Recuerdo el viaje inaugural del AVE a Barcelona en octubre de 2003. Gobernaba Aznar, con Álvarez Cascos de ministro de Fomento.  Los Reyes  Juan Carlos I  y doña Sofía presidían el evento y fueron  descubriendo placas conmemorativas durante todo el viaje: Atocha, Guadalajara-Yebes, Calatayud, Zaragoza (con acto especial porque la estación de Delicias y el desarrollo en su entorno era espectacular para la época) y así llegamos hasta  Lleida-Pirineos. Entonces era la última estación de la línea, pendiente de que se resolvieran no pocos problemas –algunos relacionados con desprendimientos de tierras—para que la Alta Valocidad llegara a Tarragona, Barcelona (con una estación en el casco urbano) y finalmente desde la Ciudad Condal  hasta la frontera francesa.

Después del AVE que Felipe González promovió entre Madrid y Sevilla, con motivo de la Exposición Universal de Sevilla en 1992, la extensión de la Alta Velocidad hacia Francia por el corredor castellano-aragonés-catalán era un icono de  la  modernidad en la España democrática que en apenas diez años había pasado de tener un ferrocarril obsoleto a ponerse a la cabeza de la alta velocidad en Europa con Alemania y Francia.¡Ahí es nada!  Ese primer viaje en el que apenas se notaba la velocidad que desplegaba el convoy fabricado en Alemania (Siemens)  y España (Talgo)  fue emocionante.  Y durante el trayecto y las paradas para descubrir las reales placas, los periodistas alcarreños lo aprovechamos para sacar  información  a la gente de Adif-Renfe   sobre el horizonte que se abría para una provincia disponer de una estación  en Guadalajara-Yebes a poco más de veinte minutos de Madrid.  Tal especial era la ocasión, que los ayuntamientos de Guadalajara y Yebes aprobaron un plan urbanístico especial  en base a esa  oportunidad , contemplada por la Ley, y que preveía la construcción de una nueva y moderna ciudad en el entorno de la Estación del AVE, que en un horizonte a largo plazo  debería alcanzar los veinte mil habitantes en lo se llamó Ciudad Valdeluz, y que pasaría de los 30.000 si contamos el desarrollo  de los terrenos próximos en el vecino Horche y el poco suelo que queda allí perteneciente al término de Guadalajara capital.

Les puedo asegurar que en ese viaje inaugural nadie de Adif- Renfe ponía en duda que Guadalajara tendría un servicio de Lanzaderas  hasta el punto de que la estación disponía de un apeadero perfectamente equipado para que el citado servicio no entorpeciera el funcionamiento normal del AVE  entre Madrid y Barcelona. Tan claro estaba el asunto, que solo hay que mirar el expediente y la aprobación del Área de Oportunidad Estación AVE Guadalajara,  que justificada ese desarrollo especial en base a que la nueva ciudad tendría una conexión privilegiada con Madrid y a un precio razonable. Valdeluz nace en base a esas expectativas, y así se justifica su urbanismo de carácter especial.

¡Pero sin saber muy bien cómo nos dieron el timo del tocomocho!  Renfe cambió  sus prioridades y las Lanzaderas que ese octubre de 2003 se estaban construyendo para el servicio entre Guadalajara y Madrid, según habían asegurado, acabaron siendo utilizadas en la nueva línea de velocidad alta  Madrid-Toledo. No lo puedo probar, pero me parece muy extraño que este cambio de planes por parte de Renfe se hiciera sin el consentimiento de la comunidad autónoma, siempre tan atenta a los problemas de su capital y mucho menos de los que habitamos en un córner de la autonomía.  Lo único que sé es lo que pasó: que Renfe justificó la decisión en base a que Guadalajara forma parte del servicio de Cercanías de Madrid (como si fuera una novedad),  que nuestros políticos y representantes públicos lo acabaron aceptando sin montar ningún escándalo – no sea que alguien se vaya a molestar en Madrid y Toledo-, y, luego, el comienzo de la crisis inmobiliaria hizo el resto.  La tormenta perfecta: sin lanzaderas y con el estallido de la crisis inmobiliaria, la principal promotora de Valdeluz se fue a concurso de acreedores y el horizonte  de esa nueva Ciudad Jardín, que se construía en medio de las antiguas tierras de labor de la  Condesa de la Vega del Pozo,  se convirtió en un agujero negro.

Hacen bien en Valdeluz, ahora que empezamos a salir  aunque trasquilados  de la puñetera crisis, de mirar hacia la estación del AVE para relanzar su desarrollo,  una tarea en la que deberían ir de la mano con Guadalajara y el resto de localidades del Corredor, incluyendo Alcalá de Henares.  Me explico:  Guadalajara-Yebes debería ser la estación del AVE de este tramo del Corredor , porque es más operativa que la de Madrid-Atocha. Un vecino de Alcalá llega antes a Yebes que a Atocha. Y encima no le cuesta el párking. ¿El problema? Que a pesar de haber pasado quince años desde la inauguración real  en  la actualidad solo operan nueve trenes de ida y otros tantos de vuelta, y con tarifas que oscilan entre 15’80 € a 27,20 euros a Madrid,  dependiendo de la clase del asiento. Frecuencias y precios son sencillamente una vergüenza. Guadalajara-Yebes es un triste y poco frecuentado apeadero ( a pesar de que en los últimos años parece que se está quebrando la caída de usuarios) y así malamente puede convertirse  en la estación de alta velocidad del Henares.

Lo último que sabemos de los propósitos de Renfe no invita al optimismo.  El Ministerio de Fomento reiteró en 2015 ante una pregunta del entonces diputado de UPyD Carlos Martínez Gorriarán su posición oficial sobre las Lanzaderas entre Madrid y Guadalajara, y que mantiene con independencia de quien gobierne. No las habrá, porque considera que hay oferta suficiente en el ferrocarril de Cercanías. Pero ya ven lo que pasa en las Cercanías. Que cada vez están más saturadas, que las frecuencias han dejado de ser competitivas y el servicio empeora. Me parece por tanto muy oportuna la demanda que hace el grupo municipal de UpyD  Yebes por la que se propone la implantación de tarifas Avant similares a las de otras capitales españolas. Costaría 6,90 el viaje hasta Atocha en lugar de los 15’80 a 27,20 euros que oscilan los actuales, dependiendo de la clase del asiento.  Es una ofensa y un desvarío la diferencia de precio que hay entre Toledo y Cuenca , entre otras ciudades, y lo que se paga desde Guadalajara.

Ahora que se empieza a ver el final del túnel de la crisis, hay que mirar otra vez hacia la estación del AVE de Guadalajara-Yebes,  y relanzarla hacia lo que nunca ha llegado a ser desde que los Reyes la inauguraran ese lejano 10 de octubre de 2013. La estación del Corredor.Esto es lo que hay.  Unos precios prohibitivos, sin Lanzaderas y nueve trenes diarios. Es, con diferencia, la estación más infrautilizada de la red de alta velocidad española.

P.D. Es puro  aburrimiento. La última, en un reportaje distribuido por una agencia se supone que seria como es Europa Press, y con la que tuve la satisfacción de colaborar durante muchos años,  se dice que Majaelrayo es un pueblo “manchego”. Hay que ser muy  bruto y un lego total en geografía,  aunque sea un  alumno de la Logse, colocar en La Mancha –una comarca de orografía llana y despejada, como su nombre indica- a un pueblo castellano que está en plena sierra del Ocejón y  a mil kilómetros de altura.  Claro que algunos empiezan por confundir a la gente desde el mismo momento  en que se pone una rueda en una carretera provincial, y luego se caen en estas simplificaciones. ¡Qué hartazgo, de verdad!  Y se lo dice un europeista convencido . Pero una cosa es no ser nacionalista y otra un hijo de puta que no reconoce a su padre y a su madre. ¿Lo entienden?
Pie de foto: Estación de Guadalajara-Yebes. Al fodo, el apeadero que se construyó para dar servicio a las Lanzaderas. Foto: GD.

Una iniciativa  ciudadana que ha hecho furor en las redes sociales en los últimos días,  promovida por una asociación de senderistas de Guadalajara (www.senderismoguadalajara.es) tiene por objetivo convencer  al Gobierno de Castilla-La Mancha, con educadas maneras  y poderosos argumentos para que no termine de poner un cartel de bienvenida a la provincia con el lema “Bienvenido a la tierra del Quijote. Provincia de Guadalajara”.  Y ofrecen como alternativa un cartel similar que ha sido diseñado en un concurso público en las redes sociales y que ha ganado un conocido diseñador gráfico, Sergio Velasco, en el que siguiendo los mismos patrones de la campaña sustituyen la referencia quijotesca y el único dibujo del palacio del Infantado  por otros  siete de los principales iconos turísticos de nuestra provincia en una intención de ofrecer al visitante una visión más representativa y plural de Guadalajara: son el Palacio de los Duques del Infantado de Guadalajara, la Plaza Mayor de Atienza, el balcón enrejado del Palacio Ducal de Pastrana, el sepulcro del Doncel Martín Vázquez de Arce de Sigüenza, el Pórtico de Santiago de la Iglesia de San Salvador de Cifuentes, la Casa de Piedra de Alcolea del Pinar y el Castillo de Molina de Aragón.   Son todos los que están, aunque como en cualquier selección no están todos los que son,  y en cualquier caso no lleva a la confusión como con el cartel oficial.

Cualquier administración tiene obligación de ser rigurosa, y el cartel oficial aprobado no lo es  porque transmite una información incorrecta. Guadalajara no es la Tierra del Quijote,  porque aun siendo su autor nacido  en el valle del Henares, Cervantes fue riguroso y en el paisaje manchego de su impagable  novela no podían tener cabida ciudadaes como Alcalá de Henares o Guadalajara.  Tal es así, que como nos recuerda una lectora, María Teresa Yela, la única cita que hay de nuestra provincia en el Quijote, es cuando dice que el cura del pueblo, Pedro Pérez, es Licenciado en la Universidad de Sigüenza,y en términos un tanto peyorativos.  A Sigüenza solo se acerca el universo literario del Quijote de Avellaneda, y claro, no es lo mismo.

La cartelería oficial, por tanto,  incumple con la obligación de actuar con rigor, pero es que además, con ello, hace de menos a las señas culturales y de identidad de una provincia con tanta historia, como la de Guadalajara, que no necesita de imposturas para promocionarse. Guadalajara no es la Tierra del Quijote, pero sí lo es de autores como el Marqués de Santillana, el Arcipreste de Hita,  el Infante Don Juan Manuel o el Poema del Mío Cid,  por citar solo a cuatros de nuestros clásicos castellanos, y también lo es de Camilo José Cela, Buero Vallejo o José Luis Sampedro,  tres de nuestros contemporáneos más ilustres en el paisanaje o el paisaje. No hay por lo tanto necesidad de distorsionar  la realidad cultural de Guadalajara para hacer promoción de ella,  ni acudir a uniformidad alguna porque da lugar a la extravagancia, como cuando vamos camino de Hita y se nos anuncia que estamos en la ruta de Don Quijote, y no de Juan Ruiz, uno de los más insignes poetas de las Castilla medieval. ¿Pero no ven que rechina?

No entiendan estas líneas como asomo de falta de respeto y consideración por la que es la mayor joya de la literatura en castellano. Incluso llego a entender que desde el punto de vista publicitario el logotipo del turismo de Castilla-La Mancha sea la vacina del Quijote para aprovecharse de esa sinergia. Pero no caigamos en la uniformidad ideológica propia de otros tiempos, como sucedió con la idea de España, denominando a la autonomía entera la Tierra del Quijote,  o incluso solo con el nombre de la comarca de  La Mancha, por simplificar.

Espero que Emiliano García-Page,  uno de los pocos históricos que quedan en activo en esta autonomía, y que suele ser sensible a las particularidades de esta provincia castellana, corrija el desafuero que otros más próximos deberían haber evitado y advertido.

Esta misma semana hemos tenido un segundo ejemplo de  cómo otra administración ha incumplido esa sagrada obligación de actuar con rigor y no ofender gratuitamente a sus administados. Me refiero a la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, que no ha tenido remilgos en conceder un trasvase de  20 hectómetros desde el Tajo al Segura, coincidiendo con nevadas e inundaciones  en todo el levante español  mientras en la cuenca alta del Tajo no llovía una gota.  De hecho, mientras que en la cuenca del Segura sus reservas están oficialmente  al 28%, en Entrepeñas y Buendía apenas estamos al 17,2% , y en la semana anterior las reservas bajaron 3,67 hectómetros.

Soy persona políticamente incorrecta, porque desde Guadalajara siempre sostuve que el problema no es tanto el trasvase Tajo-Segura, como tal, porque reporta grandes réditos a la economía nacional.  Sino que como el tiempo ha demostrado se construyó en un lugar inadecuado (la cuenca alta en lugar del Tajo medio), y por la regionalización de la política hidráulica en España al final se ha convertido en el único trasvase existente al darse carpetazo al del Ebro y a cualquier política para interconectar las cuencas en España, por la que los regeneracionistas españoles como Joaquín Costa o luego Indalecio Prieto abogaban desde el siglo XIX. No soy tan ingenuo para pensar que con el descosido en que hoy se ha convertido el sistema autonómico español sea  posible alguna vez  que  el agua del Duero o del Ebro pueda aportar parte de su sobrante a las cuencas del  sur o el levante(aquí el único trasvase entre cuencas será la llamada “tubería manchega” , y porque se hace en el ámbito de una comunidad autónoma).

Con estos antecedentes, y la manifiesta falta de voluntad por embridar con decisión una política de desalación en el levante español, constituye una ofensa gratuita la aprobación de un trasvase de 20 hectómetros en estas condiciones, simplemente para que se lleven un agua del Tajo al Segura para guardarla allí.

Esto es lo que hay. Son ganas de ofender, señora Tejerina. De tomarnos por bobos.

P.D. A Ciudadanos le parece que la moción pidiendo la absolución de los 5 del Buero “interfiere” en la justicia y que eso es “inaudito”, pero en el pleno se abstienen permitiendo que prospere una moción, que según esta teoría, interfiere la justicia. ¿Esto es por pura incoherencia o por despecho una vez que horas antes, en Diputación, se hubiera consumado la tocata y fuga a razón de 49.000 euros del ala para la Diputada No Adscrita? ¡Menos mal que hay un Pacto Antitransfugas! Al día de hoy, la mayoría en la Diputación y en el Ayuntamiento de Azuqueca pivotan sobre dos ediles no adscritos, y ambos procedentes de dos partidos emergentes, de estos que venían a regenerarlo todo. ¡Vaya tela!

¿Por qué creen que soy partidario de la segunda vuelta a la francesa? Mejor es darle la última palabra a la ciudadanía  que a transfugas y conspiradores.
Fotos: superior, el cartel alternativo propuesto. Y abajo, el cartel oficial que está pendiente de instalarse, entre otras vías, en la N-320 y las entradas desde Aragón, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana.

La comparecencia de los dirigentes de Ciudadanos en una plaza, frente a Diputación, para explicar su versión sobre lo sucedido con su diputada provincial, Yolanda Ramírez, que ha abandonado esta formación política,  según avanzamos en primicia, puso en evidencia uno de los efectos indeseables del sistema y que los pactos antitrasfugistas apenas han conseguido mitigar. Ni con los partidos de la vieja “casta”, ni con las formaciones emergentes, que en poco tiempo han caído en los vicios de esa “vieja política” a la que supuestamente querían renovar. Cosas de tocar poder, cargos y prebendas. ¿Verdad Pablo?

Con esa postura de la rueda de prensa en plena calle, la dirección de Ciudadanos quería visibilizar que su formación ha perdido la representación en la institución provincial, y con ella el sueldo, despacho y el personal eventual (dos administrativos) ,  que hasta ahora les ha proporcionado esa casa con el dinero de  todos. No es una cosa baladí, porque Ciudadanos reunió 8.172 votos (el 6,53%) y 20 concejales, y no deja de ser una vergüenza para la democracia que pueda perder esa legítima representación, porque su diputada provincial, por las circunstancias que sean (como hasta ahora sigue desaparecida, las desconocemos) haya abandonado el partido sin haber renunciado al escaño. A la Diputación  le ha comunicado su baja en Ciudadanos, pero no su renuncia al escaño, así que todo hace suponer que Ramírez va a seguir como diputada no adscrita.

Insisto: cualquier alteración de la representación que deciden los electores es una vergüenza para la democracia, pero las Ley está así –en la mayoría de los países sucede igual—y establece que el escaño es propiedad de su titular, no de la formación política por la que se presentó a las elecciones. En el caso de un diputado provincial, el asunto merece doble crítica, porque su elección es indirecta, es el partido el que lo designa,  y ni tan siquiera figura en una lista electoral como sucede  en las municipales, autonómicas o generales.

Yo no voy a repetir el juicio que me merecen los episodios de trasfuguismo, porque lo tengo escrito desde aquel primer caso sonoro que se dio en nuestra provincia, en el Ayuntamiento de Guadalajara,  en que Francisco Sáez (CDS) se saltó a la torera un acuerdo nacional entre PP y CDS, lo que propició que Javier Irízar (PSOE) siguiera en la Alcaldía y se frustrada la moción de censura que encabezó José María Bris (PP). Escribí entonces que en un sistema como el español, las discrepancias legítimas que se pueden dar entre el partido y el titular del escaño deben resolverse con la renuncia a seguir ocupándolo, porque salvo en los municipios pequeños el elector vota fundamentalmente por las siglas, no por las personas. Con el paso de los años, he llegado a pensar que un candidato con que no quite votos a un partido, no es mal candidato, pero si encima le aporta algunos ya es la bomba.

Este mismo argumento lo repetí cuando en la siguiente legislatura Bris acabó llegando a la Alcaldía por la fuga de un concejal socialista, Fernando Planelles, y los resultados que el propio Fernando consiguió en las siguientes como independiente me confirmó la teoría. Así que volví a escribir lo mismo en el caso más espectacular de transfuguismo que se ha dado en Guadalajara cuando más de medio grupo Popular en la Diputación no aceptó las órdenes de la dirección provincial del partido, liderado entonces por Román, sobre quién debía ser el portavoz, y también se dio de baja en el Partido Popular ante el alborozo del gobierno socialista provincial de turno, que vivió una plácida legislatura y le concedió no pocas prebendas. Todos estos y otros casos menos sonoros me han enseñado –en Azuqueca recientemente– que los equipos de gobierno siempre se han aprovechado de las guerras internas de sus adversarios, y me extrañaría que no fuera a ser lo mismo esta vez. En Ciudadanos ya han apuntado que en el final de este episodio se ve la mano de los populares , y citan por lo bajini a una diputada en concreto, que no quedó precisamente bien parada en los pactos de investidura. No parece, por tanto, que la estabilidad del gobierno popular en Diputación se vaya a alterar por este episodio, todo lo contrario,  aunque lo que falta por medir es el efecto que este incidente tendrá en la institución de enfrente. Así que atención a plenos y mociones en los próximos meses; y menos mal para Román que ya le han aprobado el Presupuesto.  Pero le quedan dos más.

En el ser humano, y ya no digamos en política, siempre está la tentación de patear el trasero del adversario en las posaderas del que queda  más a mano. Aunque en este caso sean las de un mero espectador. Pero esto es lo que hay.

La caída del bipartidismo y su sustitución por mayorías que no son homogéneas salvo en su oposición al que gobierna ha dado lugar a un nuevo tiempo político en el que todavía está pendiente de valorar si mejora o no al sistema que  pretendía renovar.  Y nos asaltan dudas. Por de pronto, en el parlamento nacional, en el regional y en las corporaciones más representativas de Guadalajara  ya nadie gobierna con mayoría absoluta y esto se traduce en que hayamos llegado a 2017 sin los presupuestos aprobados en las Cortes Generales y en las Cortes de Toledo. En el Ayuntamiento de Guadalajara y en la Diputación han ido mejor las cosas y tenemos presupuestos gracias a la buena disposición de Ciudadanos, que en ambas instituciones no ha hecho de perro del hortelano: negoció sus enmiendas, el PP las asumió y la formación naranja votó a favor.

En el parlamento nacional tenemos una situación un tanto diabólica, especialmente para el Partido Socialista. Mariano Rajoy necesita imperiosamente unos presupuestos para 2017, pero o bien negocia una coalición amplia en la que tengan cabida el PNV y Ciudadanos, lo que no deja de ser   un encaje de bolillos, o bien mete por medio al Partido Socialista, que no ha salido de su crisis interna y por ello tiene grandes dificultades de presentar a su militancia una negociación con el gobierno de Rajoy. Pero al mismo tiempo los que  en el PSOE tienen algún trienio saben que tampoco pueden acogotar a Rajoy,  porque son ellos los peor preparados para afrontar unas elecciones anticipadas en junio, sin dirección y sin candidato. En fin, que esta compleja situación a quien menos le complica la vida es al marianismo triunfante, que es el único que guarda un as en la manga: la convocatoria de  unas elecciones que le podrían venir muy bien,  tanto como muy mal al Partido Socialista, cuyo estratégico papel que hoy desempeña en el parlamento podría ser irrelevante ante una (anunciada) mayoría absoluta entre el PP y Ciudadanos. Y para un papel  de oposición pura y dura no traemos a Susana Díaz de la Junta andaluza. Nos vale hasta «No es no».

Pero si Rajoy siempre dispone del maletín nuclear a modo de elecciones anticipadas a partir de junio, más complicado lo tienen otros gobiernos autonómicos y locales  que no pueden utilizar  ese recurso. Mismamente García-Page quien no tiene más remedio que llegar a un acuerdo con Podemos sobre el Presupuesto de 2017, pero con una ventaja sobre sus compañeros en el parlamento nacional. También Podemos necesita ese acuerdo para justificarse, porque la alternativa sería bloquear Castilla-La Mancha y dejarla sin presupuesto, o abrir las puertas a un gobierno en minoría del PP. Como es impensable, tendremos presupuestos y ya lo están peinando.

En el Ayuntamiento de Guadalajara Antonio Román ha sacado adelante los Presupuestos con el respaldo de Ciudadanos, lo que le garantiza tener una hoja de ruta con la que moverse, que no es poco, aunque deberá pasar el calvario en cada pleno de tener enfrente a una oposición que quiere gobernar aunque no pueda, lógicamente, porque los acuerdos plenarios los ejecuta el equipo de Gobierno.  Después del tiempo que llevamos desde las últimas elecciones locales, les confieso que la experiencia no me acaba de convencer. El electorado castigó al Partido Popular con la pérdida de la mayoría absoluta, y sus motivos tendría, pero lo deseable habría sido que Ciudadanos hubiera condicionado la acción de gobierno de Román, pero desde el mismo gobierno y con pactos claros. No lo hace, le permite que apruebe los presupuestos con enmiendas razonables, pero al día siguiente vota en la mayoría de las mociones con la oposición de izquierdas dando la apariencia de que hay una mayoría en el  pleno que excluye al Partido Popular. Pues bien, si esa mayoría existiera de verdad entre liberales, socialdemócratas y neocomunistas lo lógico es que se plasmara en una moción de censura y en un equipo de gobierno compacto. Pero como unir sensibilidades tan diversas es (casi) imposible, al  final todo se traduce en un quiero y no puedo que rara vez lleva a alguna parte.

La oposición es una fábrica de de generar y aprobar mociones de su padre y de su madre , muchas de ellas sin consignación presupuestaria, que luego  tiene que ejecutar un equipo de gobierno que no cree en ellas. Y luego pasa lo que pasa. Ahí tienen lo ocurrido en el último pleno del año en donde una cuestión tan enjundiosa como qué hacer con los patronatos, si los fusionamos o los integramos en el Ayuntamiento, que es una decisión política, la dejamos a un estudio posterior de vaya a saber quién. Ya les vaticino que con la comisión de marras pasará lo que nos advertía el Conde de Romanones, que se las sabía todas: “Si quieren que algo no funcione, monten una comisión”.

Los ayuntamientos no  son parlamentos, aunque algunos no se hayan enterado, pero sí deberían responder a un criterio práctico de funcionamiento y que se resume en lo siguiente: que una mayoría, formada por uno o varios partidos, ejerza el gobierno municipal y una minoría la oposición y su control. Cuando una mayoría intenta desde la oposición promover toda una suerte de aparato normativo varipopinto para que el gobierno (en minoría) sea el que  lo aplique se está subvirtiendo el orden establecido.  Y todo es confusión. O malas ganas del que gobierna con el menú que le prepara el vecino de enfrente.

Pero, en fin, esto es lo que hay. Feliz año a todos, salud y suerte.

El mercado de abastos de Guadalajara tiene capacidad para albergar 24 negocios pero desde hace un par de años sólo resisten ocho: varias carnicerías, un par de fruterías, una pollería y un puesto de variantes. Ninguna pescadería. Sólo ocho puestos y ni siquiera están ubicados en la misma planta, lo que hace que  la sensación de abandono sea aún mayor.

Es un negocio ruinoso para el Ayuntamiento de la ciudad. Cada mes ingresa, por los alquileres de esos ocho puestos, unos 1.500 euros, alrededor de 18.000 euros al año, mientras que los gastos casi multiplican por cuatro esa cifra. En 2013, según datos oficiales, los gastos del mercado fueron de 65.000 euros y  eso que no se invirtió nada, ni un euro, en mejoras del edificio.

Esta es el panorama que se vive en el Mercado de Abastos, que cada cierto tiempo aparece de manera recurrente, como el monstruo del lago Ness, en el debate municipal. Ahora es el grupo de Ciudadanos el que propone la convocatoria de una mesa de diálogo en la que participen tanto comerciantes como Equipo de Gobierno y grupos de oposición y en la que se hable sobre lo que se puede hacer. En febrero se aprobó la enésima moción -por mociones que no quede- en la que se demandaba una acción rehabilitadora, encargada a la Escuela de Arte de Guadalajara, y que concluiría con la ejecución de unas obras en su interior, tampoco se sabe muy bien con que propósito, y sobre esta base se volverían a sacar a concurso los puestos que ahora no están ocupados.  Y se supone -solo se presume- que para entonces se suscitaría un interés que ahora no existe por parte de potenciales interesados. La moción no se ha cumplido, porque además de estar cogida con alfileres, no tenía dotación presupuestaria. Pero de haberlo hecho, habría sido como poner el carro antes de los bueyes.

Porque el problema del mercado de abastos es de modelo de negocio, y eso no se arregla con mociones para hacer como que se hace.Porque corremos el riesgo otra vez de tirar el dinero del contribuyente para financiar ocurrencias que pueden no ir a ninguna parte.

Por tanto, lo primero que hay que definir mediante el procedimiento que sea, incluyendo el concursode ideas,  es el modelo de negocio. Que ya no puede ser el de aquel proyecto diseñado en 1883 por Mariano Medarde cuando Guadalajara  apenas tenía
veinte mil habitantes, cuatro veces menos que ahora, aunque sobre el mercado pronto comenzó a pivotar la vida comercial de la ciudad. Eso era así porque la  escasa población de la ciudad se arrebujaba en torno al mercado y apenas tenía competencia en un pequeño comercio que ubicado en el eje plaza de los Caídos-plaza de Santo Domingo no dejaba de ser complementario.

Un siglo y cuatro después, todo es diferente. Y ya no tanto porque el mercado haya dejado de estar en una zona poblada de Guadalajara, porque potencialmente el mercado de abastos tiene más vecinos en el nuevo polígono del Balconcillo que se hizo allá por el cerro del Pimiento; estamos hablando de un cambio radical en la concepción del comercio y los hábitos de consumo, que ha pillado al mercado con el pie cambiado. El mismo concepto de mercado de abastos municipal, tulelado por el Ayuntamiento, ya no es propio de estos tiempos. Como no lo es el Servicio Nacional del Trigo que tutelaba el precio y el mercado del cereal, la Campsa que monopolizaba el combustible, o la Jefatura Provincial de Precios y Consumos, que fijaba los precios máximos de los productos considerados de primera necesidad. El propio concepto de los mercados municipales forman parte de esa España de la autarquía en la que el Ayuntamiento debía socorrer la falta de iniciativa y capacidades de comercio local, al que había que tutelar desde los poderes públicos como a un pariente disminuido.

Afortunadamente, el comercio de Guadalajara sigue hoy otros parámetros, y en nada se asemeja con el de ese mercado que Merarde diseño a finales del siglo XIX, pero es más: ni tan siquiera con la estructura comercial de la ciudad de hace apenas quince años. O si me apuran todavía más: con la cultura de las grandes superficies comerciales, de las que El Corte Inglés es su moderna catedral  pagana. Con mi cariño para la Escuela de Artes y el fenomenal trabajo que allí se realiza. De nada valdría su valioso trabajo creativo si eso no va acompañado de un nuevo modelo de negocio. Y sobre él hay que hablar primero. ¿El modelo debe seguir siendo municipal, y seguir malgastando el dinero del contribuyente, a lo que se ve con escaso retorno al tener vacíos la mayoría de los puestos? ¿Hay que pesar en un modelo de gestión privada con adjudicación a veinte o treinta años vista, y que respetara los derechos adquiridos por los comerciantes que han sobrevivido a la guerra de los cien años? ¿O tal vez es mejor un modelo público-privado en el que la gestión ya no sea del Ayuntamiento sino de una empresa especializada  del sector?

En España, hay experiencias para todos los gustos, pero no son fáciles de exportar. Algunos se han fijado en el glamour de los mercados madrileños de San Antón o San Miguel, volcados hacia los puestos delicatessen y el género de alta calidad, pero olvidándose de que en gran medida están vinculados al turismo, y en Guadalajara el turismo es el que es. Les invito a que lean el reportaje que en Guadalajara Diario publicamos sobre el asunto para que vean que el asunto no es sencillo.

Por ello, lo primero que hay que definir es el modelo; y luego establecer el marco adecuado para que los potencialmente interesados en poder operar en este mercado, ya sea en su gestión integral o como interesados en posibles espacios pudieran presentar sus proyectos. Lo único que sabemos ahora es que el modelo con que se concibió el mercado en el siglo XIX está agotado. La pena es que en ciento treinta años no hayamos dado una salida al asunto más allá de la ocurrencia de turno para buscar un titular en los periódicos.

Esto es lo que hay. O casi habría que decir: lo que no hay. Un modelo de negocio que nos sirva al menos para otros veinte años.

La Comisión de Transparencia del Ayuntamiento de Guadalajara  es un puro sofisma. Porque no es transparente  y en el tiempo que lleva funcionando no ha demostrado que sirva para algo, salvo para engordar alguna nómina y aumentar el gasto a costa del sufrido contribuyente. La Comisión de Transparencia es un sofisma porque los medios de comunicación no pueden acceder a ella y el Ayuntamiento ni tan siquiera publica las actas, con lo que el ciudadano no tiene posibilidad alguna de saber lo que allí se cuece, salvo a través de la versión interesada de los políticos que asisten a ella. La Comisión de Transparencia no es que haya quedado herida de muerte, como se teme el alcalde, es que nunca ha estado viva. Y nunca lo estará mientras mientras que la comisión no haga honor a su nombre.

Los que parieron la idea (la comisión viene pomposamente anunciada en el acuerdo entre PP y Ciudadanos) confundieron una Comisión de Transparencia con una comisión parlamentaria de secretos oficiales, que es cosa bien distinta. En un ayuntamiento no existen temas que afecten a la seguridad nacional o que podrían mancillar el honor de nadie; y el que sostenga lo contrario le desafío a que me lo demuestre.

El último sucedido en relación a la Comisión es de vodevil. La representante de Ahora Guadalajara se ausenta de la misma, porque iban a preguntar al portavoz socialista Daniel Jiménez sobre cómo su unidad familiar logró dos pisos de protección oficial, y la excusa es que las acusaciones no están claras.¡Toma ya! Si de esas acusaciones se hubiera probado un delito, los acusadores habrían ido directamente al juzgado del Guardia. En este tipo de comisiones no se dirimen delitos, sino comportamientos éticos o morales, y ello con independencia de que se hayan producido o no en el ejercicio del cargo municipal. Y la mayor fuerza de cualquier comisión informativa en un parlamento o institución que se precie es poner a disposición de la ciudadanía la información que allí se produce, para que se forme libremente su criterio.

Cualquier otra cosa es puro sofisma y ganas de perder su tiempo y nuestro dinero.

P.D. El martes conmemoramos  el 38 aniversario de la constitución española que ha traído un mayor periodo de libertad, paz y prosperidad en ¡nuestra historia, oigan! No lo olvidemos, como lo olvidan quienes rechazan celebrarla. Es muy posible que a nuestra Constitución del 78 haya que darle alguna vuelta, porque en la vida del hombre  nada es eterno. Pero cualquier cambio que no tenga el respaldo que concitó la actual carta magna está condenado al fracaso, como fracasaron todas las constituciones que la precedieron.  Las fuerzas democráticas más representativas deben recuperar ese espíritu de la Transición, y tener muy claro que lo buscan sus enemigos no es tanto reformarla como cuestionarla desde su tipo preliminar, para cambiar el concepto de soberanía. Y de representatividad.

Esto es lo que hay y esto es lo que ha funcionado, mas bien que mal.

“España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

“La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”.

“La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria”.

“La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”.

¡Larga vida a la Constitución del 78!

El pleno del Ayuntamiento de Guadalajara tumbó una propuesta del  Grupo Popular para que el alcalde de Guadalajara  pudiera compatibilizar como segunda actividad  el ejercicio de la medicina con las obligaciones de su cargo. La fórmula consistía en que Antonio Román estaría liberado al 80 por 100 en el Ayuntamiento, con un sueldo de 60.000 euros (la Ley permitiría al alcalde de Guadalajara cobrar hasta 75.000) y el 20% restante lo podría dedicar al ejercicio de su profesión, la medicina.

¿Quiere esto decir que Román pensaba emplear solo seis horas a la Alcaldía y dos a la medicina,  y luego dedicarse a leer el periódico en el Casino? Ya les digo que no: durante el último año en que se incorpora a su plaza en el Hospital de Guadalajara,  la jornada de Román, sin cobrar por ello, ha superado con creces esas seis horas al día, acumulando en tiempo en que acudía a su despacho a primeras horas de la mañana, más las tardes y las anochecidas.  Cuando la oposición reprocha a Román que un alcalde de Guadalajara debe estar plenamente dedicado a la ciudad,  pasa por alto el tiempo que trabaja para  el  Ayuntamiento, y que seguramente es mayor al de  la mayoría de los ediles que tienen la dedicación exclusiva o parcial.

Comparto  que un alcalde de una ciudad, como la de Guadalajara,  lo es las 24 horas del día, y por ello es deseable que la actividad principal de nuestro regidor sea el servicio a sus vecinos. Y , por tanto,  no deja ser un inconveniente que el  tiempo  que dedica Román a la Alcaldía no coincida con el horario normal de los funcionarios, que se desarrolla por la mañana, o con los actos de representación y ruedas de prensa, que por el trabajo del alcalde se retrasan a la tarde. Tan poco corriente es esta situación que Román debe ser el único alcalde de una capital provincia de España que cumple extra muros una jornada laboral, como cualquier trabajador, y luego otra de propina al servicio de su ciudad, sin cobrar por ello.

Esta anormalidad, que se ha vivido en el último año, se quiso corregir con la propuesta que el  Equipo de Gobierno llevó al lunes al pleno, y que la oposición tumbó con la excusa de que el Alcalde debe tener una dedicación plena al cargo. Aunque todos ellos saben que una jornada de Román al 80 por ciento del Ayuntamiento  le permitiría atender las obligaciones  de su cargo, porque excedería con mucho esas seis horas que debería cumplir si fuera un funcionario corriente. ¿Y qué más da que la propuesta sea un traje a medida, como se le ha reprochado desde Ahora Guadalajara? Lo que hay que ver es si el traje le sienta bien a la ciudad o no.  O la posición de Ciudadanos, que comparte  la posibilidad de que la Alcaldía sea compatible con la medicina,  pero como algo “residual”,  y al mismo tiempo no ve inconveniente en que Román estuviera liberado  al cien por cien –aunque nos hubiera costado 15.000 euros más  al contribuyente- y al mismo tiempo solicitar la compatibilidad para ejercer la medicina, como “el que juega el tenis”. Sinceramente, me cuesta entenderlo: ¿cuántas horas a la semana habría que jugar al tenis para que se considere una actividad residual?

Por tanto, la propuesta que llevó al pleno Román es razonable, porque le permite atender con suficiencia su trabajo como Alcalde, y lo único que se le podría reprochar es por qué no la hizo desde el primer momento, cuando dejó de ser diputado en diciembre de 2015, y ya no percibió un sueldo público.

Pero dicho esto, no es menos verdad que si lo que quería la oposición, además de desgastar al alcalde -lo que está en la lógica de la política-, era que Román tuviera una mayor dedicación al cargo, con su rechazo  logra todo lo contrario. Y envía además un mensaje que personalmente  me disgusta: que un alcalde no puede tener una ocupación marginal a la política, lo que supone un tapón para que destacados profesionales se puedan dedicar a ella. Y eso influye en la calidad del banquillo, como es público y notorio.

No es saludable para la democracia que la política se la dejemos solo a los políticos profesionales, que luego carecen de la deseable autonomía frente a los aparatos del partido que les nombra. Porque en España las listas siguen cerradas y bloqueadas, y eso que llaman algunos llaman Primarias no dejan de ser una broma mientras no permitan  participar al electorado, como sucede en Estados Unidos y Francia. ¡Qué gran ejemplo el de los Republicanos franceses, que así pudieron elegir al que a buen seguro disputará la presidencia de la República, me temo que a Marine Le Pen! Así se empieza por ganar unas elecciones.

Esto es lo que hay. Aquí nos empeñamos en poner precio al tiempo de un alcalde, prescindiendo de lo único que debería importar. Que es la calidad de su trabajo. Y eso solo lo puede valorar el vecino de Guadalajara, que está en otras cosas. Se lo aseguro.

Reválidas: Felicidades. En la provincia de Guadalajara, según nos contaba Pablo Bellido, se han “librado” de las reválidas 2.629 alumnos de sexto de primaria, 2.412 de cuarto de la ESO y 1.649 alumnos de segundo de bachillerato. Y en España serán tropecientos mil. Los profesores estarán encantados porque sin reválida y evaluaciones externas habrá menos posibilidades de que les saquen los colores sobre el grado de cumplimiento de los objetivos; y los alumnos que por naturaleza son enemigos de cualquier examen o prueba de esfuerzo, y ya no digamos reválidas que incluyan ciclos completos, como el antiguo Bachillerato afrancesado. A mí me lo van a contar, que me tocaron todas.

El gobierno  ha dado pruebas de su buen talante sacrificando las reválidas en el altar del consenso, y estamos como siempre con la Educación en España: en la casilla de salida.

Así viene siendo desde la prehistoria.  En España hemos tenido dos leyes de Educación con verdadero peso, la de Villar Palasí de 1970 y la LOGSE de 1990, que se puede considerar su antítesis, y a partir de ahí  todo han sido palos de ciego. Los estudios internacionales demuestran que nuestro sistema educativo tiene uno de los índices más altos de fracaso escolar; que no ofrece lo que el mundo de la empresa demanda, y especialmente en el campo de las ciencias y las ingenierías; y que no ha sido capaz de lograr una verdadera carrera docente para el profesorado, como en otros países de Europa en los que el magisterio está en lo más alto de las enseñanzas universitarias, y por ello luego los docentes son los mejor pagados. Y los más preparados. Véase la carrera docente en Finlandia.

En España, ante los problemas, reaccionamos con la política del avestruz. Que el informe PISA nos deja a la altura del betún, pues nos desapuntamos de PISA, como hizo Castilla-La Mancha con Barreda, y muerto el perro se acabó la rabia. Que se sospecha que las reválidas pueden ofrecer un cuadro tenebrista sobre los objetivos reales alcanzados por el alumnado, pues refutamos a las reválidas por medievales, y así no se nos molesta nadie. Siempre es lo mismo. Tejiendo y destejiendo, como Pandora, una Ley de Educación, que seguramente debería estar a medio camino entre Villar Palasí y Maravall, pero que nunca llega por falta de consenso. Y los niveles bajando, como los pantanos de la cuenca del Tajo. Hasta el fango.

La falta de un partido que tenga mayoría absoluta en el actual parlamento puede ser otra oportunidad histórica para ponerse a trabajar en una Ley de Educación de consenso, tarea en la que han fracasado todos los ministros de Educación de nuestra democracia. Y a las pruebas me remito. En España solo mejoraron los índices de abandono escolar cuando  estalló la crisis y era imposible para los jóvenes encontrar más empleos de escasa cualificación. Partiendo del reconocimiento de la realidad actual,  es urgente establecer por lo menos una hoja de ruta sobre lo que hay que poner sobre la mesa. O como siempre nos quedaremos con cuatro medidas coyunturales, no sea que alguien se vaya a enfadar.

Bajocubiertas

Algo se mueve en el casco, algo se empieza mover en el Ayuntamiento tras demasiado tiempo de dejar hacer-o mejor dicho, de no hacer-, y  en ese nuevo impulso incluyo la medida que el Equipo de Gobierno presentará al pleno sobre las bajocubiertas. Hasta ahora, al contar como una planta más en el cómputo de la edificación, las bajocubiertas acabaron convirtiéndose en dúplex, una tipológía que el mercado ya no demanda. Tengo repetidamente  escrito que si el casco es el gran marginado de la expansión inmobiliaria de Guadalajara,  lo  fue porque los promotores y propietarios no veían en él la posibilidad de lograr un moderado negocio en la reconstrucción y rehabilitación  con lo que siempre era más rentable la construcción extensiva en los grandes desarrollos. Una forma de poner en valor los inmuebles del casco podría venir por dejar de considerar a la bajocubiertas como plantas, algo que muchos promotores están esperando, te dicen, para que “nos salgan las cuentas”. Con ello se fomentaría en el casco una tipología de pequeña vivienda muy demandada, especialmente por las parejas jóvenes, que son las que tienen que dinamizarlo. Podemos hacer esto – e impulsar los PAE que están congelados en los juzgados- o seguir lamentándonos de lo malos que son los propietarios, porque abren las ventanas para que entren las palomas… en algún caso de inmuebles que la Administración favorece a un inevitable proceso de ruina.

Esto es lo que hay.

El lunes entró entró en servicio la nueva línea de autobuses urbanos entre Marchamalo y Guadalajara que la consejería de Fomento – cuya titular es Elena de la Cruz, la número dos del PSOE en las últimas elecciones municipales- ha impuesto al Ayuntamiento de Guadalajara.

Recordemos:  El Ayuntamiento de Guadalajara entiende que la nueva línea  contraviene la Ley a nivel estatal, a nivel regional y también el Plan de Movilidad Urbana Sostenible que el Ayuntamiento de Guadalajara aprobó en 2015 sin que la Junta presentara una sola alegación al mismo. Y se apoya en que la legislación marca que no se pueden establecer líneas nuevas sobre trayectos ya existentes.

Por su parte,  la consejera de Fomento sostiene que le resolución de su departamento   «desmantela punto por punto» las objeciones planteadas por el Gobierno municipal, apoyándose además en que existen dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha dictadas en 2013 que confirman la competencia del Gobierno regional para definir paradas urbanas en los servicios interurbanos conforme a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 14/2005 de Ordenación del Transporte de personas por carretera en Castilla-La Mancha. Estas sentencias se dictaron a raíz de procedimientos iniciados por el propio Ayuntamiento de la capital alcarreña contra la Junta tras la puesta en marcha de otros servicios ASTRA que enlazan con otros municipios del Corredor del Henares.

El alcalde anunció recientemente la intención del Ayuntamiento de plantear un recurso ante los tribunales, así que ya veremos quién finalmente tiene razón.

De momento, Marchamalo se ha salido con la suya y tiene una línea más competitiva de la que disponían cuando dejaron de pertenecer al servicio urbano de transporte de Guadalajara. La negociación con Fomento ha sido plenamente satisfactoria para sus intereses, pues no solo han logrado disponer de tres paradas en el casco urbano de Guadalajara (Estación, plaza Santo  Domingo y Ferial Plaza), el coste del billete (subvencionado) sale bien a los usuarios (1,30 euros; 0,70 euros con abono) y  la línea ofrece 27 expediciones diarias en días laborables, 16 los sábados y 9 (más dos búhos nocturnos) los domingos y festivos. Cada cual defiende sus intereses, y se puede decir que el alcalde de Marchamalo, un político influyente en la provincia provincial y regional, ha logrado un convenio muy favorable para su consistorio.

Ahora bien, la manera bilateral de resolver este problema supone al mismo tiempo abrir un melón no exento de complicaciones para la citada consejería. Porque si los autobuses de Marchamalo tienen el derecho de efectuar tres paradas interurbanas en Guadalajara, ¿por qué ese privilegio no se va a extender al transporte de Azuqueca, Cabanillas, Alovera,  Yunquera o de cualquier otra localidad? Todos los municipios de Guadalajara querrán tener un convenio similar al de Marchamalo. Pero la respuesta es clara:  si el Ayuntamiento de Guadalajara puso el grito en el cielo porque  el centro de la ciudad debe soportar el tránsito de 320 autobuses semanales más procedentes de Marchamalo. No quiero ni imaginarme qué diría entonces si esta solución se extendiera a otros municipios del Corredor.

Estoy de acuerdo con el alcalde de Marchamalo en que hay que abrir un diálogo entre las administraciones para poder profundizar en la solución de estos problemas, que son complejos y con muchos intereses por conciliar. Pero ello debería hacerse en un marco multilateral, y seguramente en el ámbito de  un Consorcio Supra Municipal de Transportes. O como quieran llamarlo. Y eso exige un ambiente de consenso que hoy está viciado entre el Ayuntamiento y la citada consejería; y que por el bien de todos se debería superar. Aunque tengo escasas esperanzas.

Por lo menos, hoy, el Ayuntamiento ha evitado el espectáculo lamentable de la policía local poniendo multas a los conductores de los autobuses  que dejaban viajeros en las tres paradas a las que se opone. Los antecedentes recomendaban comedimiento. Pero no deja de ser una anormalidad, que muestra que estamos ante un problema sin resolver,  que los autobuses de Marchamalo ignoren las señales de prohibición de parar que el Ayuntamiento ha colocado en Santo Domingo, la Estación y Ferial Plaza para los autobuses que no sean urbanos. Sobre todo porque puede cundir el ejemplo.

Esto es lo que hay. Las señales y prohibiciones, como cualquier norma, o se respetan; o se imponen; o se derogan. Estamos hablando de países serios, claro.

Hemos perdido casi un año con el postureo. Ayer, el candidato del partido ganador de las dos últimas elecciones (en minoría parlamentaria), Mariano Rajoy “El paciente”, era elegido presidente del Gobierno tras 315 días de bloqueo y un día después de que el líder de la oposición renunciara a su escaño, para evitar el espectáculo de un ex secretario general del PSOE votando en contra de lo establecido por los órganos de representación de su partido. Otros diputados socialistas optaron por dar gusto a su intestino y creyéndose más guapos que nadie, y que un partido político es el ejército de Pancho Villa, votaron en contra de la investidura de Rajoy, es decir, votaron a favor de unas terceras elecciones en menos de un año. De lo quince díscolos, 7 de ellos son del PSC, que ahora toma sus decisiones al margen del PSOE y pone a este último partido ante una disyuntiva: ¿Merece la pena seguir como aliados de un partido desnaturalizado, que en cada elección baja su representación, o es el momento de reconstituir la Federación Catalana del PSOE?

Al Partido Socialista le quedan muchas decisiones que tomar para cambiar una deriva de derrota que se ha agravado con Pedro Sánchez, cuya solución era mimetizarse con Podemos, y va a necesitar tiempo para ello. Eso es bueno, porque ello ayudará a dar estabilidad a un gobierno de Rajoy, que como poco tiene que presentar un presupuesto para 2017 antes de que acabe el año, y del que ya sabemos que por indicación de la comisión europea debe recortar 5.500 millones. En este sentido, soy optimista de que Rajoy acabe logrando una mayoría de respaldo, porque de lo contrario el presidente del gobierno no tendría más remedio que divolver las Cortes a finales de junio. Un gobierno sin presupuesto es tan inútil como un gobierno en funciones.

El patriotismo y el sentido de responsabilidad del Partido Socialista, que es un partido alternativa de gobierno o no será, unido a la defensa de sus propios intereses ( eran con Ciudadanos los que mas tenían que perder en unas terceras elecciones) ha posibilitado el gobierno del partido ganador, corrigiendo de paso un enorme fallo que tiene nuestra Ley Electoral, pensada para gobernar solo con dos partidos principales. Me estoy refiriendo a que en contra de lo que sucede, por ejemplo, en el País Vasco o en Castilla-La Mancha, el candidato del partido con más escaños no es investido automáticamente cuando no es posible lograr una coalición alternativa. Y esto nos ha conducido a un bloqueo que ha durado un año, y en el que España ha perdido lastimosamente el tiempo.  Tras las primeras elecciones, el mayor responsable del bloqueo fue Pablo Iglesias, que prefirió volver a las urnas antes que dejar que fuera presidente Pedro Sánchez, apoyado por Ciudadanos. Después de la repetición de los comicios, el único responsable fue Sánchez, que en lugar de haber dimitido tras su segundo fracaso electoral, se empeñó en formar un gobierno con la izquierda comunista, y los independentistas de izquierdas y de derechas que había sido vetado por el Comité Federal de su propio partido.

Ahora hemos salido de este desbloqueo político, insisto, que favorece un obsoleto sistema electoral, pero a estas alturas todavía no sabemos si servirá para algo. Ciudadanos ya acreditado su sentido patriótico pactando a dos bandas con los dos partidos constitucionalistas (conservadores y socialmemócratas), como lo hacen los partidos liberales en el resto de Eueopa, y al mismo tiempo mostró donde están sus rayas rojas: no al pacto con el neocomunismo ni con el soberanismo que quiere romper España.

Ahora, el gobierno de Rajoy “El paciente”, nos tiene que demostrar que tiene cualidades para pilotar un gobierno que necesariamente debe ser trasversal y reformista, con capacidad de generar acuerdos, como lo fueron los gobiernos de Adolfo Suárez en la Transición y en las dos primeras legislaturas de la Democracia. El jueves sabremos algo más al analizar el perfil de los nuevos ministros, en los que deberá concurrir una probada capacidad, su lejanía a los ambientes de corrupción por la que el electorado ha castigado al PP – privándole de la mayoría absoluta-, y una capacidad para tejer acuerdos sobre bases amplias,  que tanto echamos de menos en la legislatura de la supermayoría absoluta ra-ra-ra. No todos los políticos valen para todas las situaciones; y si algo ha demostrado este último año parlamentario es que algunos de ellos, por su radicalidad, carecen de toda cualidad para el pacto, que es incompatible con dogmáticos y populistas.

Pero si el camino por el que debe transitar Rajoy se asemeja más al de los primeros gobiernos de la Transición ( entre otras cosas, porque asuntos como la educación, la financiación de las Autonomías y el modelo territorial exigen pactos de Estado), tampoco desde la oposición se puede pretender que como son mayoría frente al gobierno, ello les legitima para legislar a diestro y siniestro; y que el papel del gobierno sea la de un mero gestor que ejecuta todo lo que le venga del parlamento. Si el PSOE y Ciudadanos cometieran el error de querer desmontar toda la legislación emanada de la legislatura popular, en lugar de buscar puntos de encuentros sobre aspectos muy definidos, como los citados anteriormente, forzarían la disolución precipitada de la legislatura por Rajoy no más allá del mes de julio. Con Unidos Podemos no se puede contar para casi nada, y menos cuando hay diputados suyos que no tienen inconveniente en mezclarse con manifestantes que niegan la legitimidad a la máxima expresión de la soberanía popular, como es un parlamento democrático.

Lo mejor de este escenario es que tanto a PSOE como Ciudadanos (y aquí yo apuntaría también al PNV), le interesa que el Gobierno pueda sacar adelante los presupuestos, y,  por lo tanto pueda gobernar. ¿Y lo peor? Que esta nueva generación de políticos está muy poco dotada para el consenso, porque apenas lo han practicado, o porque más allá de espolear a los jóvenes contra los intolerables abusos en los que ha caído el poder, no sabemos apenas nada sobre cuáles son esas nuevas soluciones.

Esto es lo que hay. Necesitamos una legislatura moderadamente larga, para que  las ideas se posen… y veamos en qué consisten. Lo último que conviene a España es que dentro de seis meses montemos otro numerito que frene, esta vez sin solución, una mejora de los indicadores económicos de nuestra economía, y que servirán para  crear empleo, mejorar su calidad e ir recuperando posiciones que la crisis nos arrebató. Y todo esto es incompatible con el frenazo de una mula o con un gobierno que no gobierne.