Como comentaba en mis dos entradas anteriores, el asunto de la no-independencia y la no-república de Cataluña podía dar para un hilo interminable, como la fantástica historia fantástica de Michael Ende, pero yo ya lo dejo en este punto porque no quiero contribuir ni un post más a hacerle el juego a la “gallineta” de Puigdemont, un personaje más cerca de lo bufonesco que de un político serio que, eso sí, ha hecho mucho daño a Cataluña y a España y parece empecinado en “sostenella y no enmendalla” para seguir haciéndolo. Asumo como propio el titular del “Periódico de Cataluña”, de 1 de noviembre: “President, déjelo ya”. Corto y cambio.
Ni es el momento -porque el asunto catalán está contaminando de ruido la cuestión- ni este el lugar -por limitaciones de espacio- para reflexionar sobre las consecuencias del Estado de las autonomías que devino con la Constitución del 78, buena pero imperfecta, claro está. Las causas de que surgiera esa estructura territorial son de todos conocidas: dar respuesta y cauce a las reivindicaciones de descentralización de las comunidades llamadas “históricas”, pero, repito, las consecuencias del “café para todos” -o sea, autonomía para todas las regiones, incluidas las inventadas, como Castilla-La Mancha-, evidentemente no han sido todas malas, pero sí han traído algún grave mal, fundamentalmente la creación de 17 nuevos centralismos y el surgimiento de fronteras, si no físicas, sí administrativas entre esas autonomías. Un mal que cada día padecemos más los ciudadanos, sobre todo los que vivimos en una región del vagón de cola del tren del progreso nacional, como es la nuestra, pero al lado de una potente locomotora como es la vecina Madrid. Meco es hoy casi más frontera para Guadalajara que La Junquera entre España y Francia.
Como ejemplo de lo que estoy diciendo podría poner muchos en los ámbitos de la sanidad, la educación, los servicios sociales, etc., pero hoy quiero abordar, aunque solo sea someramente, un hecho político que el centralismo toledano urdió hace ya 15 años y que aún colea, incluso en los tribunales de justicia: la declaración de los terrenos y los edificios del Fuerte de San Francisco, en Guadalajara, como “Proyecto de Singular Interés”. Así se produjeron los hechos, de forma muy resumida: Por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades, de 26 de noviembre de 2002, este órgano prestó conformidad a la propuesta urbanística de la Consejería de Obras Públicas para la construcción de 665 viviendas protegidas, dotaciones y equipamientos en El Fuerte de San Francisco. Este acuerdo manifestaba “el interés regional de la propuesta como soporte para la ejecución de la política regional en materia de vivienda sujeta a protección pública, así como para la obtención de dotaciones y equipamientos destinados a la provisión de los correspondientes servicios públicos para los ciudadanos”. O sea, en cuanto los militares se marcharon del Fuerte tras siglo y medio de presencia en él -1 de enero de 2000- y el Ayuntamiento de Guadalajara se proponía actuar en el conjunto de esos terrenos tras firmar un convenio con el Ministerio de Defensa, la Junta decidió tirar de un artículo de la LOTAU -la Ley de Ordenación del Territorio y la Actividad Urbanística de la región- que hasta ese momento jamás se había aplicado y, sin contar con el ayuntamiento de la ciudad, en una maniobra política centralista y centralizadora, decidió declarar el Fuerte como Proyecto de Singular Interés, con la intención de construir 665 viviendas protegidas, al tiempo que con la obligación de dotar al sector de equipamientos públicos y de rehabilitar y poner en disposición de uso también público los edificios históricos del viejo cantón militar.
La música de aquel PSI sonaba bien, pero ¿la letra, se cumpliría la letra? Como todo esto llegó unos meses antes de las elecciones locales y autonómicas de 2003, este proyecto fue descaradamente instrumentalizado por el PSOE para intentar arrebatar al PP el ayuntamiento de la capital, que gobernaban los populares desde 1992, al tiempo que para relanzar las opciones de Barreda en la provincia, que ni era Bono ni se le parecía como candidato. Hasta folletos se hicieron -que pagamos todos- vendiendo que en el Fuerte se iban a hacer, no solo viviendas protegidas y a precios de baratillo, sino equipamientos como residencias de mayores, de estudiantes, centros culturales, sociales, instalaciones deportivas… y, por supuesto, se rehabilitarían y pondrían en uso los edificios históricos del Fuerte. Aquello no parecía perfecto, sino pluscuamperfecto.
Hoy, quince años después de aquel “toledanazo” -o pelotazo toledano, como prefieran- hagamos balance del PSI del Fuerte: es evidente que se han construido las viviendas -el proyecto en el que trabajaba el ayuntamiento contemplaba., incluso, la construcción de más-, pero la Junta, lejos de poner un euro, fue quien vendió los terrenos y obtuvo su lucro correspondiente. De los equipamientos públicos previstos en el proyecto, solo hemos visto hasta ahora la construcción del “Espacio TYCE” y, de la rehabilitación de los edificios históricos, tan solo se han restaurado la iglesia y, parcialmente, la cripta de los Mendoza; y no solo con fondos regionales, sino también estatales. ¿Y a lo demás, o sea, el antiguo monasterio franciscano, el taller de forja y el resto de naves del antiguo TYCE, cuándo les llega su hora? Como recordó el alcalde de Guadalajara en la última sesión municipal acerca del “estado de la ciudad”, celebrada hace unos días, el ayuntamiento se vio obligado a denunciar a la Junta por el incumplimiento del convenio que firmó con el consistorio y por el que se comprometía a abordar estas inversiones como promotora que era del conjunto del sector y una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha condenado a la administración regional a llevarlas a cabo e, incluso, a pagar las costas del pleito.
En ese ejercicio de despotismo que fue el PSI del Fuerte –“todo para Guadalajara, pero sin Guadalajara”-, la Junta hizo más política que verdadera gestión de interés público, pero lo vendió bien, como si el antiguo enclave militar, de su mano y no de la del ayuntamiento, fuera a convertirse en una ínsula Barataria. Pasado el tiempo -mucho, demasiado- se ha comprobado que la administración regional asumió los beneficios de aquel proyecto, pero no las cargas que conllevaba. Y no lo digo yo, lo ha dicho una sentencia judicial ¡Qué fuerte!
