Se ha llegado a decir desde el gobierno  regional de Murcia (PP) que el “hachazo” al trasvase Tajo-Segura representa “la mayor afrenta a la Región de Murcia de los últimos tiempos” y que se sienten “engañados”. En el PP de Castilla-La Mancha se sostiene todo lo contrario, que “la cabecera del Tajo no gana nada”, en palabras de su coordinadora regional Ana Guarinos. Por su parte, el gobierno socialista de Valencia marca distancias con el gobierno del PP en Murcia y su oposición del PP en la comunidad al hablar de que se ha actuado con “racionalidad y diálogo”; y concluye que se han  logrado avances para lograr el gran objetivo alejado del barro partidista: “agua para siempre y al precio adecuado”. La Asociación de los Ribereños del Tajo-Segura, con presidencia socialista, “se sienten satisfechos con el acuerdo” y están convencidos de que el nuevo plan favorecerá el aumento de la lámina de agua de los embalses. Y las mayores críticas, una vez más, llegan de los ayatolás del Sindicato de Regantes del  Acueducto Tajo-Segura, para los que cualquier modificación a la baja de las normas reguladoras supone una catástrofe mundial: zanjan que el nuevo Plan del Tajo es un desenlace “cruel” para un sector que da empleo a 300.000 personas y riega el 70% de las explotaciones hortofrutícolas y 50 millones de árboles.

¿Cómo es posible que un mismo hecho pueda tener interpretaciones tan diferentes? Es  por la política, por la puñetera política sectaria, que tiende a convertir lo blanco en negro, y más si nos encontramos a las puertas de unas elecciones Autonómicas y Municipales en primavera de 2023, como preludio de las Generales que se celebrarán, previsiblemente, seis meses después.

Aunque habrá que esperar a ver la letra pequeña de la Ley cuando esta sea publicada, mi impresión de lo ocurrido va por este camino: Al igual que el Memorándum sobre el Tajo, aprobado por el Gobierno de Rajoy, fue tachado  por los socialistas regionales como una “traición” de lesa patria a la región, sin tener en cuenta que establecía un mínimo no trasvasable que antes no existía -bien es cierto que muy bajo-, al menos fue un avance -también criticado por los regantes murcianos- sobre el Plan del Tajo en los mandatos de Felipe González y Aznar, donde los pantanos de Entrepeñas y Buendía se podían desecar sin que ninguna ley los amparara. Con la modificación actual, se confirma la realista política de la ministra Teresa Ribera, que ya había reducido de 38 a 27 Hm3 la cantidad a trasvasar cuando los embalses están a nivel 2, con el objetivo de que no llegaran a estar permanentemente en nivel 3 (lo que obliga a que el Ministerio autorice los trasvases), o en nivel 4, que prohíbe realizar ningún tipo de trasvase, como fijó el Memorandun de Rajoy. La reforma con el actual Gobierno ha ido un paso más allá, porque ha limitado más los trasvases y habrá una reducción de 31,5 Hm3  como mínimo, cada año, en los envíos del Tajo al Segura, aunque para mí lo más importante de todo es que con el aval del Tribunal Supremo se ratifica la referida reducción de los caudales  a trasvasar, porque como también habían recomendado las directivas europeas se elevan los caudales ecológicos de seis a siete metros segundo, paso previo a elevarlos hasta 8,65 a partir de 2026 los pasos del río entre Aranjuez, Toledo y Talavera. Lo que esperan los Ribereños es que este requisito acabe influyendo directamente en una mayor lámina de agua en los embalses de cabecera, seguramente será así, aunque insisto en que habrá que ver la letra pequeña, pero todavía más importante que un metro arriba o abajo en los embalses está un caudal ecológico suficiente para que el Tajo no siga siendo esa cloaca en la que se convierte por los vertidos industriales cuando pasa por Madrid. Por lo tanto, sí, claro que han cambiado las cosas favorablemente para los intereses de Castilla-La Mancha y de lo cual puede sentirse legítimamente satisfecho el Gobierno de Page, aunque tampoco debería alardear mucho de ello porque también tiene razón el presidente socialista valenciano, Ximo Puig, quien ayer mismo subrayaba algo que es impepinable: “hemos logrado agua para siempre y al precio adecuado”, porque este Plan de la Cuenca del Tajo, como el anterior, sigue blindando el trasvase [no olvidemos que con el gobierno de Barreda se intentó, sin éxito, el cierre total a medio plazo del trasvase, mediante una reforma frustrada  del Estatuto de Castilla-La Mancha], si bien esta vez la reducción podría llegar casi al 50%, mientras que el Gobierno de  Puig intentó, a última hora, dejarlo solo en un 20%. Según cuenta Juanma Lamet en El Mundo, finalmente no lo logró porque Page amenazó con votar en contra del Gobierno en el Consejo Nacional del Agua e incluso llevar el asunto al Tribunal Supremo, cuya doctrina sobre los caudales ecológicos y la prioridad de la cuenca cedente ha sido el gran arma del Gobierno de Page para salir bien de esta guerra. Que no lo olviden, ahora, que en unos pocos meses va a empezar otra servidumbre de la cabecera del Tajo: la mal llamada “Tubería Manchega”, y que de manchega no tiene nada porque el agua se capta en la Alcarria de Guadalajara y Cuenca y es un trasvase en toda regla, aunque se evite ese término cuando tal tubería lo que hará es llevar agua entre distintas cuencas, en ese caso del Tajo al Guadiana, utilizando en parte la infraestructura del Tajo-Segura.

Y en esas estamos: Castilla-La Mancha ha salvado razonablemente bien los muebles en esta batalla, porque la ministra Teresa Ribera le prometió a Page respetar el plan original y recortar al menos 105 hectómetros cúbicos del trasvase, según cuenta hoy Lamet en su diario. Y en esto Page le ganó la partida a Puig. Pero este también puede argumentar que el trasvase como tal sigue blindado en el Plan del Tajo, lo que no se quiere reconocer por los  regantes del Acueducto  ni por el PP de Murcia y Valencia.  Porque  las elecciones están a la vuelta de la esquina y porque, equivocadamente, al no existir en nuestro país un Plan Hidrológico Nacional, pactado por los dos grandes partidos españoles, estamos abocados a revivir la guerra del agua en cada legislatura. Pues es una pena, pero esto es lo que hay cuando se renuncia a vertebrar la nación y andamos con experimentos que nos recuerdan a la I República; que ya sabemos cómo acabó con Pavía y su caballo.      

Como resumen, podríamos apelar a ese dicho castellano: “ni tanto, ni tan calvo”, para definir este Plan Hidrológico.