Han reconstruido por sus propios medios desde 2013 una casa del antiguo  pueblo de Fraguas que estaba medio derruida. Y para ello utilizaron los métodos  tradicionales, hasta el punto de que llegaron a fabricar sus propios ladrillos de adobe, que era el material empleado originariamente. La vivienda ya cuenta  con agua, cocina, literas, biblioteca y luz generada por paneles solares. Además,  se han dotado de una pequeña fuente de agua potable, un huerto, baño y una piscina que también les sirve para el control de incendios.

Si decimos, además, que todo esto se ha llevado a cabo en un antiguo pueblo de Guadalajara, que se despobló hace más de 30 años, es difícil no mirar esta aventura con simpatía. En el peor de los casos,  estos repobladores que residen en lo que un día fue la aldea de Fraguas, en plena sierra norte de Guadalalajara, no parece que hagan daño a nadie. Y aunque solo sea por puro pragmatismo,  el  asentamiento que han consolidado allí no parece constituir un gran problema para Guadalajara y Castilla-La Mancha, como para degenere en algarada a retransmitir con altas dosis de demagogia por las redes sociales. Por ello, la aplicación rigurosa de la Ley sería en este caso muy antipática: a seis de estos repobladores o okupas les llegan a pedir penas de cárcel, 30.000 euros de multa y que por su cuenta vuelvan a demoler las casas que con tanto mimo y esfuerzo levantaron; y dejar aquello como lo encontraron, un descampado. Mucha gente no lo entendería.

Pero dicho esto, también, la Junta de Comunidades, como administración competente, tiene sus obligaciones y una de ellas consiste en ser garante del cumplimiento de la Ley. Por antipática que sea la situación.  Y resulta que Fraguas ya no es ningún pueblo,  porque sus antiguos vecinos fueron indemnizados por el Estado por sus propiedades, y desde entonces en un Monte de Utilidad Pública. Y una administración pública no puede hacer la vista gorda a la okupación de un patrimonio público por unos particulares, por muy buenas intenciones que estos tengan. En nuestro digital ya lo explicó el delegado de la Junta que legalmente no se puede catalogar de «núcleo urbano» a un lugar que no tiene esa consideración.  Porque de no ser así,  cualquiera podría construir en cualquier parte y como le viniera en gana, sin someterse a plan urbanístico alguno. Hay más incumplimientos, como que las casas que se reconstruyen se ubican en un parque natural. Aunque no me parece el mayor inconveniente, por la adecuada tipología serrana utilizada en su construcción.

El enredo legal, por tanto, es mayúsculo. Y la solución muy compleja. ¿Lo que a mí me gustaría?  Que pudiera haber algún tipo de solución que amparara el nuevo asentamiento, sin que los que allí residieran generaran algún tipo de derecho a su propiedad.  Algún tipo de convenio que resolviera la cuestión legal mediante un servicio a la comunidad a prestar por los repobladores, y que evitara la indeseable demolición de las casas reconstruidas.

Jurídicos tiene la Junta para explorar las vías legales.

Claro que si lo que se quiere alentar es la imagen de una comunidad anticapitalista desde la que  que se desafía al sistema, a la Ley y al Derecho, a modo y manera del pueblecito de Astérix al que rodeaban  media docena de campamentos romanos; yo creo que se estarían equivocando. Porque la administración regional, si lo tiene,  dispone de un margen legal muy pequeño, y lo que menos necesita es ruido.

Nota 1. Todavía no se han dado datos oficiales sobre el número de avales en  las Primarias del PSOE en Guadalajara, aunque por lo que me llega les puedo avanzar, salvo sorpresas en el escrutinio final – ya que hay avales de militantes Guadalajara que se han podido presentar directamente en Ferraz-,  que Pedro Sánchez ha conseguido alguno más que Susana Díaz en el conjunto de la provincia, entre una veintena y menos un centenar.  Si esto se confirmara,  Sánchez es ligeramente favorito  para las Primarias en Guadalajara, y vamos a ver qué pasa en el resto de la Castilla-La Mancha,  donde el número de avales que Susana Díaz sacó a Sánchez está en torno al millar, una desventaja que los “pedristas” han celebrado como un triunfo, y especialmente Magdalena Valerio que está coordinando la candidatura de Sánchez en toda la región. La mala noticia para el PSOE es que, pase lo que pase, estas Primarias tienen su cara siniestra, porque están mostrando a un partido dividido en dos, con proyectos políticos cada vez más diferentes,  y vamos a ver si no excluyentes.

Nota 2. Ni tanto ni tan calvos. Ana Guarinos volverá a ser la presidenta provincial del PP sin necesidad de esperar al congreso provincial que se celebrará el día 22 de mayo. Recibió el 98,62 % de los votos emitidos por los afiliados inscritos en el proceso congresual.  La continuidad de Guarinos no se discutía esta vez por alguien significado, después de haber recuperado el PP provincial un diputado en las últimas Generales, y siendo el alter ego de Cospedal en el parlamento regional. Habrá que ver si la inmensidad de la victoria no está reñida con la amplitud de miras, y si integra a todas las sensibilidades del partido en su futura Ejecutiva. Y si Juan Pablo Sánchez, de nuevo subdelegado del Gobierno, sigue o no como secretario provincial. Si hubiera cambios, que eso solo lo sabe Guarinos, Tirado y Cospedal, dejo sobre la mesa tres nombres, y por este orden: Ana González, la senadora y coordinadora de las últimas  campañas electorales; Silvia Valmaña, diputada al Congreso;  y Alfonso Esteban, la gran esperanza blanca del Ayuntamiento, el teniente de alcalde Román que mejor sintonía tiene con Guarinos.

Nota 3. ¡Viva Francia! por haber frenado al populismo, y que Europa no retornase a la caverna de los años treinta, del nacionalismo y el proteccionismo a ultranza. Y de las guerras. Esto es lo que hay.

Emiliano García Page  declaraba hace unos días que lo del Presupuesto para 2017  “tendrá arreglo más pronto que tarde”, aunque no nos ilustró sobre las razones para ese alarde de optimismo. En el mejor de los casos, todos damos por hecho que movimientos de verdad no los habrá hasta que se termine el  Congreso regional de Podemos y las Primarias del PSOE. En Podemos no están ahora en otra cosa que no sea resolver sus crisis interna, con dos  concepciones diferentes de entender la formación morada: la  “presidencialista”, que encarna  el “pablista” José  Garcia-Molina, y la “asamblearia” que lidera el diputado por Guadalajara, David Llorente, de la corriente “anticapitalista”.  Y luego están las Primarias del  PSOE. No es lo mismo que gane Susana Díaz o que lo haga Pedro Sánchez, teniendo en cuenta el papel  que está desempeñando  García-Page en el soporte de la candidatura de la presidenta andaluza, y la relación de familiaridad que Sánchez dibuja con Podemos. Así que mucho me temo que la resolución  de este rocambolesco episodio difícilmente va a tener lugar antes del verano, porque hay que negociar unos  nuevos presupuestos, no sabemos todavía en qué condiciones políticas externas, que luego deben ser debatidos y aprobados en su caso por las Cortes regionales.  En fin, un lío gordo, como le gusta decir a Rajoy, no menor al que él tiene en el Congreso de los Diputados con los Presupuestos del Estado.

Que a pesar de ello, España y Castilla-La Mancha presenten unos datos alentadores en cuanto a crecimiento del PIB y el empleo , solo demuestra que cuando la maquinaria de la economía se pone en marcha, en un principio aguanta bien  el  desorden que proviene del mundo de la política. Pero no nos equivoquemos: cuando esa inestabilidad se torna en permanente a la larga acaba  influyendo. No podemos olvidar que un Presupuesto prorrogado no tiene capacidad de incorporar nuevas partidas de gasto, y aunque esto le puede venir bien al control del  déficit, tanto la situación nacional como regional viene ya demandando políticas de gasto más activas en materia de inversón y empleo sin que por ello se ponga en riesgo el necesario equilibrio presupuestario. Un presupuesto prorrogado no solo evitará que el proyecto de campus universitario se paralice, o los regadíos de Cogolludo, o la contratación de interinos, o se frene la ampliación de plantillas que adelgazaron con la crisis. Es  como meter a un cuerpo  que ha crecido en las medidas del sastre del año anterior, y  pasa que los pantalones se le han quedado cortos y la chaqueta no hay manera de abrocharla. España y Castilla-La Mancha apuntan a previsiones de crecimiento del PIB entorno al 3%, y para ello se necesitan  unos Presupuestos en consonancia. O habrá frenazo, y no solo en cuanto a medidas y programas sociales que el gobierno de Page se encarga de enumerar y pregonar a los cuatro vientos. Estamos hablando de décimas en el PIB. De crecimiento.

Llegado a este punto, en que la política se convierte en una frenazo a la Economía, los presidentes tiene en su poder la posibilidad de accionar ese “botón nuclear”, que son las elecciones  anticipadas. Rajoy y García-Page sabrán valorar cuando llegaría ese momento, que no puede diferir mucho de las vacaciones parlamentarias del verano.  Porque de lo contrario, lo que sucederá es que nos habremos saltado los Presupuestos de 2017, en el Estado y de Castilla-La Mancha, porque ya lo que toca es negociar es el de 2018.

En fin, un lío. Porque el tiempo pasa, y como el propio Page reconoce:  “El tiempo no es irrelevante en absoluto”.

Encuentro con Rivera: Se le veía cómodo a García-Page en el encuentro que mantuvo con Albert  Rivera en Fuensalida, que se escenificó con una rueda de prensa conjunta,  y en la que el presidente de Ciudadanos hablaba de favorecer  la gobernabilidad aprobando Presupuestos aquí y allá. Pero para desgracia del presidente socialista,  Ciudadanos no está representado en las Cortes de Castilla-La Mancha, aunque sea injusto, porque este partido  sumó el 8,6 % de los votos: un total de 95.230, apenas 12.000 menos que Podemos,  que consiguió 2 escaños, el PSOE logró 15 asientos con 398.104 sufragios y el PP 16 escaños con 413.349 votos.

Es evidente, que Castilla-La Mancha necesita una nueva electoral que corrija estas desproporciones. Page y Rivera parece que son partidarios de tirar hacia delante, aprovechando incluso la composición del actual  parlamento español, que podría avalar una reforma estatutaria.  Aunque esto supondría dejar fuera del pacto al Partido Popular, a imitación de lo que hizo Cospedal con el PSOE en la reforma del Estatuto en la pasada legislatura. Fue un error entonces, que se le volvió en su contra, como a Barreda el cambio en Guadalajara en 2011,  y lo sería ahora.

Castilla-La Mancha necesita de una reforma duradera, consensuada, en la que se pueda combinar la deseable representación provincial con una sistema mixto para que Ciudadanos, Izquierda Unida u otra formación no malgaste los votos, como hasta ahora, sin necesidad de incrementar desproporcionadamente el número de diputados para lograr esa representación. No voy a entrar en detalles, para no aburrirles. Lo que hace falta es un poco de sentido común por parte de todos, porque esto es lo que hay y no parece justo.

Les engañaron hasta el último momento. Solo había que ver la cara que se le quedó al presidente del parlamento regional, Jesús Fernández Vaquero,  cuando en en la votación del Presupuesto miraba al vicepresidente primero de la Cámara, el secretario regional de Podemos, José García Molina, votando en contra  junto con los diputados del Grupo Popular. Hasta entonces no se dieron cuenta de que Podemos había decidido hacer descarrilar ¿la legislatura?, y como dijo después el vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, todo lo que ha ocurrido en las últimas semanas ha sido “puro teatro”, ya que la decisión estaba tomada. Una decisión que a buen seguro tiene varios padres y que trasciende del Presupuesto regional y entra de lleno en la alta política. La explicación pública dada por los portavoces del Ejecutivo de Emiliano García-Page es que hay que leer la decisión en “clave interna”, pues la formación morada está a un mes de la elección del nuevo secretario general de Castilla-La Mancha. Pero a nadie se le escapa que esto sucede apenas quince días después de que García-Page haya dado su respaldo a la candidatura de Susana Díaz, quien no parece dispuesta a ejercer un papel subsidiario de Podemos, a quien  calificó de «una izquierda inútil” y “nada de fiar” tras el revés sufrido por el presidente castellano-manchego.

Lo de menos es la razón formal que han dado desde Podemos para justificar lo injustificable. Fue precisamente la no aprobación de las enmiendas parciales que Podemos presentó al presupuesto, deteniéndose especialmente en una que no tenía ni pies ni cabeza. Se trata de la drástica reducción de las  horas de religión en la educación pública para destinar ese dinero al transporte escolar, que está perfectamente asegurado sin necesidad de Podemos, o los importantes recortes en la aportación a la educación concertada y destinarlo a mejorar las instalaciones de la educación pública, que también se abordaban en el presente Presupuesto sin  necesidad de desnudar a nadie. Reducir de golpe 14,1 millones a la concertada  y 3,2 millones a pagar los profesores de religión, habría supuesto que numerosas aulas habrían tenido que cerrar, porque no habría presupuesto para pagar a los profesores,y que las clases de religión se habrían reducido a la mínima expresión por el mismo motivo. Podemos sabía perfectamente que el Gobierno de García-Page no podía aceptar una propuesta tan radical como esta, y él ya se lo había advertido. Pero no solo porque en Castilla-La Mancha ha funcionado bien el modelo actual, en el que la enseñanza pública es mayoritaria, pero los padres que lo desean disponen de libertad para elegir la educación de sus hijos en un centro financiado con fondos públicos. Es que no hay una mayoría social o parlamentaria que asuma el modelo autoritario que anida en la propuesta de Podemos, con lo que como bien dice Susana Díaz, toda esta cohetería forma parte de «una izquierda inútil que no está en las soluciones a los problemas de los ciudadanos», sino que quiere emponzoñar lo que en Castilla-La Mancha funciona con normalidad, desde la Transición, hasta la llegada del populismo neocomunista. Podemos tenía que buscar una excusa para justificar que iba a tumbar el Presupuesto con el respaldo del PP, que pasaban por allí, y están encantados con el regalo recibido, y qué mejor que esta farfolla contra la religión y la enseñanza concertada que presentar a García-Page como un carcamal defensor de curas y arzobispos,  porque su hijas estudian en aulas concertadas y él es católico practicante.

Todo esto es puro teatro y apariencia, como diría Mouriño, pero con consecuencias que pagamos todos. Un Presupuesto prorrogado significa que no se puede gastar un euro más de lo previsto en las partidas de referencia. Y eso abortará no solo ese Plan de Rentas, que al decir de Podemos iba a ser una especie de bálsamo de fierabras, aunque de él no teníamos apenas pistas, sino que habrá que renunciar a la ampliación de plantillas en la función pública y la enseñanza, a reducir los ratios, a inversiones no previstas en hospitales (Guadalajara), campus universitarios (item mas) y carreteras; y hasta para aplicar el incremento  del 1 por ciento en las retribuciones de empleados públicos previsto en los Presupuestos Generales del Estado (si finalmente a Rajoy no le pasa lo que a Page), habrá que detraer esa cantidad de otras partidas presupuestarias equivalentes, con lo que alguien se quedará inevitablemente en pelota picada. Una prórroga de presupuestos tiene también un efecto negativo sobre el empleo, porque no solo no se podrán aplicar determinados programas nuevos contemplados en el Plan  de Empleo Regional, sino que frena el crecimiento económico y la inversión en unos momentos en que las previsiones empezaban a ser favorables para Castilla-La Mancha.

Un rechazo al Presupuesto es, también, una moción de censura a un gobierno, pero en esta caso pasa como con las reprobaciones en el Ayuntamiento de Guadalajara. Que no conducen a ninguna parte, porque detrás de ellas no hay una mayoría alternativa. En fin, que es lo más parecido a lo del perro del hortelano, con lo que de persistir el bloqueo el único escenario posible son las elecciones anticipadas. Supongo que García-Page esperará a ver qué pasa con el congreso regional de Podemos, y las Primarias socialistas antes de apretar el botón nuclear, como está haciendo Mariana Rajoy en el parlamento español. Pero si llega el verano, y estamos con estas pintas, García-Page tendrá que hacer un ejercicio de responsabilidad y convocar elecciones, como está previsto en el artículo 22 del Estatuto, antes de que todo se empiece a degradar para regocijo de quienes creen que cuanto peor mejor. Unas elecciones a las que llegaríamos sin haber cambiado la Ley Electoral y en las que podría pasar cualquier cosa. Pero siempre será mejor que tener a un gobierno con el freno echado o ceder a chantajes de irresponsables que se piensan que un país o una región se gobierna como si fuera una asamblea de facultad. A golpe de ocurrencias.

Esto es lo que hay. Desde el viernes, una marea tóxica se ha instalado en la política de Castilla-La Mancha, y esta vez no viene del Tajo.

El pleno reprobó al alcalde Antonio Román porque considera que falta transparencia e información en el Ayuntamiento. Una acusación bastante habitual que la oposición hace en todos los ayuntamientos, y que en principio no hay que desatender, pero que en el de Guadalajara cobra un interés especial. ¿Por qué? Porque en el pleno de Guadalajara, la oposición es mayoría y se puede permitir el lujo de aprobar iniciativas sin cuento, demasiadas veces sin el necesario respaldo presupuestario, con lo que muchas se quedan en nada, porque  el encargado de ejecutarlas es el Equipo de Gobierno y este lógicamente se resiste, si  no se está de acuerdo.

Siempre  me ha parecido una fruslería que desde la oposición se pretenda marcar a cualquier gobierno su hoja de ruta cuando lo que tiene que hacer el gobierno es gobernar en función de un programa electoral sometido a las urnas; y la oposición controlarlo y que no caiga en abusos. Por eso yo tampoco acabo de entender muy bien en qué consiste reprobar la gestión de un alcalde, más allá de escenificar públicamente su castigo en la picota mediática. Pero lo que tal vez no repara la oposición es que cada vez que se ponen de acuerdo para afear al gobierno de Román, y luego eso no se traduce en nada,  porque las mociones de censura en España son “positivas” – es decir, requieren de un candidato alternativo-,  son reprobaciones con retranca: lo que muestran es que no hay más alternativa posible que la del actual gobierno en minoría (11 ediles de 25), por muchos sopapos que la leal oposición tenga a bien inferir en cada pleno al excelentísimo. Y en esas aguas procelosas Ciudadanos cada ves se maneja peor.

Plaza de España.– Guadalajara ya tiene una plaza principal dedicada a la nación española, aunque sea de aquella manera, y eso me complace  menos. Para reparar no sé qué agravio a uno de los bandos del conflicto,  cuando ya en la época de Javier de Irízar se dejó muy claro que la plaza era de todos los Caídos al añadir el término “en la Guerra Civil”. Ahora se llamará plaza de España cuando en el acervo popular se había instalado el uso de “plaza del Infantado” como alternativa al oficial. Antes lo fue de La Fábrica, por la industria Real de Paños,  y en el primer tercio del siglo XX  Plaza del Conde de Romanones,  el político más influyente que ha tenido Guadalajara en la historia, con sus claros y sombras,  que allí tuvo su casa principal en la ciudad. Así que los caídos de ambos bandos se han quedado sin plaza, como antes el Conde de Romanones en tiempos de la República… ¡Qué ganas de no dejar a la historia en paz!

Nada es gratis.-Me parece bien que el Ayuntamiento favorezca  la posibilidad de que en Guadalajara puedan existir huertos urbanos, ya sea en el casco o en la periferia (¿por qué no en la finca de Castillejos?), pero siempre que el servicio se financie con las tasas correspondientes, como exige la Ley. Cada vez que se aprueba un nuevo gasto sin generar el correspondiente ingreso estamos generando un aumento del gasto ordinario, que es el principal enemigo de la inversión productiva y el empleo. Porque al final solo se financia con nuevos impuestos en una ciudad que ya tiene demasiados. Nada es gratis, y si el kilo de tomates de un paisano sale a 5 euros en un huerto urbano, podrá compensar por el entretenimiento y la vida saludable, pero es él el que lo debe financiar,  no el resto del vecindario. Había que darle una vuelta a la moción que presentó Ahora en el pleno, y para eso está el Equipo de Gobierno.  Esto es lo que hay.

Los ribereños de Entrepeñas y Buendía  han iniciado este domingo, con la caravana entre Sacedón y Pareja, una serie de acciones que se prolongarán durante todo el verano para denunciar la situación de la cabecera del Tajo en la que, a pesar de estar al 17% de su capacidad, se aprueba  de forma inmisericorde un trasvase cada mes de un mínimo de 20 hectómetros cúbicos ( o sea, 20 millones de metros cúbicos, para que se entienda mejor). Los ribereños no entienden que la cabecera del Tajo se haya convertido en una balsa de la que el Levante español tira de ella todos los meses con independencia de lo que pase en la cuenca del Segura y se sublevan, claro, cuando ven que incluso cuando allí se producen inundaciones y se desborda ¡hasta el canal del trasvase!, el ministerio de Agricultura aprueba nuevos trasvases, aunque en la cabecera apenas haya llovido.

Se mire por donde se mire esto es un sinsentido que exige una negociación entre comunidades y territorios con el Estado como árbitro de un encuentro en el que se juegan intereses en conflicto, pero que un Estado articulado y moderno debe conciliar. Hasta ahora no lo ha hecho. El Levante español siempre ha ganado todas las batallas, e incluso las que se libraron con gran imprudencia, como fue la reforma unilateral del Estatuto de Autonomía, que promovió José María Barrera para acabar por Ley con el Trasvase. Sólo a Ibarreche le sucedió un fracaso similar en la tramitación de un cambio en un Estatuto de Autonomía. Elocuente.

Los intereses  del Levante español (desde Valencia hasta Almería) los conocemos todos.  Tienen la mejor y más eficaz huerta española, sus regantes son organizados y profesionales, ningún gobierno de España osaría ponerla en peligro por una cuestión de contabilidad nacional, pero sufren un gravísimo problema: arrastran un déficit hídrico estructural de unos 400 hectómetros anuales, que hasta ahora han resuelto fundamentalmente mediante los trasvases. Pero con el paso de los años se ha visto que las expectativas con las que se construyó el trasvase fallaron: en Entrepeñas-Buendía no hay ese agua que el Levante demanda, porque la captación se hizo en un lugar inadecuado.  En la cabecera en lugar del Tajo medio.

Los intereses de la comarca cedente también son conocidos. El  Estado inundó sus mejores tierras a cambio de unas Leyes de Compensación, que sistemáticamente se incumplieron, y se les dijo que la compensación vendría por el desarrollo del turismo. Se montaron negocios y se desarrollaron urbanizaciones al albur de lo que entonces se conoció como el Mar de Castilla, pero los niveles de ambos pantanos comenzaron a bajar y bajar , de sus entrañas salieron puentes y viejos balnearios anegados, y esas expectativas para la comarca se fueron al traste. La pertinaz sequía, como decía Franco, se convirtió en la permanente sequía, y el Mar de Castilla quedó reducido a una charca o al viejo caudal del Tajo cuando por él los gancheros transportaban sus maderadas, como nos describe José Luis Sampedro, del que celebramos este año su centenario. En esas circunstancias nadie puede reprochar a los ribereños que en una declaración de máximos pidan subir el mínimo no trasvasable de 400  hasta los 1.000 hm3, mediante las modificaciones legales pertinentes.  La realización de inversiones en la comarca por parte del Gobierno de España a través del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. O más inversiones  desde la Junta de Castilla La Mancha,porque aunque esto se oculta en Toledo, recibe en torno a 5 millones de euros al año de los regantes , que no llegan a nuestros pueblos como la Ley establece.

Por todo ello, los ribereños reivindicaban en su marcha por la preocupante situación de prealerta en la que en estos momentos se encuentran los embalses, al 17 %, que no se deberían autorizar más derivaciones de agua a través del acueducto Tajo-Segura.

Es notorio que si hubiera que esperar a esos mil hectómetros para trasvasar más agua, en Murcia, Valencia y Almería  tendrían un serio problema. Pero en el Levante no pueden seguir instalados en el inmovilismo y pretender que las soluciones del tardofranquismo de Silva Muñoz son las únicas válidas cincuenta años después. Los recelos hacia los sistemas de desalación son cada vez más injustificados, a medida que van siendo cada vez más eficaces, y tienen que ganar más peso en sus regadíos.  Hoy se cifran en unos 100 hectómetros, y si solo aportan entre un tercio y la mitad de los recursos que se reciben del trasvase es porque el agua del Tajo ha tenido unos costes políticos tan bajos que han desalentado otras alternativas.

El gobierno murciano aprobó recientemente una declaración que reconoce la conveniencia de avanzar más en la desalación, porque los hechos son  tozudos. Con el agua que está recibiendo del Tajo, unos 220 hectómetros anuales, no se cubre ese déficit  hídrico, pero es que además esa cantidad debe rebajarse paulatinamente para cubrir las necesidades de la cuenca.  Sabedores de ello, el parlamento murciano pidió recientemente “redotar” a la cabecera del Tajo de agua mediante la construcción de conexiones con el Duero o el Tajo medio. Me sorprende que la consejera de Fomento, Elena de la Cruz, se haya convertido en portavoz del  rechazo a dichos proyectos por  la contestación social que podrían tener en Castilla y León y Extremadura. No es su papel. No me cabe duda de que una solución como la apuntada suscitaría gran controversia entre las comunidades apuntadas, pero no  tanto porque sea técnicamente imposible o porque con una gestión sostenible no tendría por qué afectar a los intereses de castellano-leoneses y extremeños. Recuerdo algunos artículos de Rufino Sanz al respecto.

El problema es político. En España las autonomías confunden cuenca hidrográfica con comunidad autónoma, y lo que pretenden es reinar sobre ríos y embalses obviando que son competencias estatales. Y así ocurre que una derivación de 50 hectómetros entre la cabecera del Tajo y la llanura de Ciudad Real  es simplemente la “tubería manchega”, pero si esa misma derivación aprobada fuera  desde la cabecera del Tajo a Soria, a Teruel o a Murcia hablaríamos de trasvase.

Hay demasiado populismo y mucha política pequeña en la manera de abordar el agua en España, que se ha ido agravando por nuestra deficiente vertebración del Estado Autonómico. Pero es hora de sentarse a hablar sobre el agua en este país, que todavía se llama España, imaginando que somos Francia o Alemania.

Esto es lo que hay, y no parece que convenga a nadie.

Susana Díaz comunicará este fin de semana que se presenta. Tiene detrás a más ex presidentes, más alcaldes, más parlamentarios y más cargos orgánicos del PSOE que cualquiera de los  otros candidatos; y esto habría sido suficiente para haberse paseado en su carrera a la secretaría general  en cualquier otra etapa de la historia reciente del partido. Ahora está por ver.

Las mal llamadas Primarias están cargadas de sorpresas y más en los últimos tiempos en los que los electores de medio mundo están castigando  a cualquiera que sale con pinta de haber tenido alguna responsabilidad en la vida. El fenómeno Trump en Estados Unidos, el de Marinne Le Pen en Francia, Geert Wilders en Holanda, Alexis Sypras en Grecia, el Brexit en el Reino Unido,  o el mismo  Plablo Iglesias en España se nutren al final de lo mismo, el populismo, que ofrece recetas simples para los problemas muy complejos que han degradado el estilo de vida de la gente corriente en el mundo desarrollado, y todavía están atribulados por una crisis de la que no se sabe si hemos  salido en parte y de qué manera. Por ello,  no es tampoco de extrañar que con independencia de la procedencia ideológica de estos movimientos, situados en los extremos, al final todos acaben abrazando el proteccionismo de las preguerras,  y se cohesionan ante un enemigo exterior, que en Estados Unidos, Holanda, Hungría, Alemania o Austria puede ser el emigrante al que presentan como un consumidor  de recursos públicos y puestos de trabajo, o en Francia, Gran Bretaña y el sur de Europa maldicen a esa Unión Europea a la que dibujan como madrastra, y no como una impresionante organización que, con todos sus defectos, ha llevado a Europa al mayor grado de paz y desarrollo de toda su historia. No hagan caso a los cantamañanas, porque así es.

El PSOE  reformista y socialdemócrata,  sucesor del que alumbró Felipe González, Nicolás Redondo y Alfonso Guerra en Suresnes,  necesitaba un candidato; y se puede decir que le ha tocado a  Susana Díaz, casi en acto de servicio. La presidenta andaluza no es González, tampoco se la conoce un pensamiento político propio,  su gestión presenta lagunas en cuestiones esenciales, como el empleo o la competitividad en su comunidad, pero es una mujer corajuda, que conoce a la perfección los resortes de su partido, y que sin obrar ningún milagro, por lo menos no es dada a meter a su partido, y al país, en aventuras que nos harían gritar lo que aquel inválido descontrolado en una cuesta de Fátima: “Virgencita, que por lo menos me quede como estoy”. La gran baza de Susana Díaz va a ser esta, presentarse ante sus compañeros de partido como una líder de gran vitalidad, ni muy mayor ni muy joven, con un discurso enfocado a recuperar para su partido la centralidad en la política española, única manera de poder regresar alguna vez al poder sin necesidad de coaliciones anti naturales.Susana Díaz tendrá en frente a Pedro Sánchez, y en un segundo plano a Patxi López, que ya veremos si sigue en la carrera hasta el final.  El ex secretario general del PSOE, con dos derrotas electorales a sus espaldas, está intentando presentarse como el candidato de la izquierda y de las bases, y aunque habrá que esperar a  saber más detalles cuando empiece la campaña, de verdad, hay algo que le distingue de Susana y Patxi: no hace remilgos en pactar con populistas, comunistas e independentistas, asumiendo definiciones de estos últimos como  que “España es una nación de naciones”, lo que nos llevarían como poco a un estado confederal, que no tiene cabida en la Constitución. Y en consecuencia a abrir la puerta a otras soberanías, con capacidad de decisión, que no sea el pueblo español.  Como ocurre ahora.

Se puede decir, por tanto, que jamás los militantes socialistas van a tener un espectro ideológico tan amplio en el que elegir, lo que tiene un serio inconveniente: que tejer lo descosido, luego, va a  ser enormemente complicado. Y el riesgo de ruptura es mayor que nunca.  Es una lástima que por la trascendencia de lo que se juega el PSOE, y la política española en general (si gana Sánchez,  Rajoy convocará elecciones antes de que le presenten una moción de censura y los Presupuestos se van al garete), una decisión de este tipo solo sea tomada por los afiliados a un partido al corriente de pago, (que se mueven por muchos resortes que no son siempre el de elegir al candidato con más posibilidades), y no sea compartida por los simpatizantes y su cuerpo electoral.

En este sentido, Francia nos ha dado otra vez una lección impagable. Conservadores y socialistas han podido elegir a sus candidatos a doble vuelta, pero el sistema es tan permeable que ante el escándalo surgido con los chanchullos de Fillón o las escasas probabilidades que tiene Benôit Hemon como candidato del Partido Socialista (un líder en el extremo del PS, en la línea de Pedro Sánchez) , ha salido un candidato independiente, Enmmanuel  Macron, ex ministro de Economía con Hollande, y que al final puede ser la mejor opción para disputar a Le Pen la presidencia de la República en segunda vuelta.

Esto es lo que hay. Pero que nadie se equivoque. España no es el Reino Unido y aquí no nos podemos permitir ni brexits, ni experimentos extraños que no caben en la Constitución. Aunque reconozco que tenemos un problema endémico. Nuestra Ley Electoral es tan enrevesada, que la crisis de un partido, pongamos que hablamos del PSOE,  acaba siendo una crisis de Estado.

Ayuntamiento y Gobierno regional deben superar la política de puentes rotos que caracteriza a las relaciones entre ambas instituciones, y que en el último año ha llegado a tal grado de aspereza  por  el tacticismo partidista, que se ha perdido la perspectiva de dónde está  el interés general . Diríase que algunos se han imaginado que la batalla por el palacio de Fuensalida se libra antes en la ciudad de Guadalajara y su ayuntamiento, y francamente me parece una exageración. Pero es lo que aparenta constatar el grado de tensión que se  ha alcanzado en este asunto de los accesos del  hospital y la puesta en marcha del  nuevo aparcamiento subterráneo,  que está enquistado y con muy mala pinta. Hasta el punto de que unos y otros se hacen cábalas sobre a quién podría perjudicar más electoralmente mantener la actual brecha. Yo les respondo: a la ciudadanía, que  no entiende cómo por apenas 300.000 euros, que costaría el acceso principal, se ha podido montar esta guerra. No estamos hablando por tanto de dinero, sino de mala política.

Lo que está claro es que ninguna solución va a venir por mociones  como la debatida  en el último pleno, porque como dijo el portavoz de Ciudadanos es más que probable que se convierta en papel mojado. Puro humo. Ningún agente urbanizador está interesado en llevar a cabo este desarrollo a corto plazo,por lo que la inversión para conectar una segunda  salida del Hospital con la rotonda,  junto a la A-2 y las pistas de atletismo de la Fuente de la Niña, tiene que ser pública o podrían pasar diez años. De lo que toca hablar por tanto es sobre cómo se ejecuta, en qué plazo y quién la paga. Y para ello hay que sentarse en la misma mesa las tres partes interesadas: Ayuntamiento de Guadalajara, Junta de Comunidades y Ministerio de Fomento.  Siendo esto tan claro, parece un acto de soberbia  o sencillamente insensatez que el consejero de Sanidad, Jesús Fernández, rehuya un diálogo al máximo nivel con el Ayuntamiento –el alcalde dice que le ha solicitado hasta cuatro veces una entrevista-  cuando no solo hay que llegar a un acuerdo sobre los accesos, sino también para poner en marcha el nuevo estacionamiento subterráneo, que es de esperar que mejore algo el caos actual del tráfico a las horas punta, aunque nunca lo logrará del todo mientras  no se ejecute la mencionada segunda salida.

Para inaugurar ese aparcamiento es necesaria una licencia  de primera ocupación y otra licencia de primera actividad, que todavía  el Sescam no ha solicitado, a pesar de que el proceso para adjudicar el aparcamiento se está sustanciando en estos momentos, aunque se podría retrasar porque según desveló  el vicealcalde Jaime  Carnicero se han presentado varios recursos al pliego de condiciones que publicó la Junta para adjudicar la explotación del mismo y lo han derivado al  Tribunal Central de Materia Contractual . Paralelamente  el Sescam tiene que presentar un plan de movilidad, que el Ayuntamiento debe aprobar.

Por tanto,  le guste o no al consejero Fernández  son muchas cosas las que tiene que hablar con el alcalde de Guadalajara, aunque no le caiga simpático, y este a su vez coordinarlo con el Ministerio de Fomento.  Y si el asunto le supera, pues a lo mejor tendrá que implicarse directamente  el presidente regional, Emiliano García-Page, como sucedió con el Campus Universitario.  Abierto el diálogo es el momento de de acordar unos planes y un calendario, y de decir al Ayuntamiento: ustedes  tienen que liderar esto, y aportar la parte principal de la inversión, como parece razonable, pero en el foro de una mesa no a través de declaraciones o mociones sugeridas. ¿O es que alguien duda de que el consejero y el alcalde de Guadalajara no se habrían reunido una docena de veces si fueran del mismo partido político?

Insisto:  entiendo que el Ayuntamiento tiene la principal responsabilidad en dar una solución a los nuevos accesos, pero también le asisten  razones para que la otra parte implicada colabore en su justa medida, como estaba dispuesta a hacerlo hasta el 23 de febrero de 2016 cuando el  director gerente Lucio Cabrerizo, solicitó autorización al Ayuntamiento para construir el enlace (literal) y autorizar el paso por la parcela del sector SP08. Desconozco lo que pasó a partir de esa fecha, pero lo que tengo muy claro es que esto se arregla de buenas maneras en la mesa de negociación al más alto nivel, o que los ciudadanos acabarán pagando los celos políticos de nuestras instituciones, que deben dejarse de tacticismos y pensar más en el bien general.

Esto es lo que hay.  Ayuntamiento y Junta deben de ser responsables y llegar a un acuerdo sobre el Hospital y otros grandes temas, como puede ser el incumplimiento del convenio sobre el  Fuerte  (Román decidió acudir a los tribunales estando de presidenta Cospedal, lo que le honra) o determinadas cuestiones urbanísticas, porque todavía queda demasiada legislatura como para ir de follón en follón y tiro por que me toca.

¡Qué aburrido!

Foto: Acceso al Hospital, cualquier día en hora punta.

El nombramiento de Antonio Román como destacado miembro de la dirección nacional del Partido Popular, ha alimentado los cotilleos, porque la información es otra cosa, en la prensa regional, hasta el punto de que el propio Román tuvo que salir al paso y proclamar aquello de que  «no hay nadie con más méritos para encabezar el partido que Cospedal”,  o preguntado por la posibilidad de que Cospedal no se presente y el partido le proponga hacerlo, aclaró que él no abre «ninguna otra hipótesis» y ha insistido en que «la mejor presidenta que ha tenido Castilla-La Mancha es María Dolores de Cospedal y no hay nadie ahora mismo que le pueda hacer sombra en los méritos que tiene para seguir encabezando el PP».

Al día de hoy, las cosas van por ahí. Nadie en el PP de Castilla-La Mancha maneja otra opción que no sea la reelección de Cospedal como presidenta regional del  partido, que es lo que se ventila ahora. Bien es cierto que si las cosas transcurren dentro de la normalidad, Cospedal será otra vez candidata a la presidencia de Castilla-La Mancha, pero eso será en 2019, y en política dos años es un horizonte demasiado lejano como para hacer muchas cábalas. Por todo ello, que Román haya entrado en la dirección del PP y al frente de una secretaría de área (sólo el secretario regional, Vicente Tirado, ocupa otra, porque José Ignacio Echániz dejó de ser secretario de Sanidad) por lo menos quiere decir que el alcalde de Guadalajara está bien considerado por Mariano Rajoy, porque le coloca en primera línea de salida para lo que el omnipotente presidente quiera.  Me consta que Rajoy,  un conservador poco dado al  al cambio por el cambio, ya intentó que Román encabezara la candidatura al Congreso en las últimas elecciones –y esto es información-, pero  no fue posible porque Román le puso una condición que resultó insalvable: quería seguir  siendo alcalde de Guadalajara, y cumplir el compromiso al que llegó con sus electores.

Ahora ha sido otra vez Rajoy el que ofrece a Román una codiciada secretaría de área, y lo hace con su manera habitual: veinticuatro horas antes de que se hiciera oficial. Se supone que el encargo contaría con el visto bueno de la secretaría general, cuyo nombramiento también se hizo de rogar, y que de alguna manera venía a cubrir la plaza que dejaba Echániz, que otra vez tuvo que encontrar acomodo en la lista de Madrid, aunque  él peleó para encabezar la de Guadalajara. Así las cosas, Román tendrá que convivir con las especulaciones –y algún zurriagazo de sus adversarios, los internos y externos- en los dos próximos años hasta las municipales en los que se  quedará como primer reserva de Cospedal, porque solo Dios sabe lo que puede ocurrir dentro de dos años y el papel a jugar por cada uno de los actores. No solo en el PP.

Algunos en los últimos días me han preguntado qué cómo analizo en clave interna  este nombramiento de Rajoy. A algún colega toledano le he dicho que descarte por completo que Román no acabe la legislatura, a pesar de que le han dejado sin sueldo, y aunque no soy rajólogo, ni creo que haya alguien que lo sea, tal vez Ana Pastor,  no parece descabellado pensar que no sería prudente ningunear a Antonio Román ante la celebración de los congresos regional y provincial del partido, si es que alguien hubiera tenido intención de ello.

Y si el foco se pone sobre el Ayuntamiento en la figura de su alcalde, no solo Román ha merecido la atención en los últimos días. Daniel Jiménez,  al que hace tiempo le buscaron sustituto en Toledo, y tiene nombre de mujer, se ha puesto al frente de los sanchistas de Guadalajara y en los próximos meses pueden saltar chispas. Cuatro meses de campaña  interna cuando los votos están contados y hay que disputarlos puerta a puerta (otra cosa es que el PSOE convocara unas Primarias de verdad, como en Francia o Estados Unidos, con participación de los simpatizantes) es demasiado tiempo como para que no se hagan daño. En Guadalajara los sanchistas van a tener enfrente a la actual mayoría,  que con Pablo Bellido apoyó a Eduardo Madina en las últimas elecciones internas.  Y que acabará confluyendo en la alternativa que más pronto que tarde liderará la andaluza Susana Díaz y a la que apoyará Emiliano García-Page,  que respaldó a la Gestora en el  cambio del anterior secretario general, al que considera un político diletante más allá del “no es no”, porque acabaría llevando al PSOE a perder la transversalidad y a ser devorado por Pablo Iglesias y su comunismo 2.0  en una suerte de Syriza a la española .

Hay demasiadas cosas en juego como para que todo este proceso se pueda llevar deportivamente, pero esto es lo que hay.

Recuerdo el viaje inaugural del AVE a Barcelona en octubre de 2003. Gobernaba Aznar, con Álvarez Cascos de ministro de Fomento.  Los Reyes  Juan Carlos I  y doña Sofía presidían el evento y fueron  descubriendo placas conmemorativas durante todo el viaje: Atocha, Guadalajara-Yebes, Calatayud, Zaragoza (con acto especial porque la estación de Delicias y el desarrollo en su entorno era espectacular para la época) y así llegamos hasta  Lleida-Pirineos. Entonces era la última estación de la línea, pendiente de que se resolvieran no pocos problemas –algunos relacionados con desprendimientos de tierras—para que la Alta Valocidad llegara a Tarragona, Barcelona (con una estación en el casco urbano) y finalmente desde la Ciudad Condal  hasta la frontera francesa.

Después del AVE que Felipe González promovió entre Madrid y Sevilla, con motivo de la Exposición Universal de Sevilla en 1992, la extensión de la Alta Velocidad hacia Francia por el corredor castellano-aragonés-catalán era un icono de  la  modernidad en la España democrática que en apenas diez años había pasado de tener un ferrocarril obsoleto a ponerse a la cabeza de la alta velocidad en Europa con Alemania y Francia.¡Ahí es nada!  Ese primer viaje en el que apenas se notaba la velocidad que desplegaba el convoy fabricado en Alemania (Siemens)  y España (Talgo)  fue emocionante.  Y durante el trayecto y las paradas para descubrir las reales placas, los periodistas alcarreños lo aprovechamos para sacar  información  a la gente de Adif-Renfe   sobre el horizonte que se abría para una provincia disponer de una estación  en Guadalajara-Yebes a poco más de veinte minutos de Madrid.  Tal especial era la ocasión, que los ayuntamientos de Guadalajara y Yebes aprobaron un plan urbanístico especial  en base a esa  oportunidad , contemplada por la Ley, y que preveía la construcción de una nueva y moderna ciudad en el entorno de la Estación del AVE, que en un horizonte a largo plazo  debería alcanzar los veinte mil habitantes en lo se llamó Ciudad Valdeluz, y que pasaría de los 30.000 si contamos el desarrollo  de los terrenos próximos en el vecino Horche y el poco suelo que queda allí perteneciente al término de Guadalajara capital.

Les puedo asegurar que en ese viaje inaugural nadie de Adif- Renfe ponía en duda que Guadalajara tendría un servicio de Lanzaderas  hasta el punto de que la estación disponía de un apeadero perfectamente equipado para que el citado servicio no entorpeciera el funcionamiento normal del AVE  entre Madrid y Barcelona. Tan claro estaba el asunto, que solo hay que mirar el expediente y la aprobación del Área de Oportunidad Estación AVE Guadalajara,  que justificada ese desarrollo especial en base a que la nueva ciudad tendría una conexión privilegiada con Madrid y a un precio razonable. Valdeluz nace en base a esas expectativas, y así se justifica su urbanismo de carácter especial.

¡Pero sin saber muy bien cómo nos dieron el timo del tocomocho!  Renfe cambió  sus prioridades y las Lanzaderas que ese octubre de 2003 se estaban construyendo para el servicio entre Guadalajara y Madrid, según habían asegurado, acabaron siendo utilizadas en la nueva línea de velocidad alta  Madrid-Toledo. No lo puedo probar, pero me parece muy extraño que este cambio de planes por parte de Renfe se hiciera sin el consentimiento de la comunidad autónoma, siempre tan atenta a los problemas de su capital y mucho menos de los que habitamos en un córner de la autonomía.  Lo único que sé es lo que pasó: que Renfe justificó la decisión en base a que Guadalajara forma parte del servicio de Cercanías de Madrid (como si fuera una novedad),  que nuestros políticos y representantes públicos lo acabaron aceptando sin montar ningún escándalo – no sea que alguien se vaya a molestar en Madrid y Toledo-, y, luego, el comienzo de la crisis inmobiliaria hizo el resto.  La tormenta perfecta: sin lanzaderas y con el estallido de la crisis inmobiliaria, la principal promotora de Valdeluz se fue a concurso de acreedores y el horizonte  de esa nueva Ciudad Jardín, que se construía en medio de las antiguas tierras de labor de la  Condesa de la Vega del Pozo,  se convirtió en un agujero negro.

Hacen bien en Valdeluz, ahora que empezamos a salir  aunque trasquilados  de la puñetera crisis, de mirar hacia la estación del AVE para relanzar su desarrollo,  una tarea en la que deberían ir de la mano con Guadalajara y el resto de localidades del Corredor, incluyendo Alcalá de Henares.  Me explico:  Guadalajara-Yebes debería ser la estación del AVE de este tramo del Corredor , porque es más operativa que la de Madrid-Atocha. Un vecino de Alcalá llega antes a Yebes que a Atocha. Y encima no le cuesta el párking. ¿El problema? Que a pesar de haber pasado quince años desde la inauguración real  en  la actualidad solo operan nueve trenes de ida y otros tantos de vuelta, y con tarifas que oscilan entre 15’80 € a 27,20 euros a Madrid,  dependiendo de la clase del asiento. Frecuencias y precios son sencillamente una vergüenza. Guadalajara-Yebes es un triste y poco frecuentado apeadero ( a pesar de que en los últimos años parece que se está quebrando la caída de usuarios) y así malamente puede convertirse  en la estación de alta velocidad del Henares.

Lo último que sabemos de los propósitos de Renfe no invita al optimismo.  El Ministerio de Fomento reiteró en 2015 ante una pregunta del entonces diputado de UPyD Carlos Martínez Gorriarán su posición oficial sobre las Lanzaderas entre Madrid y Guadalajara, y que mantiene con independencia de quien gobierne. No las habrá, porque considera que hay oferta suficiente en el ferrocarril de Cercanías. Pero ya ven lo que pasa en las Cercanías. Que cada vez están más saturadas, que las frecuencias han dejado de ser competitivas y el servicio empeora. Me parece por tanto muy oportuna la demanda que hace el grupo municipal de UpyD  Yebes por la que se propone la implantación de tarifas Avant similares a las de otras capitales españolas. Costaría 6,90 el viaje hasta Atocha en lugar de los 15’80 a 27,20 euros que oscilan los actuales, dependiendo de la clase del asiento.  Es una ofensa y un desvarío la diferencia de precio que hay entre Toledo y Cuenca , entre otras ciudades, y lo que se paga desde Guadalajara.

Ahora que se empieza a ver el final del túnel de la crisis, hay que mirar otra vez hacia la estación del AVE de Guadalajara-Yebes,  y relanzarla hacia lo que nunca ha llegado a ser desde que los Reyes la inauguraran ese lejano 10 de octubre de 2013. La estación del Corredor.Esto es lo que hay.  Unos precios prohibitivos, sin Lanzaderas y nueve trenes diarios. Es, con diferencia, la estación más infrautilizada de la red de alta velocidad española.

P.D. Es puro  aburrimiento. La última, en un reportaje distribuido por una agencia se supone que seria como es Europa Press, y con la que tuve la satisfacción de colaborar durante muchos años,  se dice que Majaelrayo es un pueblo “manchego”. Hay que ser muy  bruto y un lego total en geografía,  aunque sea un  alumno de la Logse, colocar en La Mancha –una comarca de orografía llana y despejada, como su nombre indica- a un pueblo castellano que está en plena sierra del Ocejón y  a mil kilómetros de altura.  Claro que algunos empiezan por confundir a la gente desde el mismo momento  en que se pone una rueda en una carretera provincial, y luego se caen en estas simplificaciones. ¡Qué hartazgo, de verdad!  Y se lo dice un europeista convencido . Pero una cosa es no ser nacionalista y otra un hijo de puta que no reconoce a su padre y a su madre. ¿Lo entienden?
Pie de foto: Estación de Guadalajara-Yebes. Al fodo, el apeadero que se construyó para dar servicio a las Lanzaderas. Foto: GD.

Una iniciativa  ciudadana que ha hecho furor en las redes sociales en los últimos días,  promovida por una asociación de senderistas de Guadalajara (www.senderismoguadalajara.es) tiene por objetivo convencer  al Gobierno de Castilla-La Mancha, con educadas maneras  y poderosos argumentos para que no termine de poner un cartel de bienvenida a la provincia con el lema “Bienvenido a la tierra del Quijote. Provincia de Guadalajara”.  Y ofrecen como alternativa un cartel similar que ha sido diseñado en un concurso público en las redes sociales y que ha ganado un conocido diseñador gráfico, Sergio Velasco, en el que siguiendo los mismos patrones de la campaña sustituyen la referencia quijotesca y el único dibujo del palacio del Infantado  por otros  siete de los principales iconos turísticos de nuestra provincia en una intención de ofrecer al visitante una visión más representativa y plural de Guadalajara: son el Palacio de los Duques del Infantado de Guadalajara, la Plaza Mayor de Atienza, el balcón enrejado del Palacio Ducal de Pastrana, el sepulcro del Doncel Martín Vázquez de Arce de Sigüenza, el Pórtico de Santiago de la Iglesia de San Salvador de Cifuentes, la Casa de Piedra de Alcolea del Pinar y el Castillo de Molina de Aragón.   Son todos los que están, aunque como en cualquier selección no están todos los que son,  y en cualquier caso no lleva a la confusión como con el cartel oficial.

Cualquier administración tiene obligación de ser rigurosa, y el cartel oficial aprobado no lo es  porque transmite una información incorrecta. Guadalajara no es la Tierra del Quijote,  porque aun siendo su autor nacido  en el valle del Henares, Cervantes fue riguroso y en el paisaje manchego de su impagable  novela no podían tener cabida ciudadaes como Alcalá de Henares o Guadalajara.  Tal es así, que como nos recuerda una lectora, María Teresa Yela, la única cita que hay de nuestra provincia en el Quijote, es cuando dice que el cura del pueblo, Pedro Pérez, es Licenciado en la Universidad de Sigüenza,y en términos un tanto peyorativos.  A Sigüenza solo se acerca el universo literario del Quijote de Avellaneda, y claro, no es lo mismo.

La cartelería oficial, por tanto,  incumple con la obligación de actuar con rigor, pero es que además, con ello, hace de menos a las señas culturales y de identidad de una provincia con tanta historia, como la de Guadalajara, que no necesita de imposturas para promocionarse. Guadalajara no es la Tierra del Quijote, pero sí lo es de autores como el Marqués de Santillana, el Arcipreste de Hita,  el Infante Don Juan Manuel o el Poema del Mío Cid,  por citar solo a cuatros de nuestros clásicos castellanos, y también lo es de Camilo José Cela, Buero Vallejo o José Luis Sampedro,  tres de nuestros contemporáneos más ilustres en el paisanaje o el paisaje. No hay por lo tanto necesidad de distorsionar  la realidad cultural de Guadalajara para hacer promoción de ella,  ni acudir a uniformidad alguna porque da lugar a la extravagancia, como cuando vamos camino de Hita y se nos anuncia que estamos en la ruta de Don Quijote, y no de Juan Ruiz, uno de los más insignes poetas de las Castilla medieval. ¿Pero no ven que rechina?

No entiendan estas líneas como asomo de falta de respeto y consideración por la que es la mayor joya de la literatura en castellano. Incluso llego a entender que desde el punto de vista publicitario el logotipo del turismo de Castilla-La Mancha sea la vacina del Quijote para aprovecharse de esa sinergia. Pero no caigamos en la uniformidad ideológica propia de otros tiempos, como sucedió con la idea de España, denominando a la autonomía entera la Tierra del Quijote,  o incluso solo con el nombre de la comarca de  La Mancha, por simplificar.

Espero que Emiliano García-Page,  uno de los pocos históricos que quedan en activo en esta autonomía, y que suele ser sensible a las particularidades de esta provincia castellana, corrija el desafuero que otros más próximos deberían haber evitado y advertido.

Esta misma semana hemos tenido un segundo ejemplo de  cómo otra administración ha incumplido esa sagrada obligación de actuar con rigor y no ofender gratuitamente a sus administados. Me refiero a la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, que no ha tenido remilgos en conceder un trasvase de  20 hectómetros desde el Tajo al Segura, coincidiendo con nevadas e inundaciones  en todo el levante español  mientras en la cuenca alta del Tajo no llovía una gota.  De hecho, mientras que en la cuenca del Segura sus reservas están oficialmente  al 28%, en Entrepeñas y Buendía apenas estamos al 17,2% , y en la semana anterior las reservas bajaron 3,67 hectómetros.

Soy persona políticamente incorrecta, porque desde Guadalajara siempre sostuve que el problema no es tanto el trasvase Tajo-Segura, como tal, porque reporta grandes réditos a la economía nacional.  Sino que como el tiempo ha demostrado se construyó en un lugar inadecuado (la cuenca alta en lugar del Tajo medio), y por la regionalización de la política hidráulica en España al final se ha convertido en el único trasvase existente al darse carpetazo al del Ebro y a cualquier política para interconectar las cuencas en España, por la que los regeneracionistas españoles como Joaquín Costa o luego Indalecio Prieto abogaban desde el siglo XIX. No soy tan ingenuo para pensar que con el descosido en que hoy se ha convertido el sistema autonómico español sea  posible alguna vez  que  el agua del Duero o del Ebro pueda aportar parte de su sobrante a las cuencas del  sur o el levante(aquí el único trasvase entre cuencas será la llamada “tubería manchega” , y porque se hace en el ámbito de una comunidad autónoma).

Con estos antecedentes, y la manifiesta falta de voluntad por embridar con decisión una política de desalación en el levante español, constituye una ofensa gratuita la aprobación de un trasvase de 20 hectómetros en estas condiciones, simplemente para que se lleven un agua del Tajo al Segura para guardarla allí.

Esto es lo que hay. Son ganas de ofender, señora Tejerina. De tomarnos por bobos.

P.D. A Ciudadanos le parece que la moción pidiendo la absolución de los 5 del Buero “interfiere” en la justicia y que eso es “inaudito”, pero en el pleno se abstienen permitiendo que prospere una moción, que según esta teoría, interfiere la justicia. ¿Esto es por pura incoherencia o por despecho una vez que horas antes, en Diputación, se hubiera consumado la tocata y fuga a razón de 49.000 euros del ala para la Diputada No Adscrita? ¡Menos mal que hay un Pacto Antitransfugas! Al día de hoy, la mayoría en la Diputación y en el Ayuntamiento de Azuqueca pivotan sobre dos ediles no adscritos, y ambos procedentes de dos partidos emergentes, de estos que venían a regenerarlo todo. ¡Vaya tela!

¿Por qué creen que soy partidario de la segunda vuelta a la francesa? Mejor es darle la última palabra a la ciudadanía  que a transfugas y conspiradores.
Fotos: superior, el cartel alternativo propuesto. Y abajo, el cartel oficial que está pendiente de instalarse, entre otras vías, en la N-320 y las entradas desde Aragón, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana.