​Como es sabido, los Arteaga y Martín, titulares del ducado del Infantado y de su patrimonio, han solicitado la ejecución de una sentencia que les daba la razón en el contencioso-administrativo que plantearon hace ya tiempo por el que reclamaban que se habilitara dentro del palacio del Infantado una vivienda para la familia, de acuerdo con el convenio que en los años sesenta firmaron con el Estado por el cual cedían la mayor parte del uso y propiedad del histórico edificio para su restauración y posterior reutilización como continente de actividades culturales. Ese convenio, firmado hace ya más de 50 años, permitió que el palacio que a Cela le pareció en 1946 -cuando hizo su viaje a pie a la Alcarria que dos años después convertiría también en literario- un “edificio hermoso” y “grande como un convento o un cuartel”, pero que estaba “en el suelo”, pudiera levantarse y recuperar su imagen y dignidad como el edificio más representativo y emblemático de la ciudad que es. Su restauración permitió, no solo poner en pie el palacio, sino también darle usos culturales de referencia, fundamentalmente como Biblioteca Pública, Museo y Archivo Histórico Provincial, una intervención recuperadora en la que, por cierto, como asesor histórico, participó muy activamente el entonces Cronista Provincial, Layna Serrano, cuya labor no estuvo exenta de polémica al recomendar una serie de cambios, especialmente en la fachada, que no gustaron a todos por ser muy notorios respecto a la original.
​Restaurado el edificio con mayor o menor acierto, el caso es que el Ducado del Infantado cumplió su parte del convenio y la Administración gran parte de la suya, pero no toda, como la justicia ha reconocido a los Arteaga -herederos de los viejos y poderosos Mendoza- concediéndoles derecho a tener una vivienda de uso privativo en el que fuera el palacio mendocino más señero en la ciudad, aunque no el único, como es bien sabido. En varias ocasiones y con varias propuestas, intentándolo de forma negociada y no forzada por orden judicial, la familia ha pretendido hacer valer su derecho habitacional en el Infantado, pero hasta ahora no se ha concretado, por lo que han decidido pedir la ejecución de la sentencia. Como también es conocido, ante este hecho se ha constituido una plataforma ciudadana, bajo el nombre de “Abraza el palacio”, que se opone frontalmente a que el Duque del Infantado actual tenga una vivienda en el que fuera palacio de su familia. Las últimas noticias al respecto de este tema, hechas públicas por el propio alcalde de la ciudad, Antonio Román, apuntan a que el Ayuntamiento va a denegar al Duque la licencia de obras que ha presentado por incumplir las vigentes ordenanzas municipales. El motivo en que se basaría la denegación de la licencia es en la existencia de una incompatibilidad urbanística, recogida en la ordenanza 09 del actual Plan de Ordenación Municipal (POM), entre el uso público del palacio y la existencia de una vivienda privativa dentro del edificio, puesto que la ordenanza solo establece la opción de residencia para guardeses o personal del Palacio.
​Ante esta situación de bloqueo del asunto, caben dos caminos: que el Duque renuncie a su derecho a vivienda en el palacio, a título gratuito -me da que va ser que no- u oneroso -mediante indemnización- o, como ha sugerido el alcalde tras consultar a los técnicos municipales, que se habilite esta residencia en los espacios que ya ocuparon en su día las dos viviendas que había en el edificio, una usada durante muchos años, en su calidad de directora de la Biblioteca, por Blanca Calvo -por cierto, una de las personas que más se han significado en apoyar “Abraza al Infantado”- y otra por el director del Museo, cuando lo fue Dimas Fernández-Galiano, que solo residió un tiempo en ella. Entiendo que para que se de esta posibilidad, habría de modificarse puntualmente la ordenanza pues, evidentemente, el Duque ni es “guardés” ni “personal” del Palacio.
​Sería un gran gesto para la ciudad que el Duque renunciara a su vivienda de uso privativo en el palacio del infantado, pero, obviamente, eso solo depende de él. Si no declinara el derecho que le ha otorgado la justicia, me parece razonable la propuesta que ha hecho Román porque, lógicamente, apenas se impactaría en la arquitectura del palacio si se recupera un espacio para vivienda que ya lo fue durante muchos años y este mismo hecho avala que es perfectamente compatible un uso predominantemente cultural en el edificio, con uno residencial residual. Llegados a este punto quiero recordar y resaltar que la propiedad privada es un derecho constitucional que ya recogía nuestra primera carta magna, la liberal “Pepa”, de 1812, que en su artículo 4 señala que la Nación está obligada a conservarla y protegerla «por leyes sabias y justas». Al igual que Blanca Calvo ejerció su derecho al uso de una vivienda en el palacio durante muchos años por ser directora de la Biblioteca Pública Provincial, que entonces tenía allí su sede y así lo contemplaba el entonces vigente Reglamento de la Función Pública, el Duque del Infantado puede ahora ejercer el suyo a tenerla en propiedad porque una sentencia judicial se lo ha otorgado, aunque, está claro, respetando las ordenanzas municipales y las leyes del patrimonio que sean de aplicación.
​Termino diciendo que a mí lo que, de verdad, me preocupa del palacio es que se restaure, mejore y renueve, lo antes y lo mejor posible, todo lo mucho que hay que restaurar, mejorar y renovar en el edificio y que el Museo que acoge, hace ya un tiempo en exclusiva tras salir de él la Biblioteca y el Archivo, deje de estar entre los provinciales de bellas artes menos visitados de España y que menos piezas de valor histórico-artístico reúne. Solo con el material procedente de Guadalajara que está en los almacenes, sin exhibirse al público, en museos como el Prado, el de Arqueología Nacional, el del Ejército, el Cerralbo y otros, ya aumentaría en mucho el interés y el valor de nuestro Museo Provincial.