De momento, la “república independiente de Cataluña” tiene la misma solvencia y eficacia jurídicas que la de “Ikea”; o sea, que es pura propaganda. Mientras los independentistas catalanes venden lazos amarillos, victimismo de Calimero, lágrimas de cocodrilo por sus “presos políticos”, historia relatada a la carta y hechos diferenciales al peso, los de la república independiente de “Ikea”, como es sabido, venden muebles y objetos para el hogar a muy buen precio y de diseño moderno, aunque, eso sí, te los tienes que montar tu mismo. Vistas así las cosas, ambas repúblicas, la catalana y la de Ikea, se parecen en muchas cosas pues, efectivamente, las dos tienen mucho de montaje; en el caso de la de Ikea, pagando el que compra, y en el de Cataluña, pagando todos.
Cuando Pedro Sánchez llegó al poder, gracias, entre otros apoyos, a los de ERC y el PDCAT –o sea, los principales impulsores de la república independiente de Ikea, digo, de Cataluña-, pagando el primer plazo de ese carísimo apoyo, dijo que había que recuperar el diálogo y la normalidad institucional entre el gobierno del Estado y el de la Generalitat. Esa intención es de manual y no tiene nada de reprochable si no fuera porque el “supremacista” –el propio Sánchez así lo definió antes de acceder a la Moncloa- presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, su (des)gobierno, la mayoría que domina el Parlament (que trabaja menos que un vendedor de hielo en el Polo Norte) y sus corifeos, los CDR, Omnium, ANC y demás siglas que sumar a la ensalada independentista, siguen en sus trece y solo aceptan independencia o referéndum vinculante para alcanzarla. Como la Constitución no permite ninguna de las dos cuestiones, el gobierno español también debería seguir en sus trece y decir a los independentistas que “no es no”, pero para no cabrear a quienes les ayudaron a derribar a Rajoy, les hacen guiños y gestos de buen rollito para que, como mal menor, sigan prefiriendo las buenas palabras sanchistas al 155 rajoyano, aunque también lo apoyara el PSOE, pero condicionando tanto su liviandad que las cosas siguen estando como estaban antes de su aplicación temporal. O “pior”, como dice un buen amigo mío.
El juego del “dialoguismo” y los paños calientes del gobierno con el “procés” es evidente y, al menos a corto plazo, parece que le está siendo rentable al PSOE, aunque habrá que ver a medio y largo plazo si le es rentable a España porque, de momento, el independentismo no da un paso atrás ni para coger impulso, mientras que la representación y presencia del Estado en Cataluña es cada vez más residual y hasta ya, de momento solo verbalmente, se le amenaza con atacar. Para colmo, quienes, en nombre del Estado, deberían garantizar la seguridad ciudadana en Cataluña -los Mossos de Escuadra, fundamentalmente-, son descaradamente utilizados por el independentismo gobernante, hasta el punto de tenerles entretenidos persiguiendo y multando –con cifras desorbitadas- a quienes quitan los dichosos lazos amarillos y protegiendo a quienes los ponen, en vez de garantizar las libertades de quienes defienden la Constitución, sus valores, sus principios y el estado de derecho. No hay derecho ni casi Estado ya en Cataluña.
Dialogar en política es siempre positivo, pero cuando quienes hablan lo hacen de manera franca y leal, y, por supuesto, dentro del marco de la ley. Puede que Torra y su gobierno autonómico estén siendo francos en su diálogo con el del Estado, pero las evidencias cuestionan muy mucho su lealtad. Por otra parte, a día de hoy, la Constitución española no permite ni la independencia de Cataluña ni un referéndum que sea su antesala, por lo que dialogar sobre ello es como brindar al sol. Eso lo saben, perfectamente, tanto el gobierno socialista español como el independentista catalán, por lo que, mucho me temo, que si los independentistas siguen sentados a esa mesa del diálogo imposible es porque, aunque no les guste la letra de gran parte de lo que oigan, puede que la música de fondo sí les resulte familiar. ¿Qué les une a PSOE, ERC y PDECAT? No solo su animadversión a lo que, curiosa y estratégicamente, las tres formaciones han coincidido en llamar “extrema derecha” –o sea, PP y Ciudadanos-, sino su simpatía –dejémoslo ahí en el caso del PSOE- y clara apuesta – en el de ERC y PDCAT- por la república como sistema de gobierno. Ya lo dijo Joan Tardá, y no ayer, sino en julio de 2017, en Alcoy: “Si proclamamos la república catalana hay muchas posibilidades de que se abra un ´procés´ en el Estado español, y el objetivo sería la proclamación de la III República Española». Como decía otro nacionalista “pata negra”, Xavier Arzalluz, “otros mueven el árbol y nosotros cogemos las nueces”. Eso es, precisamente, lo que puede que estén pensando algunos, aunque, de momento, callen porque saben que “no hay nada más silencioso que un cañón cargado”.
En este contexto, no es de extrañar que el gobierno de Sánchez esté, como mínimo, mirando para otro lado cuando el presidente de la Generalitat afirma que “Felipe VI ya no es el rey de los catalanes”, lo trata con frialdad y descortesía en las dos ocasiones en que ha coincidido en actos públicos con él –Juegos del Mediterráneo, en Tarragona, y manifestación por los atentados del 17 de agosto- y aplaude y consiente las pancartas contra el jefe del Estado que ni los Mossos ni la Guardia Urbana retiraron de la plaza de Cataluña en la manifestación del 17-A porque nadie les dio esa orden, a pesar de que, incluso, una de ellas comprometía la seguridad del monarca y del resto de autoridades y asistentes.
A mí me parece muy bien que los que deseen una república que sustituya a la monarquía trabajen para ello, como que los que quieren que sus regiones se independicen de España también lo hagan. Ahora bien, el límite para sus aspiraciones lo marca la ley, así que, en vez de saltársela a la torera o malearla hasta hacerla irreconocible, en vez de coger atajos y anteponer la vía de hecho a la del derecho, lo que deben hacer es cumplir lo previsto en el título X de la Constitución que es el que prevé su reforma. Falso es que sea inamovible. Para que no pierdan tiempo buscando su articulado, les copio y pego a continuación los dos principales artículos que prevé la carta magna para ser reformada:
Artículo 167
- Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras. Si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentará obtenerlo mediante la creación de una Comisión de composición paritaria de Diputados y Senadores, que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado.
- De no lograrse la aprobación mediante el procedimiento del apartado anterior, y siempre que el texto hubiere obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso, por mayoría de dos tercios, podrá aprobar la reforma.
- Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.
- Artículo 168
- Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes.
- Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras.
- Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación