Trece municipios de las Serranías de Guadalajara del entorno de Atienza, Hiendelaencina y La Toba, incluso también uno de Soria vecino, Retortillo, a los que se vienen sumando otros de la zona de manera progresiva, están movilizándose social y legalmente para intentar frenar los proyectos de prospecciones auríferas en su territorio, presentados hace unos meses por la empresa Oroberia S.L.U. Estos proyectos están actualmente en fase de estudio de las solicitudes de las autorizaciones administrativas correspondientes, de las que es competente la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. La empresa antes citada se constituyó en Salamanca hace menos de un año y con un mínimo capital de 3000 euros, lo que hace, cuanto menos, temer sobre su solvencia financiera y capacidad empresarial y técnica, si bien, detrás de ella, parece estar una compañía australiana de pretencioso nombre: “Global Mining Enterprises”. El interés por el posible oro serrano guadalajareño llegado nada menos que desde las antípodas, radica en el “Reglamento sobre Materias Primas Fundamentales” de la UE, que está vigente desde abril de 2024, y bajo cuyo amparo legal se han producido las solicitudes de prospecciones que se han presentado divididas en tres zonas distintas y a las que, curiosamente, les han dado los nombres de “Guad”, “Ala” y “Jara”, o sea, los fonemas actuales del topónimo original de Guadalajara: “Wad-al-Hayara”. En este “río de piedras” con que bautizaron los musulmanes a la ciudad de Guadalajara que ellos mismos fundaron en el siglo VIII, los australianos, con algún socio estratégico español salmantino o simplemente un testaferro, quieren buscar oro, como ya lo hicieran antes romanos y árabes, de manera notoria en Hiendelaencina, si bien lo que más abundaba allí y se explotó durante mucho tiempo fue la extracción de la plata.

                Europa, tan lejos para tantas cosas, nos ha traído con lo que no deja de ser un reglamento minero puro y duro —basta ya de eufemismos, tan dados a ello en Bruselas— a unos explotadores de la lejanísima Australia que quieren buscar oro en una amplia extensión de casi 15.000 hectáreas —equivalente a dos mil más de las que se quemaron en el terrible incendio de la Serranía del Ducado en 2005— y con perforaciones en el subsuelo de hasta 400 metros de profundidad. Al menos de momento, e intuyo que va a haber perseverancia en ello, la zona ha mostrado su rechazo frontal a este proyecto por entender que  su impacto medioambiental sería extremo y muy perjudicial para un territorio, pleno de recursos y bellezas naturales, su gran activo y atractivo de presente y futuro, hasta  el punto de estar toda ella integrada en el amplio Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara. El rechazo de la zona afectada al proyecto, también de carácter social pese a que es muy difícil movilizar un entorno tan radicalmente despoblado y envejecido, no solo se ha limitado a pancartas y concentraciones de protesta, generalmente en medio de la soledad y el silencio que allí reinan, sino que lo han encabezado casi una quincena de ayuntamientos con las alegaciones formales que han presentado y que, sin duda, han preocupado y ocupado a la administración regional. Independientemente de lo que diga la ley, no es lo mismo tramitar un expediente de estas características con la zona a favor, o, cuando menos, silente, que activamente en contra. De hecho, la Junta ya ha reaccionado a las solicitudes de autorización de prospecciones en las tres zonas antes aludidas, considerándolas fragmentaciones con ánimo de laxitud tramitadora y autorizante, y exigiendo que haya un único proyecto que englobe las 14.600 hectáreas afectadas, lo que obligará a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, al menos teóricamente más rigurosa y extendida en el tiempo, y no solo simplificada, más ágil y liviana.

                Aunque, incluso, el hecho de que las prospecciones concluyeran en que era viable y rentable la extracción de oro en la zona y de ello pudiera derivarse generación de empleo y riqueza para ella —algo que estaría por ver con detalle pues no suele ser oro todo lo que reluce—, es evidente que sus (escasos) pobladores y, en este caso, también sus regidores municipales están yendo de la mano contra el proyecto, circunstancia que, al menos a mí, me ayuda a posicionarme de manera clara a favor de munícipes y vecinos. La sierra, además del viento, el sol y el agua, es de todos, sí, pero sobre todo de los serranos y, si ellos no quieren varios y profundos agujeros prospectivos en ella, primero, y después posibles minas, incluso a cielo abierto si el mineral se hallara a menos de 200 metros de la superficie, pues que Oroberia y su socio “aussie” se vayan a buscar el oro a Moscú o entre los canguros, los koalas, los wombats e, incluso, los demonios de Tasmania. La Sierra de Guadalajara no quiere demonios en su jardín.

Toda materia tiene un principio y un final, aunque, como decía Lavoisier, “nada se destruye, todo se transforma”. Si la materia principia y finaliza de forma circular, los aconteceres de la vida de las personas se comportan de igual manera, aunque hay dos momentos rasgadores y rompientes en ella: el cese de la actividad laboral —vulgo, y sin eufemismos, la jubilación— y la muerte. A mi ya me ha llegado el primero y, espero, que el segundo tarde lo suficiente en llegar como para darme tiempo a hacer todas o, al menos, gran parte de las cosas que tengo pensadas —leer, escribir y viajar, fundamentalmente—, además de disfrutar de quienes quiero. Y ellos y ellas de mí, en justa reciprocidad, porque los quereres unidireccionales y no correspondidos son como el hablar del mudo, la música sin instrumentos o el amanecer sin sol. Andemos y veamos, como Ortega. Y Gasset, por supuesto. Muy brevemente, eso sí, porque el espacio, al contrario que el tiempo, no dan hoy para más y mis memorias profesionales podrían extenderse tanto como las célebres de Adriano de la novela de Marguerite Yourcenar.

Tomé posesión como funcionario de la Diputación Provincial de Guadalajara, en ese momento con contrato administrativo y en el puesto de auxiliar, el 2 de febrero de 1981. Tenía yo entonces 19 años y la fortuna de haber aprobado una prueba selectiva a la que nos presentamos casi 300 aspirantes para sólo 7 plazas. Yo ocupé la séptima y última. Los goles tienen a veces más valor en el último minuto que al inicio de los partidos porque ya son decisivos e incontestables. Presidía entonces la Diputación Antonio López Fernández, un ingeniero técnico de VICASA de raíces asturianas, concejal del Ayuntamiento de Azuqueca por la UCD, y que accedió a la presidencia por pura casualidad al haber presentado el partido fundado por Adolfo Suárez tres minutos tarde su candidatura al Ayuntamiento de la capital de la provincia, circunstancia histórica que supuso muchas cosas, pero fundamentalmente tres: Que Agustín de Grandes, que era el candidato de los centristas a la Diputación, no pudiera ser finalmente el presidente al anular la junta electoral central su candidatura; que el socialista Javier de Irízar fuera alcalde de Guadalajara, una de las ciudades de España con mayor número de votantes acreditados de centro y de derechas en esos momentos de la transición, y que el ya citado Antonio López fuera presidente de circunstancias de la Diputación, pero presidente al fin y al cabo. López era una buena persona, pero tenía pocas habilidades políticas y sus propios compañeros de aquella corporación provincial, monocolor de la UCD, terminaron ejerciendo el “cainismo” político con él. Le relevaron a la fuerza por Emilio Clemente Muñoz, un aparejador que era diputado por Molina, quien concitó el apoyo mayoritario de los diputados provinciales, pero no el del partido, cuya dirección provincial hubiera preferido la continuidad de López o, en todo caso, su relevo por el de Enrique Canales, alcalde de Almoguera, que finalmente fue el vicepresidente con Clemente. Éste apenas tuvo poco más de un año para gestionar la Diputación y evidenció ser bastante más político que su antecesor, pero su gestión la lastraron dos circunstancias, una interna y otra externa: surgió un escándalo con la adquisición de la finca de “Los Cabezos”, en Alcocer, para centro agropecuario provincial, un asunto turbio que nunca se terminó de esclarecer formalmente y en el que el que su verdadero muñidor no era, precisamente, Clemente, y, por otra parte, la UCD entró en descomposición en toda España y pasó de tener casi todo el poder institucional a la práctica desaparición. Los restos del naufragio centrista los recogió en la provincia, fundamentalmente, la Alianza Popular del, a partir de ese momento, todopoderoso Francisco Tomey, quien fuera presidente de la Diputación durante 16 años (1983-1999), el más carismático de cuantos he conocido. Mi vida profesional en la Diputación no empezó precisamente bien con él. De hecho, no le gustó un artículo mío con mucha carga irónica y, a pesar de ser yo funcionario de carrera, para evitar el “destierro” en el Hospital Provincial o en el Colegio San José, decidí anular la prórroga de la “mili” por estudios de la que entonces disfrutaba, al estar cursando Periodismo en la UCM, y poner tierra de por medio a ver si entretanto se calmaban las aguas corporativas. Cambié la plaza de Moreno por Atapuerca, y no es un recurso literario pues hice el servicio militar en un regimiento de caballería acorazada de montaña, el España 11, que entonces se acuartelaba en Castrillo del Val, el municipio burgalés en el que se asienta este importantísimo yacimiento arqueológico. Catorce meses después, cuando volví con la “blanca” —la cartilla militar— ya cumplimentada, Tomey ya había dejado atrás sus iniciales ímpetus de dominio de todo y de todos, y él mismo me propuso crear el entonces inexistente servicio de turismo, para, más tarde, sumar a él las responsabilidades de deportes y juventud. Aquella fue, sin duda, la etapa profesional de mi vida más gratificante, a la altura de la última que he vivido —y disfrutado— en el servicio de cultura. Entre medias, estuve 8 años en el Ayuntamiento de Guadalajara (1999-2007), como concejal del grupo Popular, presentándome en el primer mandato como independiente. De la política salí voluntariamente y más convencido de lo que entré. Fue Tomey quien, tras hablarlo con José María Bris, entonces Alcalde de la ciudad, me invitó a formar parte de aquel proyecto, pese a no ser militante del partido, porque valoraba mucho mi forma de pensar, sentir y trabajar. O, al menos, eso me dijo de manera convincente. Yo también terminé valorando mucho las suyas. Tomey ganaba mucho en las distancias cortas. Era una gran persona y fue un gran político que llevó a la Diputación a un nivel de gestión, inversión e influencia jamás conocidas hasta entonces. Terminé haciéndome amigo suyo a pesar de nuestras formas de ser —e, incluso, de pensar en no pocas cuestiones— bien diferentes y, sobre todo, de nuestras muy distintas responsabilidades ya que, mientras él era el todopoderoso presidente de la Diputación, yo no dejaba de ser un engranaje en ella. Tomey intentó hacerme más conservador y yo a él, más liberal. En todo caso, le recuerdo con mucho cariño porque, cuando me conoció de verdad, me obsequió con su afecto y tuvo la gran virtud de cambiar a mejor desde el poder, lo que no es precisamente fácil. Yo no juzgo las vidas privadas de nadie, como espero que no juzguen la mía, pero quienes intentaron derribarle —y terminaron consiguiéndolo con un nuevo “cainismo” de tufo “ucedita”— achacándole un enriquecimiento ilícito de 3000 millones de pesetas, bien saben que estaban invertidas en la provincia y no en su bolsillo. Como la justicia dejó bien claro, pero una vez que ya le había aplicado pena de “telediario” e “interviú”. Murió tranquilamente en su casa, después de oír misa en Santa María y tomarse una cerveza en El Vado, rodeado del reconocimiento general y del afecto de casi todos, incluso el de algunos que contribuyeron a su derribo y solo le pidieron perdón en privado. En mi despedida laboral de la Diputación he querido homenajearle de manera notoria y especial porque fue él quien más la engrandeció, aprendiendo siempre incluso de sus propios errores.

El pasado 30 de diciembre de 2025 me jubilé oficialmente como funcionario de la Diputación de Guadalajara, ocupando la plaza de jefe de la sección de administración de cultura y educación, exactamente 44 años, 10 meses y 28 días después de comenzar a trabajar en ella. Ha sido un placer y un honor servirla. Solo vale quien sirve, como decía el viejo lema de la OJE, en la que siendo niño me formé a la fuerza, pero en la que también aprendí valores. Me voy con la satisfacción del deber cumplido y con muchos compañeros y diputados a los que puedo llamar también amigos. Sobremanera a Javier Borobia, un verdadero y muy querido hermano, y a quien tanto he echado de menos en el día a día de oficina —y café— los últimos 16 años. Me voy pidiendo perdón a quienes pude defraudar de palabra, obra u omisión, y dando las gracias a todos porque de todos he aprendido algo. En los silencios hay mucha verdad porque en la palabra habita el ruido.