Con la llegada de la calor y sin hacer mucho ruido ha entrado en el Congreso la propuesta para la reforma del Estatuto de la comunidad autónoma de Murcia, aprobado por la Asamblea regional en abril de 2019, y que entre otros asuntos defiende la continuidad del trasvase Tajo-Segura, al que con esta vía legal pretende blindar.

Hay que recordar que una estrategia similar la empleó el presidente José María Barreda en su segundo mandato cuando envió al Congreso, y lo defendió ante el pleno con motivo de su admisión a trámite, otra propuesta de reforma de Estatuto en sentido contrario. Establecía una hoja de ruta que concluía con un calendario para liquidar en la práctica los trasvases. Lo mismo que el Estatuto de Murcia, pero al revés. En ambos casos se buscó la tramitación de la reforma de los estatutos de las citadas autonomías,  el de Castilla-La Mancha para “blindar” el fin del trasvase y, ahora, el de Murcia  para “blindar” su continuidad.

El de Castilla-La Mancha terminó con el fracaso de la iniciativa de Barreda, obligado a retirar su reforma al no encontrar respaldo en los grupos mayoritarios del Congreso, empezando por el Grupo Socialista. Se tiró a la piscina sin comprobar si había agua, y perdió una batalla, que contribuyó a fortalecer las posiciones pro-trasvase de la  Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía, en distinta medida beneficiarias de él.

¿Qué sucederá, ahora? Si en España se respetara la Constitución y las leyes, que como vemos por los indultos y le negociación bilateral entre el gobierno de Sánchez y los partidos independentistas sobre asuntos que afectan a la soberanía nacional, se intenta orillar, no tendría la más mínima duda de que a López Miras le pasaría lo mismo que a Barreda. El Congreso rechazaría que una comunidad autónoma pudiera ser competente de las aguas de un río que es intercomunitario, y que no pasa por Murcia, por lo que cualquier regulación debería producirse en el marco estatal y de los planes de cuenca, competencia de las respectivas confederaciones hidráulicas. Pero visto el panorama que nos brinda el día a día, en el que se da la razón al que más chilla o al que más desafíos plantea al Estado, ya tengo mis dudas.

El lobby levantino es más fuerte que el castellano-manchego, porque multiplica el número de sus diputados. Y más visto el agit-prop que se ha montado desde Murcia, a propósito de la decisión del ministerio de Transición Ecológica sobre la presunta reducción de los trasvases de 38 a 23 Hm3. Esta medio verdad la han “comprado” la mayoría de los medios nacionales que han editorializado incluso con que la ministra Ribera le ha quitado de golpe a Murcia 15 Hm3 mensuales. Pues es mentira. Sucede que las reglas del trasvase son un galimatías del mil demonios, difíciles de explicar en clave nacional, pero esa supuesta reducción de los niveles del trasvase no lo es tal, porque con ella se está garantizando que el nivel del agua en la cebecera del Tajo no caiga en mínimos, con lo que ni el propio gobierno podría autorizar un trasvase, de acuerdo con la Ley. Así que muy probablemente, a pesar de estos cambios, a buen seguro que la cantidad anual trasvasada en el año hidrológico sea muy similar a la actual, e incluso en un año de sequía aseguraría mejor los trasvases mensuales.

No les voy a dar la lata más con los intríngulis del trasvase, porque es un puro laberinto, y solo añadir que sí es una buena ocasión para que se aproximen posturas entre ambas comunidades y el propio Estado, que debe proseguir con otros recursos, como la desalinización, que para los regantes es tabú cuando a la larga es inevitable. En este sentido, el ministerio de Ribera va por el buen camino.

Lo que no puede ser es que algunos no aceptan en otros lugares que se trasvase un litro que se pierde en el mar, por ejemplo Podemos, y que no haya inconveniente en blindar trasvases como este del Tajo-Segura, que todos los grupos de la cámara murciana respaldan.

Yo también firmaría el indulto de Junqueras.– El gobierno y el agit-prop de Ivan Redondo nos quiere hacer creer que Oriol Junqueras ha cambiado de opinión porque ha reconocido algo palmario, como es que la declaración unilateral de independencia no es el camino. ¡Pues claro, porque le ha conducido a la cárcel! Pero en ningún momento ha dicho que acata la Constitución como marco de esa mesa  negociación que el Gobierno va a iniciar con los independentistas, esos extraños socios. Y si no es así: ¿qué demonios va a negociar Sánchez con estos señores que solo quieren autodeterminación y amnistía? Que nos lo explique el presidente, que nos diga que no va a poner la Constitución en almoneda, y después yo mismo estampo mi firma al pie del indulto a Junqueras