Las enmiendas de ERC y Podemos encajadas en la Ley de Memoria que patrocina Pedro Sánchez, no tienen ningún fondo jurídico sobre la Ley de Amnistía. Ni tampoco irán a ninguna parte. Como reconocen sus autores, aunque en la práctica cualquier acto criminal perpetrado bajo la Dictadura podría ser juzgado y condenado, este tipo de juicios no se realizarán porque los posibles acusados o han fallecido o tienen edades muy elevadas y, además, la Constitución prohíbe la retroactividad de las leyes penales desfavorables.
Por tanto, esta reforma de la Ley de Amnistía de 1977 es un recurso propagandístico para poner el foco nuevamente en un franquismo sobrevenido y salpicar a toda la derecha, y así tapar los graves problemas económicos y políticos que ocupan la agenda diaria de los españoles, pero también por dar otra interpretación al sentido que tuvo esa ley de Amnistía, y confundir a las nuevas generaciones. Porque si escuchamos a los promotores de las enmiendas, parece que la Ley de Amnistía fue una argucia del tardofranquismo (en Guadalajara la primera manifestación legal de la oposición democrática fue por la Amnistía, el 11 de julio de 1976), para librarse de cualquier responsabilidad penal, y que solo tenía a ellos como beneficiarios. Pero los que quieran bucear en la historia de la Transición verán que no fue así. De hecho, recuerdo que el presidente del Gobierno Adolfo Suárez no dudó en acarrear con una gran impopularidad entre gran parte de su electorado, que no se explicaba cómo con esta ley de Amnistía terroristas de ETA, el Grapo o el Frap ponían los pies en la calle sin haberse arrepentido o haber perdido perdón por ello. El estrambote que Suárez pagó caro en su popularidad fue ver cómo semanas después alguno de ellos volvía a la clandestinidad y se ponía a disposición de ETA para cometer nuevos atentados. Tras esta reforma ¿se van a perseguir estos crímenes de ETA, Grapo o Frap que fueron amnistiados en virtud de la ley de 1977?, preguntó en el senado el secretario tercero de la Mesa, Rafael Hernando.
Adolfo Suárez, con gran sentido histórico, hizo lo que más convenía a España, sin pararse a pensar en si a él le convenía o no también, todo un ejemplo para otros presidentes que no dudan en poner en solfa la historia de España, y la de su propio partido, con tal de mantener una coalición parlamentaria imposible con partidos que odian a la Transición y en consecuencia su obra política, que culminó con la Constitución de 1978. Por ello, cuando se debatió la Ley de Amnistía en el parlamento, el portavoz más cualificado del PCE de entonces, que defendió la reconciliación de los españoles, dijo: “Nosotros considerábamos que la pieza capital de esta política de reconciliación nacional tenía que ser la amnistía. ¿Cómo podríamos reconciliarnos los que nos habíamos estado matando si no borrábamos ese pasado de una vez para siempre? Nosotros, los comunistas, que tantas heridas tenemos, hemos enterrado nuestros muertos y nuestros rencores. Y estamos resueltos a caminar hacia delante en esa vía de libertad, paz y progreso”. Eso lo dijo en 1977 el fundador de CC.OO y portavoz del PCE para este debate, Marcelino Camacho. El 14 de octubre de 1977, la Ley de Amnistía salió aprobada por una amplia mayoría (solo se abstuvo AP), como sucedió con todos los acuerdos importantes logrados en la Transición, en contraposición con las exiguas mayorías parlamentarias que se estilan, ahora, m´ás propias de los parlamentos frentistas anteriores a nuestra guerra civil. Esto es lo que hay, porque algunos están empeñados en reescribir nuestra historia, mientras a la gente de la calle lo que le preocupa es el precio de la luz y cómo se las ingenian para llegar a fin de mes en un escenario inflacionista, que fue la principal amenaza económica de esa Transición de la que les hablo. “¿Para esto ha venido la democracia?”, tenía que escuchar todas las mañanas Suárez en los medios de comunicación. Y su ministro de Economía, Enrique Fuentes Quintana, comenzó a dar forma a lo que se llamaron los Pactos de la Moncloa, otra vez firmados por todos (partidos políticos, sindicatos y patronal) el 25 de octubre de 1977.
Semáforo de actualidad:
ROJO, para Teodoro García Egea, secretario general del PP, por creer que el PP nacional es el PP de Murcia, al que está afiliado. El general Teodoro, además de liarla en su partido por no reconocer a Díaz Ayuso lo que a otros presidentes de su partido, agitando una crisis de impredecibles consecuencias, ha dejado en muy mal lugar a Paco Núñez a la semana siguiente de ser elegido como presidente del PP de Castilla-La Mancha. No se le ocurrió mejor tarjeta de felicitación que llevar una enmienda al Congreso en la que se pide la derogación del Real Decreto por el cual el gobierno de Pedro Sánchez redujo el volumen máximo de agua que puede ser trasvasada desde los embalses de la cabecera del Tajo hacia Levante de 38 a 27 hm3 en nivel 2. Como ya he explicado en post anteriores, la medida en la práctica no va a suponer un quebranto para los envíos de agua hacia el Segura, pero pone racionalidad en la gestión del agua del trasvase al evitar que los niveles caigan por debajo de la línea que impediría cualquier derivación. Eso lo sabe hasta el Lucero del Alba, también el general Tedoro, por lo que su enmienda es puramente testimonial para evidenciar que el Memorándum del Trasvase está esculpido en mármol y es más inamovible que nuestra Constitución, por su supuesto. Tan verdad es lo que digo: el Trasvase no está cuestionado por este Gobierno, que una semana después se ha aprobado un trasvase de 18 Hm3, de los cuales 10,5 Hm3 se destinarán a regadío. Y todo ello a pesar de que la cuenca del Segura cuenta con 64,85 Hm3 de agua trasvasada disponible en la cabecera del Tajo, cuyos pantanos deberían figurar mejor en el mapa de la Confederación Hidrográfica del Segura; y pronto también en la del Guadiana cuando empiecen los trasvases por la mal llamada “tubería manchega”. ¡Señor qué cruz, solo hay trasvases en España desde la cuenca alta del Tajo, con el agua que se recoge en la mitad norte de España! Pero esto es lo que hay.
