El viernes se debaten las ordenanzas fiscales para 2014, que regirán en el Ayuntamiento de Guadalajara durante el próximo ejercicio. Se trata por tanto de un retrato fiscal en el que el actual equipo de Gobierno no ha resultado muy favorecido, porque lejos de cumplir su programa y contener la presión fiscal, con subidas no superiores al IPC, en la capital se han disparado algunos impuestos con gran incidencia en el bolsillo del ciudadano, como es el IBI o la tasa del agua. El próximo año, sin embargo, el alcalde Antonio Román asegura que se van a pagar menos tasas a impuestos. ¿Es esto verdad? Vamos con ello.

A pesar de que este año, las ordenanzas fiscales son un batiburrillo de subidas y bajadas que pueden marear al contribuyente, hechos son hechos y datos son datos. Hay bajadas en la tasa de vehículos (3%), Basura (3,2%), Plusvalía (que pasa de un tipo de 29,9 a un 27) y Construcciones (del 4 al 3,6) y del IBI un 6,5%, en el tramo que es competencia del Ayuntamiento. Por el contrario, la tarifa que más sube es la del agua –en torno a un 30% de incremento, estima la oposición-, dado que como reconoce el alcalde es debido tanto a que cuesta más cara en alta –por la subida superior al 30% que ha aplicado la MAS—y porque hay que llegar al equilibrio presupuestario en la concesión, como se estipuló en el contrato. Para calcular la nueva tarifa habrá que tener en cuenta lo siguiente: habrá que pagar un 10 por ciento más en el recibo del agua cuando se consuma hasta 60 m3; un 11 por ciento, entre 60 y 90 m3; el 21 por ciento, si el consumo está entre 90 y 120 m3 y si el consumo supera los 120 m3 el recibo aumentará en un 40,7 por ciento. Por último, en el caso del alcantarillado, la actualización del metro cúbico será de entre el 4 y el 7% para el 85% de la población, según cálculo del concejal de Economía.

Estos son los datos. A partir de ahí, cada contribuyente puede hacer sus cálculos en función de los impuestos y tasas que pague, y opinar con mejor criterio sobre lo que dice la propaganda, que Román baja los impuestos y las tasas a los vecinos de Guadalajara o si estamos ante un engaño para disfrazar la realidad (Magdalena Valerio), porque en conjunto la carga fiscal también subirá en el 2014.

De mi cosecha particular, y aunque las celebre, califico de “ligeras” las bajadas en vehículos y basuras, por dos razones: porque Guadalajara sigue teniendo un impuesto de circulación alto en comparación con otras ciudades del entorno y porque en basuras hay un superávit en la liquidación, lo que parece es debido a que se ha mejorado la matrícula al incorporar a contribuyentes que no pagaban, felicidades en este caso.

Mucho más complejo es valorar la subida del agua, que la oposición de izquierdas va a politizar todo lo que pueda y que imputará a la privatización del servicio. A río revuelto…En ese sentido, que la importante subida de la MAS que preside Jaime Carnicero haya coincidido con la regularización del contrato con Guadalagua, para llegar a un equilibrio en la concesión, es munición gratis para PSOE e IU.

Dejo para el final el asunto del IBI, que es lo que peor digiero. El concejal de Hacienda cuantificó la rebaja en un 6,5%, porque bajará del 0,63% al 0,59% el porcentaje que fija el Ayuntamiento, pero la realidad es que la base de liquidación aumentará un 7%, porque en ella hay que repercutir la subida de los valores catastrales aprobada por Hacienda para el año que viene. Esto es lo que me llevan los demonios. Porque mientras los propietarios de una casa en Guadalajara han visto como su valor en el mercado ha caído hasta un 50%, dependiendo del lugar donde esté, la contribución urbana no ha hecho más que subir y subir (hasta un 40% durante el mandato de Román, según estimaciones de la portavoz socialista). Si el valor de los inmuebles ha bajado en España desde finales de 2007 un 50% no puede ser que los valores catastrales se incrementen. A eso se llama saqueo. De hecho, ha habido ayuntamientos que los han bajado, y ya se ha repercutido en el recibo. No es el caso de Guadalajara.

Se empeña el alcalde en echar la culpa a la oposición de que no se hayan podido bajar más los impuestos. Pues vuelve a equivocarse, porque cuando se gobierna, como él, con 3 concejales por encima de la mayoría absoluta, la oposición no pinta ni copas. Así que los responsables en el fracaso de los megacontratos deberá encontrarlos entre los concejales y asesores que han pilotado este tren, y que el Tribunal Administrativo Central mandó parar. No ha sido solo la oposición, sino la Ley y el Estado de Derecho el que lo ha frenado.

Aunque la mayoría absoluta puede acabar distorsionando la percepción de la realidad, como se ha comprobado tantas veces, no le vendría mal a este envarado equipo de Gobierno un mínimo de autocrítica, sobre todo porque la idea de agrupar servicios y aprovechar las sinergias es buena. Sólo que habrá que determinar mejor qué servicios pueden ser agrupados, por cuánto tiempo y en qué régimen de concesión administrativa para que se ajuste tanto a la normativa estatal como a la Europea, y haya un mayor control sobre las empresas que gestionan los citados servicios. En fin, una oportunidad perdida para haberse distinguido de una gestión más heterodoxa en reformas que toquen lo público y que haría un gobierno de coalición PSOE-IU.
Esto es lo que hay.

P.D. 1.-Las rebajas que propone la oposición, todas me parecen bien, pero ni las comento porque el día que vuelvan a ganar se olvidarán de ellas, porque tampoco les cuadrarán las cuentas, y se resistirán a bajar el gasto ordinario.

P.D.2.- Según datos de la Sociedad de Tasación, el precio de la vivienda libre ha caído en España casi un 50% desde los máximos de 2007. El metro cuadrado se paga en torno a 1.200 euros, la mitad de lo que llegó a pagarse cuando la vivienda alcanzó su punto más alto, allá por el segundo trimestre de 2007 y prácticamente lo mismo que en 2002, cuando la burbuja inmobiliaria comenzaba a inflarse.

Yo siempre he tenido a Alberto Ruiz-Gallardón por uno de los políticos con mayor fuste del  Partido Popular. Moderado, transversal, fronterizo, permeable y poco dogmático, como deben ser los políticos modernos, sin lugar a dudas que fue el gran alcalde del Madrid contemporáneo, y aunque no estuviera impregnado de la aureola mística de Enrique Tierno, al que le aburrían la burocracia y los asuntos municipales, su ejecutoria no resiste comparación con ningún otro alcalde, desde Carlos III, claro.

Ruiz-Gallardón cumplió su ciclo en el Ayuntamiento y se pasó a la política nacional, y Rajoy le encargó la reforma de la Justicia, que es algo así como la revolución pendiente de los falangistas, aquella de la que hablaba Girón de Velasco y nunca se sabía ni lo que era ni cuándo vendría. Llevo toda mi vida oyendo hablar de la reforma de la Justicia, pero lo único que sé es que cada vez su acceso a ella es más cara y no por ello ha ganado en eficacia.

Yo no voy a hacer aquí un análisis exhaustivo de lo que pretende el señor ministro de Gracia y Justicia, porque está lejos de mi alcance y posibilidades,  e incluso acepto la mayor: tendrá que tomar medidas antipáticas  para hacerla más eficaz y menos costosa, porque los recursos del Estado dan para lo que dan, y cada vez menos. Pero sí creo que hay que llamar la atención al señor Gallardón, y así lo deberían hacer nuestros representantes políticos, que son antes servidores de los ciudadanos que de los partidos  en los que militan –¡vaya tontería que he escrito!– sobre la repercusión de  algunas de estas reformas.

Me estoy refiriendo especialmente a dos, la supresión de los partidos judiciales de Molina de Aragón y Sigüenza y de las Audiencias Provinciales.

En el último  gobierno socialista ya hubo danzando por ahí un proyecto para fusionar juzgados, y en Guadalajara la idea era refundir en solo un juzgado de los dos que existen en Molina y Sigüenza. Pero luego Zapatero perdió las elecciones, y lo que viene ahora es una reforma con toda su cafeína. El propósito es fusionar los dos y concentrar toda la actividad en los nuevos Tribunales de Instancia de Guadalajara en los que prestarían servicios los 18 jueces que hoy trabajan en Guadalajara, más los dos de Sigüenza y Molina.

Yo no estoy abogando por la vuelta a los tiempos en los que esta provincia tenía 8 partidos judiciales, aunque  por entonces Guadalajara tenía una estructura poblacional y económica más equilibrada, pero los tiempos han venido como han venido y el desarrollo excéntrico de esta provincia en su parte suroeste es el que es, porque Madrid está donde está y no hay darle más vueltas.

Todo eso lo sabemos, pero lo que habría que hacer llegar a Ruiz-Gallardón es que el cierre de los juzgados en las cabeceras comarcales que languidecen en España – estoy hablando de ciudades entre 5.000 y 25.000 habitantes—podría ser el golpe de gracia para unas comarcas que ya lo están pasando muy mal y que no parecen tener un sitio en el mundo que viene. En este sentido, los juzgados de Primera Instancia contribuyeron en su día a vertebrar ese Estado Español, inspirado en el modelo francés, que en mala hora abandonamos para crear ese lío llamado Estado de las Autonomías, y a fijar en el medio rural a funcionarios y profesionales liberales que constituían lo más dinámico de su sociedad. Por tanto, antes de tomar cualquier decisión que desnude todavía más a esas cabeceras de comarca, como Sigüenza y Molina de Aragón, debería responder antes a la siguiente pregunta: ¿De verdad que el Estado se va a ahorrar tanto en cerrar juzgados de primera instancia como para causar un daño tan evidente?

Vean el caso de Molina. Una reforma se va a llevar por delante los talleres de Obras Públicas. Tienen un polígono industrial muerto de risa. Y ahora les quieren dejar sin juzgados. ¿Pero qué clase de mensaje estamos enviando a los que allí viven?  ¿Cómo se puede compadecer el discurso de que hay ayudar al medio rural con medidas que solo contribuirán a desvertebrar más este país nuestro que todavía se llama España?

Reforma de la Justicia, no digo que no. Pero que no siempre paguen los mismos. En ese caso las cabeceras comarcales.

También parece ser propósito de esta reforma liquidar las Audiencias Provinciales. Pues digo lo mismo. Han resistido toda clase de regímenes y gobiernos y ahora parece que sobran, que vale con centralizar todos los recursos en el juzgado territorial de cada autonomía, que en nuestro caso está en Albacete. Puestas así las cosas, para Guadalajara significaría, como nos está sucediendo con la muralla que han levantado sobre los hospitales de Madrid, alejar todavía más a la administración del administrado. Y entonces no tenemos  más remedio que repreguntarnos: ¿Pero qué diablos hace Guadalajara en una autonomía en la que no esté Madrid?

A mí que me expliquen que hemos hechos los tontos de Guadalajara para que el desarrollo del Estado de las Autonomías nos haya situado a la justicia y a la sanidad  más lejos que en los tiempos del oprobioso centralismo. ¡Que alguien me lo explique porque es que me da la risa!

Esto es lo que hay, paisanos.

Es verdad que en el horizonte se divisan algunos signos leves de recuperación económica, y que España ya no está en el alambre, como el año pasado, con su economía al borde de la intervención, pero no es menos cierto que las relaciones económicas entre las empresas están bajo mínimos y la tristeza impregna la vida ciudadana.

Pese a que los sacerdotes de la macroeconomía han escrutado los intestinos de las aves en el templo de De Guindos y nos indican que ya parecen menos negros, entre el ciudadano corriente y moliente está lejos de percibirse. Todo lo contrario. El problema es que llevamos ya 7 años largos de crisis, y las cifras del paro, aunque empiezan a tocar fondo, distan todavía un largo trecho para que podamos empezar a hablar en España de un crecimiento sostenido del empleo neto. Y sucede en cambio que las prestaciones de desempleo comienzan a agotarse y el trabajo sigue sin aparecer por ningún lado. En Guadalajara en concreto el 37% de los 23.674 parados registrados carecen de cualquier ingreso. Estamos hablando por tanto de 8.781 parados que han perdido el escudo del Estado de Bienestar europeo, con poco o ninguno dinero ahorrrado y que ya han pasado a depender de la solidaridad de familias y amigos, o de la caridad.

Los que peinamos canas no hemos conocido una situación como esta. En Guadalajara nos acordamos de ese comedor que tenía el Auxilio Social en la plaza de los Caídos en los años 50 y 60, y al que acudían primero los niños pobres para comer caliente. Y si sobraba algo, se repartía entre los adultos que llegaban con una escudella o una lata vieja. Ya no hay comedor del Auxilio Social y niños descalzos por la calle, pero solo porque esa labor ahora la está haciendo Cáritas y Accem, que han tenido que ampliar las plazas de su comedor solidario hasta 350. Además de ello, el Ayuntamiento de Guadalajara concede 600 ayudas diarias de comida a través del Banco de Alimentos y sus servicios sociales han tenido que atender a 295 familias sin ningún ingreso (765 adultos y 303 menores de edad); y a otras 232 familias con ingresos superiores o iguales a 425 euros. Tampoco hay cartilla de racionamiento, pero el Ayuntamiento se ha tenido que inventar el llamado Monedero Solidario, por el que tres grandes superficies de la ciudad harán descuentos hasta del 20% en alimentos frescos a los poseedores de esa tarjeta solidaria—antes la llamábamos de caridad—que paga el municipio. Mientras pueda.

Este es el panorama que hoy tenemos en la capital, pero que no es muy distinto del que podríamos ofrece de otros municipios grandes de la provincia, y que transmite una tristeza general, que va íntimamente ligada a la crisis. Porque las crisis empiezan siendo primero un estado de ánimo.

En estas circunstancias, cualquier presupuesto que se precie debe reflejar ese aumento de la cuota de solidaridad con los que peor lo están pasando, para atajar situaciones de verdadera emergencia, pero teniendo muy claro que no hay mayor acto de solidaridad que favorecer las condiciones para que las empresas vuelvan a crear empleo..

Decía hace unos días el alcalde Román que había que garantizar la estabilidad presupuestaria del Ayuntamiento y que para ello no iba a incrementar el déficit. Eso está bien, porque un ayuntamiento con déficit al final es un ayuntamiento endeudado, y por extensión un ayuntamiento que mantiene una alta presión fiscal. Mismamente el de Guadalajara, que en los dos últimos años ha subido la contribución urbana (el IBI) un 30%, y según se desprende de lo que recientemente dijo a los periodistas podría producirse una nueva “actualización” de los valores este año, algunos me dicen que podría llegar hasta el 10%. Y me sorprende, claro, porque cómo se puede hablar de “actualizar” valores catastrales cuando los inmuebles llevan cinco años seguidos depreciándose en la capital. ¡Pero qué broma es esta! Lo razonable es que se bajaran, pero ya sabemos que esto no es posible según reconoció el concejal de Hacienda en el último pleno por el hundimiento de la recaudación de los impuestos relacionados con la construcción. Es decir, el Ayuntamiento tiene un problema estructural de recaudación no resuelto.

Rigor presupuestario, sí, pero si se hace a costa de subir la presión fiscal, y no por la vía de la reducción del gasto ordinario, lo que se conseguirá es el efecto contrario. Que cada vez habrá menos contribuyentes y estaremos más empobrecidos para seguir aportando a la hucha común de la ciudad. Espero igualmente con interés el resto de las ordenanzas fiscales. Ya sabemos, por lo que nos dijo el alcalde, que unas bajarán y otras subirán, supongo que estas últimas las más, aunque habrá que seguir con especial interés lo que pasará con la tasa del agua en donde hay que repercutir un 36% de la subida del agua en alta que la MAS impone a sus ayuntamientos, para pagar las nuevas obras, que fiscalmente hablando, llegan en un momento muy inoportuno. La oposición de izquierdas habla de una subida de un 30%, aunque por lo que me llega la repercusión de los distintos gastos que lleva el agua tradicionalmente se ha hecho de una forma progresiva y parece que no excederá del 15%. En cualquier caso, demasiado para un escenario de recesión.

Ya no estoy hablando de que me bajen los impuestos, como sería coherente con un gobierno de centro-derecha, pero por lo menos que no nos los suban como si gobernase la izquierda más intervencionista. Porque cuando un partido acaba perdiendo sus referencias ideológicas, al final acaba perdiendo otras cosas. Que se lo pregunten al PSOE.

Esto es lo que hay.

Esta semana se produjo en el parlamento regional el debate sobre el techo de gasto que tendrá Castilla-La Mancha para los presupuestos de 2014, que supongo verían cuatro gatos por internet. En GuadalajaraDiario lo dimos la relevancia que se merece, todas las opiniones quedaron expuestas, y llega ahora el turno de la reflexión.

Arturo Romaní, que es un consejero competente, y que tuvo el reto de coger una hacienda regional que estaba en ruinas, y no salió corriendo hasta Berlín, puso el énfasis en que a pesar de tener para gastar 160 millones menos, se va a poder “preservar y garantizar los servicios sociales básicos, universales, gratuitos y de calidad para todos los castellano-manchegos”. Esto quiere decir, en román paladino, que el gobierno regional no va a cerrar hospitales o residencias de ancianos, porque para eso todavía queda, no sabemos hasta cuándo, pero en lo tocante a la calidad nadie puede negar que cada vez es más difícil mantenerla si cada año bajamos el gasto, solamente a base de hacer la gestión más eficiente. Suena muy bien, pero es complicado.

Tenemos entonces 160 millones menos para gastar, que según Romaní es debido esencialmente a que el sistema de financiación es “nefasto” para Castilla-La Mancha, porque se van a recibir 129 millones menos por el Fondo de Suficiencia. Y les recuerdo que este fondo de compensación se creó en la etapa de Zapatero para que todas las comunidades, también las más pobres –entre las que se encuentra CLM– pudieran garantizar los servicios esenciales en materia de salud y servicios sociales. Los socialistas discreparon con Romaní en el sentido de que el problema viene sobre todo por la caída de los tributos propios –hablaron de 463 millones menos en ingresos propios no financieros–, a lo que el consejero respondió que crecieron 16,7 millones, un 4%. Lo que omitió Romaní es que gobierno de Cospedal también ha subido tasas e impuestos, y creado nuevos gravámenes para capear la caída de la recaudación, y que somos nuevamente los contribuyentes y empresas de esta región los que pagamos el descosido de las arcas públicas.

Los socialistas castigaron a Romaní con una evidencia: si hay 160 millones menos de gasto, los famosos recortes no solamente se van a mantener, sino que se incrementarán. Pero volvieron a defraudarme con la solución que propusieron como alternativa a ese recorte de 160 millones. Crear nuevos impuestos a las entidades financieras por los depósitos que tengan en la región, a las compañías distribuidoras de electricidad, a las que degradan el medio ambiente –se referían a los pantanos– y para los ricos oficiales de la autonomía, que se suponen que son los que ganan más de 80.000 euros al año.

Este discurso obrerista que consiste en decir que son las grandes fortunas y la gran empresa los que van a pagar este desajuste suena muy bien para los mítines, pero cada vez hay menos gente que se lo compre. Porque el pueblo español no se chupa el dedo y sabe que si se suben los impuestos a la distribución eléctrica, más pronto o más tarde, lo repercutirán en el recibo que pagamos los usuarios; si se crea un nuevo impuesto a los depósitos, lo que harán los bancos es lo que hacen ya, subir las comisiones de operación y mantenimiento, que cualquier día nos van cobrar solo por entrar a una entidad de crédito. Y gravar las rentas a los que cobran más de 80.000 euros y explicar que con eso pagarían las grandes fortunas es sencillamente una estupidez, porque las grandes fortunas no tributan por la renta sino por el impuesto de sociedades, y lo único que conseguirían es que los profesionales más destacados pidan refugio fiscal en Madrid y trasladarían allí su domicilio fiscal. Pero no es únicamente que la facilona receta de subir impuestos para compensar la caída de la recaudación solo contribuye a alargar la salida de la crisis, como ha quedado ampliamente demostrado en España, sino que ni el propio Martínez Guijarro se cree que en el 2014 sacaríamos 200 millones con estos nuevos gravámenes. Con lo que al final se acabaría generando más déficit, por lo tanto más deuda, y nos instalaríamos en un ciclo pernicioso del que no habría manera de salir.

Tenemos por tanto dos hechos ciertos, el sistema de financiación autonómica es nefasto para CLM, como dijo Romaní, y un pronóstico que no lo es menos, que es el que avanzó el portavoz socialista: que en el ejercicio 2014 los recortes y sacrificios serán todavía mayores para el ciudadano corriente, con lo que no se creerá una sola palabra cuando oiga que hay signos de recuperación, aunque sean verdad. Por lo tanto, más frustración.

Llegados a este punto, sucede que los políticos no quieren reconocer la mayor. Y es que como se ha advertido más de una vez desde Alemania – y frau Merkel ha vuelto a ganar– este sistema autonómico español de 17 autonomías peleadas, cuyas competencias no están acotadas por la Constitución se hace insostenible. Ahora, por ejemplo, parece que Rajoy quiere compensar a Cataluña con una nueva financiación, para frenar la deriva separatista –que por otro lado no va a conseguir–, y que lo que se traduce al final es que Cataluña aporte menos a la caja común española, con lo que no nos engañemos: esos 129 millones menos del Fondo de Suficiencia para Castilla-La Mancha en pocos años serán 200 o 300. Porque no es solo Cataluña la que apela a la independencia económica, Madrid, Baleares o Comunidad Valenciana también quieren cambiar el sistema de financiación, pero para reducir todavía más los fondos de Suficiencia y Cohesión, con lo que llegados a ese punto autonomías como Castilla-La Mancha no serían sostenibles, o estarían condenadas a un menor nivel de desarrollo. Sería la España de dos velocidades.

Por mucho que a Rajoy le dé urticaria sobre lo que está pasando en Cataluña, y se ponga de perfil, hay algo que cada vez es más patente. La Constitución necesita una reforma de su título VIII para tratar de acomodar en ella a las autonomías históricas –Cataluña, País Vasco y Galicia–, y al mismo tiempo ver qué se hace con las demás, para que sean sostenibles, y frau Merkel no nos corra a gorrazos. Es complicado, porque habría que armar una nueva mayoría constitucional, como se hizo durante la Transición, pero no hay otro remedio. Hay que hablar de financiación, sí, pero también de fusión de autonomías, de gestión compartida entre el Estado y las comunidades que lo deseen las competencias en materia de sanidad y servicios sociales –lo que es el cuerpo del Estado del Bienestar– y de encajar a las autonomías vasca, catalana y gallega en la arquitectura constitucional española por otros cuarenta años.

De lo contrario este país regresará a la inestabilidad de siglos pasados y en autonomías como esta de Castilla-La Mancha, cada vez que se discuta el techo de gasto nos vamos a encontrar con el debate de este año. Que habrá menos dinero procedente de la caja común.

Esto es lo que hay, aunque no se quiera reconocer. Porque la política de hoy solo piensa en el corto plazo. No hay luces largas,como diría Montoro. Y con Rajoy, más.

Las Ferias han salido bastante bien. Porque sucede que con este modelo que nos hemos dado, la animación está garantizada con tal de que haga buen  tiempo. Pero este año he tenido la sensación de ver más gente que nunca en  calles, plazas y praderas durante las noches del largo fin de semana. También en los bares y en las terrazas del centro, cosa que antes no sucedía.

Tal es así, que el debate sobre el nuevo recinto Ferial, polémico cuando se inauguró, ha quedado zanjado. En Guadalajara, en Ferias, hay gente pa tó, como diría el Guerra, y da para tener tres zonas de expansión, jolgorio y bailoteo. Una, en el mentado Ferial. Dos, en el Eje del Botellón, que va desde la Fuente de la Niña hasta La Concordia. Y tres, en la plaza de Santo Domingo, cuyas actuaciones musicales estuvieron  muy concurridas.  A estos tres lugares podemos añadir un cuarto, la plaza Mayor, que  este año ha acogido a la nueva muestra de Teatro Popular, que con la fórmula de poner comedias de toda la vida, de esas que hacen la vida alegre al público, han  llenado todas las noches con un público maduro, que ya no está en edad de ir de botellón o a los conciertos de la Fuente la Niña.

Y de ese público quería hablarles. Yo estoy con el alcalde cuando dice que las fiestas de Guadalajara están en la calle, así que no estoy cuestionando ese modelo charanguero, que saca a 50.000 personas a las calles de Guadalajara durante el fin de semana, y en el que las peñas, sus carpas y verberas son las reinas del mambo. Pero, y lo dice un viejo peñista, nuestras fiestas son  de trazo duro, hay que tener un cuerpo muy joven para soportarlas,  y en la Guadalajara actual  hay otro tipo de público, como se detecta en las encuestas,  que no se reconocen ese modelo, y que aprovecha estos días para salir de vacaciones o marcharse al pueblo.

Creo que ha llegado el momento de dar satisfacción a este sector de vecinos, cada vez más numerosos, que demanda algo más que cha-cha-chay rock and roll. No hay que cambiar nada, simplemente aportar algo más.  Tanto el éxito del teatro de la plaza Mayor como los monólogos de Leo Harlem, han demostrado que existe hueco para este tipo de público, más sereno y reposado. En realidad, siempre lo hubo y recuerdo la semana de teatro y revista que organizaba con éxito la familia Luengo en el viejo Coliseo. O mucho antes, en el teatro Liceo. No hay que inventar nada.

Lamentablemente, ya no hay teatro privados en Guadalajara, pero existe un teatro Buero Vallejo, dirigido por gente con experiencia, y que bien podrían programarnos una semana variadita a base  de teatro, música, danzas, humor y monólogos. De pago, por supuesto, no habría que agrandar la bolsa  de la concejalía de Festejos.  Estoy seguro de que sería un éxito, y no por ello se iba reducir esa animación en la calle, de la que habla el alcalde. Y se repararía un  agujero que tiene el modelo actual con miles de ciudadanos a los que tanta bulla no les pone.

Esto es lo que hay. Se me olvidaba: He echado mucho de menos esas noches en los Jardines del Infantado. Tampoco han tenido su alternativa.

Un resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales –no es una sentencia, pero en sus 24 folios los fundamentos de la decisión están muy detallados- ha tirado por tierra el principal proyecto de la legislatura de Antonio Román, lo que se ha dado en llamar filosofía Smart City, consistente en vincular la gestión del servicio y su retribución con la calidad del mismo, lo que por otro lado es un principio plausible al que el ayuntamiento no debería renunciar. De hecho, ya ha dicho Román que no lo hará. En cambio, sí tendrá que revisar de arriba abajo todo lo referente a la agrupación de servicios por cuanto la resolución supone un varapalo para la tesis defendida por la comisión de contratación, que preside el concejal de Obras Jaime Carnicero, y cuyo informe “sorprendentemente no se encuentra firmado por ningún componente del mismo, sino por un despacho de abogados”, según cita la resolución judicial aludiendo al conocido bufete Cuatrecasas, por el que el Ayuntamiento ha pagado unos 60.000 euros, que incluirían la retribución a una consultora (Deloitte) por la redacción de los pliegos de condiciones técnicos- administrativos.

La primera consecuencia de este fracaso es que el Ayuntamiento pensaba ahorrar mediante este primer megacontrato 1,5 millones de euros, “ahorro que se iba a trasladar de manera directa a la ciudad reduciendo los impuestos, y eso es lo que realmente no quería la oposición”, en palabras del alcalde. Es notorio que la oposición ha celebrado como un gran éxito esta resolución, ya que tanto PSOE como IU son los recurrentes, pero eso a mí me da igual. Lo que sí me preocupa como vecino –y contribuyente, que no es igual- de esta ciudad es que ya el alcalde está sugiriendo que no solo no van a bajar los impuestos sino que los podrían subir para poder mantener la calidad de los servicios. Y esto me pone los vellos de punta teniendo en cuenta que el IBI o contribución urbana, el impuesto principal del que se nutre el Ayuntamiento, ya subió en torno al 22% en el último año y el concejal de Hacienda reconoció que no hay margen para una rebaja cuando en el último pleno se rechazó una moción del Grupo Socialista para reducir su coeficiente del 0,63% al 0,53%. Y si la concejalía de Hacienda ha dicho esto hay que creerla, porque su titular Alfonso Esteban se ha ganado la credibilidad en esta legislatura buscando recursos hasta debajo de las piedras, y haciendo lo que no se había hecho nunca. Inspeccionar las matrículas de los impuestos y tasas que paganos algunos –iba a escribir erróneamente todos– porque se han detectado bolsas de fraude por importe de 1,4 millones como consecuencia de que unas 2.000 unidades urbanas no tributan el IBI y unas 800 no estaban dadas de alta en el padrón de basuras. Así no hay manera de cuadrar las cuentas.

Por lo tanto, la conclusión más negativa de toda esta historia del megacontrato de servicios municipales es que sería el contribuyente el que pague las consecuencias del fracaso. Y miedo me da porque todavía queda por venir la subida de las tasas del agua, donde por un lado hay una petición de Guadalagua para revisar sus precios y además el Ayuntamiento tendrá necesariamente que repercutir la subida del agua en alta aprobada por la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, que también preside el señor Carnicero, para empezar a pagar su famosa tercera conducción, que no puede venir en peor momento, porque aumenta la presión fiscal en el segundo tramo de la legislatura, y el electorado de clases medias del PP es especialmente sensible a ello. Porque se presume que las políticas de alta fiscalidad son propias del intervencionismo de izquierdas más cañí. ¿Para qué votamos entonces al PP?, se preguntarán. Un regalito para la oposición.

Varapalo jurídico.- Pero si estas son las consecuencias, la sentencia deja también en evidencia la gestión y tramitación jurídica de todo este proceso, por mucha asesoría de Cuatrecasas y Deloitte que hubiera por medio. Los más interesados pueden consultar la sentencia AQUÍ, así que voy con lo principal.

El meollo de la cuestión es que la sentencia tira por tierra la tesis del órgano de contratación municipal de que estuviéramos en presencia de un contrato de gestión de servicios públicos, sino de un contrato de servicios, como sostiene la oposición, que suena a lo mismo aunque jurídicamente es radicalmente diferente. Y abona esta tesis el hecho de que la retribución del contratista se satisfaga directamente por el Ayuntamiento de manera independiente del grado de utilización de los servicios de los usuarios.

A juicio del Tribunal, el hecho de que el contratista acepte voluntariamente una disminución de la cantidad fija pactada en el contrato si no cumple los estándares de calidad fijados en el mismo, “no puede considerarse como una asunción voluntaria de los riesgos derivados de aquel”. Y concluye: “El hecho de que pueda disminuirse hasta un 6% la retribución del contratista en caso de una mala calidad en la ejecución del contrato [como argumentaba el órgano de contratación] no puede suponer que este asuma el riesgo del mismo, puesto que la disminución de la retribución es solo una consecuencia de la mala calidad en la ejecución del contrato”, dice la resolución, y precisan aun más: “No de factores externos como el uso que del servicios hagan los ciudadanos”. El Tribunal cita expresamente que la exigencia de ese riesgo necesario “no se produce en la mayoría de las prestaciones” y este es un “elemento sustancial para caracterizar el contrato mixto como de gestión de servicios públicos”. Y a continuación pone algunos ejemplos ilustrativos: ni siquiera en la prestación del suministro de energía eléctrica su puede decir que haya habido una transmisión del riesgo de demanda, y cita los casos de los semáforos o la energía que va a consumir el alumbrado, que “ya se conoce de antemano”.

El Tribunal rechaza de plano otra de las tesis clave del órgano de Contratación, y es que estuviéramos ante un contrato mixto, porque para ello es imprescindible que las prestaciones de servicios “se encuentren directamente vinculadas”. Pues bien, el Tribunal no ve por ninguna parte qué relación tiene que haber “entre la gestión del alumbrado público, por ejemplo, y la recogida y transporte de residuos sólidos urbanos”. E igualmente “resulta difícil considerar que se puedan encontrar vinculadas entre sí, por ejemplo, el mantenimiento del sistema de bicicletas de uso público, la gestión del alumbrado público, o la limpieza y mantenimiento de parques y jardines”.

Hay que recordar que el Ayuntamiento tenía previsto sacar en unos días un segundo megacontrato para la agrupación en este caso de la gestión integral de los edificios municipales, que ascendería a 72 millones de euros, y también por 17 años prorrogables por otros tres. Supongo que todo esto se mirará ahora a la luz de esta resolución, que lo deja muy clarito: “Las prestaciones vinculadas deben ser aquellas que tengan una “relación material directa porque las materias a las que afecten versen sobre cuestiones muy próximas”. En ese caso de la gestión integral de los edificios municipales aparentemente sí se cumpliría el requisito, aunque habrá que tener en cuenta otras cosas. A saber.

El Tribunal ha dejado meridianamente claro, y apoyado en la jurisprudencia suficiente, que también se ha vulnerado el principio de concurrencia, un hecho especialmente relevante para cualquier partido que defienda los ideales de la economía de mercado. Pues bien, la duración de este contrato (17 años, prorrogables a 3) “vulnera el principio de la libre concurrencia, porque excluye la posibilidad de concurrir al contrato a otros licitadores en el futuro”. Y este principio es presumible que afectaría también a la agrupación de la gestión de los edificios municipales, así que mucho ojo.

Por si no fuera poco, hay otra consideración que establece el Tribunal, en ese caso procedimental. Al tratarse de un contrato de servicios vulnera también la normativa europea, ya que por la cuantía del contrato habría requerido su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea para facilitar una mayor concurrencia de empresas.

El alcalde Antonio Román hace un ejercicio de realismo al avanzar que no cree que el Ayuntamiento recurra esta resolución. La verdad es que no le queda otra. Los contratos de limpieza y recogida de residuos terminan en octubre, lo que exige soluciones inmediatas. Ojalá que esta vez haya más tino del demostrado en este trascendental asunto de la agrupación de servicios, porque las prisas no son buenas consejeras.

Esto es lo que hay.

Pie de foto: El alcalde Antonio Román, con gesto serio, flanqueado por los tenientes de alcalde Juan Antonio de las Heras y Jaime Carnicero, este último también responsable de la comisión de contratación, en la rueda de prensa que dio tras conocerse la resolución judicial.

Entre el Jesús Parra que jura la Constitución al tomar posesión como diputado provincial y el joven Jesús Parra que saluda al estilo falangista en el valle de los Caídos, yo prefiero quedarme con esa primera imagen. Desde que coincidí hace mucho tiempo con mi admirado Paco Fernández Ordóñez en aquellos años de la Transición en la que unos pocos nos empeñamos en alcanzar la democracia sin tenernos que liar otra vez a tiros, me quedé con una frase que a menudo repetía cuando algún cretino le afeaba haber sido presidente del INI con Franco. “Mire usted-decía muy tranquilo- los únicos que no cambian son los diamantes”.

El problema no era entonces en que desde las filas del llamado franquismo sociológico hubiera algunos que se quisieran pasar al bando de la democracia. Empezando por Adolfo Suárez o su mentor el ex ministro Herrero Tejedor. El problema siempre estuvo en los que erre que erre siguieron inasequibles al desaliento hasta cinco minutos después de fracasar el golpe del 23 F. Y por muy asentado que ahora parezca el régimen democrático, siempre será mejor que bajen al valle los que estaban asilvestrados allá en los riscos con las cabras que se tiren al monte millones de personas por no ver en el sistema democrático la solución a sus problemas. No olvidemos que en los tiempos de las grandes crisis europeas, así sucedió. Y para arreglarlo se necesitaron dos guerras mundiales.

El joven Parra podría haber salido mejor de este lío si se hubiera limitado a pedir disculpas sinceras, no al secretario de las Juventudes Socialistas, sino a los votantes que dan la confianza al PP pensando que es un partido democrático, y que no les gusta ver a sus representantes políticos saludando a la romana por santuarios y peñas recreativas. ¡Pues claro que hay gente que tiene que sentirse molesta! La duda ofende.

¿Pecados de juventud? Yo lo podría perdonar, por la única razón de que Jesús Parra no era entonces diputado provincial. Y por seguir las enseñanzas de Ordóñez. Pero Parra, en lugar de optar por la sincera disculpa, ser humilde y reiterar su compromiso con la democracia y la Constitución española, en el comunicado de ¿rectificación? se mete en otro jardín sin ninguna necesidad, y cae en descalificaciones generales tan absurdas como las que vierte sobre el PSOE y la izquierda por su presunto desprecio a la democracia y a la Constitución. Eso se llama equivocarse dos veces.

Mi querido Manolo Martín Ferrand, catedrático de los periodistas de mi generación, que se nos ha ido en silencio, escribió muchas veces sobre esa soberbia sobrevenida que parece afectar especialmente a políticos de las nuevas generaciones, que parecen empeñados en seguir alimentando un guerracivilismo tan estúpido como pernicioso. Y así escuchamos soflamas de jóvenes aspirantes a políticos, que parecen sacadas de la mochila del general Lister o disquisiciones sobre la intrínseca maldad de la izquierda que podrían figurar en la contracrónica de la prensa del Movimiento sobre el famoso contubernio de Munich.

Querido Manolo, maestro, cada vez hay más gente entre nuestros políticos que no tiene ni puñetera idea de lo que cada parte tuvo que ceder para lograr la primera constitución de consenso desde 1812. ¿Qué no hemos sabido explicar?

En teoría  la idea estaba bien, y algunos lo habíamos pensado más de una vez. El autobús urbano de Guadalajara tenía tantas paradas  que las frecuencias se hacían demasiado largas. Tal vez lo que se imponía era reducir el número de esas paradas, andar solo un poquito más, pero a cambio disponer de un servicio más rápido. No parecía malo el cambio.

La idea de que hay que ir a esperar al autobús, no esperar a que el autobús venga a recogerte a la puerta de casa, que se la escuché al concejal de transporte, Juan Antonio de las Heras, sonaba bien. A mí no me alarmó. Pero cuando pasan los meses, y la caída de pasajeros sigue sin tocar fondo (en los 3 primeros meses disminuyeron en 400.000 el número de viajeros y solo en julio 125.000 más) es obvio que estamos ante un problema más complejo y que ni el Ayuntamiento ni la empresa de movilidad que le asesora en estos asuntos  acierta con la tecla.

Yo les confieso que cojo muy poco el autobús, pero la gente de mi entorno que sí lo hace me habla fundamentalmente de que, con las nuevas líneas, el centro ha quedado muy mal comunicado con los nuevos barrios y que algunas paradas se han alejado tanto que el usuario se lo piensa. También es obvio que ha influido un elemento que es común a todas las ciudades, como es la situación económica. La crisis no solo ha reducido el poder adquisitivo de la familia media española, y en una ciudad como Guadalajara, donde las distancias no son tan grandes, miles de personas han sustituido el viaje en el autobús por el sano paseo; en eso hemos salido ganando. Pero hay más, el paro y el descenso de la actividad económica han recortado los viajes y desplazamientos laborales con carácter general, también  en el transporte público de las ciudades. Pero no solo los autobuses urbanos: si algún día toman un taxi, pregúntenle al taxista. En Madrid uno me dijo que con la crisis la gente se ha olvidado de que existen los taxis.

Esta es una consecuencia más de la caída consumo — que se lo pregunten también a un gigante como El Corte Ingles, que ha presentado los peores resultados de sus historia–, un desplome en el gasto familiar que no se reactivará mientras no haya más trabajo, más crédito y una mayor masa monetaria circulando. Y teniendo en cuenta que la deuda de España sigue estando por las nubes, todavía más la privada, que nadie se piense que esto se puede arreglar con milagrosas políticas de gasto expansivo al estilo del Plan Zapatero. El horizonte es un cambio de ciclo largo y especialmente en la creación de empleo. No existen los milagros, solo el rigor en las reformas.

Hago esta excursión sobre la situación económica general para reconocer que hay problemas externos en la desafección hacia los autobuses urbanos de Guadalajara, pero haría muy mal el equipo de Gobierno en rehuir las causas internas que los provocan.  ¿Qué dicen los estudios técnicos que supongo se habrán hecho en los últimos meses?

A la vuelta de vacaciones, hay que coger el toro por los cuernos, sencillamente porque si la caída de los usuarios sigue sin tocar fondo, y se reducen los ingresos por viajeros todavía más, el sistema se haría insostenible y habría que revisar o rescindir el contrato con la adjudicataria; todo un lío. Y esta decisión la tiene que tomar el equipo de Gobierno, no ninguna mesa de movilidad, con participación de asociaciones y la asamblea de Nanterre.  Es obligación de un Ayuntamiento escuchar al ciudadano, e incluso a la oposición, que en este asunto se ha limitado a dar cera al gobierno municipal, y están en su papel. Pero al final es ese gobierno municipal el que toma las decisiones, y a la vista de la última caída de viajeros en Julio, un 35% menos que en el mismo mes de  2012, los cambios  no se pueden demorar.

Esto es lo que hay.

María Dolores Cospedal cometió el jueves una mentirijilla al decir ante el juez Ruz de la Audiencia Nacional que no leía El Mundo. La número dos del primer partido de España no se puede permitir el lujo de ignorar lo que publica el segundo periódico en papel más vendido en España, y seguro que los periodistas que hacen los resúmenes de prensa para la jefa popular  no serán tan frívolos como para despreciar sus contenidos.  Pero es que no hay mayor insulto que decir a un director de periódico, y más a  Pedro J. Ramírez, un periodista enorme que siempre demostró saber cómo vender  periódicos –y ahora  lo que pasa es que cada vez se venden menos periódicos impresos–, no hay mayor provocación, repito, que Cospedal  declarase en la Audiencia que ella no lee El Mundo. Mucho peor que le hubiera llamado perro judío. Solo  era cuestión de esperar unos días, tal vez horas, para saber cómo Pedro J. le devolvería el directo en la misma mandíbula del periodista, y fue en el editorial de este domingo. En el mismo, El Mundo se posiciona contra la figura de la secretaria general y termina: “Cuando se anuncia en el ambiente una reestructuración en el PP, parece que el partido no deposite ni demasiadas expectativas ni demasiado poder en manos de Cospedal. El crédito de la secretaria general está, a día de hoy, hipotecado”.

Coincido con Pedro J. en que el Partido Popular necesita cambios,  y seguro que más profundos de los que abordará Rajoy, porque la desafección entre su electorado no es poca, pero no me parece a mí que Cospedal esté en peligro de ser arrastrada por la corriente purificadora. Es más, todo parece indicar de que será ella la que pilote esa renovación, y que como cualquier castigo exige una cabeza en la pica, ya se ha puesto en la faena de identificarla, para luego ensartarla. Esta cabeza tiene un nombre, y se llama Javier Arenas, el amigo de Bárcenas que negoció esa “indemnización en diferido” a la que se refirió Cospedal en una inolvidable expresión, y que se tradujo en una vergonzosa nómina de 18.000 euros al mes por no hacer nada, y de paso mantener la boca cerrada. El Mundo y los críticos de Cospedal han puesto mucho el acento en que la declaración de la secretaria general  estaba metiendo en el ajo al propio Rajoy, aunque el entorno de Cospedal  lo niega. Al final, va a ser lo mismo, porque lo supiera o dejara de saberlo, y al igual que sucedió a González con los Gal, en la exigencia de responsabilidades no se va a llegar tan arriba y este lío de Bárcenas acabará con Arenas…posiblemente en Estrasburgo, y en una limpieza general de los peones políticos que estuvieron en el PP más próximos al ex tesorero, contra quien solo un dirigente popular se ha querellado a título particular. Cospedal.

Hace algún tiempo que llevo diciendo que el doble trabajo de Cospedal en el PP le está empezando a pasar factura negativa a su desempeño como presidenta de Castilla-La Mancha. Por no hablar de que cualquier cuerpo humano, incluso el de Cospedal, está sometido  a un desgaste físico y mental  que sobrepasarlo  puede conducir al agotamiento.

Pues bien, ahora ya sé que lo último que Cospedal  se plantearía sería dejar la secretaria general. A no ser que se lo pidiera Rajoy. Y nada  más lejos de las intenciones del líder popular que montar un relevo traumático en el partido, ahora que la prima de riesgo nos permite encarar el futuro con algo de optimismo. Ni de broma.

Cospedal seguirá de número dos y por mucho que le pese al albacea periodístico de Bárcenas, las expectativas de cara a septiembre están con ella. 

Esto es lo que hay.

El sistema territorial español avanza sin solución hacia un modelo federal  asimétrico (por eso el discurso federalista de Rubalcaba es irrelevante y solo vale para el consumo interno en su relación con el PSC) en el que cada vez más las autonomías deberán valerse por sí mismas en la gestión de los servicios, del cual la sanidad es el paradigma. De hecho, la crisis asestó un golpe de muerte al servicio sanitario como concepto universal y español, por encima de las comunidades autónomas que ejercen sus competencias, y todo debido a la quiebra del Fondo de Cohesión -ese que los nacionalistas quieren hacerlo desaparecer del todo-,  que compensaba las atenciones que se prestaban unas autonomías a otras. Las fronteras son ahora  más altas  entre las 17 autonomías españolas, hasta el punto de que esas prestaciones son hoy inexistentes más allá de los servicios de urgencia. La crisis provocó primero los impagos de esos servicios con lo que estos dejaron de prestarse entre las comunidades autónomas; y segundo, la revisión por completo del sistema de atención sanitaria, como veremos más adelante, con un solo objeto: la disminución del gasto sanitario –inevitable ante la caída de los ingresos fiscales–, lo que inevitablemente nos lleva a que los “nacionales” de las respectivas autonomías sean atendidos en sus respectivos “territorios”, sencillamente porque es más barato que la factura que nos enviaría la autonomía vecina. Así llegó el cierre de los hospitales madrileños a los “nacionales castellano-manchegos” de Guadalajara y el inicio del turismo sanitario entre las cinco provincias de  la región. Lo que dijeron que nunca pasaría. 

Hay que encajar el sistema dentro del sistema, y como es su obligación, el consejero de Sanidad, José Ignacio Echániz, se ha puesto con ello. Con un criterio elemental de economía de gestión pretende crear sinergias y ahorros entre los distintos hospitales del Sescam, que dejarán de ser un universo cerrado en sí mismos, para formar parte de una red hospitalaria con objetivos comunes, que es el propio Sescam.  Y así se enmarca la política de apertura de nuevos quirófanos que trabajarán para toda la comunidad autónoma, uno en Ciudad Real y dos en Albacete, y que favorecerá tanto a la reducción de las listas de espera como el mentado turismo sanitario interregional, especialmente molesto para  las provincias periféricas, como la de Guadalajara. En esa plausible línea  de buena gestión y aprovechamiento de los recursos propios anunciada recientemente por Echániz, para reducir las listas de espera, se enmarca que  los hospitales de Almansa y Hellín apoyarán al área de Albacete, el de Valdepeñas al Hospital de Ciudad Real, el de Talavera al Hospital de Toledo y el de Tomelloso prestará apoyo al Hospital La Mancha Centro.

¿Dónde está entonces el problema?  Que por ningún lado aparece el hospital de  Guadalajara, porque las sinergias y ahorros que pudieran generarse se deberían concertar con otros hospitales cercanos, por ejemplo, el del Henares en Alcalá o con algún hospital de referencia en Madrid. Y así sucede que mientras reconozco el buen propósito de Echániz por trata de encajar y hacer sostenible la gestión de la sanidad autonómica, la que se desencaja en cada golpe de tuerca es la provincia de Guadalajara por su  excéntrica ubicación al otro lado de la comunidad de Madrid, con la que limitamos, y que ahora nos divide a efectos de prestación de servicios. Echániz resolvió lo que estuvo en su mano, la asistencia a los municipios del Señorío de Molina en la raya con la comunidad de Aragón,  porque estábamos hablando de apenas unas 2.000 cartillas, pero queda pendiente, tal vez para nunca, los otros 250.000 habitantes de Guadalajara  que ahora tendrán que ir a operarse en los citados quirófanos de Albacete y Ciudad Real, sencillamente porque son los que les corresponden. Item más.

¿Quién puede criticar la decisión de la Junta de crear un Conservatorio Superior de Música en Albacete, que empezará a funcionar el próximo curso, o incluso las razones que dio el consejero de Cultura, Marcial Marín?  Quien destacó  el «esfuerzo económico del Gobierno regional, que invertirá más de 3 millones de euros»; y finalmente se congratuló de esta guisa: «Evitaremos que los alumnos de música tengan que desplazarse a otras comunidades autónomas para continuar sus estudios». Felicito al señor Marín por su logro, porque además entiendo que los conservatorios de Madrid o del Levante quedaban un poco lejos a la parte manchega de la comunidad, pero espero que se equivoque en su pronóstico, y que no se “evite” a los alumnos de Guadalajara  seguir con desplazamientos de  55 kilómetros al prestigioso Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, que nos queda en las inmediaciones de la estación de Atocha, y los cambiemos por los casi 300 que deberían realizar para llegar hasta el nuevo conservatorio de Albacete. Mejor se lo preguntaré a mi hermano, que estudió en Atocha, y tomaba todos los días en tren, sobre qué opina de tal «logro», pero mucho me temo que al tener ya un conservatorio superior en Castilla-la Mancha la cosa acabará complicándose para los de Guadalajara. Como con los hospitales de Madrid.

Cada vez que se encajan las autonomías y se hacen consiguientemente más autónomas, la que cruje es Guadalajara en su relación natural con Madrid. Pasó también con las tasas de la Universidad de Alcalá de Henares, a la que pertenece  nuestra provincia, que en algunas carreras han llegado a ser casi el doble de lo que se paga por ellas en la Universidad de Castilla-La Mancha. A la oposición de izquierdas se le ha ocurrido que sea la autonomía la que pague la diferencia o en su defecto la Diputación de Guadalajara, que pasaba por allí. Por pedir que no quede, pero todos ellos saben que esto tiene mala pinta y que lo que realmente quieren sugerirnos desde Toledo es que si tan poco nos gusta lo que está pasando, lo que deberíamos hacer es dejar el distrito universitario de Alcalá y pasarnos al de Castilla-La Mancha. Y si ya vamos a operarnos a Albacete, y nadie se amotina contra el Sescan,  también podríamos ir a estudiar Derecho a la capital manchega, y no a Alcalá, aunque esté a 15 minutos en tren. Nada es imposible en ese estado federal asimétrico en el que se ha convertido España; pero que nadie dude que cuando el consejero de Economía de Madrid sube las tasas universitarias, poniendo como excusa que el objetivo de déficit madrileño va a ser más exigente que el catalán,  lo que también  está haciendo es encajar los gastos en los ingresos previstos por su comunidad, y a partir de ahí tomar una decisión política. En este caso la subida de las tasas. Y es una quimera pretender que Guadalajara tenga un tratamiento distinto porque esté en otra autonomía.

Créanme. España va a zancadas hacia el estado federal asimétrico, y aunque este gobierno ha tocado algunas cositas en temas como la unidad de mercado, el sistema de fondo no se cuestiona, nadie se pregunta si no ha sido un error traspasar las competencias en Sanidad y Educación, porque las diferencias interregionales son cada vez mayores y cómo esto influirá en la  calidad de los servicios; y menos aún si un país de tamaño medio, como España, se puede permitir 17 estados autonómicos y si no ha llegado la hora fusionarlos para ahorrarnos la mitad de ellos. Esta medida la lleva en su programa el cristianodemócrata Reiner Haseloff, que plantea la fusión de tres de los Lander alemanes –Sajonia, Anhal y Turingi-, con el objeto de racionalizar los costes y de tener más peso político en las decisiones del Bundesrat, el senado alemán. ¿Por qué no aquí, en España? ¿Por qué no una sola comunidad entre Madrid y Castilla-La Mancha, la solución por la que personalmente abogo?

Esto es lo que viene: Cada encaje que tenga que hacer la comunidad de la que formamos parte desencajará más la relación de Guadalajara con Madrid, que es fundamental para esta provincia. Y la prueba del 9 está en que el convenio sanitario de Aragón no se ha extendido a la comunidad de Madrid.  

El estatus por el que nacieron las comunidades en España ha cambiado lo suficiente como para que se haga necesario  dar la voz al ciudadano sobre hasta dónde se quiere llegar y con quién. Con más motivo del referéndum que reclaman algunos sobre si las Cortes regionales deberían tener 60 o 30 diputados.  Fruslerías.

P.D.  También se desencajó el fútbol en esta provincia el día en que a los equipos de Guadalajara se les impidió seguir jugando contra los equipos de Madrid, y se les impuso el turismo deportivo a La Mancha. ¿Pero alguien se cree que el Deportivo jugaría este año en el grupo andaluz si perteneciéramos a la misma autonomía que Madrid? Esto es lo que hay