Es paradigmático que en una ciudad que está en el top del encarecimiento de los precios de la vivienda y en la que menos duran los anuncios con ofertas de las inmobiliarias (estudio Idealista) el Ayuntamiento de Guadalajara tenga tantas dificultades para adjudicar las parcelas que ofrece para construir vivienda pública. Hasta ahora no lo ha conseguido, aunque ha rebajado el precio tras el primer fracaso. Es una paradoja que una de estas parcelas esté en lo que se conoce como SUE 24, junto al depósito de las Aguas, en la calle Zaragoza; suelo que está desarrollando Hercesa en una de las pocas promociones importantes que se desarrollan en nuestra ciudad. A la alcaldesa Guarinos no le parece “normal” lo que está pasando.  ¿Por qué casi nadie quiere construir viviendas en Guadalajara cuando hay gran demanda, porque la economía provincial -sobre todo en el sector de la logística- sigue creciendo y con ella la población? Después de hablar con distintos agentes relacionados con el sector he llegado a algunas conclusiones. La primera es que la gran demanda en este caso no favorece la solución, todo lo contrario, lo que ha producido es una seria disfunción del funcionamiento normal de una economía de mercado. En Guadalajara faltan los pisos que necesita la población, sencillamente porque no se construyen; y el alquiler se dispara. ¿Y por qué no se construyen? Porque a los promotores no les salen las cuentas y las administraciones públicas hace tiempo que gastan su dinero en bagatelas con sello electoral en lugar de apostar por la vivienda pública y las infraestructuras en general, que a este gobierno le deben parecer políticas de derechas.

La segunda cuestión es preguntarse por qué a los promotores no les salen las cuentas y por qué cada vez hay menos empresas que se dediquen a esto. En el caso de las parcelas que comentamos, la primera disfunción es que con los módulos que marca la administración al tratarse de vivienda protegida se agotan los márgenes de beneficios. La solución podría estar en subir esos módulos, pero eso no se podría hacer sin elevar el precio de la vivienda protegida con lo que se acercaría a la libre y dejaría fuera del mercado a las familias con sueldos más bajos. Habría que bajar los costes de la construcción de otra manera, porque la realidad es que en Guadalajara hemos pasado de los 700 euros m2 construidos  a unos 1.100 euros m2 en apenas unos cinco años. El sector de la vivienda vive la tormenta perfecta:  por un lado, los precios de las materias primas han aumentado en los últimos años, y especialmente desde que Trump lo complicó todo con su ataque a Irán. A todo esto hay que sumar que las empresas -como en la burbuja- están viviendo otra vez la carencia de albañiles y de especialistas de todo tipo (en Guadalajara la logística -con 45.000 empleados- les ha robado nicho de mercado) lo que inevitablemente encarece también el precio final; y eso si acaban encontrando personal cualificado. Esta falta de personal en la construcción contrasta con un país que tiene un 9,87% de paro (2.379.505 desempleados en septiembre de 2026) y que recibe más inmigración que ningún otro de Europa (eso sí, irregular y sin cualificar) y que, a la vista está, sin que carbure y refresque su mercado de trabajo.   

Otra razón más son las dificultades que tiene el sector en la adjudicación de potencia eléctrica a las nuevas promociones, y no tanto porque se carezca de ella sino más bien porque ni las compañías privadas ni el gobierno se ponen a ello. Están en otras cosas. Como rémora a la promoción hay que citar también la enorme burocracia con la que se encuentra cualquier promotor, que se pasa unos 15 años con el papeleo hasta que recibe todos los permisos.

En resumen: que no podemos ser optimistas sobre la construcción de nuevas viviendas en Guadalajara (el Ayuntamiento tendrá que seguir bajando el precio de las parcelas y acostumbrarse a que la construcción no sea su principal fuente de financiación), porque los promotores, con este panorama, van a seguir estando retraídos, si no directamente invernados. La más realista sería aumentar la inversión en vivienda pública, como se hizo en España en los tiempos del tardofranquismo cuando se desarrollaron los polígonos del Balconcillo y el Plan Sur.  Está claro que los promotores solo están en condiciones de promover una cuarta parte de las viviendas que se necesitan en España (unas 200.000 anuales) y que las medidas que se han adoptado en los ocho años de sanchismo no han dado ningún resultado y tampoco lo darán los dos decretos Maricarmen que aprobará la Comisión Permanente de las Cortes, después de ser tumbadas por el pleno de la Cámara, en lo que es un evidente fraude de ley. ¿Por qué?  Porque Sánchez y su gobierno de (in)fieles siguen sin comprender que el problema de la vivienda en España es esencialmente de falta de oferta (no hay quienes las construyan con este panorama), mientras que sus decretos se centran en sobreproteger a los inquilinos a costa de empeorar las perspectivas de alquiler para los que lo están buscando, especialmente jóvenes, que se están radicalizando, desilusionados. Por no hablar de la confusión jurídica que están creando por las complacientes leyes que no atajan la ocupación y denigran a los caseros, olvidando que el 75% de la vivienda en España es propiedad.     

Esto es lo que explican casos como este de las parcelas que subasta en falso el Ayuntamiento de Guadalajara, y siento escribir que no hay perspectivas de mejora, porque casi todo de lo que se está hablando sobre vivienda en esta eterna precampaña electoral no es más que demagogia y populismo barato. Los nuevos decretos del Gobierno han drenado más la oferta de viviendas en los portales inmobiliarios. Y no hay visos de que se remonte, porque no puedo estar más de acuerdo con uno de los mayores especialistas del sector, que además es alcarreño y autor del razonamiento que viene detrás de estas líneas. Y esto es lo que hay. Mal plan.

LA FRASE: “El principal problema de la crisis de oferta de la vivienda en España es que las soluciones son a largo plazo, con lo que no está claro que a los poderes políticos les interese adoptar acciones correctoras cuando se tardarán unos 10 años en su tramitación”. ALBERTO QUEMADA, CEO de LandCo, del Banco de Santander.