Tras la aprobación de la Constitución de 1978 y salvo el acongoje al que nos abocó Tejero en aquel 23-F de 1981 que, visto con perspectiva, tenía más fondo de astracanada que de ruido de sables afilados, si bien no dejó de ser un intento de golpe de Estado, España ha vivido el más largo y sosegado período de democracia, libertad y progreso económico y social de toda su historia. El “procés” catalán y su estrambótico “referéndum” del 1-0 de 2017, también desafinó lo suyo y vino a pegar una patada en la espinilla a la general concordia de la Transición. Hay mucho mejorable en la realidad política española de los últimos 45 años, sí, pero todavía hay más empeorable y parece que el actual inquilino de la Moncloa y los variopintos socios que le ayudaron a cambiar el colchón de Rajoy se han empeñado en lo segundo. Esta reciente etapa de tensión política que ha devenido en un evidente alejamiento del espíritu de la Transición tiene una de sus causas, aunque no sea la única, en el momento en que eclosionaron los populismos, cuando a finales de 2013 nace Vox y semanas después lo hace Podemos, dos actores que han radicalizado y polarizado la política, extremándola hacia la derecha y la izquierda, respectivamente. La aparición y acción de ambas fuerzas ha sido aprovechada por los siempre interesados y ventajistas partidos nacionalistas catalanes y vascos —tanto de derechas como de izquierdas, aunque todos disfrazados de “progresistas” cuando no hay nada más retrógrado que reivindicar la tribu— que, a río revuelto, han querido ser quienes más pescaran. Y lo han conseguido, porque es evidente que Sánchez ha estado y está dispuesto a cambiar de opinión lo que haga falta y a tragar sapos y culebras, con barretinas y txapelas incluidas, con tal de permanecer en la Moncloa. Los partidos nacionalistas siempre han vivido de la debilidad de los estatales cuando han necesitado sus votos para llegar a la mayoría absoluta para gobernar. Es una estrategia recurrente que, con Sánchez al frente del PSOE más alejado de la centralidad que hemos conocido, ha llegado a límites casi insospechados hace apenas unos meses, como son la concesión de la ley de amnistía, incluidos en ella delitos de terrorismo, la financiación autonómica asimétrica que favorece a los ya más favorecidos, el establecimiento de negociaciones —obviamente con un futuro referéndum encima de la mesa— con el fugado Puigdemont y con verificador internacional y todo, y la cesión de competencias a Cataluña y el País Vasco en materia de Seguridad Social y Transportes que superan el estado de las autonomías y son ya vísperas federales.

Así las cosas, con los nacionalistas vascos y catalanes teniendo cogido al gobierno por los dídimos —perdón por la expresión, pero el ministro Puente has puesto de moda las expresiones chuscas—, no son pocos los pescadores que también quieren lo suyo en el río revuelto de la política española. Es uno de los peajes de la debilidad en la que ha querido empeñarse en gobernar Sánchez, el “césar” que dirige el PSOE de hoy como le llama el exministro socialista Corcuera. El último pescador que ha tirado la caña ha sido el alcalde socialista de León, José Antonio Díez Díaz, quien ha reivindicado que su provincia se segregue de Castilla y León y se convierta en la decimoctava comunidad autónoma española, con rango de uniprovincial. Díez apela a la particular historia leonesa, que sin duda la tiene pues hasta el primer parlamento del mundo nació allí en 1188 y fue un poderoso reino con personalidad propia hasta que se unió con el de Castilla. Todos los nacionalismos se cimentan en una historia singular, sí, pero después apelan a la pela, y el alcalde leonés también lo ha hecho, alegando el, a su juicio, injusto trato político, en general, y financiero, en particular, que Castilla y León otorga a su provincia, favoreciendo sobre todo a Valladolid, la capital regional. Díez, sin cortarse un pelo, ha dicho que la actual legislatura, con todas las concesiones hechas por Sánchez a los nacionalismos catalán y vasco, invita a revisar el título VIII de la Constitución y por ello considera, no solo legítima, sino también oportuna su reivindicación que, de no quedarse únicamente en palabras, pondría patas arriba el statu quo autonómico actual. Que nadie se tome a broma el leonesismo, me consta que es creciente y ya veremos a donde conduce, pero se está abriendo la caja de los truenos y no sabemos dónde, cuándo y a quién le van a explotar.

Así las cosas, con los nacionalismos/separatismos catalán y vasco condicionando la gobernabilidad y el gobierno de España más débil de la democracia, con Navarra en el ojo de mira de Bildu y PNV para ser real y no solo en sus delirios panvasquistas la cuarta provincia vasca de la península —de las tres francesas que se olviden pues el jacobinismo galo nunca dará opción— y con León cuestionando su pertenencia a Castilla y León, no descarten próximas reivindicaciones de modificación del actual mapa autonómico, que ya parecía definitivamente cerrado. Y, efectivamente, sí, estoy pensando en nuestra Guadalajara como una de esas provincias que, si se abre el melón de las segregaciones como parece haberse abierto, levanten la mano y digan: somos la única provincia sin un milímetro cuadrado de comarca manchega de Castilla-La Mancha y únicamente limitamos con esta región a través de Cuenca; geográficamente, estamos al norte de la región, como si fuéramos un apéndice, una especie de joroba que le ha salido a las otras cuatro provincias; la mancheguización de la región es evidente y progresiva; nuestra identidad castellana es más parecida a la de Madrid, Segovia o Soria que a la de Albacete y Ciudad Real; nuestra capital natural es Madrid, no Toledo, y, precisamente, Toledo, como denuncia el alcalde leonés sobre Valladolid, está siendo descaradamente favorecida por las inversiones regionales, además de ejercerse desde allí un poder recentralizador y a veces hasta despótico, con el (chusco) asunto del Fuerte de San Francisco como última y más palpable prueba. Otro día me detendré en ello porque lo del fuerte es fortísimo… Y luego se extraña Page de que Guadalajara sea la provincia de España que menos identificada se siente con su región, como quedó acreditado en una encuesta nacional realizada por “Electomanía” en 2020 y que arrojaba los expresivos y contundentes datos de que un 78,6% de la población de Guadalajara se siente más identificada con la provincia, el 18,8% tan identificada con la comunidad como con la provincia y solo un 2,6% más identificada con la región. ¿Y saben cuál fue en esa encuesta la segunda provincia, tras Guadalajara, en identificarse menos con su región? Pues sí, efectivamente, León.

A este paso recupero aquella vieja proclama del ALI —una jocosa ensoñación juvenil de partido llamado “Alcarria Libre e Independiente”— que algunos convertimos en nuestra desternillante reivindicación cuando Guadalajara fue forzada, en un pacto político de salón de la UCD y el PSOE, a alejarse de Madrid y de las provincias castellanas del norte e integrarse en Castilla-La Mancha: “Queremos que la Alcarria tenga salida al mar”. Por cierto, también reivindicábamos que los “donuts” no tuvieran agujero y así nacieron los “dupis”…

El domingo 12 de noviembre será ya para siempre un jalón en mi vida. En esa fecha, supongo que por casualidad, se celebra San Josafat, un obispo greco-católico al que asesinaron cristianos ortodoxos —la historia de Caín y Abel se repite de forma recurrente— y que es homónimo al personaje bíblico del famoso valle en el que las escrituras proféticas sitúan el lugar donde se celebrará el juicio final; o sea, la liquidación de los tiempos, en feliz, una más, expresión orteguiana. Efectivamente, habrá un antes y un después del 12 de noviembre en mi devenir vital porque ese día, como he dicho, festividad de San Josafat, ya me he ganado de una vez y para siempre el apelativo de “facha” puesto que, lo confieso públicamente, estuve en la concentración de la plaza de Santo Domingo, de Guadalajara, en rechazo a la amnistía a los delincuentes del “procés” —pronúnciese “prusés”, así, como con intención de diferenciar significante y significado al estilo Saussure— que reunió a 9.000 personas, según fuentes de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha y del PP, partido convocante de la concentración. Es casi un fenómeno paranormal que tanto peperos como sociatas —lamentablemente las delegaciones del gobierno son más de los partidos que lo gobiernan que de los ciudadanos gobernados— se pusieran de acuerdo en dar esa cifra de asistentes en Guadalajara porque en el conjunto de España el PP dijo que había movilizado a dos millones de personas y el gobierno que no habían llegado a ser ni 600.000. Ojalá todas las guerras fueran solo de cifras.

            No se el resto de las 8.999 personas que asistieron a la concentración de Santo Domingo el día de San Josafat de 2023, pero yo, además de rechazar la amnistía de los forajidos —porque están fuera de la ley, que es el origen etimológico de esta grave palabra— del “procés” catalán, también fui a mostrar mi oposición frontal al ignominioso y vergonzante pacto global con los separatistas de izquierdas y de derechas de Cataluña y del País Vasco, y, muy especialmente, con Bildu, la organización, simpatizante, no, lo siguiente, y heredera de ETA a la que Sánchez está blanqueando. Se que es duro lo que voy a decir, pero al PSOE le gusta mucho la cal; no hace tanto la viva y ahora la enjalbegadora…

Me detengo aquí para contar una experiencia propia que muchos desconocen y que quiero que dejen de desconocer, sobre todo los más jóvenes, a quienes el terrorismo de ETA les suena tan lejano como a mi el racionamiento de la posguerra pues soy un hijo del llamado “baby-boom”, de la España desarrollista, ye-yé y del 600, y no conocí las cartillas del hambre; pero haberlas, las hubo. Voy a lo que iba: Cuando fui elegido concejal del ayuntamiento de Guadalajara en junio de 1999, como independiente dentro de las listas del PP, en ese momento ETA estaba muy viva a costa de ser la responsable de muchas muertes (inocentes), o sea, era un auténtico vampiro político y social, un sanguinario grupo terrorista que mataba cuando podía y a quien quería y podía. En aquellos años, no solo asesinaba a militares, jueces, policías —incluidos ertzaintzas— y guardias civiles, sino que también daba muerte a concejales y otros cargos políticos, sobre todo del PP y del PSOE, en cualquier lugar de España: Fernando Buesa (PSOE, en Vitoria), Gregorio Ordóñez (PP, San Sebastián), Martín Carpena (PP, Málaga), Juan Mari Jáuregui (PSOE, San Sebastián), Miguel Ángel Blanco (PP, Ermua), Ernest Lluch (PSOE, Barcelona), Manuel Jiménez Abad (PP, Zaragoza), Alberto Jiménez-Becerril (PP, Sevilla, junto a su esposa) … Creo recordar que, en total, fueron 14 los políticos asesinados por ETA de cada uno de los dos partidos mayoritarios de España en esos años de finales del siglo XX y principios del XXI. No lo he confesado nunca ni con ello pretendo ir de valiente, porque no lo soy, pero uno de los motivos que me llevaron a aceptar integrarme en 1999 en las listas municipales del PP sin militar en este partido fue el asesinato de Miguel Ángel Blanco y el impacto que causó en mi hija mayor cuando, yendo camino del festival medieval de Hita, conocimos tan impactante noticia por la radio del coche aquel fatídico 13 de julio de 1997. Aquella injustísima muerte joven, a sangre gélida, anunciada y casi televisada removió muchas conciencias en el rechazo a ETA y, a mí, que ya la rechazaba sin paliativos, me hizo movilizarme y salir de mi sitio de confort, de observador y opinante liberal de la política para pasar a tomar partido en ella hasta mancharme, como dice Celaya en “la poesía es un arma cargada de futuro”. Y sigo con la confesión pública de aquel tiempo no tan lejano: cuando tomamos posesión la corporación municipal arriacense de 1999-2003 —fue el último mandato de José María Bris como alcalde—, al estar amenazados todos los concejales del PSOE y del PP de España, nos reunieron para informarnos de las medidas de autoprotección que debíamos tomar, incluido el hecho de inspeccionar con un espejo con mango telescópico debajo de nuestros coches cada vez que nos subiéramos a ellos, por si nos habían puesto una bomba. Además, sobre todo a algunos como yo que nos consideraron más vulnerables por el lugar en que vivíamos y las rutinas diarias que seguíamos, nos pusieron también escolta. Si a mi hija mayor le partió su corazón, entonces adolescente, el vil asesinato etarra de Miguel Ángel Blanco, a mi hija pequeña, una niña de primera comunión en esos años, le parecía un juego que su papá la llevara al colegio con unos “amigos” —que en verdad lo fueron, lo son y lo serán siempre, entre ellos el actual concejal de seguridad de la ciudad, Chema Antón— que nos esperaban cada día en la puerta de casa. Yo fui un amenazado de ETA, sí; en realidad, lo fuimos todos los españoles porque ETA era una organización asesina que, maquiavélicamente, despreciaba el dolor de sus actos terroristas —el medio— para conseguir el fin de la independencia vasca que quería imponer, al tiempo que su socialismo revolucionario. ETA ya no mata, no, porque ha sido derrotada por la sociedad, pero sus herederos (in) morales están en Bildu y buscan el mismo fin que la propia organización terrorista, no se han distanciado de sus crímenes ni han pedido perdón por ellos y, lo que es peor, no han colaborado un ápice en que se esclarezcan los casi 400 asesinatos que aún están pendientes de esclarecer. Se parece más a un aquelarre de brujas de Zugarramurdi que a un pacto político legítimo el hecho de que un partido con 14 víctimas de ETA, aún en caliente, como es el PSOE, vaya a gobernar gracias a Otegui, etarra convicto y confeso y actual jefe de los herederos y cómplices de sus verdugos… Una cosa es superar etapas y promover la paz y otra es enterrar, junto a las víctimas, la memoria, la dignidad y la justicia.

            Termino ya diciendo que el pacto al que ha llegado Sánchez con el separatismo vasco y catalán, de izquierdas y de derechas —incluida la extrema, pues Junts lo es por muchas cosas—, para seguir en la Moncloa, ha traspasado todos los límites de lo razonable y que puede ser legal, pero no legítimo, porque está basado en promesas políticas incumplidas, manipulaciones, cuando no mentiras, históricas, en falsos agravios, y en ideas filo-racistas y xenófobas, al tiempo que va a suponer una descarada discriminación positiva a favor de las regiones más prósperas de España en detrimento de las que menos lo son y un ataque frontal a la división de poderes, esencia de las democracias liberales, las únicas que garantizan la libertad e igualdad de todos los ciudadanos.

            Y el día de San Josafat terminé de ganarme el apelativo de “facha” ya para siempre porque, después de la concentración contra la amnistía y el frontal ataque de Sánchez y sus socios a la unidad constitucional y a la libertad e igualdad de todos, fui a misa de 12,30 a San Ginés. Y en el Evangelio del día tocaba la parábola de las doncellas sensatas y necias… Yo, facha, tengo mi lámpara encendida.