pancho que “vamos a dar la vuelta a la situación” y  al mismo tiempo “recuperar el estado del Bienestar, que está en ruinas en CLM”.  Todo un mago de las fianzas este Ruiz Molina, porque durante su comparecencia no nos dio ni una pista de cuál es su receta para lograr la cuadratura del círculo  con estas cuentas, más allá de que los actuales gestores no se van a ir a Madrid en el AVE de las cinco. Allí seguirán en la capital imperial como si fueran  el mismísimo Juan Padilla ante el cerco de Carlos V a la capital imperial.

Más sinceridad hubo en el representante de Podemos, el diputado David Llorente, para los que esas cosas de la deuda y el déficit deben ser cosas de banqueros, como si no fuéramos los contribuyentes lo que acabáramos pagando la fiesta una reforma fiscal “progresiva y suficiente, para que paguen más lo que más tienen”. Y apuntó tres caminos: el incremento de los tramos del IRPF autonómico; eliminar las desgravaciones fiscales y reforzar la lucha contra el fraude.

No quiero entrar a debatir  hasta qué punto  una subida de impuestos perjudica la inversión de cualquier incipiente  recuperación, porque nos perderíamos lo fundamental,  que es lo siguiente: en España no hay una política fiscal armonizada, cada autonomía vive a su aire, y si en Castilla-La Mancha se hiciera lo que pide Podemos pasarían varias cosas, a saber: 1ª) Que no solo pagarían los que más tienen  sino especialmente las clases medias o cualquier trabajador que tuviera una vivienda o fuera a beneficiarse de una donación, porque los ricos de verdad no tienen a su nombre ni el coche. 2º) Que esos contribuyentes que más rentas cobran (por encima de los 50.000 euros son los “ricos oficiales”, según los acuerdos de investidura) se pensarán muy mucho en cambiar su domicilio fiscal a Madrid, donde a lo mejor ya tienen piso o se lo acabarán comprando, porque en la vecina comunidad el tramo por renta está más bajo y no existe el impuesto de sucesiones; y no parece que les vaya mal. 3º) Que esa previsible huida fiscal de los profesionales  más preparados y que más ganan,  podría suponer  el efecto contrario: que la recaudación en lugar de aumentar disminuyera, con lo que estaríamos haciendo lo de Abundio cuando fue a comprar los cordones.

El señor Ruiz  Molina sabe muy bien que los problemas financieros de CLM no vienen por sus bajos impuestos-que no lo son , como hemos visto-, sino por el sistema de financiación autonómica que claramente nos perjudica, porque no tiene en cuenta el factor despoblación. Y así pasa que  mientras en Madrid o Barcelona, con un consultorio de 30 millones atiendes a a 30.000 habitantes,  en las Castillas nos hacen falta 30 consultorios para llegar a esos 30.000 habitantes.

Todo lo que no sea atacar este problema de fondo, como sucede con el Trasvase, sería vender humo. Esto es lo que hay.

Me prometí   no volver a escribir más sobre el trasvase Tajo-Segura mientras no hubiera algo realmente  nuevo, porque cuando uno acumula en este oficio varios miles de columnas (o post) a sus espaldas, casi todo lo tiene escrito; y de lo que se trata es de no caer en la repetición. No ha pasado nada para que rompa esa promesa que me hice a mí mismo, y si lo hago es para glosar el artículo más lúcido que se ha escrito sobre el trasvase en los últimos tiempos. Se publicó en este digital, y lo firma el abogado Rufino Sanz Peinado, que fue director general de Administración Local en CLM, y que sigue siendo afiliado de base del Partido Socialista. Con él coincido en todo menos en el pronóstico  final.

Repito: no hay nada nuevo en esta nueva “guerra del trasvase” iniciada por el gobierno regional de Emiliano García-Page, porque se asemeja a la que otrora iniciaron José Bono y José Marías Barreda. Comprendo que presenten todos los recursos contenciosos que les plazca contra  éste y nuevos  trasvases, aunque como nos recuerda Rufino tienen la misma eficacia que procesar a un muerto.  Los trasvases podrán seguir  hasta que se llegue  al mínimo no trasvasable, que este año  de 2015 es  304 hectómetros (ahora hay unos 398), e incluso entonces se podría seguir derivando agua, solo para beber, si el gobierno así lo decidiera por una vía extraordinaria. ¡Pero si es que esta película  ya lo hemos visto entera! Esta situación agónica por la que pasa este verano la cuenca alta del Tajo  se viene repitiendo cíclicamente, y con Felipe González en el gobierno, aun estando por debajo del mínimo trasvasable,  entonces  240 hectómetros, ¡hemos visto aprobar trasvases para beber! Porque primero es lo primero.

Así que entiendo que el gobierno regional haga su trabajo, y recurra; como que  los municipios ribereños pongan el grito en el cielo por la situación discriminatoria en la que viven, y que incluso reclamen que el mínimo trasvasable se eleve hasta los mil hectómetros, aunque saben que ni este gobierno ni el que vengan  lo aprobará, porque esa cota, hoy,  sería un duro golpe para la agricultura del  Levante español. Es más, si desde esa asociación de Municipios Ribereños se hubiera pensado  históricamente más en sus intereses, y menos en los partidarios, algo más habrían sacado.

A la misma “guerra” con las mismas “armas”

Repito: entiendo las protestas de todos, pero como a Rufino me entra la depresión si  esta nueva “guerra del agua” la vamos a afrontar con las viejas armas de otras anteriores. Con espadas, mazas y trabucos. ¡ Porque la volveremos a perder! Porque ese camino, el de bloquear o limitar los trasvases mediante un Estatuto o con unas normas similares a la Ley del Agua en Aragón, como se invoca ahora desde el gobierno de Page, está bloqueado. No podemos olvidar de que el  Estatuto que llevó Barreda al Congreso en el que se pretendió poner fecha de caducidad al trasvase Tajo-Segura fue el único que se rechazó junto con el de Ibarreche  y su Estado  Vasco Libre Asociado. Hasta la soberanista reforma del  Estatuto Catalán en los tiempos del fracasado Tripartito, se podó por la Comisión Constitucional de Alfonso Guerra ;  y pasó.

Con estos antecedentes, Guadalajara, los ribereños, y Castilla-La Mancha no pueden seguir con el único argumento de la preferencia de las cuencas cedentes, porque con él habría que liquidar la llamada tubería manchega, otro trasvase  para llevar el agua a aquellas llanuras y que pertenecen a la cuenca del Guadiana, no nos olvidemos. Pero es que también está demostrado que por encima de ese lenguaje de cuencas cedentes  está otro, y se llama interés nacional.

No podemos seguir engañándonos. Ni Guadalajara, ni  Castilla-La Mancha podrá ganar una “guerra del agua” al Levante español planteada sobre las bases de discusión actuales. Es decir, sobre la limitación de los trasvases, sin más. Podrá entretenernos el verano, y ocupar espacios en los medios de comunicación, pero estaríamos procesando al mismo muerto que Bono y Barreda. Para que pueda haber una “guerra”, tiene que haber  ejércitos.  Y en este conflicto que nos ocupa están,  por un lado, 22 pueblos ribereños que tienen unos intereses, legítimos, pero que entre todos ellos tienen tanta población como cualquier pueblo mediano de la región  de Murcia o de Valencia; y se alinea, enfrente, la mayor huerta de Europa y un sector turístico formidable.  No quiero mortificarles con muchos datos para demostrarles que no hay “guerra”  que valga, más allá de la que se libra en los medios de comunicación: únicamente les diré que solo la provincia de  Alicante es el cuarto PIB español o que Murcia en solitario produce 3,3 millones de  productos frutícolas y factura por valor de 2.327 millones de euros, el 96% al extranjero. Por eso en el Levante por el agua se mata.

Esta “guerra” no se puede seguir librando con hondas desde Guadalajara y Castilla-La Mancha. El problema no es el trasvase Tajo-Segura, más allá de que se diseñó en un lugar equivocado, su cabecera. El problema viene porque en España, a pesar de tener recursos hídricos suficientes,  solo hay este trasvase entre cuencas, lo que constituye un agravio para los territorios que lo soportamos.

Por una solución nacional, con el Levante como aliado natural

Rufino en su artículo recalca la solución del Duero, desde  el  Esla, que derivaría agua por elevación hasta la cabecera del Tajo; y yo añado que tampoco habría que descartar derivaciones desde el Tajo medio.  Por ahí debe pasar cualquier estrategia de éxito para abordar el futuro del Tajo-Segura; y para ello, el mejor aliado de Castilla-La Mancha sería, no lo duden, el teórico “enemigo”, el Levante español.  Allí, ya saben que un único trasvase desde la cabecera del Tajo es un gran riesgo para sus intereses cuando llegan los ciclos de sequía, por lo que cualquier solución a medio plazo pasa por dos puntos:  1º) Mejorar la eficiencia de las desaladoras, que todavía salen a un precio más alto  por metro cúbico que el agua del Trasvase, de mayor calidad, con lo que tienen miedo a no ser competitivos frente a los mercados hortofrutícolas emergentes en el norte de África. 2º) Estudiar una conexión sostenible entre el Duero y el Tajo, que a su vez permitiera derivaciones suficientes a las cuencas del Segura o del Guadiana (la tubería manchega, en construcción) sin secar Entrepeñas y Buendía.

En el final de este planteamiento  llega mi única discrepancia con la exposición que nos hace Rufino Sanz Peinado. Él piensa, porque es un optimista incorregible, que llegaremos a ver esa conexión Duero-Tajo sobre la que se articularía una política hidráulica realista en España, y sobre bases sostenibles, que se hunden  en la filosofía del regeneracionismo español de  Joaquín Costa,  y que alimentó las ideas de los reformadores españoles.

Yo soy  más pesimista, porque si bien la tecnología permite la implementación de estas políticas con las que soñaron nuestros antepasados ilustrados, la deriva nacionalista que prende sobre esta vieja piel de toro podría frustrar ésta y cualquier otra iniciativa que articule España como estado ideal. El día a día nos está demostrando que las diecisiete autonomías españolas se comportan cada vez más como diecisiete estados en sí mismos, sin ningún interés por articular proyectos en común sino todo lo contrario: lo que demandan son más  y más competencias y menos poder del estado central al que pretenden dejar  en una especie  de estado confederal.  ¿Qué pasaría, amigo Rufino, si alguien planteará una derivación desde el Duero al Tajo, para que ejerciera de aljibe regulador en posteriores derivaciones hacia el Segura o la llanura manchega del Guadiana? Pues yo te lo digo, que por mucho que se explicara la bondad del proyecto, la oposición en la autonomía de Castilla y León pondría el grito en el cielo,  la protesta se aderezaría con toneladas de populismo pseudoecologista, y al final el gobierno regional de turno tendría que ponerse en la cabeza de la manifestación para no perder  las siguientes elecciones.

No soy  optimista, Rufino, porque lo que el día a día nos demuestra es que las autonomías españolas, todas ellas, están cogiendo los peores vicios del nacionalismo, hasta las gobernadas por el PP y el PSOE, y cualquier planteamiento como el que haces en tu artículo se convierte en revolucionario, en jacobino, y desgraciadamente no estanos en Francia. Esa ley del Agua de Aragón , que ahora quiere copiar inútilmente el gobierno de Page, tiene un tufo nacionalista que tira para atrás,aunque el PP la aceptó para alegrar a sus antiguos socios del PAR. ¡Para lo que les ha servido!

Patriotrismo y solidaridad

En España, amigo Rufino, lo que se ha perdido es el sentido patriótico en la genuina expresión de los republicanos franceses, ese patriotismo afectivo y efectivo al que tú apelas y que yo no veo por ninguna parte. Un patriotismo que no consiste en envolverse en la bandera, como Pedro Sánchez, para disimular que luego estás pactando con los independentistas en la Comunidad Valenciana, Baleares, Cataluña, Galicia…, cuando de sobra es sabido que esos pactos, superado el efecto del poder,  siempre se vuelven en contra el PSOE, porque ha engordado  a partidos que le disputan el mismo espacio político en la izquierda . Y a los nacionalistas lo último que les importa ,  ya lo sabemos, es articular España y cohesionarla mediante políticas que demuestren los beneficios efectivos de la unidad; su empeño es desmontarla poco a poco, como están haciendo con la sanidad y la educación. Ni los castellanos nos libramos de ese virus.

Me gustaría equivocarme, Rufino, y que algunas vez pudiéramos ver esa España solidaria con el agua, que imaginaron Joaquín Costa, Indalecio Prieto o Josep Borrell, por citar  a  tres políticos españoles que te pillan muy próximos.  Pero esto es lo que hay. Lo más probable es que dentro de cinco o diez años, la cabecera del Tajo volverá a estar agonizante, y  alguien dirá un verano que hay que escribir algo al respecto. Conmigo que no cuenten. 

Este  es mi último artículo sobre el Trasvase si vamos a seguir por el mismo camino.

P.D. Leo este lunes dos interesantes informaciones en El País sobre esta «guerra del agua» elaboradas desde los dos territorios «enfrentados»: los municipios ribereños y los regantes beneficiarios del trasvase. Estos últimos nos recuerdan que con el agua del Tajo se riegan hasta 1320.00 hectáreas de cultivo entre la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía. Y añaden un dato que constituye el meollo del fracaso de las desalinizadoras. El agua del trasvase, que encima es de mayor calidad, les sale a 10 céntimos metro cúbico por 50 céntimos la procedente de desaladoras.Y recuerdan que los usuarios del trasvase han abonado 412 millones para modernizar las infraestructuras de Castilla-La Mancha, con lo que no se explica muy bien cómo en Chillarón tienen que ser suministrados con cisternas. Añado yo que esos más de cuatrocientos millones no tienen carácter finalista cuando los cobra el gobierno de Castilla-La Mancha de turno, con lo cual igual pueden ir a la llanura manchega que a los municipios ribereños. Nunca lo he entendí. Pero si a los principales interesados, que son la Asociación de Municipio Ribereños, no lo reclaman con más energía, repito, yo mejor me callo.

Todas las fuentes de energía tienen sus ventajas e inconvenientes. Por eso es recomendable que la tarta de producción esté repartida para no quedar preso de una de ellas, y que diariamente podamos encender la luz. Las renovables son limpias (aunque dependen demasiado de las ayudas extyeriores, no siempre claras), pero el problema es que la energía que producen los molinos no se puede almacenar. El gas y el carbón son muy estables, pero  sus emisiones contribuyen al efecto invernadero, como ahora nos recuerda Obama,  y no por ello criticamos a Page porque reclame que siga Elcogás en Puertollano. La energía nuclear en Europa, hoy, es razonablemente segura, rentable y estable, pero tiene  un déficit serio: la longevidad de los residuos de alta actividad (el combustible gastado), para  los que hay que buscar emplazamientos seguros que los guarden durante miles de años. Técnicamente está resuelto, porque solo hay que evitar el contacto con el agua, pero son miles de años…

En España, los residuos de alta actividad se guardan en las centrales nucleares en piscinas y contenedores, aunque de una manera provisional. Con el consenso de los dos grandes partidos españoles que han gobernado en democracia, los sucesivos Planes Generales de Residuos (el vigente es el sexto) que aprueba el parlamento, contemplan que esos residuos de alta actividad deberán ser guardados todos ellos en un emplazamiento centralizado, el llamado ATC o despectivamente “basurero nuclear” (Page). Se decidió así, porque se entendió que es más económico y más seguro gestionar un solo almacén, que no siete por toda la geografía nacional en Ascó, Vandellós, Cofrentes, Almaraz, Trillo, Garoña y Almonacid de Zorita (estas dos últimas centrales no tienen actividad, y la de Zorita está en fase de desmantelamiento). No hace falta ser ingeniero nuclear para entender los beneficios en cuanto a gestión de un solo almacén en lugar de siete.

Lo último fue buscar un procedimiento dónde colocar ese ATC. Después de muchos parones por la falta de decisión de los políticos de turno se decidió la fórmula, siendo ministro de Industria el socialista Miguel Sebastián. Habría una convocatoria pública a la que se pudieron presentar los municipios españoles que quisieran, a semejanza de lo que se hizo en otros países europeos avanzados. A algunos les sorprendió que en  un primer momento hubiera una veintena de voluntarios, aunque tras sucesivas cribas la cosa se quedó en una media docena. En Guadalajara fue un serio candidato el municipio de Yebra, aunque el gran favorito era el de Ascó, en Tarragona, o un pueblo al lado de la central de Cofrentes. Pero sorprendió que al final el ministerio de Industria, ya con el gobierno de Mariano Rajoy, no optara por un emplazamiento en el área de una central nuclear, para disgusto de su lobby (la Asociación de Municipios con Centrales Nucleares), y el elegido fue Villar de Cañas, un pequeño municipio en la llanura conquense.

El Partido Socialista de Castilla-La Mancha, entonces en la oposición, se opuso a la decisión del gobierno de Rajoy, y luego con Podemos ha hecho bandera. Pero como no tiene competencias en materia nuclear, y esta propaganda le sale gratis, ha emulado la formula que empleó Bono en el caso de Cabañeros, que declaró parque natural la zona para evitar que pusieran un campo de tiro. Los que se ha hecho ahora es ampliar de mil a veinte mil hectáreas, para que llegue hasta Villar de Cañas, una zona de protección de aves declarada en torno a la pequeña laguna de Hito.  ¿Logrará el gobierno de Page salirse con la suya?

Los antecedentes no le favorecen. Como el gobierno regional entiende que no es compatible esa actividad de almacenaje (aunque de ella no se libere ningún vertido tóxico al exterior) con una zona de protección  de aves al gobierno central le queda la posibilidad de declarar la instalación de “interés general”. La jurisprudencia juega a favor del gobierno central (este o el que venga, a lo mejor es uno socialista), que ya una vez tuvo que declarar el ATI de Trillo  (donde se guarda el combustible gastado de la central hasta que se traslade al ATC), de “interés general” en contra de la opinión de su ayuntamiento, porque era imprescindible para el mantenimiento de la actividad en la central. Teniendo en cuenta  que de ese ATC dependen las cinco centrales españolas que hoy siguen activas (a los que se añadirán los residuos de Zorita y Garoña, clausuradas) en el sector nuclear no albergan duda alguna al respecto sobre cuál será la decisión del gobierno de turno, sea el que sea (de ahí la frase del ministro Soria, no hacer el ATC nos costaría subir el 30% del recibo de la luz) y sobre el resultado del recurso de Castilla-La Mancha ante la decisión más que probable del gobierno central de declararlo de “interés general”. Los juristas insisten: la jurisprudencia del Tribunal Supremo cuando legalizó el ATI de Trillo es elocuente.

Esto es lo que hay; y esto es lo que seguramente va a pasar. Mucho ruido, porque esta ronda sale gratis, pero pocas nueces para recoger. Como no puede ser de otra manera. Cualquier retraso en la construcción del ATC en Villar de Cañas, o donde fuera, repercutiría directamente en el alargamiento de la vida de los ATI (Almacenes Temporales Individuales) de las centrales de Trillo y Zorita, y hay que recordar que su diseño no está preparado para ello, ya que se trata de emplazamientos provisionales hasta construirse  el ATC sobre un diseño de ingeniería diferente, más seguro y avanzado que el de los dos almacenes citados. Un detallejo que desde  Guadalajara no se puede perder de vista, aunque ahora lo que toca  es meter ruido.

Algunos aventureros que en la política española amenazan con contagiar a todo el sistema nos quieren hacer creer que la Ley es algo superfluo que se aplica solo si conviene, olvidando que un Estado que no cumple con el la Ley y el Derecho acaba convirtiéndose por extensión en una dictadura, porque el Ejecutivo se sitúa caprichosamente  por encima de cualquier norma. Se empieza por desobedecer la Ley y no se pone el retrato del Jefe del Estado, como ha sucedido en los ayuntamientos de  Barcelona o Cádiz, y se termina por ignorar que existe una Constitución, que nos obliga a todos mientras no la cambiemos.  Son síntomas del mismo mal.

En Cataluña, Artur Mas, posiblemente el político más irresponsable que ha dado la historia del Principado, ya ha dicho que si las elecciones del 27-N terminan con una “mayoría suficiente y necesaria” para los intereses independentistas él y sus legiones pondrán en marcha un proceso que culminaría con una periodo máximo de 18 meses con la convocatoria de unas elecciones parlamentarias constituyentes, que promoverían la Constitución del nuevo Estado catalán.

Al señor presidente de la Generalidad de Cataluña, que lo es es base a la Constitución Española de 1978, le importa un bledo saltarse a la torera nuestra Carta Magna, porque como nos ilustra el conseller de Presidencia de la Generalidad, Francesc Homs, hay que ignorar la legalidad española si choca “con el mandato democrático del pueblo de Cataluña”. Como escribía recientemente el catedrático de Derecho Constitucional,  Francesc de Carreras, que las autoridades catalanas vulneren el derecho ante la complacencia general ya forma parte de la normalidad catalana, no es noticia. Porque los sectores influyentes de esa sociedad –sindicatos, patronal, asociaciones conocidas, empresarios relevantes, mandarines culturales o presidentes del Barça- están de acuerdo con quienes incumplen la Ley o se mantienen comodamente callados.

Es situación reiterada de incumplimiento de  la Ley española en Cataluña, y la falta de respuesta del Estado es lo que nos ha llevado a la situación más grave desde que se aprobó nuestra Constitución. Dejamos pasar el agua y nos ha traido estos lodos. Si Más, Junqueras o el abad de Monserrat proclaman la independencia desde el  balcón de la Generalitat, como hizo Maciá, el asunto  no va más allá de esa política  efectista de  gestos,  que tanto gusta a los nacionalistas. Porque  no les reconocerían ni en Andorra. Pero el problema vendría al día siguiente  cuando ese nuevo gobierno, si llegara a triunfar,  se pusiera en esa tarea de desencajar Cataluña de España  en 18 meses.  Una de las posibilidades sería declarar el Estado de Sitio, previsto en el artículo 116, que en principio no sería proporcionado, ¡pero ojito!, mientras no haya episodios graves de violencia o de insurrección.  Pero lo que sería inevitable es aplicar el artículo 155CE, un mecanismo menos grave, por el que el Estado puede poner a sus órdenes a todo el personal necesario para el cumplimiento de las obligaciones que dejaran las autoridades autonómicas.

En cualquier caso, un conflicto que  produciría una ruptura de la sociedad catalana y una situación de grave inestabilidad política y económica, primero para Cataluña, pero también para España. Lo que nos faltaba, ahora que empezamos a salir de la crisis.

Esto es a los que nos podríamos enfrentar  a partir del 27-F, y para lo que se requieren gobiernos fuertes en el Estado con una hoja de ruta muy clara.  O volveremos al caos institucional que caracterizó a la política española en buena parte de los siglos XIX y XX.

Esto es lo que hay; y sinceramente me preocupa. Porque Mas y Junquera ya lo han avisado: “Vamos en serio”. ¿Y el resto de España?

Hasta el miércoles, Pablo Bellido era el único candidato para ser delegado de la Junta en Guadalajara, un cargo estratégico en el diseño del gobierno regional, que al actual secretario provincial del PSOE  le complacía. De hecho, al candidato que buscó el propio Bellido para el cargo, Alberto Rojo, le vino el asunto tan de sopetón que hasta el pasado jueves no cerró su relación laboral en la empresa de logística en la que trabajaba según reconoció en su toma de posesión. Nadie duda en el PSOE de que García-Page y Bellido tuvieron que resignarse al nombramiento para ahorrar al nuevo presidente regional otra portada como la que dedicó Abc a Pedro Sánchez cuando acudió a Azuqueca a respaldar la “campaña electoral de un imputado”. De ahí,  las significativas alusiones de Araceli Martínez  y el citado Alberto Rojo en su toma de posesión a la “honradez” y “honestidad” de su secretario provincial. Pero las cosas son así en este país de radicales donde la política es pura ventolera. Si antes seguimos con ingenuidad a  Juan Jacobo Rousseau  que planteó en su “Emilio” que el hombre es bueno por naturaleza, ahora nos hemos pasado en un arrebato  jacobino a Hobbes, que siglos antes sostuvo que el hombre es intrínsecamente malo, porque es egoísta y privilegia su propio bien por encima del común.  Y de estas últimas exageraciones  surge un riesgo: que para inhabilitar a un político lo más fácil sea meterle una querella preventiva y a ver si cuela. Sucede así porque los partidos serios no se han puesto de acuerdo en fijar dónde empieza y acaba una imputación; y lo que es una garantía procesal se ha convertido en un estigma sin  saber tan siquiera si se va a abrir un juicio oral, que sería  a mi juicio una frontera en la que sí se deberían exigir las primeras responsabilidades políticas; porque otras no las hay hasta que una sentencia sea firme. Esta semana hemos tenido otro caso que es insólito en la política provincial. El coordinador provincial de Ciudadanos, Alejandro Ruiz, también tendrá que declarar  como imputado por los supuestos daños morales causados a una militante que le ha denunciado, hechos que él niega tajantemente. Pero lo novedoso de este caso es que por primera vez en Guadalajara una discusión producida en el ámbito interno del partido, y por lo tanto sin publicidad,  acaba en los tribunales. En fútbol, dicen los argentinos que lo que pasa en el campo se queda  en el campo. Como el ejemplo cunda,  las ejecutivas de los partidos acabarán celebrándose con la presencia de un notario y de un representante de la Academia para que vele por el lenguaje políticamente correcto.

Sería deseable por tanto un acuerdo a ser posible escrito que clarificara la figura del imputado o el populismo también en esto nos acabará comiendo por los pies. Y a ser posible una mayor celeridad en los plazos mientras dure la instrucción. Mientras tanto, aunque por esa Ley de Péndulo lo que ahora se lleva es atizar la hoguera, hay que insistir en la presunción de inocencia. Y en el caso de Bellido, yo me remito a lo que tengo escrito. Sin prejuzgar nada, porque el juez tendrá sus motivos cuando ha admitido la denuncia y ha iniciado una investigación judicial, en el día a día del alcalde de un municipio grande como el de Azuqueca no está revisar si han cambiado el modelo de una farola por otro equivalente; algo más debería saber el concejal responsable; y ya no digamos  los técnicos que son los encargados de examinar e informar sobre cualquier modificación al proyecto original . Pero mientras el juez resuelva… en el camino se ha podido producir alguna injusticia. Esto es lo que hay.

P.D. Sé que no es justo, porque en en una convención como la celebrada por el PP en Madrid, se llevan ponencias que no recogen los medios de comunicación, pero lo que queda por el resumen de los telediarios sobre el discurso de Rajoy es que hay que votarles  sí o sí porque si no detrás viene Varoufakis derrapando con la moto. Solo con explotar la tragedia griega y cambiar el logotipo no le va a dar al PP para ganar las elecciones mientras Rajoy siga apareciendo como el pitufo gruñón siempre dispuesto a dejarnos sin el postre. Como espectador, sinceramente, no funcionó. Demasiado negro.

Durante el discurso de investidura de Emiliano García Page como cuarto presidente regional electo de Castilla-La Mancha este reconocía que cuando María Dolores Cospedal llegó al gobierno había unos 2.500 millones de deuda comercial con proveedores, pero luego le hizo el siguiente razonamiento.  Con usted la deuda se ha incrementado en 6.000 millones y el PIB regional está entre los que más han bajado entre las autonomías españolas. También Castilla-La Mancha está entre las comunidades en donde más han aumentado las desigualdades. Y todo ello a pesar de que se han perdido 7.000 empleos en educación (por despidos de interinos) y 3.000 más en Sanidad.

El reproche que hacía el señor Page a la presidenta saliente está basado en datos reales. Cospedal tuvo que refinanciar y alargar los vencimientos de la deuda para poder pagar esos 2.500 millones a los proveedores (muchos de ellos pequeñas empresas y autónomos  a los que la falta de liquidez del último gobierno de Barreda aceleró su ruina) y a la vez aumentar esa deuda a largo plazo para poder financiar un déficit regional de casi un 7% del PIB en 2011,  que obligaba el Plan de Estabilidad que acometieron los gobiernos de  Zapatero y de Rajoy, por mandato de la Unión Europea, para no terminar en el precipicio griego. Cospedal hizo esos ajustes recortando de aquí y allá en al altar del déficit, que logró domeñar en apenas un año, aunque para ello se tuvo que saltar demasiadas líneas rojas. Cuando Page hacía notar que en buena lógica política el mandato de Cospedal debería haber durado cuatro años estaba en lo cierto: de no haber sido por esos  miles y miles  de callos que hubo de pisar como precio social a esas líneas rojas sobrepasadas  y a la estrategia de comunicación más palurda que se ha visto en esta región, Cospedal habría repetido una legislatura más. Es más, incluso a pesar de todo ello podría haber continuado de presidenta si una mal medida Ley electoral no hubiera impedido que Ciudadanos, la única formación con la que podía pactar el PP, no se hubiera quedado fuera del parlamento con 93.000 votos, apenas 6.00 menos  menos que Podemos, que a la postre han aportado los diputados decisivos para la elección de García-Page.

Lo que el nuevo presidente no reconoció, aunque algo dejó entrever, es que con el actual sistema de financiación de las comunidades autónomas, que data del gobierno de Zapatero,  Castilla-La Mancha está abocada a una situación de recortes permanentes,  que difícilmente el nuevo gobierno va a poder disimular con algunas medidas ya anunciadas como son rescatar del cajón la Ley de Dependencia, un Plan para crear 60.000 empleos públicos  en  los dos primeros años  o esos mil nuevos trabajadores sanitarios  en el primer año. Sucede que el citado sistema de financiación perjudica notoriamente a regiones como las dos Castillas y Aragón, con muchas hectáreas y poca población, porque mientas en Madrid, Barcelona o Valencia se atiende en un solo centro médico a 25.000 personas en las tres autonomías citadas se necesitan 25 consultorios para llegar a ese mismo número de personas. Mientras esto no cambie cada vez habrá más desigualdades entre las comunidades del Interior y la periferia, y, siento decirlo,  tengo escasas esperanzas en que estos criterios se corrijan, porque el aumento del techo en  cuanto a competencias  en las autonomías está reñido con los principios de cohesión. Solo hay que ver las peticiones de Cataluña,Madrid, Valencia o Baleares. Van en sentido contrario. Está bien eso de “blindar por Ley “ los servicios públicos esenciales, como solemnizó García-Page en su investidura, pero la única manera de asegurar la calidad de estos servicios que presta la Autonomía es  que se puedan pagar.

Ni el discurso de investidura del nuevo presidente,  que dejó bien claro que gobernaría con el programa del Partido Socialista, ni el propio Pacto de Investidura que firmó con Podemos dan motivos para hablar de una oleada populista, como se exagera desde el PP, ni mucho menos su referencia es la Grecia del corralito o la Venezuela chavista. Pero sí es notorio que en la letra pequeña hay muchas propuestas en torno a los servicios públicos y al tamaño de la propia administración – que tiende otra vez  a engordar con la creación de nuevos organismos de dudosa eficacia- junto con planes sociales y medidas “rescate”, que carecen de la debida cuantificación. Todo ello junto a planes para recuperar los servicios que han sido externalizados, porque supuestamente  «generan sobrecoste o no están desempeñando correctamente sus funciones».  

El gobierno Page tendrá que medir muy bien la aplicación de estos planes de gasto para que no volvamos a caer en la espiral que  llevó a Castilla-La Mancha a una de las peores recesiones de todas las comunidades españolas, por culpa de un déficit desmesurado sobre nuestro PIB, y que a su vez nos trajo un galopante incremento de la deuda, que ni la propia Cospedal con todos sus recortes ha podido reconducir. Aunque empezamos a salir poco a poco  de la crisis a costa del empobrecimiento de las clases medias, y  que está en la explicación de los últimos cambios políticos, el gobierno de Page sabe que la recaudación de Castilla-La Mancha sigue estando a años luz de los años anteriores a 2008, porque la construcción se recupera a paso de tortuga y con ella su capacidad fiscal.  Sin una adecuada financiación y con un sector de la construcción (que financió en gran medida los servicios públicos de Bono y en el primer gobierno de Barreda)  en grado de hibernación, la única manera de aumentar los ingresos para poder financiar ese gasto público es mediante una reforma fiscal que  genere nuevos ingresos . Los acuerdos entre PSOE y Podemos hablan de reducir los tramos inferiores a 25.000 euros, “suavizar” los que van entre 25.000 y 50.000, y aumentar los impuestos a los oficialmente ricos, que en Castilla-La Mancha serían todos los que ganen más de esos 50.000 euros. También se contempla el incremento en la progresividad del Impuesto sobre el Patrimonio, el tramo autonómico del IRPF y el impuesto de sucesiones y donaciones. ¿Sería con ello suficiente para hacer frente a ese anunciado  incremento del gasto público? Yo ya les digo que no, que haría falta una combinación entre recuperación, nueva financiación  autonómica y reforma fiscal para que pudiéramos hablar de un nuevo ciclo virtuoso en el empleo. En Castilla-La Mancha ni hay suficientes ricos para poder pagar una política expansiva de gasto, ni tampoco sería eficaz. No hay que olvidar que con un simple cambio a un domicilio de Madrid esos altos contribuyentes se librarían de una fiscalidad más gravosa del IRPF y el impuesto de sucesiones y donaciones.  Porque este es otro de los problemas que nos ha traído la falta de armonización fiscal en esta España de las autonomías: que como una región apriete mucho el dogal se incrementa el riesgo de que el contribuyente tome vacaciones fiscales en la comunidad vecina.  La austeridad no va a acabar por tanto con la marcha de Cospedal.

Si en la financiación están las principales sombras del nuevo ejecutivo, las luces podrían llegar de todo lo relacionado con la transparencia y el buen gobierno. Tanto los acuerdos de investidura como lo que hemos venido conociendo son convincentes para luchar contra las malas prácticas y la corrupción en Castilla-La Mancha, aunque hay cosas como esa superoficina de contratación que nos lo tendrán que explicar mejor.

Es deseable igualmente una reforma del  Estatuto de Autonomía por consenso para mejorar la representatividad de las fuerzas políticas emergentes en una nueva Ley Electoral (las tres últimas se hicieron por imposición de los gobiernos de Barreda y Cospedal), aunque lo de pedir las competencias de Justicia, mejor paso a paso.

Las proclamas contra el fraking o el “basurero nuclear” (de esto último hablaré más detenidamente otro día, porque a Guadalajara le interesa que se termine ese mal llamado “basurero” en Villar de Cañas) comprometen poco a Page, porque se trata de competencias estatales, y lo mismo se puede decir del manido asunto del agua. Es verdad que el Tajo necesita un mayor caudal que los excesos de una política históricamente han impedido,  pero volver a escenarios de confrontación nunca dieron buen resultado, como se demostró con la reforma frustrada del Estatuto de Autonomía en la etapa Barreda.

Tomo nota de las buenas intenciones en cuanto al ente público Radio Televisión Castilla-La Mancha ,  y que bajo la égida de Nacho Villa alcanzó unas cotas de manipulación  que superaron a las de Jordi García Candau, que ya es decir,  pero la verdad es que espero bien  poco de su futuro, sabiendo los antecedentes.  Estamos ante un problema no de gobiernos sino de modelo. Y lo que sorprende es que nadie cuestione si un gobierno regional puede gastarse 35 millones de euros del contribuyente en un ente público que bien podría fusionarse con la televisión estatal en una sola televisión pública regional, pero más barata, de mejor calidad y más profesional.

Finalmente, como guadalajareño que no está aquí de paso dos cosas que me preocuparon del discurso de García-Page.

No hizo ninguna alusión al nuevo campus universitario de Guadalajara, aunque no quiero pensar que vaya a cometer el error de desandar el camino que se ha hecho durante la legislatura para ubicarlo en el colegio de las Cristinas, donde hay un acuerdo entre el Ayuntamiento  y el Ministerio de Defensa. Confío en que el nuevo presidentes, que siempre ha sido una persona pragmática, siga ese consejo de Baltasar Gracián al que se refirió en su toma de posesión y no salga a la calle en busca de líos.

Y lo mismo digo del convenio sanitario con Madrid,  que es indispensable para encajar a esta provincia en Castilla-La Mancha, porque una autonomía que nos separase de la vecina sanidad madrileña, perdería en Guadalajara su razón de ser: la de proporcionar el mejor servicio al ciudadano. El nuevo gobierno tiene todo el derecho a intentar mejorar  la financiación de ese y otros convenios, pero ahora que han terminado los mítines todos sabemos, Page también, que lo que lo poco ha quedado del Fondo de Cohesión puede estar para  una atención puntual (pagar la atención de un paisano al que la han tenido que atender en un centro médico de Gandía, donde veranea), pero lo que es una atención continuada y con hospitales de refrencia  cada autonomía tiene que pagarse sus gastos. Para eso se hicieron las transferencias en materia sanitaria, que en el caso de lo que es la atención especializada jamás debieron haberse producido, con perdón,  porque solo han generado desigualdades y desajustes entre los territorios de España.  Apelo también a la sensatez del nuevo presidente para que el PP, metido ya de lleno en tareas de oposición, no tenga razón en sus predicciones. Que Baltasar Gracian le ilumine. Y suerte. Esto es lo que hay.

Ana Guarinos, que fue vetada a última hora por Ciudadanos para seguir presidiendo la Diputación de Guadalajara, podría ser nombrada en los próximos días vicepresidenta primera y portavoz  del PP en la corporación provincial. Si la Diputación fuera solo una empresa, que no debería,  aunque bueno es que haya mejorado sensiblemente su cuenta de resultados en la última legislatura, estaríamos hablando de que Guarinos sería el CEO de la misma, un consejero-delegado con poder ejecutivo, aunque formalmente tiene un presidente por encima. Y si la Diputación fuera la mismísima Federación Rusa, tendríamos el antecedente de que al no poderse presentar Putin para una tercera reelección presidencial, mandó a un propio como presidente de la Federación y él se quedó una legislatura como primer ministro con rango de CEO de todas las Rusias. Salvado el problema legal, Putin volvió al Kremlin y allí sigue con más poder que el zar Pedro el Grande.

Cualquiera de los dos ejemplos probablemente sería injusto para los dos interesados, Ana Guarinos y José Manuel Latre, pero les van a decir cosas peores.

Yo  tengo que confesar que no entiendo casi nada de lo ocurrido en lo que va desde la tarde del miércoles  a la madrugada  del jueves en el despacho de la Presidencia de la Diputación, que acabó con Guarinos defenestrada a cambio de que su partido pudiera mantener el gobierno de la institución como fuerza más votada. Y no lo entiendo, porque los que pidieron la cabeza de Guarinos, simplemente se han  limitado a decir que se hacía para “regenerar” la Diputación, y se han quedado tan anchos. ¿Por qué la regeneración de la Diputación tiene algo que ver con la marcha de Guarinos? Alguien de Ciudadanos debería explicarlo, aunque tendríamos que irnos hasta Barcerlona para hallar la clave del misterio.

Puede que Guarinos haya sido víctima de su leyenda, esa calificación que dividía a los políticos de la guerra fría  en “halcones” y “palomas”, y que según vinieran los aires del Kremlin y la Casa Blanca beneficiaban a unos u otros. Guarinos estaría entre los halcones, entre los que se manejan bien en el ejercicio pleno del poder o en tiempos de grave conflicto, y se supone que Latre estaría entre las palomas, los más dotados para políticas trasversales y el pacto; lo que será necesario ahora en Diputación. Pero tengo que recalcar que todo lo aquí expuesto no deja de ser una suposición, porque los que tenían el comodín de esta mano no nos han explicado la jugada. De esta manera, tiendo a pensar que el diferente resulltado producido en las diputaciones de Guadalajara y Toledo se corresponde más a una decisión táctica del partido de Albert Rivera que a otra cosa.

Ciudadanos decidía el gobierno de las diputaciones de Toledo y Guadalajara y siguiendo la vieja conseja de que no hay que poner todos los huevos en la misma cesta obraron en consecuencia. En Toledo, el jefe local Antonio López, que procede de la filas de PSOE e IU, se encontraba más cómodo respaldando a un gobierno socialista y sobre todo vendía muy bien en el supermercado de la regeneración de que se quitaban de enmedio a a un halconazo como Arturo García Tizón –número dos en el PP en la peculiar presidencia de Antonio Hernánsdez Mancha–, que lleva en política más tiempo que el Conde de Romanones. Y cayó Tizón. Como estaba cantado (hablan de negociaciones con Bono, pero con este hombre uno no se sabe donde termina la realidad y empieza la leyenda), porque Ciudadadanos y PSOE llevaban tiempo negociando el pacto de legislatura, y sin las premuras de Guadalajara lo pudieron presentar mano a mano y con todos los honores el martes 23, dos días antes del pleno investidura. Pero la gran diferencia con Guadalajara es que Ciudadanos en Toledo ni tan siquiera se molestó en guardar las apariencias y no pidió nunca la cabeza de Tizón. López siempre tuvo claro lo que tuvo que hacer.

En Guadalajara las cosas transcurrieron de forma diferente. Ciudadanos se reunió con los tres grupos políticos de la corporación, preguntaron y hablaron, pero con ninguno de ellos negoció a calzón quitado un pacto de investidura como se hizo en Toledo.  Si bien es cierto, que en el PP se sospechaba que podía haber problemas de última hora con la candidatura de Guarinos,  y me consta que así se habló en algún ejecutivo, la verdad de la buena es que hasta la misma tarde del miércoles, después de recibir desde Barcelona vía libre a una negociación con el PP, no se puso como condición que debería producirse un cambio en la presidencia de la institución. El golpe fue de tal calibre que en el PP se sopesó mucho  lo que hacer, y más de uno lo que le pedía el cuerpo era aceptar el embite a ver “si tienen narices de pactar con los que le montaron a Alejandro el escrache en la plaza Mayor».  Influyó, claro que influyó, como las viejas cuentas pendientes que algunos concejales de Ciudadanos en Azuqueca tenían con Guarinos por expulsarlos del PP, pero les aseguro que no fue determinante. En ese reparto de los huevos y las cestas, en Barcelona se conformaban con un golpe de efecto que pudiera ser ofrecido a los nuevos dioses en el altar de la regeneración, y Guarinos se convirtió en un trofeo de caza mayor. No doy crédito a la teoría de Bellido sobre el copyright de Román para entregar la cabeza de Bellido, que enmarco más en un entremés de la precampaña electoral para la Generales, que ya ha empezado, y por lo que yo sé fue Guarinos la que dijo que si el problema era ella para que el PP mantuviera la gobernabilidad en la institución daría un paso atrás. Román acudió esa noche en la Diputación, pero se quedó en la antesala, y no estuvo entre los negociadores. Y la historia completa de algo que medio contó el otro día en la rueda de prensa es la siguiente: cuando en el PP se debatía si había que aceptar el veto a Guarinos habló por teléfono con Vicente Tirado, el número dos de Cospedal, y le dijo que entre barcos con honra y honra sin barcos a lo mejor había que elegir esta última opción.

Al final se quedaron con los barcos, porque en política eso de la honra no deja de ser una fruslería de filósofos utópicos (se dice de mi admirado Winston Churchill, el hombre que con su coraje más hizo para librar a Europa del nazismo, que su pragmatismo político bebía de las fuentes de aquel lúcido “senescal” de la Corona, Lord Palmerston, que un siglo antes aseguraba que Inglaterra no tenía amigos, sino solo intereses), el PP a las 11 de la noche comunicaba oficialmente que Guarinos renunciaba a ser la candidata para facilitar la gobernabilidad, los digitales dimos la noticia, y los negociadores de PP y Ciudadanos pudieron seguir hasta la madrugada vistiendo el santo al uso y manera de pacto de investidura -que no firmó Guarinos sino Juan Pablo Sánchez– y  que otra vez por las prisas no tiene la concreción y la enjundia de lo que yo entiendo por un pacto de investidura. Ustedes mismos.

Pero que nadie se queje, y menos el PP. El señor Rajoy, que ha gestionado con razonable rigor las cuentas del Reino, y ya no hay que acudir al Banco de Hierro a que nos preste con usura, ha carecido de sentido político y coraje para impulsar reformas en las instituciones en las que afirma creer, como son las diputaciones. Nosotros no  estamos de paso en Guadalajara,  así que no vamos a repetir lo que ya dijimos en campaña electoral sobre la necesidad de la Diputación en una provincia como esta, que no es precisamente la de Barcelona. Así que solo añadiremos lo siguiente: si Rajoy hubiera propiciado que las diputaciones se eligieran directamente por los Ciudadanos, a Guarinos no le habrían levantado el asiento con nocturnidad. Y si en España hubiese un sistema de segunda vuelta, que permitiera al ciudadano (con minúscula) decidir sobre quien gobierna finalmente las instituciones, no estaríamos condenados a estos pactos a medianoche en los que casi siempre se acaba pariendo…un ratón.

Pero esto es lo que hay. Y no tiene pinta de cambiar, ojo, porque esto de la renovación, qué quieren que les diga…Mejor otro día.Por hoy, esto es lo que hay.

P.D. La diputada provincial de Ahora Guadalajara, María Gallego, remató su promesa a la Constitución, al Rey y a la legalidad con este estrambote:“…Hasta poner las instituciones al servicio de la gente”.  Se supone entonces que las instituciones están ahora al servicio de los animales, de los extraterrestres, el Ibex 35 o de la Federación de Fútbol del señor Villar, que es lo más  etéreo que conozco.  Lo que nos queda por ver.

El Partido Popular, con Antonio Román al frente,  va a gobernar en minoría durante los próximos cuatro años en el Ayuntamiento de Guadalajara. Será por tanto el tercer mandato para Antonio Román, lo que le iguala con otros dos emblemáticos alcaldes que  ha tenido esta ciudad, Javier de Irízar y José María Bris, que estuvieron presentes en lugar destacado durante la ceremonia de investidura junto a la presidenta en funciones de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal. Un gesto de la presidenta regional de los populares con Antonio Román teniendo en cuenta de que esa misma mañana tenía dos tomas más de posesión  de alcaldes del PP en Cuenca y Albacete.

Al acuerdo entre Ciudadanos y el PP no se llegó de la mejor manera posible, sino con las prisas de última hora derivadas de que los candidatos del partido de Albert Rivera no conocieron hasta la noche anterior cuáles eran las condiciones para pactar: los beneficiados debían acertar una suerte de decálogo que incluía diversas medidas regeneracionistas y la instrucción de que al primero que se iba a ofrecer la negociación era al candidato local de la lista más votada, siempre que en ella no hubiera imputados. Si este no asumía el decálogo, la negociación pasaría al  segundo partido más votado. De hecho, hubo algún ayuntamiento andaluz con el que C’s había negociado con el PSOE,  sin ser la lista más votada, y desde Barcelona se lo echaron para atrás.

De igual manera, se prohibía a los concejales de C’s entrar en gobiernos de coalición, algo entendible teniendo en cuenta de que hay unas elecciones Generales a la vuelta de la esquina, aunque yo creo que habría dado mayor estabilidad a las instituciones que los candidatos locales hubieran tenido esa posibilidad de negociarlo.

Cuando la delegación de Ciudadanos entró a las once de la mañana con el recetario en el despacho de Alcaldía, era obvio que los populares iban a aceptarlo y así se lo dieron a entender  en ese primer contacto.  Y ya no sólo porque todas las condiciones fueran asumibles, sino porque de no haberlo hecho lo habrían firmado los socialistas y Ahora Guadalajara. De ello que a Román no le cabía la más mínima duda. Así que cuando se juntaron menos de dos horas después para elaborar el documento que vestiría el Pacto de Investidura, no había ya grandes escollos que salvar. Aunque seguramente si hubieran dispuesto de algún día más, habrían podido mejorar ese documento de investidura, que para mi gusto queda un poco pobre. Pero lo más importante es su coherencia con los principios que inspiran a los dos partidos,  que no han tenido que hacer renuncias vergonzantes. Por ello, creo que la fórmula encontrada debería ser lo mejor para la ciudad, en principio.  Un tripartido entre un partido liberal progresista, otro socialdemócrata y una plataforma marxista de corte asambleario, sinceramente sería un gazpacho difícil de digerir. No lo veo. ¿Cómo podía ese tripartido haber digerido puntos esenciales del documento, como el siguiente, se abren comillas: « Nos comprometemos a mantener la estabilidad económica y el equilibrio presupuestario del Ayuntamiento de Guadalajara con tendencia a la disminución de la presión fiscal conteniendo el gásto público”. Hay cosas, como decía el Guerra, el torero, “que no pueden ser y además son imposibles”. Otro escenario bien diferente es que el partido más votado hubiera sido el PSOE y que el pacto se hubiera podido producir bis a bis.

Hechas estas salvedades, hay aspectos interesantes en el acuerdo junto a otros que son meras declaraciones de intenciones. El más importantes es el compromiso de que el  Ayuntamiento no se va a gastar lo que no tiene disparando el gasto público en medidas más populistas que efectivas, porque inevitablemente esto nos llevaría a un inevitable aumento  de la presión fiscal hacia vecinos y empresas, lo que pondría riesgo la incipiente recuperación del consumo y el empleo.  Este es el riesgo que tiene Page en su negociación con Podemos cuando le están pidiendo que se saque de la manga unos 500 millones de euros para hacer fuegos artificiales al principio de la legislatura con unos presupuestos aprobados.

Son de elogiar las medidas  que establecen un mayor control por parte de la oposición de la acción de gobierno; y necesarias para evidenciar que algo ha cambiado tras la pérdida de la mayoría absoluta por parte del PP.  Entre ellas se encuentra  que la Junta de Gobierno Local contará con representación de los portavoces de cada grupo político con voz pero sin voto o que la Mesa de Contratación estará formada por trabajadores públicos municipales. No está de más que se cite laa instalación del Campus Universitario de Guadalajara de acuerdo al protocolo firmado entre el Ayuntamiento de Guadalajara, la JJCCM, el Ministerio de Defensa y la Universidad de Alcalá. ¡Sería una irresponsabilidad absoluta que con el previsible cambio de gobierno en la Junta se vuelva a dar  marcha atrás! Está bien avanzar en la  revisión de las tasas municipales de ocupación de vía pública y bonificaciones o ayudas del  ICIO (el impuesto para la construcción) para reformas y apertura de locales comerciales en el casco.  Me gusta que se quiera crear un Museo de la Ciudad. Y respecto a las diversas comisiones que contempla el acuerdo destaca la creación de una Comisión de Transparencia y buen Gobierno, presidido por C´s y con representación de todos los grupos, con vicepresidencias en los grupos de la oposición. Aunque en este asunto de las comisiones, tiendo a creer en el dicho del Conde de Romanones (“si quieres que algo no salga monta una comisión”), está por ver el contenido práctico que puede tener esa Comisión de Transparencia, porque en las instituciones lo que debe ser transparente es el funcionamiento de los órganos de gobiernos per se. En cuanto al casco histórico es una obviedad recalcar que se va a cumplir la Ley de Solares –las leyes están para cumplirse—y sin embargo echo de menos  algo más original sobre cuál es el problema de fondo para que en Guadalajara haya cerca de noventa solares sin edificar en la zona 1 (el perímetro de la antigua muralla medieval) y qué se puede hacer para animar a propietarios y promotores a construir. Es triste, pero dejamos pasar una oportunidad histórica para rehabilitar el casco en el boom anterior al estallido de la burbuja inmobiliaria. Especialmente sensibles somos a esa promesa de no utilizar la publicidad institucional  de manera partidista, porque hemos sido la prensa profesional  que no está en los grupos de agit-prop de los partidos los que hemos sufrido, y más en la Junta que en el Ayuntamiento, ese reparto descarado en favor de determinados medios que no son de prensa, sino de propaganda, y que entraron en el juego sucio en la campaña electoral contra el candidato de Ciudadanos. Tengo los datos precisos que corroboran lo que escribo.  Unos medios que curiosamente han desaparecido de nuestros buzones  al terminar la campaña electoral, mientras que aquí seguimos la prensa profesional , impresa, digital o audiovisual, acudiendo a la cita con nuestros lectores en las condiciones más difíciles para este sector desde que hay democracia en España. ¿Verdad amigo Juan Solo?  La  penuria  es tal que por la falta de medios  han  desaparecido aquellas redacciones  en las que los más veteranos enseñaban a los jóvenes este apasionante oficio. ¡Pero si los periodistas que están nutriendo las filas de los gabinetes (de lo cual me alegro, claro) nos atiborran de notas que los adelgazados medios profesionales a duras penas podemos contrastar!

Perdonen por el desahogo de este veterano periodista que está de vuelta de casi todo y que tiene que hacer esfuerzos  para ilusionarse con cada nueva legislatura, porque teme que la que venga puede ser todavía peor que la anterior…

Y que se deprime cuando se entera de que un representante popular, el portavoz de Ciudadanos, que ha obtenido casi cuatro mil votos, sufre un escrache en la puerta del  ayuntamiento por algunas personas y colectivos  que estuvieron en la sesión invitados por algún grupo municipal que se sienta en los escaños de la corporación (cada concejal recibió dos invitaciones de libre disposición). La foto de Alejandro Ruiz, serio e imperturbable,  mientras le acosaban y le gritaban en sus narices es la imagen viva de la dignidad democrática de la institución municipal que ningún grupo de exaltados puede usurpar. Pero esto es lo que hay.

 P.D.1 Entre los puntos que Ciudadanos presentaba en sus negociaciones por España figuran que la oposición presida la Comisión de Vigilancia de Contratración, la participación proporcional de los grupos municipales en la Junta de Gobierno, una auditoría de los últimos 8 años, que no se recoge en los acuerdos,  limitación de mandatos a 8 años (Román ya ha dicho que no estaría más legislaturas) y elecciones Primarias, punto este último que escapa a las competencias de Román.

P.D 2 El edil azudense Julio García será el candidato del PSOE a la presidencia de la Diputación de Guadalajara. Una acertada decisión del Comité Provincial del PSOE  sobre una persona bien conocedora de la Diputación y con bagaje suficiente para ocupar la presidencia de la misma o la portavocía de la oposición. La decisión, nuevamente,  en manos de Ciudadanos.

De la mayoría absoluta más cómoda a depender para todo de Ciudadanos si quieren gobernar con mínimo de estabilidad. Esta es la situación del PP en la Diputación y el Ayuntamiento de Guadalajara, pero también en los ayuntamientos de Albacete y Cuenca. En Ciudad Real y Toledo igualmente el PP es el más votado, pero los pactos de izquierda a buen seguro que lo impedirán. Visto este panorama, que avanzaban los sondeos con bastante probabilidad, cada vez se entiende menos la estrategia del PP en Castilla-La Mancha de intentar ahogar la entrada del partido de Albert Rivera en las Cortes regionales, para al final no tener a nadie con quien pactar. En Castilla-La Mancha  se fueron a la “basura” más de 93.000 votos que procedían en buena parte de antiguos votantes del PP desencantados con un partido que ni ha sabido atajar la corrupción, ni explicar con un mínimo de eficacia su acción de gobierno. La altivez y prepotencia con la que se manejó la política informativa por parte del gobierno del Cospedal no tiene parangón con nada de lo que los más veteranos en esta profesión hemos visto nunca jamás.  ¿Y en Guadalajara? Con que hubieran hecho unas cuentas operaciones aritméticas se habrían dado cuenta  de que con la nueva electoral, que ha sido el pozo de Cospedal, el PP no tenía una posibilidad razonable de sacar el tercer diputado, y que este se jugaría entre Ciudadanos y Podemos. El que más votos sacara entre los dos se lo llevaría; y fue Podemos. Pues aun así, hasta el día anterior a las elecciones en la prensa oficiosa  de los populares se atacaba a los candidatos de Ciudadanos en lo personal, con medias verdades que constituyen las peores mentiras,  poniéndolos como unos arribistas peligrosos.  Todo lo contrario de lo que les hubiera convenido; pero así están las cabezas. Como algunos dejamos escrito, Guadalajara era la circunscripción con Toledo en la que los partidos emergentes tenían más posibilidades de irrumpir, por lo que yo llamo el “efecto Madrid”, y que siempre ha constituido una vaso comunicante entre la población del  Corredor del Henares al margen de las artificiales divisiones administrativas.

Pues bien, con estos presuntos  arribistas insolventes va a tener que negociar el PP la gobernanza en Diputación y  en el Ayuntamiento de Guadalajara, y lo va a tener que hacer desde la humildad y con mucha mano izquierda, aunque algunos no sepan ya ni donde la tienen, de no utilizarla.  Porque así lo han querido los ciudadanos,  hartos de ese discurso antipático por el que las cosas son así, y punto pelota. ¿Verdad  señor Montoro?   ¿Verdad señora Cospedal?

En Guadalajara, el PP rozó la más absoluta de las catástrofes, pero al final puede que salven los muebles, y digo puede, porque no parece que a Ciudadanos le interese por pose meterse en un fregado de tripartito con socialistas y neocomunistas; y al final opte por lo menos arriesgado, dejar que gobierne el más votado. Y después de las elecciones en ¿septiembre?, ¿noviembre? o ¿enero?, solo Rajoy y Arriola lo saben, ya veremos cómo encajamos el puzzle. Porque habrá más cartas que jugar.

Con el reposo que dan los días, los resultados de Román en Guadalajara ya parecen menos malos, y sobre todo si los comparamos  con otras capitales de provincia de la región. En Guadalajara y Cuenca,  el PP obtiene los mejores los mejores resultados en capitales de provincia, con el 37% de los votos,  por el 36% de Ciudad Real , el 33% de Albacete y el 32% de Toledo.   Lo que pasa es que en Guadalajara se partía de más arriba, de dieciséis concejales, el mayor éxito de una candidatura municipal en la historia,  y perder cinco es significativo de que se han hecho varias cosas mal, no solo una ni dos, y de que no toda la culpa la tienen Rato, Granados y Bárcenas y la Gurtel que los parió, sino que también hay claves locales que Román, demasiado disperso desde que es diputado,  deberá analizar con frialdad. Cuando el barómetro avisa de cambio de tiempo, parece que lo más aconsejable es poner la proa hacia él, y no dejarse llevar por la autocomplacencia.  La candidatura que Román llevó fue demasiado continuista, con candidatos que se habían distinguido por sacar el máximo jugo a sus concejalías, abrochados en una lista cerrada con otros que pensaban que la mayoría absoluta les daba patente de corso para no tener que negociar con los colectivos ciudadanos y poner mala cara a todo el mundo. Cuando se gastan todos los recursos informativos en intentar desacreditar al contrario  en lugar de hacer propuestas y generar debates en positivo pasan estas cosas. Otra problema es que habrá que analizar,  sin demagogias, por qué cada vez hay menos profesionales acreditados que se quieran dedicar a la política, y hasta qué punto el descrédito que hoy tiene entre el ciudadano está limitando que el acceso a ella de los mejores. No es una cuestión de que cobren mucho. Al revés. Estoy con Agustín de Grandes en que hacen falta menos políticos, pero mejor pagados. Y  no hablemos de los liberados. ¿Es necesario que haya corporaciones enteras con todo el equipo de Gobierno cobrando del contribuyente, cuando antes era un trabajo que hacían los funcionarios, que para eso saben de esto y han hecho una oposición?

El sábado saldremos de dudas, y tocará luego gobernar. Que es lo que importa. Pero el problema es que no tenemos muy claro cómo lo harán los que gobiernen las instituciones al carecer de una mayoría suficiente y en base a qué programa,  que las conversaciones tan poco transparentes que se están llevando a cabo estos días no nos permiten develar, más  allá de algunas generalizaciones sobre los servicios públicos que carecen de cuantificación económica.

Por ello, yo siempre he abogado por un sistema de segunda vuelta al estilo francés por el que no solo se asegura la gobernabilidad de las instituciones sino que se da al ciudadano la última palabra con su voto. Fue una de las muchas reformas que el gobierno de Rajoy se dejó en la cartera, preocupado solo de cuadrar el déficit, que también,  pero olvidándose de la política y la comunicación. Y cuando se lo propuso a última hora a Pedro Sánchez,  ya no coló, porque pareció interesado y oportunista.

Esto es lo que hay.