En los últimos días, cualificados portavoces de la izquierda han cargado contra las diputaciones provinciales aprovechando el borrón que ha echado la de Guadalajara al situarse como la menos transparente de las 45 existentes en España, a juicio de la la asociación privada Transparencia Internacional, entre cuyos directivos está Antonio Garrigues Walkers, así que no es una panda de rojos propagandistas.

No es objeto de este artículo entrar en el detalle sobre los criterios que establece la citada asociación para establecer esa valoración, aunque algunas reacciones dan pie a alguna reflexión. Por parte del equipo de Gobierno, les ha faltado deportividad y autocrítica para aceptar el diagnóstico, porque se ha limitado a negar la mayor, descalificando el estudio en cuestión, como los malos estudiantes, en lugar de analizarlo a fondo y comprometerse públicamente en mejorar para la próxima evaluación. Este equipo de Gobierno que preside la señora Guarinos necesita un programa de refuerzo a lo Abriendo Caminos en materia de transparencia, y empeñarse algo más en los contenidos que ofrece en su página web — en lugar de perseguir fantasmas y castigar al mensajero–, en esa loable línea de estimular el trabajo y el esfuerzo que nos reclama el despellejado ministro Wert, un tipo de buenas intenciones pero impolítico en la negociación.

Y luego está la oposición. En casi cuarenta años de periodismo y de padecer la soberbia del poder de turno, cuanto más absoluto más soberbio, jamás he encontrado a político alguno que despotrique de las diputaciones cuando les toca gobernarlas; todos lo hacen cuando las pierden. Pero lo peor de todo es que cuando llegan al gobierno central no hacen absolutamente nada para reformarlas y hacerlas más democráticas, por lo que ese discurso falsario queda para cuando pasan a la oposición. Como sucede ahora en Guadalajara.

He leído declaraciones tanto del diputado de Izquierda Unida, Francisco Riaño, como del secretario provincial del PSOE, Pablo Bellido, que vienen a decir lo mismo: como las diputaciones son poco transparentes y democráticas, tienen que ir cediendo poderes a otras instituciones y finalmente desaparecer.

Pues bien, como yo no me presento a las elecciones, insisto en lo que llevo escribiendo desde hace lustros. Las diputaciones son necesarias, y en una provincia con más de doscientos mini-ayuntamientos, como la de Guadalajara, todavía lo son más. ¿Qué pasaría si desaparece la Diputación? Que sus competencias de asistencia al municipio deberían trasladarse a otra institución. ¿Delegarlas en los ayuntamientos? Imposible, salvo para los municipios con más de 50.000 habitantes. La única solución sería por tanto trasladarlas a las autonomías, engordar todavía más su burocracia y alejar más el poder de decisión desde las provincias al Toledo de turno. ¿Es eso lo que quieren los portavoces de la izquierda provincial?

El caso de la contaminación del agua en Hiendelaencina ha demostrado que los pequeños ayuntamientos necesitan de instituciones para resolver sus problemas. Y que cuando las relaciones no funcionan, por culpa de la política sectaria, pues las soluciones se atascan.

Soy partidario por tanto de no seguir alimentando el monstruo autonómico con más funcionarios –en CLM tenemos 50.000 empleados públicos– y nuevas competencias, y de que las diputaciones tengan un papel destacado como garante de los servicios hacia los pequeños ayuntamientos, en la línea que va la reforma del Gobierno, pero eso exige además una reforma de las propias diputaciones. Los citados portavoces de la izquierda provincial dicen que las diputaciones tienen déficit democrático, es cierto, y no hablemos del talante, pero el problema no está en la institución, como tal, ese ayuntamiento de ayuntamientos para la asistencia a los municipios, la falla está en que el procedimiento de elección de las diputaciones no es democrático, aunque la institución sea democrática, porque emana de la Constitución misma.

No se puede fortalecer el papel de las diputaciones provinciales sin reformar al mismo tiempo su mecanismo de elección, que no es que las haga opacas per se, sino que las convierte en clandestinas. El ciudadano ignora por completo cómo se elige a la diputación, pero es que si llegara a saberlo le parecería perverso. Porque habrá electores que quieran votar a Román para alcalde de Guadalajara, pero no al mismo tiempo a Guarinos como presidenta de la Diputación. O a la inversa; que quiere que Guarinos sea la presidenta, pero tiene otro candidato preferido como alcalde.

Pues bien, la mayoría de la gente desconoce que los votos a las candidaturas municipales sirven para elegir a los diputados provinciales de distrito sin que el elector tenga arte o parte en la constitución de la Diputación si no es de forma indirecta. Son los partidos los que ponen al presidente/a y a los diputados; y punto pelota. El elector no pinta ni copas, hasta el punto de que las elecciones locales se celebran muchas veces sin que los partidos de turno hayan designado un candidato previo a la presidencia de la Diputación, como si esto fuera la Cuba de Fidel Castro o la España de Primo de Rivera.

Ahora que se cumple el bicentenario de la creación de la Diputación de Guadalajara con Molina sigo pensando que las diputaciones son un buen invento que nos legó la administración napoleónica –es una lástima que no copiáramos también otras cosas de su modelo territorial—y que tienen unas plantillas de funcionarios, normalmente eficientes y muy preparados. Otra cosa es que les den el trabajo adecuado. No hay que mandarlos a todos a Toledo para que Guadalajara funcione.

Lo que hay que hacer es democratizar la institución y reverdecer los antiguos ideales de la revolución liberal que las creó en el Cádiz de 1812.

Háganse elecciones directas a las diputaciones, con urna aparte y candidaturas diferenciadas. Y ganen sus diputados la representación de la que ahora carecen.

Con ello su presidente/a y diputados provinciales tendrían además una mayor autonomía de acción, ya que su cargo sería electo y directo.

Ahora no dejan de ser unos meros delegados del partido de turno, perfectamente intercambiables, que no deben el puesto al ciudadano, como sucede en el caso de los alcaldes, sino al aparato del partido ya sea provincial-para los diputados- o regional –en la elección del presidente-.

El modelo de las diputaciones no es malo. Pero o se reforman y se democratizan o desde luego que desaparecerán en poco tiempo.

Esto es lo que hay.

Los hosteleros capitalinos están encantados con los resultados que ha tenido la 7ª Ruta de la Tapa, que organiza la Federación Provincial de Turismo de Guadalajara de la Ceoe.

Los datos presentados son ciertamente elocuentes: se han servidos unas 25.000 tapas a lo largo de los dos fines de semana que ha durado el evento en el que han participado 37 establecimientos. Cada uno de estos bares ha servido una media de 650 tapas a lo largo de los 6 días que duraba la citada Ruta. Y otra cosas muy importante: los hosteleros reconocen que se ha notado una influencia mayor de clientes, tanto de los habituales, pero sobre todo de aquellos que se acercaron al bar atraídos por la oferta de 1 euro por tapa.

Me alegro del éxito de esta ruta, pero debo repetir algo que ya he escrito otras veces: ¿Y por qué no una ruta de la tapa todo el año? La mejor noticia que podríamos dar para el año que viene es que no hay Ruta de la Tapa; o como sucede en las ciudades con tradición por el tapeo que se convierten en rutas con una unidad temática. Por ejemplo, tapas de setas como las que se dan este mes en la vecina Soria.

Es inimaginable que en San Sebastián, Pamplona, Logroño, León… se pueda anunciar una Ruta de la Tapa, sin más, a palo seco. Porque la ruta dura todo el año. En Guadalajara, hay que anunciar las tapas, porque no es lo habitual en nuestros bares, que tradicionalmente las han considerado una amenaza para las raciones, que se suponía dejaban más dinero. Pues bien, desde el mismo momento en que se detecta que con las tapas hay una influencia mayor de clientes, tanto de los habituales como de los que se acercaron al bar al reclamo de esa tapa, parece obvio que los gustos han cambiado.

Han sido los grandes chefs, primero la factoría de Ferrán Adriá, y más recientemente David Muñoz, el nuevo 3 estrellas madrileño con su restaurante DiverXO, los primeros que se dieron cuenta de por dónde venían los vientos. Ellos saben que solo con la alta cocina es muy difícil hacer rentable a un restaurante, y por ello han creado segundas marcas –Muñoz, StreetXO—con las que buscan equilibrar el negocio en conjunto a base de una cocina urbana y low cost, que ha puesto a las tapas en el centro de su oferta. ¡Y vaya que funciona! En Guadalajara, el propietario del Amparito Roca, Jesús Velasco, ya ha diversificado su negocio con bares de copas y una segunda marca en el Buero Vallejo, que va por ese camino.

La crisis ha puesto en cuestión casi todos los modelos de negocios, pero especialmente los relacionados con el consumo, en el que se mueve la hostelería. El ciudadano reduce el gasto de lo que considera más superfluo, y eso incluye salir a cenar; por ello están progresando tanto las tiendas de comida preparada. También en Guadalajara.

Pero a los españoles nos gusta salir; otra cosa es que nos lo podamos permitir. Y esto supone cambios: el principal, que no queremos sorpresas cuando nos sentamos a una mesa, y por eso rehuimos cada vez más la comida a la carta, y preferimos los menús a precio cerrado; que no tienen que ser necesariamente uno solo. La segunda consecuencia es la caída en la demanda de las raciones tradicionales, caras y excesivas para el gusto actual, y su sustitución por esa comida low cost –al estilo Indalo, por poner una franquicia que está en Guadalajara- y los bares o gastrobares que han apostado por el tapeo, ya sea tradicional o creativo. No abundan precisamente en Guadalajara, aunque algo se empieza a mover.

Ojalá que el éxito de esta Ruta de la Tapa haya servido para animar al sector hostelero de nuestra ciudad y provincia para iniciar esa etapa de reformas, que superen los malos tiempos que todavía vivimos. Si uno va a San Sebastián y acaba cenando a base de pintxos es porque están riquísimos, porque los hay de todos los precios y te entran por los ojos en mostradores repletos de ellos. No todos tienen que valer 1 euro.

En Guadalajara, ni tenemos tapeo, ni un casco antiguo que lo cultive y haga de él un modelo de negocio, como en otras ciudades. Siempre lo he echado de menos. Solo hay que ver cómo se ha degradado Bardales, todo un símbolo de otra época.

Hay que distinguirse. Diferenciarse. Buscar el cliente en cada hora del día. ¿Por qué no una ruta de la tapa todo el año?

Esto es lo que hay.

El vertido de Hiendelaencina se ha politizado hasta los tuétanos, y como suele ocurrir en estos casos la polvareda levantada ha sido tal que al final nos olvidamos de lo fundamental: que en Hiendelaencina resisten como héroes un centenar de vecinos, la mayoría mayores, en una situación parecida a la de un asedio medieval. No hay agua en las casas desde el 5 de octubre, ¡hace 45 días,ya! con lo que no pueden ducharse y hacer las tareas de la casa como personas civilizadas, y deben conformarse con el agua que Diputación les sirve en una cuba. Esto es lo realmente importa, dar una solución a estos vecinos, y todo lo demás es accesorio. Sin embargo, hay pasos que es necesario dar.

El primero de ellos es determinar de quién es la responsabilidad del vertido, y eso solo lo puede hacer la Justicia. Extraña por tanto que se haya tardado tanto en poner las denuncias por parte del Ayuntamiento de Hiendelaencina, y que solo se haya hecho con la distribuidora del gasoil, dejando al margen a la propiedad de la casa rural. Desde la Junta de Comunidades y el PP, se está poniendo el acento en que todo se produce como consecuencia de que no existía una válvula de seguridad en los depósitos de la casa rural que impidiera el acceso del gasoil a la red de abastecimiento.

Como el asunto no está claro, deberá ser un tribunal el que delimite las responsabilidades y es bueno que lo haga cuanto antes para que puedan actuar las aseguradoras. Pero el problema viene ahora: ¿Y qué hacemos mientras tanto? ¿Dejamos a los vecinos de Hiendelaencina sin agua en sus casas durante…¿meses? ¿años? ¿Los condenamos a que regresen a la edad de piedra? ¿Y a sus hosteleros a la ruina?

Cuando cese la marabunta política, Ayuntamiento, Junta y Diputación deben sentarse y encontrar una solución financiera –seguramente un crédito—que permita la realización de los análisis y las obras consiguientes. Les recordamos que la parte de la conducción afectada debe ser arrancada y posteriormente sustituida. Y falta por saber cómo ha afectado el vertido a las conducciones internas en las viviendas.

No estoy pidiendo que ninguna administración pública cargue por este estropicio con el dinero de todos. Pero es obvio que alguien tiene que adelantar la inversión en forma de préstamo extraordinario , porque tampoco se puede mandar de regreso a todo un pueblo a la España del subdesarrollo , y a las mujeres a lavar en el arroyo y a los más limpios a ducharse con un barreño y la palangana.

El Ayuntamiento de Hiendelaencina parece que no tiene recursos para avalar un gasto que se puede elevar al millón de euros. Pues bien, cuando pase la marabunta, habrá que ayudarlo, aunque el alcalde sea de la oposición. Esto es lo que hay.

P.D. Me preocupa que Echániz no dijera nada sobre el acuerdo sanitario con Madrid a pesar de la interpelación directa que le hizo el portavoz socialista en el debate sobre la ratificación del acuerdo de asistencia sanitaria con Aragón, que es el tercero que firma CLM tras el de Valencia y Castilla y León. El diputado David Atienza dijo el otro día que el consejero sigue trabajando en ello, pero que hay “sustanciales diferencias” porque a diferencia con los convenios anteriores, Madrid no nos transfiere pacientes y nosotros sí a ellos. Y eso vale dinero, añado yo. Nada nuevo. Pero también vale dinero acabar el faraónico Hospital de Toledo, que parece ser la prioridad del gobierno regional.

Sabemos que el asunto no es sencillo, pero si hay alguien capacitado para llevar esta negociación es Echániz, que ha sido consejero de Sanidad en ambas autonomías .Iñaki, no nos defraudes. Tu bien sabes que no es solución condenar a la periferia del territorio de Castilla-La Mancha a un alejamiento de sus hospitales más cercanos. Como dijo el portavoz del PP en el citado debate, “la accesibilidad sanitaria gana con la proximidad de los servicios por encima de cualquier división administrativa«. Que se lo digan a los miles de personas que tienen que ir a consulta o a hospitalización a Toledo, Ciudad Real o Albacete después de pasar al lado por todos los hospitales de Madrid. Tienen que estar encantados con los beneficios que ha tenido para sus vidas la “descentralización” de la España de las autonomías.

El ciudadano no tiene la culpa de que esta comunidad esté mal trazada, metieran en ella a Guadalajara sin consultar y se dejaran luego a Madrid fuera. No lo olviden.

Al presidente de la Comunidad Valenciana le están criticando en clave interna por haber cerrado la televisión autonómica, porque piensan que no le va a venir bien a los intereses electorales del PP a menos de dos años de las elecciones autonómicas. Sin embargo, yo más bien creo que si el PP pierde las elecciones en Valencia va a ser por otras cosas derivadas de la megalómana gestión de Francisco Camps, un tipo que se creyó el mismísimo Obama y que gobernaba una comunidad de infinito recursos, como se ha visto por la deuda que ha dejado el pavo.

Alberto Fabra ha tenido por tanto un gesto de honestidad, porque ¿qué podía hacer? ¿Seguir recortando la Sanidad y la Educación de los valencianos para llenar más el pozo sin fondo en el que se convirtió la televisión autonómica? El balance es de película de terror: con 1.700 trabajadores de plantilla, más que Tele 5 y Antena 3 juntas, solo el coste de los gastos de personal se elevaban en 2014 a 72 millones de euros y en el presupuesto había consignados 107 millones para pagar la deuda, que ya alcanzaba los 1.000 millones de euros. ¡Viva Valencia!

La televisión valenciana es un eslabón podrido más de esa España de las autonomías que vio como lo más normal del mundo que cada comunidad, a imagen y semejanza del Estado, tuviera su propia televisión, pero luego nadie se preocupó de su viabilidad económica. Y el ejemplo más vergonzoso lo tenemos en esa corporación de TV3, que en plena era de recortes sociales tiene más presupuesto y subvención institucional que nunca. Esto demuestra las prioridades del nacionalismo: el proceso de construcción nacional de Cataluña, del cual TV3 es su abanderado, está por encima de la salud o la educación del pueblo. ¿A qué les recuerda?

Pero sin llegar a este grado de papanatismo, lo sucedido con la televisión valenciana debería ser un punto de inflexión sobre el papel que deberían desempeñar las televisiones y radios autonómicas en un futuro en el que el propio Estado del Bienestar está en regresión, y sometido a reformas para que su arquitectura no se venga debajo del todo.

Yo soy partidario de que haya algún medio de comunicación público, y que sirva en su programación a un interés público, aunque por ello no tenga obligación de competir con las audiencias con las cadenas privadas. Pero esto no significa que cada administración pública en España tenga que tener un medio público, que tampoco lo son, porque en nuestro país lo público se confunde con lo gubernamental y la información con la propaganda. Así nos ha sucedido que por todo el país han proliferado emporios de comunicación financiados por autonomías y ayuntamientos, especialmente, que no han hecho más que engordar el déficit público y contaminar el mercado publicitario, contribuyendo a su hundimiento general. Por lo que hemos visto en la misma Guadalajara, el intervencionismo informativo antiliberal no solo disminuye sino que se acrecienta.

No hay visos de que esto cambie. La misma Cospedal llegó a Castilla-La Mancha con la idea de privatizar la televisión, pero se le han enfriado los ánimos a medida que se acercan las elecciones. Ahora se excusa con el argumento de que hay que esperar a que lleguen tiempos más propicios, que dudo mucho que vuelvan alguna vez, pues no va a ser fácil que una empresa privada quiera asumir una plantilla de 441 personas, que en 2012 costó al erario público regional 38,7 millones de euros. En consecuencia, ese camino está cerrado, en mi opinión.

El problema, por tanto, es de modelo. Lo que se está demostrando inviable es que cada gobierno regional tenga una televisión para manejar a su antojo, porque eso es carísimo y lo acabamos pagando todos de nuestro bolsillo. Nunca debió haber televisiones autonómicas, y sobre todo en regiones que no tienen dos lenguas cooficiales.

La gran paradoja de todo esto es que hay una solución; y es fácil. Con los cientos de millones que se ahorrarían las autonomías se podrían firmar convenios con los centros territoriales de RTVE en cada autonomía, y a partir de ahí, aumentar la producción propia en cada uno de ellos, haciéndola compatible con la programación nacional.

¿Todavía estamos a tiempo? Solo si PP y PSOE estuvieran dispuestos a negociar un nuevo modelo de televisión pública, duradero, y que valiera para todos.¿Un imposible, como una ley de Educación por consenso, que nunca la hemos tenido?

De momento, esto es lo que hay. Y es la ruina.

Estos son los hechos.

Sábado 5 de octubre. Varios vecinos de Hiendelaencina avisan al Ayuntamiento de que el agua salía roja y parecía gasoil. Con posterioridad se averiguó que este gasoil tenía su origen en una casa rural del pueblo. Por causas que la investigación deberá aclarar, unos 300 litros de gasoil acabaron en la red de abastecimiento de agua. El pueblo se suministra desde entonces mediante cisternas, que les sirve Diputación.

14 de octubre. Mañana. Ha pasado una semana y el alcalde de Hiendalencina se confiesa desesperado.Declara a nestro diario que han estado unos técnicos de Sanidad de Sigüenza y «me han acojonado del todo». Porque la solución que le han dado es arrancar las tuberías, incluidas las de las viviendas,ya que puede haber bolsas en ciertos sitios, que se pueden mover en dos o tres meses. Ha contactado con con Repsol, con Cepsa, y con otras empresas, y cada una dice una cosa.

14 de octubre. Tarde.El servicio de Salud Pública de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales informa en un comunicado que el agua de la red municipal de Hiendelaencina es «apta para el consumo humano». Según se afirma en una nota oficial, «las últimas muestras recogidas han sido negativas por lo que los vecinos pueden utilizar el agua de la red municipal».

14 de octubre. Noche. El Ayuntamiento de Hiendelaencina, gobernado por el PSOE, exige a la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales una confirmación explícita y por escrito de que el agua de toda la red municipal es apta para consumo humano y puede ser utilizada por los vecinos. A pesar de que el Servicio de Salud Pública lo ha confirmado a través una nota de prensa, «el Ayuntamiento tan solo ha recibido los resultados de los análisis efectuados el pasado día 8 de octubre en varios puntos de la localidad, acompañados por un escrito que no se corresponde en absoluto con las afirmaciones transmitidas a través de los medios de comunicación», dice el Ayuntamiento de Hiendelanecina en un comunicado emitido con posterioridad. “La coordinadora de los servicios periféricos de Sanidad se ha limitado a decirnos que las muestras tomadas en unos lugares concretos y en un momento concreto no están contaminadas, pero de ahí no se puede deducir que toda la red esté limpia”, subraya el alcalde, Mariano Escribano.

15 de octubre. El delegado de la Junta en Comunidades en Guadalajara, José Luis Condado, asegura que “el hecho de que el agua sea o no potable no lo dictamina una decisión política, sino que se basa en unos informes técnicos realizados tras análisis científicos”. Condado realizó estas declaraciones para salir al paso de las “infundadas críticas” de los representantes del Partido Socialista en las censuraron, “desde la total ignorancia”, la forma de actuar de la Junta de Comunidades en el caso del vertido de gasoil en la red municipal de Hiendelaencina. También informa que Salud Pública seguirá haciendo controles, para la total tranquilidad de los vecinos.

15 de octubre. A pesar de las recomendaciones de Sanidad, el alcalde de Hiendelaencina, Mariano Escribano, decide mantener el Bando Municipal que prohíbe el consumo de agua potable hasta que no le comuniquen por escrito que el agua se puede beber sin riesgo. La portavoz socialista María Antonia Pérez León califica de «temeridad» la decisión Salud Pública.

31 de octubre. Mañana. La directora general de Salud Pública, Drogodependencias y Consumo, María Dolores Rubio, rectifica la posición inicial de su departamento y asegura que no es aconsejable utilizar el agua de la red de abastecimiento de Hiendelencina «tanto para el uso en la cocción de alimentos, en la limpieza de la vivienda y en el aseo personal». En un nuevo comunicado de Salud Pública, que ignora el emitido por ese mismo servicio el 14 de octubre, se dice lo siguiente:«En primer lugar, se mantiene la recomendación del primer día de no consumir agua de la red, y emplear las cisternas de Diputación. La prohibición en el uso de agua es tanto para el uso en la cocción de alimentos, en la limpieza de la vivienda y en aseo personal». Rubio informa también que «los técnicos han concluido que la opción recomendada es la sustitución parcial de los tramos de la red afectados por el vertido accidental”.

31 de octubre. Tarde. El diputado socialista Luis S. Tierraseca, comparece de urgencia en el PSOE en una rueda de prensa en la que no está ni el alcalde de Hiendalencina ni la portavoz de Sanidad del partido. En ella acusa de «incompetencia, ineptitud e improvisación» a los responsables de la Junta de Comunidades. También pone el acento en que el suministrador del gasoleo fue una empresa del alcalde de Jadraque, Alberto Domínguez, del PP, y llegó a decir que fue causada por ella.

Estos son los hechos. Ahora vienen las valoraciones.

1.-El alcalde de Hiedelaencina obró con prudencia al mantener su bando mientras no recibiese una comunicación por escrito que garantizara la potabilidad del agua.

2.-La Junta de Comunidades se precipitó al declarar potable el agua el 15 de octubre sin esperar a nuevos análisis.

3.- El delegado de la Junta, José Luis Condado, patina en la gestión de esta crisis al calificar de «infundadas» las sospechas del alcalde de Hiendelaencina. Pero acierta al garantizar que seguirán haciéndose controles.

4.- Salud Pública falta a la verdad cuando dice que se mantiene la recomendación del primer día de no consumir agua de la red. Y el que falta a la verdad es…

5.- El diputado socialista Luis Tierraseca se equivoca al poner el acento en que la empresa suministradora del gasoil es propiedad de un dirigente del PP y responsabilizándola de lo ocurrido. Al día de hoy no se sabe con certeza de quién es el error, si del operario de suministrador o de la casa rural, y por qué el gasoil acaba en la red de abastecimiento. Será un tribunal el que determine quién es el responsable, porque de ahí se derivarán las cuantiosas reclamaciones que harán los perjudicados. Por último, mezclar la actividad empresarial de un señor que ocasionalmente ocupa un cargo público con las responsabilidades de un partido político es un desatino. ¡Ni que hubiera sido Ana Guarinos la que manejó la manguera de la cisterna!

6.- El alcalde de Hiendelaencina hizo bien desmarcándose de esa rueda de prensa, porque lo que tiene que buscar ahora es la colaboración institucional de la Junta y la Diputación para solucionar un problema complejísimo, con muchas aristas legales. Y no olvidemos que los medios de ese ayuntamiento son un teléfono y un secretario, que va dos veces por semana.

7.-Ni que decir tiene, que falta por realizar un estudio para determinar qué tramos de tuberías deben ser arrancados y quién adelantará el dinero a los vecinos que tengan que sustituir las tuberías, hasta que un juzgado delimite esas responsabilidades.

8.- El consejero de Sanidad, José Ignacio Echániz, a buen seguro que tomará también sus decisiones a la vista de lo ocurrido y de la gestión que se ha hecho de esta crisis. Que no ha acabado, ni mucho nenos.

Pero de momento. Esto es lo que hay, y no me ha gustado.

Medio millar de cartas entregó en la Delegación de la Junta de Comunidades la Plataforma “Salvar Bonaval” reclamando una intervención urgente de las administraciones para evitar el hundimiento total de esa decrépita joya del gótico cisterciense, ubicada en un bucólico paisaje junto al alto Jarama.
Para mí es frustrante hablar de Bonaval. Son tantos los reportajes que he realizado sobre él en los medios más diversos, desde el viejo Flores y Abejas hasta Televisión Española, que ya no me creo nada de lo que se haga o lo que se diga sobre su pretendida rehabilitación. Yo pensaba que por fin se iba a hacer algo cuando se declaró Bien Interés Cultural en 1992 y empezó a llegar dinero a la Junta de Comunidades con los ingresos de la construcción. El clima político también parecía favorable, porque llegamos a tener hasta cuatro consejeras de Guadalajara en Educación, Cultura y Turismo, los departamentos más afectados. Pero se nos pasó el arroz y los años felices de la Belle Epoque en la Hacienda autonómica…Y no se hizo nada. Ni con Bono, ni con Barreda. Los sillares siguieron cayéndose en la abadía de Bonaval.

La excusa oficial ha sido la multi-propiedad de Bonaval, que podría tratarse de un bien mostrenco. Es verdad que el lío es fenomenal, porque terrenos y abadía son comunales y en el Registro de Propiedad y en los archivos de de los ayuntamientos afectados no hay manera de seguir la pista a los herederos de aquellas 46 familias que originariamente detentaban la propiedad. Los últimos apuntes oficiales datan nada menos de 1819.

En ello siempre se ampararon las administraciones para no hacer nada. Pero no es verdad. Al ser un Bien de Interés Cultural hay formulas legales para que el Estado y la Autonomía puedan intervenir en aplicación de la Ley de Patrimonio. Mi vecino de blog, Jesús Orea lo escribe en su post. El actual delegado de la Junta, José Luis Condado, lo sabe muy bien. El otro día se comprometió a que por lo menos se consolidarán los muros exteriores para que no se caiga del todo. Le felicitaré por ello, y ojalá que consiga que se habiliten los fondos necesarios. Pero bien sabe que solo será un parche, hasta que se acometa una reconstrucción completa y luego se asegure su mantenimiento. ¿Lo veremos algún día? Por los antecedentes que tenemos, no soy optimista. Habría que pensar en algo original: dado que la orden del Cister proviene de Francia: ¿Por qué no se lo cedemos al Estado Francés, que en estas cosas de la cultura y el patrimonio siempre han sido más cuidadosos?

P.D.1 Un mapa de suelo industrial de Guadalajara en el que faltan 3 de los cinco municipios más industrializados de la provincia, Azuqueca, Alovera y Marchamalo, es como poco una chapuza de mapa. Los socialistas lo achacan a una represalia, pero Condado dice que no, que también hay otros municipios socialistas que están incluidos. Es cierto, pero no deja de ser casualidad que se hayan quedado fuera de él los de Azuqueca y Marchamalo, cuyos alcaldes son los números uno y dos del PSOE provincial, y el de Alovera, gobernado por una alcaldesa convertida en el azote del PP, formación en el que empezó su carrera política aunque ahora gobierna en coalición con el PSOE. Dice José Luis Condado que el error se corregirá, se supone que cuando se hagan nuevas ediciones. Es lo procedente.
El problema de fondo es cómo en este país la política puede llegar a ser tan sectaria, que se traslada hasta los mapas. Entre unos y otros, han convertido al Conde de Romanones en un ejemplo de ecuanimidad.
¡Ay si Don Álvaro levantara la cabeza y viera a esta tropa!

P.D.2 Si en Madrid bajan los impuestos y encima los de Guadalajara no podemos ser asistidos en sus hospitales, como sucedía antes en la época del oprobioso centralismo, que no se extrañen algunos alcaldes por qué tanto les cuesta a muchos paisanos trasladar el empadronamiento a su pueblo, aunque ya vivan en él durante más días del año que en Madrid. Pero algunos políticos, que no los ciudadanos, decidieron en la Transición que Madrid y Guadalajara no estarían en la misma autonomía…Y esto es lo que hay.

¡Sí, yo también reclamo una reforma de la Constitución, como Duran Lleida! ¿O es que se piensan los nacionalistas que si se abre el melón es para que se lo coman entero ellos, con piel y todo?

El viernes se debaten las ordenanzas fiscales para 2014, que regirán en el Ayuntamiento de Guadalajara durante el próximo ejercicio. Se trata por tanto de un retrato fiscal en el que el actual equipo de Gobierno no ha resultado muy favorecido, porque lejos de cumplir su programa y contener la presión fiscal, con subidas no superiores al IPC, en la capital se han disparado algunos impuestos con gran incidencia en el bolsillo del ciudadano, como es el IBI o la tasa del agua. El próximo año, sin embargo, el alcalde Antonio Román asegura que se van a pagar menos tasas a impuestos. ¿Es esto verdad? Vamos con ello.

A pesar de que este año, las ordenanzas fiscales son un batiburrillo de subidas y bajadas que pueden marear al contribuyente, hechos son hechos y datos son datos. Hay bajadas en la tasa de vehículos (3%), Basura (3,2%), Plusvalía (que pasa de un tipo de 29,9 a un 27) y Construcciones (del 4 al 3,6) y del IBI un 6,5%, en el tramo que es competencia del Ayuntamiento. Por el contrario, la tarifa que más sube es la del agua –en torno a un 30% de incremento, estima la oposición-, dado que como reconoce el alcalde es debido tanto a que cuesta más cara en alta –por la subida superior al 30% que ha aplicado la MAS—y porque hay que llegar al equilibrio presupuestario en la concesión, como se estipuló en el contrato. Para calcular la nueva tarifa habrá que tener en cuenta lo siguiente: habrá que pagar un 10 por ciento más en el recibo del agua cuando se consuma hasta 60 m3; un 11 por ciento, entre 60 y 90 m3; el 21 por ciento, si el consumo está entre 90 y 120 m3 y si el consumo supera los 120 m3 el recibo aumentará en un 40,7 por ciento. Por último, en el caso del alcantarillado, la actualización del metro cúbico será de entre el 4 y el 7% para el 85% de la población, según cálculo del concejal de Economía.

Estos son los datos. A partir de ahí, cada contribuyente puede hacer sus cálculos en función de los impuestos y tasas que pague, y opinar con mejor criterio sobre lo que dice la propaganda, que Román baja los impuestos y las tasas a los vecinos de Guadalajara o si estamos ante un engaño para disfrazar la realidad (Magdalena Valerio), porque en conjunto la carga fiscal también subirá en el 2014.

De mi cosecha particular, y aunque las celebre, califico de “ligeras” las bajadas en vehículos y basuras, por dos razones: porque Guadalajara sigue teniendo un impuesto de circulación alto en comparación con otras ciudades del entorno y porque en basuras hay un superávit en la liquidación, lo que parece es debido a que se ha mejorado la matrícula al incorporar a contribuyentes que no pagaban, felicidades en este caso.

Mucho más complejo es valorar la subida del agua, que la oposición de izquierdas va a politizar todo lo que pueda y que imputará a la privatización del servicio. A río revuelto…En ese sentido, que la importante subida de la MAS que preside Jaime Carnicero haya coincidido con la regularización del contrato con Guadalagua, para llegar a un equilibrio en la concesión, es munición gratis para PSOE e IU.

Dejo para el final el asunto del IBI, que es lo que peor digiero. El concejal de Hacienda cuantificó la rebaja en un 6,5%, porque bajará del 0,63% al 0,59% el porcentaje que fija el Ayuntamiento, pero la realidad es que la base de liquidación aumentará un 7%, porque en ella hay que repercutir la subida de los valores catastrales aprobada por Hacienda para el año que viene. Esto es lo que me llevan los demonios. Porque mientras los propietarios de una casa en Guadalajara han visto como su valor en el mercado ha caído hasta un 50%, dependiendo del lugar donde esté, la contribución urbana no ha hecho más que subir y subir (hasta un 40% durante el mandato de Román, según estimaciones de la portavoz socialista). Si el valor de los inmuebles ha bajado en España desde finales de 2007 un 50% no puede ser que los valores catastrales se incrementen. A eso se llama saqueo. De hecho, ha habido ayuntamientos que los han bajado, y ya se ha repercutido en el recibo. No es el caso de Guadalajara.

Se empeña el alcalde en echar la culpa a la oposición de que no se hayan podido bajar más los impuestos. Pues vuelve a equivocarse, porque cuando se gobierna, como él, con 3 concejales por encima de la mayoría absoluta, la oposición no pinta ni copas. Así que los responsables en el fracaso de los megacontratos deberá encontrarlos entre los concejales y asesores que han pilotado este tren, y que el Tribunal Administrativo Central mandó parar. No ha sido solo la oposición, sino la Ley y el Estado de Derecho el que lo ha frenado.

Aunque la mayoría absoluta puede acabar distorsionando la percepción de la realidad, como se ha comprobado tantas veces, no le vendría mal a este envarado equipo de Gobierno un mínimo de autocrítica, sobre todo porque la idea de agrupar servicios y aprovechar las sinergias es buena. Sólo que habrá que determinar mejor qué servicios pueden ser agrupados, por cuánto tiempo y en qué régimen de concesión administrativa para que se ajuste tanto a la normativa estatal como a la Europea, y haya un mayor control sobre las empresas que gestionan los citados servicios. En fin, una oportunidad perdida para haberse distinguido de una gestión más heterodoxa en reformas que toquen lo público y que haría un gobierno de coalición PSOE-IU.
Esto es lo que hay.

P.D. 1.-Las rebajas que propone la oposición, todas me parecen bien, pero ni las comento porque el día que vuelvan a ganar se olvidarán de ellas, porque tampoco les cuadrarán las cuentas, y se resistirán a bajar el gasto ordinario.

P.D.2.- Según datos de la Sociedad de Tasación, el precio de la vivienda libre ha caído en España casi un 50% desde los máximos de 2007. El metro cuadrado se paga en torno a 1.200 euros, la mitad de lo que llegó a pagarse cuando la vivienda alcanzó su punto más alto, allá por el segundo trimestre de 2007 y prácticamente lo mismo que en 2002, cuando la burbuja inmobiliaria comenzaba a inflarse.

Yo siempre he tenido a Alberto Ruiz-Gallardón por uno de los políticos con mayor fuste del  Partido Popular. Moderado, transversal, fronterizo, permeable y poco dogmático, como deben ser los políticos modernos, sin lugar a dudas que fue el gran alcalde del Madrid contemporáneo, y aunque no estuviera impregnado de la aureola mística de Enrique Tierno, al que le aburrían la burocracia y los asuntos municipales, su ejecutoria no resiste comparación con ningún otro alcalde, desde Carlos III, claro.

Ruiz-Gallardón cumplió su ciclo en el Ayuntamiento y se pasó a la política nacional, y Rajoy le encargó la reforma de la Justicia, que es algo así como la revolución pendiente de los falangistas, aquella de la que hablaba Girón de Velasco y nunca se sabía ni lo que era ni cuándo vendría. Llevo toda mi vida oyendo hablar de la reforma de la Justicia, pero lo único que sé es que cada vez su acceso a ella es más cara y no por ello ha ganado en eficacia.

Yo no voy a hacer aquí un análisis exhaustivo de lo que pretende el señor ministro de Gracia y Justicia, porque está lejos de mi alcance y posibilidades,  e incluso acepto la mayor: tendrá que tomar medidas antipáticas  para hacerla más eficaz y menos costosa, porque los recursos del Estado dan para lo que dan, y cada vez menos. Pero sí creo que hay que llamar la atención al señor Gallardón, y así lo deberían hacer nuestros representantes políticos, que son antes servidores de los ciudadanos que de los partidos  en los que militan –¡vaya tontería que he escrito!– sobre la repercusión de  algunas de estas reformas.

Me estoy refiriendo especialmente a dos, la supresión de los partidos judiciales de Molina de Aragón y Sigüenza y de las Audiencias Provinciales.

En el último  gobierno socialista ya hubo danzando por ahí un proyecto para fusionar juzgados, y en Guadalajara la idea era refundir en solo un juzgado de los dos que existen en Molina y Sigüenza. Pero luego Zapatero perdió las elecciones, y lo que viene ahora es una reforma con toda su cafeína. El propósito es fusionar los dos y concentrar toda la actividad en los nuevos Tribunales de Instancia de Guadalajara en los que prestarían servicios los 18 jueces que hoy trabajan en Guadalajara, más los dos de Sigüenza y Molina.

Yo no estoy abogando por la vuelta a los tiempos en los que esta provincia tenía 8 partidos judiciales, aunque  por entonces Guadalajara tenía una estructura poblacional y económica más equilibrada, pero los tiempos han venido como han venido y el desarrollo excéntrico de esta provincia en su parte suroeste es el que es, porque Madrid está donde está y no hay darle más vueltas.

Todo eso lo sabemos, pero lo que habría que hacer llegar a Ruiz-Gallardón es que el cierre de los juzgados en las cabeceras comarcales que languidecen en España – estoy hablando de ciudades entre 5.000 y 25.000 habitantes—podría ser el golpe de gracia para unas comarcas que ya lo están pasando muy mal y que no parecen tener un sitio en el mundo que viene. En este sentido, los juzgados de Primera Instancia contribuyeron en su día a vertebrar ese Estado Español, inspirado en el modelo francés, que en mala hora abandonamos para crear ese lío llamado Estado de las Autonomías, y a fijar en el medio rural a funcionarios y profesionales liberales que constituían lo más dinámico de su sociedad. Por tanto, antes de tomar cualquier decisión que desnude todavía más a esas cabeceras de comarca, como Sigüenza y Molina de Aragón, debería responder antes a la siguiente pregunta: ¿De verdad que el Estado se va a ahorrar tanto en cerrar juzgados de primera instancia como para causar un daño tan evidente?

Vean el caso de Molina. Una reforma se va a llevar por delante los talleres de Obras Públicas. Tienen un polígono industrial muerto de risa. Y ahora les quieren dejar sin juzgados. ¿Pero qué clase de mensaje estamos enviando a los que allí viven?  ¿Cómo se puede compadecer el discurso de que hay ayudar al medio rural con medidas que solo contribuirán a desvertebrar más este país nuestro que todavía se llama España?

Reforma de la Justicia, no digo que no. Pero que no siempre paguen los mismos. En ese caso las cabeceras comarcales.

También parece ser propósito de esta reforma liquidar las Audiencias Provinciales. Pues digo lo mismo. Han resistido toda clase de regímenes y gobiernos y ahora parece que sobran, que vale con centralizar todos los recursos en el juzgado territorial de cada autonomía, que en nuestro caso está en Albacete. Puestas así las cosas, para Guadalajara significaría, como nos está sucediendo con la muralla que han levantado sobre los hospitales de Madrid, alejar todavía más a la administración del administrado. Y entonces no tenemos  más remedio que repreguntarnos: ¿Pero qué diablos hace Guadalajara en una autonomía en la que no esté Madrid?

A mí que me expliquen que hemos hechos los tontos de Guadalajara para que el desarrollo del Estado de las Autonomías nos haya situado a la justicia y a la sanidad  más lejos que en los tiempos del oprobioso centralismo. ¡Que alguien me lo explique porque es que me da la risa!

Esto es lo que hay, paisanos.

Es verdad que en el horizonte se divisan algunos signos leves de recuperación económica, y que España ya no está en el alambre, como el año pasado, con su economía al borde de la intervención, pero no es menos cierto que las relaciones económicas entre las empresas están bajo mínimos y la tristeza impregna la vida ciudadana.

Pese a que los sacerdotes de la macroeconomía han escrutado los intestinos de las aves en el templo de De Guindos y nos indican que ya parecen menos negros, entre el ciudadano corriente y moliente está lejos de percibirse. Todo lo contrario. El problema es que llevamos ya 7 años largos de crisis, y las cifras del paro, aunque empiezan a tocar fondo, distan todavía un largo trecho para que podamos empezar a hablar en España de un crecimiento sostenido del empleo neto. Y sucede en cambio que las prestaciones de desempleo comienzan a agotarse y el trabajo sigue sin aparecer por ningún lado. En Guadalajara en concreto el 37% de los 23.674 parados registrados carecen de cualquier ingreso. Estamos hablando por tanto de 8.781 parados que han perdido el escudo del Estado de Bienestar europeo, con poco o ninguno dinero ahorrrado y que ya han pasado a depender de la solidaridad de familias y amigos, o de la caridad.

Los que peinamos canas no hemos conocido una situación como esta. En Guadalajara nos acordamos de ese comedor que tenía el Auxilio Social en la plaza de los Caídos en los años 50 y 60, y al que acudían primero los niños pobres para comer caliente. Y si sobraba algo, se repartía entre los adultos que llegaban con una escudella o una lata vieja. Ya no hay comedor del Auxilio Social y niños descalzos por la calle, pero solo porque esa labor ahora la está haciendo Cáritas y Accem, que han tenido que ampliar las plazas de su comedor solidario hasta 350. Además de ello, el Ayuntamiento de Guadalajara concede 600 ayudas diarias de comida a través del Banco de Alimentos y sus servicios sociales han tenido que atender a 295 familias sin ningún ingreso (765 adultos y 303 menores de edad); y a otras 232 familias con ingresos superiores o iguales a 425 euros. Tampoco hay cartilla de racionamiento, pero el Ayuntamiento se ha tenido que inventar el llamado Monedero Solidario, por el que tres grandes superficies de la ciudad harán descuentos hasta del 20% en alimentos frescos a los poseedores de esa tarjeta solidaria—antes la llamábamos de caridad—que paga el municipio. Mientras pueda.

Este es el panorama que hoy tenemos en la capital, pero que no es muy distinto del que podríamos ofrece de otros municipios grandes de la provincia, y que transmite una tristeza general, que va íntimamente ligada a la crisis. Porque las crisis empiezan siendo primero un estado de ánimo.

En estas circunstancias, cualquier presupuesto que se precie debe reflejar ese aumento de la cuota de solidaridad con los que peor lo están pasando, para atajar situaciones de verdadera emergencia, pero teniendo muy claro que no hay mayor acto de solidaridad que favorecer las condiciones para que las empresas vuelvan a crear empleo..

Decía hace unos días el alcalde Román que había que garantizar la estabilidad presupuestaria del Ayuntamiento y que para ello no iba a incrementar el déficit. Eso está bien, porque un ayuntamiento con déficit al final es un ayuntamiento endeudado, y por extensión un ayuntamiento que mantiene una alta presión fiscal. Mismamente el de Guadalajara, que en los dos últimos años ha subido la contribución urbana (el IBI) un 30%, y según se desprende de lo que recientemente dijo a los periodistas podría producirse una nueva “actualización” de los valores este año, algunos me dicen que podría llegar hasta el 10%. Y me sorprende, claro, porque cómo se puede hablar de “actualizar” valores catastrales cuando los inmuebles llevan cinco años seguidos depreciándose en la capital. ¡Pero qué broma es esta! Lo razonable es que se bajaran, pero ya sabemos que esto no es posible según reconoció el concejal de Hacienda en el último pleno por el hundimiento de la recaudación de los impuestos relacionados con la construcción. Es decir, el Ayuntamiento tiene un problema estructural de recaudación no resuelto.

Rigor presupuestario, sí, pero si se hace a costa de subir la presión fiscal, y no por la vía de la reducción del gasto ordinario, lo que se conseguirá es el efecto contrario. Que cada vez habrá menos contribuyentes y estaremos más empobrecidos para seguir aportando a la hucha común de la ciudad. Espero igualmente con interés el resto de las ordenanzas fiscales. Ya sabemos, por lo que nos dijo el alcalde, que unas bajarán y otras subirán, supongo que estas últimas las más, aunque habrá que seguir con especial interés lo que pasará con la tasa del agua en donde hay que repercutir un 36% de la subida del agua en alta que la MAS impone a sus ayuntamientos, para pagar las nuevas obras, que fiscalmente hablando, llegan en un momento muy inoportuno. La oposición de izquierdas habla de una subida de un 30%, aunque por lo que me llega la repercusión de los distintos gastos que lleva el agua tradicionalmente se ha hecho de una forma progresiva y parece que no excederá del 15%. En cualquier caso, demasiado para un escenario de recesión.

Ya no estoy hablando de que me bajen los impuestos, como sería coherente con un gobierno de centro-derecha, pero por lo menos que no nos los suban como si gobernase la izquierda más intervencionista. Porque cuando un partido acaba perdiendo sus referencias ideológicas, al final acaba perdiendo otras cosas. Que se lo pregunten al PSOE.

Esto es lo que hay.

Esta semana se produjo en el parlamento regional el debate sobre el techo de gasto que tendrá Castilla-La Mancha para los presupuestos de 2014, que supongo verían cuatro gatos por internet. En GuadalajaraDiario lo dimos la relevancia que se merece, todas las opiniones quedaron expuestas, y llega ahora el turno de la reflexión.

Arturo Romaní, que es un consejero competente, y que tuvo el reto de coger una hacienda regional que estaba en ruinas, y no salió corriendo hasta Berlín, puso el énfasis en que a pesar de tener para gastar 160 millones menos, se va a poder “preservar y garantizar los servicios sociales básicos, universales, gratuitos y de calidad para todos los castellano-manchegos”. Esto quiere decir, en román paladino, que el gobierno regional no va a cerrar hospitales o residencias de ancianos, porque para eso todavía queda, no sabemos hasta cuándo, pero en lo tocante a la calidad nadie puede negar que cada vez es más difícil mantenerla si cada año bajamos el gasto, solamente a base de hacer la gestión más eficiente. Suena muy bien, pero es complicado.

Tenemos entonces 160 millones menos para gastar, que según Romaní es debido esencialmente a que el sistema de financiación es “nefasto” para Castilla-La Mancha, porque se van a recibir 129 millones menos por el Fondo de Suficiencia. Y les recuerdo que este fondo de compensación se creó en la etapa de Zapatero para que todas las comunidades, también las más pobres –entre las que se encuentra CLM– pudieran garantizar los servicios esenciales en materia de salud y servicios sociales. Los socialistas discreparon con Romaní en el sentido de que el problema viene sobre todo por la caída de los tributos propios –hablaron de 463 millones menos en ingresos propios no financieros–, a lo que el consejero respondió que crecieron 16,7 millones, un 4%. Lo que omitió Romaní es que gobierno de Cospedal también ha subido tasas e impuestos, y creado nuevos gravámenes para capear la caída de la recaudación, y que somos nuevamente los contribuyentes y empresas de esta región los que pagamos el descosido de las arcas públicas.

Los socialistas castigaron a Romaní con una evidencia: si hay 160 millones menos de gasto, los famosos recortes no solamente se van a mantener, sino que se incrementarán. Pero volvieron a defraudarme con la solución que propusieron como alternativa a ese recorte de 160 millones. Crear nuevos impuestos a las entidades financieras por los depósitos que tengan en la región, a las compañías distribuidoras de electricidad, a las que degradan el medio ambiente –se referían a los pantanos– y para los ricos oficiales de la autonomía, que se suponen que son los que ganan más de 80.000 euros al año.

Este discurso obrerista que consiste en decir que son las grandes fortunas y la gran empresa los que van a pagar este desajuste suena muy bien para los mítines, pero cada vez hay menos gente que se lo compre. Porque el pueblo español no se chupa el dedo y sabe que si se suben los impuestos a la distribución eléctrica, más pronto o más tarde, lo repercutirán en el recibo que pagamos los usuarios; si se crea un nuevo impuesto a los depósitos, lo que harán los bancos es lo que hacen ya, subir las comisiones de operación y mantenimiento, que cualquier día nos van cobrar solo por entrar a una entidad de crédito. Y gravar las rentas a los que cobran más de 80.000 euros y explicar que con eso pagarían las grandes fortunas es sencillamente una estupidez, porque las grandes fortunas no tributan por la renta sino por el impuesto de sociedades, y lo único que conseguirían es que los profesionales más destacados pidan refugio fiscal en Madrid y trasladarían allí su domicilio fiscal. Pero no es únicamente que la facilona receta de subir impuestos para compensar la caída de la recaudación solo contribuye a alargar la salida de la crisis, como ha quedado ampliamente demostrado en España, sino que ni el propio Martínez Guijarro se cree que en el 2014 sacaríamos 200 millones con estos nuevos gravámenes. Con lo que al final se acabaría generando más déficit, por lo tanto más deuda, y nos instalaríamos en un ciclo pernicioso del que no habría manera de salir.

Tenemos por tanto dos hechos ciertos, el sistema de financiación autonómica es nefasto para CLM, como dijo Romaní, y un pronóstico que no lo es menos, que es el que avanzó el portavoz socialista: que en el ejercicio 2014 los recortes y sacrificios serán todavía mayores para el ciudadano corriente, con lo que no se creerá una sola palabra cuando oiga que hay signos de recuperación, aunque sean verdad. Por lo tanto, más frustración.

Llegados a este punto, sucede que los políticos no quieren reconocer la mayor. Y es que como se ha advertido más de una vez desde Alemania – y frau Merkel ha vuelto a ganar– este sistema autonómico español de 17 autonomías peleadas, cuyas competencias no están acotadas por la Constitución se hace insostenible. Ahora, por ejemplo, parece que Rajoy quiere compensar a Cataluña con una nueva financiación, para frenar la deriva separatista –que por otro lado no va a conseguir–, y que lo que se traduce al final es que Cataluña aporte menos a la caja común española, con lo que no nos engañemos: esos 129 millones menos del Fondo de Suficiencia para Castilla-La Mancha en pocos años serán 200 o 300. Porque no es solo Cataluña la que apela a la independencia económica, Madrid, Baleares o Comunidad Valenciana también quieren cambiar el sistema de financiación, pero para reducir todavía más los fondos de Suficiencia y Cohesión, con lo que llegados a ese punto autonomías como Castilla-La Mancha no serían sostenibles, o estarían condenadas a un menor nivel de desarrollo. Sería la España de dos velocidades.

Por mucho que a Rajoy le dé urticaria sobre lo que está pasando en Cataluña, y se ponga de perfil, hay algo que cada vez es más patente. La Constitución necesita una reforma de su título VIII para tratar de acomodar en ella a las autonomías históricas –Cataluña, País Vasco y Galicia–, y al mismo tiempo ver qué se hace con las demás, para que sean sostenibles, y frau Merkel no nos corra a gorrazos. Es complicado, porque habría que armar una nueva mayoría constitucional, como se hizo durante la Transición, pero no hay otro remedio. Hay que hablar de financiación, sí, pero también de fusión de autonomías, de gestión compartida entre el Estado y las comunidades que lo deseen las competencias en materia de sanidad y servicios sociales –lo que es el cuerpo del Estado del Bienestar– y de encajar a las autonomías vasca, catalana y gallega en la arquitectura constitucional española por otros cuarenta años.

De lo contrario este país regresará a la inestabilidad de siglos pasados y en autonomías como esta de Castilla-La Mancha, cada vez que se discuta el techo de gasto nos vamos a encontrar con el debate de este año. Que habrá menos dinero procedente de la caja común.

Esto es lo que hay, aunque no se quiera reconocer. Porque la política de hoy solo piensa en el corto plazo. No hay luces largas,como diría Montoro. Y con Rajoy, más.