La juez Mercedes Alaya ha dado un paso adelante de gran dimensión judicial, y de previsiblemente amplias repercusiones políticas, en la instrucción del “Caso de los ERES fraudulentos” de Andalucía, imputando a la que fuera Consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía entre 1994 y 2004, Magdalena Álvarez, quien después ocupara la cartera de Fomento en el Gobierno de España, entre 2004 y 2009, con José Luis Rodríguez Zapatero. Desde junio de 2010, “Maleni”, como es conocida y llamada Álvarez en su entorno personal y político más próximo, es vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, un poderoso instrumento financiero de la Unión Europea, que nació como la entonces llamada CEE, en 1958, con el Tratado de Roma, y que gestiona al año la impresionante cifra de 60.000 millones de euros en créditos “para contribuir al desarrollo equilibrado del territorio comunitario a través de la integración económica y la cohesión social” como señalan sus estatutos. O sea que uno de los escasos españoles que ocupan puestos de alta responsabilidad en la actual estructura de la UE, como es el caso de Magdalena Álvarez, está imputada por haber sido, presuntamente, la muñidora de las prácticas presupuestarias irregulares que han permitido el caso de los ERES andaluces, según el cual cientos de empresas y miles de personas, por supuesto todas con nombres y apellidos y casi todas con simpatías y filiaciones sindicales y políticas pro-PSOE, se han beneficiado de fondos públicos gracias a ERES fraudulentos y a la concesión irregular de subvenciones. Aunque la presunción de inocencia la ampara, considero que la imputación de “Maleni” es de tal gravedad que, para que pueda defenderse debidamente, al tiempo que evitar el deterioro de la imagen de la entidad para la que trabaja y la del Estado del que es nacional, es decir, España, no debe permanecer ni un minuto más en su actual responsabilidad en el BEI y debe dimitir, aunque éste sea un verbo que no se suele conjugar en primera persona, ni del singular ni del plural, por supuesto.
Pero el nuevo auto de la juez Alaya, esa mujer casi siempre bien vestida y acusadamente maquillada, de rostro impenetrable como el de Katy Jurado en la película del mismo título, no sólo imputa a Magdalena Álvarez, sino a un total de veinte altos y exaltos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos el actual número dos de la consejería que ocupa Susana Díaz, la aspirante “oficial” a relevar a Griñán como líder del PSOE andaluz. Hace ya tiempo que este escandaloso caso en el que, según dice literalmente el auto de Alaya, los nuevos imputados en él «habrían permitido el uso indebido de las transferencias de financiación con las consecuencias del dispendio continuado de fondos públicos”, ronda los antedespachos de Chaves y Griñán, los dos presidentes de la Junta andaluza en los años en que la instrucción sostiene que se produjeron las graves irregularidades investigadas. De hecho, hay analistas que opinan que Griñán ha anunciado tan pronto –aún quedan tres años para las próximas elecciones autonómicas andaluzas- que no volverá a ser candidato a presidente de la Junta y que dejará, ya mismo, el liderazgo regional socialista porque era consciente de que la instrucción del Caso de los ERES fraudulentos estaba cada día más cerca de implicarle a él, no sólo políticamente, como ya lo está desde hace mucho tiempo, sino judicialmente. Habrá que estar pendiente de los nuevos autos que dicte la juez Alaya una vez que tome declaraciones a los nuevos imputados y se vayan conociendo otros datos y hechos de este Caso que, cada día, adquiere una mayor dimensión y posibles consecuencias políticas y judiciales.
Al contrario que en el libro de Almudena Grandes, “Maleni” no es un nombre de tango, sino el de una política socialista andaluza imputada penalmente por un asunto escandaloso, no, lo siguiente, que, a día de hoy, sigue siendo vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, dentro del cupo de los pocos españoles que detentan altos cargos en la UE. Y eso de ver quiénes nos representan en las instituciones internacionales nos lo tenemos que hacer mirar muy seriamente porque tuvimos a Javier Solana de Secretario General de la OTAN, después de que su partido, el PSOE, hiciera mucho ruido con una campaña que tenía por eslogan “OTAN: de entrada no”, y fue el que dio la orden de la participación activa de la organización atlántica en la Guerra de los Balcanes; por otra parte y por otra siglas, en este caso las del PP, Rodrigo Rato fue Gerente del Fondo Monetario Internacional, dimitió inesperada e inopinadamente –hay quien dice que por una “calentura de amor”- y tras regresar a España y presidir Bankia, también está imputado en el Caso que afecta a la mala gestión y administración de esta entidad financiera. Otro español con cargo y carga internacional es el exlíder socialista por unos meses, Joaquín Almunia, quien actualmente es Comisario de Competitividad de la UE y al que el gobierno de Rajoy ha acusado, en varias ocasiones ya, de no favorecer, precisamente, los intereses de España, mientras que el sector naval español, directamente, le ha situado estos días en el centro de la diana como “exterminador” de esta industria en nuestro país.
Y punto y aparte merece lo de Bibiana Aído como “asesora especial” de la directora ejecutiva de la ONU mujeres, muy probablemente la “miembra” más incompetente, limitada y con menos curriculum que jamás haya tenido un Gobierno de España, fuere hombre o mujer. Y bien que nos costó mandarla a… Nueva York: nada más y nada menos que 200 millones de euros donó el gobierno de Zapatero a esa organización antes de que “ficharan” a la sinpar Bibiana, con un sueldazo, por supuesto. ¿Casualidad o causalidad? No lo se, pero lo intuyo.