El futuro del desarrollo económico y social de una región depende en gran medida de su presente en el ámbito del llamado I+D+i (Investigación, desarrollo e innovación). Si echamos un vistazo a los datos que nos ofrece el vigente “Pacto por la recuperación económica de Castilla-La Mancha”, suscrito en 2015 y con horizonte de aplicación hasta el 2020, la verdad es que a esta región le aguarda un provenir no excesivamente halagüeño en materia económica, a pesar de que tiene algunas fortalezas geoestratégicas, principalmente su cercanía a esa locomotora de actividad que es Madrid, que incluso podría bastarle por sí misma para engancharse al vagón del desarrollo madrileño y casi casi dejarse llevar. Y lo peor para nosotros, los guadalajareños, es que en I+D+i, somos, con diferencia, la provincia con menos recursos en el ecosistema de la innovación en Castilla-La Mancha, concretamente en el ámbito de los centros tecnológicos e institutos de investigación, al estar radicados aquí solo 4 de los 61 que había en la región cuando se suscribió y puso en marcha el pacto antes aludido, cifras que, me temo, han variado muy poco.

De lo antes señalado se deduce que Guadalajara es la “cenicienta” de la innovación en la región y ésta casi lo es en el ámbito nacional pues el gasto interno de Castilla-La Mancha en I+D+i, según datos del INE de 2014, supone un 1,51 por ciento del gesto total interno en I+D en el conjunto nacional, menos de la mitad de lo que le correspondería atendiendo a su peso en el PIBpm nacional, o sea el Producto Interior Bruto a precios de mercado. Este dato lo corrobora otro que es el de los recursos humanos destinados a I+D+i en la región, en el que, lamentablemente, según cifras del INE hechas públicas ahora hace dos años, Castilla-La Mancha está, por seguir con el símil ferroviario, en el vagón de cola nacional al ser sólo un 0,6 por ciento los investigadores y el personal de I+D sobre el total de ocupados, un parámetro que solo empeoran las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla con un 0,2. Nuestra vecina y hermana región de Castilla y León casi triplica, con un 1,6 por ciento, el dato de investigadores sobre el total de ocupados, mientras que la media nacional se sitúa en el 1,8 por ciento, de lo que se deduce que en nuestra región hay solo un tercio de investigadores respecto a la media nacional. Como decía al comienzo, con estas cifras, desde luego, el futuro productivo de Castilla-La Mancha no parece caminar por la investigación el desarrollo y la innovación, lo que, entre otras muchas y negativas consecuencias, va a suponer la paulatina pérdida de competitividad de nuestros productos, tanto industriales como agroalimentarios. Mal camino no lleva a buen pueblo, decía sabiamente un paisano de Zaorejas, perito en mundos.

Retomando el tan expresivo como pésimo dato que antes he aportado de la manifiesta inferioridad de centros tecnológicos e institutos de investigación que hay en Guadalajara respecto al resto de provincias de la región (apenas un 6 por ciento del total), llama poderosamente la atención que nuestra provincia ocupe ese lugar postrero en un ámbito tan ligado a la actividad industrial cuando el Corredor del Henares es uno de los motores del desarrollo económico y social regional, al tiempo que esta es en la que mayor población activa hay empleada en el sector industrial y menos en el agrícola del conjunto de Castilla-La Mancha. Para no dejar el dato en abstracto, estos son los cuatro centros tecnológicos e institutos de investigación localizados en Guadalajara del total de 61 que hay en la región, según se recoge en el Pacto por la Recuperación Económica regional: Centro Agrario de Machamalo, Unidad de Investigación del Hospital Universitario de Guadalajara, Centro Astronómico de Yebes y Centro de Investigación en Infraestructuras Inteligentes (CI3), este último el único instituto de investigación público-privado que figura en esta relación.

Me llama la atención que, conforme a los datos ofrecidos por el Pacto, en Albacete hay 7 centros de investigación dependientes de la Universidad de Castilla-La Mancha, 14 en la de Ciudad Real, 5 en la de Cuenca y 6 en la de Toledo; evidentemente, en Guadalajara no hay ninguno pues nuestra provincia está vinculada al distrito universitario de Alcalá de Henares. El hecho de que no figure ningún centro tecnológico e instituto de investigación dependiente de la UAH con sede en Guadalajara o vinculado a ella en esta relación aportada por el referido Pacto, viene a subrayar un hecho que trasciende del ámbito de la I+D+i: En la Junta solo consideran universidad propia a la de Castilla-La Mancha y no a la de Alcalá, cuando es la de Guadalajara y, por tanto, también es regional y debería ser tratada y considerada como tal, algo que no ocurre, no solo para las estadísticas, sino para su financiación y el desarrollo de su campus en nuestra ciudad. Bien es sabido que la Junta tiene bloqueado el nuevo campus de la UAH en nuestra ciudad, a pesar de muchos protocolos, convenios, promesas y declaraciones suscritos por los responsables políticos regionales. Y, por si no lo saben, aunque hace tiempo lo publicó GD, les aporto este dato: la Junta paga más del doble por alumno en la UCLM que en la Universidad de Alcalá.

Y dejo el asunto aquí para que lo investiguen, desarrollen e innoven quienes quieran y puedan, no sin antes alertar del evidente descenso de actividad de I+D+i en la sede en Guadalajara del Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha, en el Centro Europeo de Empresas e Innovación, en Aguas Vivas, un descenso que ha coincidido con la fusión de los antiguos parques autónomos de Albacete y Guadalajara en uno solo, que se llevó a cabo siendo presidenta regional Dolores de Cospedal y se ha desarrollado y consolidado con Page, y cuya sede y gerencia centralizada están en Albacete. ¿Casualidad o causalidad? Yo lo tengo muy claro.

​Como es sabido, los Arteaga y Martín, titulares del ducado del Infantado y de su patrimonio, han solicitado la ejecución de una sentencia que les daba la razón en el contencioso-administrativo que plantearon hace ya tiempo por el que reclamaban que se habilitara dentro del palacio del Infantado una vivienda para la familia, de acuerdo con el convenio que en los años sesenta firmaron con el Estado por el cual cedían la mayor parte del uso y propiedad del histórico edificio para su restauración y posterior reutilización como continente de actividades culturales. Ese convenio, firmado hace ya más de 50 años, permitió que el palacio que a Cela le pareció en 1946 -cuando hizo su viaje a pie a la Alcarria que dos años después convertiría también en literario- un “edificio hermoso” y “grande como un convento o un cuartel”, pero que estaba “en el suelo”, pudiera levantarse y recuperar su imagen y dignidad como el edificio más representativo y emblemático de la ciudad que es. Su restauración permitió, no solo poner en pie el palacio, sino también darle usos culturales de referencia, fundamentalmente como Biblioteca Pública, Museo y Archivo Histórico Provincial, una intervención recuperadora en la que, por cierto, como asesor histórico, participó muy activamente el entonces Cronista Provincial, Layna Serrano, cuya labor no estuvo exenta de polémica al recomendar una serie de cambios, especialmente en la fachada, que no gustaron a todos por ser muy notorios respecto a la original.
​Restaurado el edificio con mayor o menor acierto, el caso es que el Ducado del Infantado cumplió su parte del convenio y la Administración gran parte de la suya, pero no toda, como la justicia ha reconocido a los Arteaga -herederos de los viejos y poderosos Mendoza- concediéndoles derecho a tener una vivienda de uso privativo en el que fuera el palacio mendocino más señero en la ciudad, aunque no el único, como es bien sabido. En varias ocasiones y con varias propuestas, intentándolo de forma negociada y no forzada por orden judicial, la familia ha pretendido hacer valer su derecho habitacional en el Infantado, pero hasta ahora no se ha concretado, por lo que han decidido pedir la ejecución de la sentencia. Como también es conocido, ante este hecho se ha constituido una plataforma ciudadana, bajo el nombre de “Abraza el palacio”, que se opone frontalmente a que el Duque del Infantado actual tenga una vivienda en el que fuera palacio de su familia. Las últimas noticias al respecto de este tema, hechas públicas por el propio alcalde de la ciudad, Antonio Román, apuntan a que el Ayuntamiento va a denegar al Duque la licencia de obras que ha presentado por incumplir las vigentes ordenanzas municipales. El motivo en que se basaría la denegación de la licencia es en la existencia de una incompatibilidad urbanística, recogida en la ordenanza 09 del actual Plan de Ordenación Municipal (POM), entre el uso público del palacio y la existencia de una vivienda privativa dentro del edificio, puesto que la ordenanza solo establece la opción de residencia para guardeses o personal del Palacio.
​Ante esta situación de bloqueo del asunto, caben dos caminos: que el Duque renuncie a su derecho a vivienda en el palacio, a título gratuito -me da que va ser que no- u oneroso -mediante indemnización- o, como ha sugerido el alcalde tras consultar a los técnicos municipales, que se habilite esta residencia en los espacios que ya ocuparon en su día las dos viviendas que había en el edificio, una usada durante muchos años, en su calidad de directora de la Biblioteca, por Blanca Calvo -por cierto, una de las personas que más se han significado en apoyar “Abraza al Infantado”- y otra por el director del Museo, cuando lo fue Dimas Fernández-Galiano, que solo residió un tiempo en ella. Entiendo que para que se de esta posibilidad, habría de modificarse puntualmente la ordenanza pues, evidentemente, el Duque ni es “guardés” ni “personal” del Palacio.
​Sería un gran gesto para la ciudad que el Duque renunciara a su vivienda de uso privativo en el palacio del infantado, pero, obviamente, eso solo depende de él. Si no declinara el derecho que le ha otorgado la justicia, me parece razonable la propuesta que ha hecho Román porque, lógicamente, apenas se impactaría en la arquitectura del palacio si se recupera un espacio para vivienda que ya lo fue durante muchos años y este mismo hecho avala que es perfectamente compatible un uso predominantemente cultural en el edificio, con uno residencial residual. Llegados a este punto quiero recordar y resaltar que la propiedad privada es un derecho constitucional que ya recogía nuestra primera carta magna, la liberal “Pepa”, de 1812, que en su artículo 4 señala que la Nación está obligada a conservarla y protegerla «por leyes sabias y justas». Al igual que Blanca Calvo ejerció su derecho al uso de una vivienda en el palacio durante muchos años por ser directora de la Biblioteca Pública Provincial, que entonces tenía allí su sede y así lo contemplaba el entonces vigente Reglamento de la Función Pública, el Duque del Infantado puede ahora ejercer el suyo a tenerla en propiedad porque una sentencia judicial se lo ha otorgado, aunque, está claro, respetando las ordenanzas municipales y las leyes del patrimonio que sean de aplicación.
​Termino diciendo que a mí lo que, de verdad, me preocupa del palacio es que se restaure, mejore y renueve, lo antes y lo mejor posible, todo lo mucho que hay que restaurar, mejorar y renovar en el edificio y que el Museo que acoge, hace ya un tiempo en exclusiva tras salir de él la Biblioteca y el Archivo, deje de estar entre los provinciales de bellas artes menos visitados de España y que menos piezas de valor histórico-artístico reúne. Solo con el material procedente de Guadalajara que está en los almacenes, sin exhibirse al público, en museos como el Prado, el de Arqueología Nacional, el del Ejército, el Cerralbo y otros, ya aumentaría en mucho el interés y el valor de nuestro Museo Provincial.

Como comentaba en mis dos entradas anteriores, el asunto de la no-independencia y la no-república de Cataluña podía dar para un hilo interminable, como la fantástica historia fantástica de Michael Ende, pero yo ya lo dejo en este punto porque no quiero contribuir ni un post más a hacerle el juego a la “gallineta” de Puigdemont, un personaje más cerca de lo bufonesco que de un político serio que, eso sí, ha hecho mucho daño a Cataluña y a España y parece empecinado en “sostenella y no enmendalla” para seguir haciéndolo. Asumo como propio el titular del “Periódico de Cataluña”, de 1 de noviembre: “President, déjelo ya”. Corto y cambio.

Ni es el momento -porque el asunto catalán está contaminando de ruido la cuestión- ni este el lugar -por limitaciones de espacio- para reflexionar sobre las consecuencias del Estado de las autonomías que devino con la Constitución del 78, buena pero imperfecta, claro está. Las causas de que surgiera esa estructura territorial son de todos conocidas: dar respuesta y cauce a las reivindicaciones de descentralización de las comunidades llamadas “históricas”, pero, repito, las consecuencias del “café para todos” -o sea, autonomía para todas las regiones, incluidas las inventadas, como Castilla-La Mancha-, evidentemente no han sido todas malas, pero sí han traído algún grave mal, fundamentalmente la creación de 17 nuevos centralismos y el surgimiento de fronteras, si no físicas, sí administrativas entre esas autonomías. Un mal que cada día padecemos más los ciudadanos, sobre todo los que vivimos en una región del vagón de cola del tren del progreso nacional, como es la nuestra, pero al lado de una potente locomotora como es la vecina Madrid. Meco es hoy casi más frontera para Guadalajara que La Junquera entre España y Francia.

Como ejemplo de lo que estoy diciendo podría poner muchos en los ámbitos de la sanidad, la educación, los servicios sociales, etc., pero hoy quiero abordar, aunque solo sea someramente, un hecho político que el centralismo toledano urdió hace ya 15 años y que aún colea, incluso en los tribunales de justicia: la declaración de los terrenos y los edificios del Fuerte de San Francisco, en Guadalajara, como “Proyecto de Singular Interés”. Así se produjeron los hechos, de forma muy resumida: Por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades, de 26 de noviembre de 2002, este órgano prestó conformidad a la propuesta urbanística de la Consejería de Obras Públicas para la construcción de 665 viviendas protegidas, dotaciones y equipamientos en El Fuerte de San Francisco. Este acuerdo manifestaba “el interés regional de la propuesta como soporte para la ejecución de la política regional en materia de vivienda sujeta a protección pública, así como para la obtención de dotaciones y equipamientos destinados a la provisión de los correspondientes servicios públicos para los ciudadanos”. O sea, en cuanto los militares se marcharon del Fuerte tras siglo y medio de presencia en él -1 de enero de 2000- y el Ayuntamiento de Guadalajara se proponía actuar en el conjunto de esos terrenos tras firmar un convenio con el Ministerio de Defensa, la Junta decidió tirar de un artículo de la LOTAU -la Ley de Ordenación del Territorio y la Actividad Urbanística de la región- que hasta ese momento jamás se había aplicado y, sin contar con el ayuntamiento de la ciudad, en una maniobra política centralista y centralizadora, decidió declarar el Fuerte como Proyecto de Singular Interés, con la intención de construir 665 viviendas protegidas, al tiempo que con la obligación de dotar al sector de equipamientos públicos y de rehabilitar y poner en disposición de uso también público los edificios históricos del viejo cantón militar.

La música de aquel PSI sonaba bien, pero ¿la letra, se cumpliría la letra? Como todo esto llegó unos meses antes de las elecciones locales y autonómicas de 2003, este proyecto fue descaradamente instrumentalizado por el PSOE para intentar arrebatar al PP el ayuntamiento de la capital, que gobernaban los populares desde 1992, al tiempo que para relanzar las opciones de Barreda en la provincia, que ni era Bono ni se le parecía como candidato. Hasta folletos se hicieron -que pagamos todos- vendiendo que en el Fuerte se iban a hacer, no solo viviendas protegidas y a precios de baratillo, sino equipamientos como residencias de mayores, de estudiantes, centros culturales, sociales, instalaciones deportivas… y, por supuesto, se rehabilitarían y pondrían en uso los edificios históricos del Fuerte. Aquello no parecía perfecto, sino pluscuamperfecto.

Hoy, quince años después de aquel “toledanazo” -o pelotazo toledano, como prefieran- hagamos balance del PSI del Fuerte: es evidente que se han construido las viviendas -el proyecto en el que trabajaba el ayuntamiento contemplaba., incluso, la construcción de más-, pero la Junta, lejos de poner un euro, fue quien vendió los terrenos y obtuvo su lucro correspondiente. De los equipamientos públicos previstos en el proyecto, solo hemos visto hasta ahora la construcción del “Espacio TYCE” y, de la rehabilitación de los edificios históricos, tan solo se han restaurado la iglesia y, parcialmente, la cripta de los Mendoza; y no solo con fondos regionales, sino también estatales. ¿Y a lo demás, o sea, el antiguo monasterio franciscano, el taller de forja y el resto de naves del antiguo TYCE, cuándo les llega su hora? Como recordó el alcalde de Guadalajara en la última sesión municipal acerca del “estado de la ciudad”, celebrada hace unos días, el ayuntamiento se vio obligado a denunciar a la Junta por el incumplimiento del convenio que firmó con el consistorio y por el que se comprometía a abordar estas inversiones como promotora que era del conjunto del sector y una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha condenado a la administración regional a llevarlas a cabo e, incluso, a pagar las costas del pleito.

En ese ejercicio de despotismo que fue el PSI del Fuerte –“todo para Guadalajara, pero sin Guadalajara”-, la Junta hizo más política que verdadera gestión de interés público, pero lo vendió bien, como si el antiguo enclave militar, de su mano y no de la del ayuntamiento, fuera a convertirse en una ínsula Barataria. Pasado el tiempo -mucho, demasiado- se ha comprobado que la administración regional asumió los beneficios de aquel proyecto, pero no las cargas que conllevaba. Y no lo digo yo, lo ha dicho una sentencia judicial ¡Qué fuerte!